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Josue González Ortiz con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Rol: C1562-21

Consejo para la Transparencia, 15/06/2021

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, requiriendo la entrega de información sobre las querellas presentadas por la reclamada por infracciones a la Ley de Seguridad Interior, con indicación, específicamente, del rol interno y el tribunal ante el cual se interpuso la querella, en el período comprendido entre el 10 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2020. Lo anterior, por tratarse de información pública, toda vez que la designación del RIT o RUC, la realizan los Tribunales, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad consagrado en el Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos"; respecto de la cual, la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad del artículo 15 de la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otros. Se rechaza el amparo respecto a la entrega de la identidad de los querellados, por configurarse a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en el artículo 2 letra f) y 4 de la Ley sobre Protección de la Vida Privada. La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Inhabilitación)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1562-21

Entidad pública: Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Requirente: Josue González Ortiz

Ingreso Consejo: 09.03.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, requiriendo la entrega de información sobre las querellas presentadas por la reclamada por infracciones a la Ley de Seguridad Interior, con indicación, específicamente, del rol interno y el tribunal ante el cual se interpuso la querella, en el período comprendido entre el 10 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2020.

Lo anterior, por tratarse de información pública, toda vez que la designación del RIT o RUC, la realizan los Tribunales, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad consagrado en el Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos"; respecto de la cual, la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad del artículo 15 de la Ley de Transparencia.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otros.

Se rechaza el amparo respecto a la entrega de la identidad de los querellados, por configurarse a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en el artículo 2 letra f) y 4 de la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1191 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1562-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de febrero de 2021, don Josue González Ortiz solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo siguiente:

"1.- Número de querellas iniciadas por el Ministerio del Interior, en representación del Gobierno de Chile, por infracciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado, entre el 10 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2020.

2.- Cada una de las querellas identificadas deben desglosarse de la siguiente manera: nombre del querellado, rol interno del tribunal, tribunal ante el cual se interpuso la querella".

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 4.714, de fecha 23 de febrero de 2021, el órgano respondió el requerimiento, informando que entre el 10 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2020, interpuso un total de 305 querellas invocando delitos tipificados en el decreto supremo N° 890, año 1975, del Ministerio del Interior, fija texto actualizado y refundido de la ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado, de las cuales 218 son por hechos ocurridos en la Región Metropolitana y 87 en regiones. Agregó que, para acceder a las mismas, puede ingresar con la clave única en el enlace web que indica, de la oficina judicial virtual, dirigiéndose a la pestaña de consulta unificada, en la sección búsqueda por nombre, persona jurídica y escribir en el campo de búsqueda el nombre del organismo.

3) AMPARO: El 9 de marzo de 2021, don Josué González Ortiz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

El reclamante hizo presente que la información debió haberse entregado desglosada por nombre, rol y tribunal ante el cual se interpuso.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E7304, de fecha 30 de marzo de 2021, a fin de que presente sus descargos y observaciones.

Mediante Ordinario N° 7798, de fecha 8 de abril de 2021, el órgano presentó sus descargos, aclarando que con ocasión de su respuesta, informó la cantidad de querellas presentadas, señalando, a su vez, que las causas judiciales se encuentran permanentemente a disposición del público en el link que indicó al efecto, a las cuales se puede acceder en los campos de búsqueda referidos.

En virtud de lo anterior, agregó que ha cumplido con su obligación de informar, al alero de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio N° E8761, de fecha 21 de abril de 2021, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué antecedentes de los solicitados no habrían sido entregados.

Al respecto, por medio de correo electrónico de fecha 28 de abril de 2021, el peticionario manifestó su disconformidad con lo informado por el organismo. Así, precisó que, no obstante haberse remitido por parte del organismo el número de querellas presentadas en el período consultado, no informó sobre el nombre de los imputados, ni al rol de dichas causas y/o los tribunales antes los cuales se interpusieron dichas acciones, limitándose a señalar que aquello se podría extraer de la página de la oficina judicial virtual, para lo cual, habría que revisar todas y cada una de las causas penales en las que el Ministro del Interior es parte en cada uno de los tribunales con competencia penal del país.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, este amparo se funda en que la información solicitada no corresponde a la solicitada, circunscribiéndose el objeto de este a lo pedido en el N° 2 del requerimiento. Al respecto, el órgano recurrido esgrimió que otorgó respuesta en los términos dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado, es menester tener en consideración lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, esto es, "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". (Énfasis agregado)

3) Que, a partir de la decisión del amparo Rol C955-12, este Consejo ha razonado que la antedicha disposición consagra una modalidad especial de entrega de la información que resulta equivalente a proporcionarla materialmente o en un soporte físico, y que incluso puede llegar a reemplazar a esta última forma, en la medida que su acceso sea permanente, expedito, completo y suficiente. Esto atiende particularmente a la finalidad perseguida por dicha norma, cual es, evitar que los órganos de la Administración incurran en gastos innecesarios asociados a la reproducción material de la información que le ha sido requerida, cuando esta se encuentra disponible en otro medio que permita el acceso a la misma del modo ya indicado, y que satisfaga cumplidamente lo requerido. (Énfasis agregado)

4) Que, en tal contexto, esta Corporación procedió a revisar de oficio el enlace electrónico proporcionado por el órgano reclamado, verificando que dicho sitio web corresponde a un reservatorio general de información, consistente en un sistema de búsqueda de causas para todas las competencias, cuyos parámetros no permiten obtener, de manera expedita, completa y suficiente, el acceso a los antecedentes peticionados, conforme al detalle señalado por el reclamante. Al efecto, el referido motor de búsqueda no permite obtener un listado desagregado, con indicación del tribunal y RIT, respecto de las querellas interpuestas por el organismo, pues la aplicación de los criterios de búsqueda sólo permite obtener aquello de forma parcial sobre un tribunal determinado. Razón por la cual, se descarta que se haya proporcionado acceso a lo pedido de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

5) Que, respecto al Rol interno e identificación del tribunal, se debe tener presente lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C2607-17, C3941-19, C8223-19 y C2897-20, entre otros, en orden a que el marco normativo aplicable a la publicidad de los expedientes judiciales en materia penal, dentro del cual se encuentran lógicamente los medios para identificarlos, como ocurre por ejemplo, con el rol de cada causa. En este orden de ideas, la designación de un RIT o RUC a las respectivas causas penales, la realizan los Tribunales de Justicia, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad, que se encuentra consagrado en el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que: "Los actos de los tribunales son públicos". Esta es, en consecuencia, la premisa legal que aplica sobre la materia consultada, en tanto la designación de un número para identificar una causa judicial, constituye una actuación del tribunal correspondiente.

6) Que, en virtud de lo anterior, tratándose la información relativa al rol interno del tribunal y su identificación, por lo tanto, de naturaleza pública, respecto de la cual no se advierte la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen su denegación, se acogerá el presente amparo en este punto, requiriendo la entrega de lo pedido.

7) Que, por otra parte, en relación al nombre de los querellados, en atención a la facultad otorgada a esta Corporación en el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, de velar por el cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, por parte de los órganos de la administración del estado, cabe señalar que conforme al artículo 2 letra f) de dicha ley, el nombre de los querellados constituye un dato de carácter personal, respecto de lo cual, en la especie, no se verifica ninguna de las hipótesis que al alero de lo previsto en el artículo 4 de la citada norma, habilitan para su tratamiento, esto es, autorización de la ley o consentimiento del titular.

8) Que, en consecuencia, la divulgación del nombre de los querellados produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a la esfera de la vida privada de los titulares, garantía constitucional reconocida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, por lo que, se rechazará el amparo en este punto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y la facultad dispuesta en el artículo 33 letra m) de la referida ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Josué González Ortiz en contra de la Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante información sobre las querellas presentadas por la reclamada por infracciones a la Ley de Seguridad Interior, con indicación, específicamente, del rol interno y el tribunal ante el cual se interpuso la querella, en el período comprendido entre el 10 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2020.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo relativo al nombre de las personas querelladas, por configurarse a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en el artículo 2 letra f) y 4 de la Ley sobre Protección de la Vida Privada, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Josué González Ortiz y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.