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Juan Soto Pérez con Rol: C1601-21

Consejo para la Transparencia, 15/06/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Unidad de Análisis Financiero, referido a la entrega de todos los antecedentes académicos y curriculares, de los funcionarios que ejercen, o han ejercido cargos adscritos al sistema de Alta Dirección Pública, y de aquellos a quienes se les haya asignado una función directiva. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública respecto de la cual no se alegaron causales de secreto o reserva ni circunstancias de hecho para ponderar.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1601-21

Entidad pública: Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Requirente: Juan Soto Pérez

Ingreso Consejo: 10.03.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Unidad de Análisis Financiero, referido a la entrega de todos los antecedentes académicos y curriculares, de los funcionarios que ejercen, o han ejercido cargos adscritos al sistema de Alta Dirección Pública, y de aquellos a quienes se les haya asignado una función directiva.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública respecto de la cual no se alegaron causales de secreto o reserva ni circunstancias de hecho para ponderar.

En sesión ordinaria N° 1191 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1601-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de febrero de 2021, don Juan Soto Pérez solicitó a la Unidad de Análisis Financiero - en adelante también UAF-; "copia de todos los antecedentes académicos y curriculares, de los funcionarios que ejercen, o han ejercido cargos adscritos al sistema de ADP (alta dirección pública), y también de aquellos funcionarios que cuenten, o se les haya asignado una función directiva. El periodo para los antecedentes solicitados abarca desde el 1 de enero de 2012, al día de hoy (fecha en que se recibe este requerimiento). Cabe mencionar que se deben omitir antecedentes personales que se encuentran resguardados bajo la ley N° 19.628. Entiéndase por antecedentes curriculares y académicos, aquellos que se especifican en estudios realizados en Universidades, Institutos, o Centros de Formación Técnica (pre y post grados), incluyendo diplomados y todo tipo de curso de capacitación efectuado en Chile, o en el extranjero. Sume a lo anterior, todos los antecedentes que especifican experiencia laboral, con lo que se quiere decir, trabajos remunerados o no remunerados, que se tuvieron de forma previa a hacer ingreso a la Unidad de Análisis Financiero".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 14, de 8 de marzo de 2021, la Unidad de Análisis Financiero respondió el requerimiento, señalando que a fin de poder dar una adecuada respuesta resulta indispensable que el peticionario aclare los términos y alcances de lo solicitado por medio de su consulta, pues la nomenclatura utilizada, esto es, "todos los antecedentes que especifican experiencia laboral, con lo que se quiere decir, trabajos remunerados o no remunerados, que se tuvieron de forma previa a hacer ingreso a la Unidad de Análisis Financiero", resulta de una amplitud que no permite identificar claramente el contenido de lo solicitado. De este modo, se requiere indicar con precisión cuales son los antecedentes pedidos.

Asimismo, comunicó que, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Transparencia y el artículo 29 de su Reglamento, la subsanación deberá efectuarse en el plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación del presente Oficio, bajo el apercibimiento de tenerse por desistida la petición de información.

3) AMPARO: El 10 de marzo de 2021, don Juan Soto Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E6806, de 22 de marzo de 2021, solicitó al reclamante que: (1°) aclare si respondió la solicitud de subsanación o aclaración requerida por la Unidad de Análisis Financiero, del pasado 8 de marzo de 2021; y, (2°) de no haberla respondido, señale los motivos de ello.

Mediante correo electrónico de 25 de marzo de 2021, el reclamante señaló que "dicha solicitud de subsanación es totalmente improcedente, debido a que la información requerida es bastante clara, y de fácil entendimiento, no siendo procedente la solicitud de subsanación. En conclusión a lo anterior, la solicitud de información respecto de la cual se solicitó amparo es precisamente porque a través de una solicitud de subsanación se deniega la información solicitada".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director de la Unidad de Análisis Financiero, mediante Oficio N° E8006, de 12 de abril de 2021, solicitando que: (1°) indique por qué, a su juicio, parte de la solicitud de información del reclamante no cumpliría con el requisito del literal "b" del artículo 12 de la Ley de Transparencia; y, (2°) señale las razones por las cuales se tuvo por desistida la solicitud íntegra, si solo se requirió subsanar la parte final de ésta.

Mediante Oficio Ord. N° 140, de 22 de abril de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos, señalando que habiéndose solicitado al reclamante que subsanara su requerimiento en orden a indicar cuáles eran los antecedentes específicos que solicitaba y dándose un plazo perentorio de 5 días hábiles al efecto, so pena de tenerse por desistida. Así, sin recibirse comunicación alguna al respecto, procedieron conforme lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, decretando su desistimiento.

Agregó que no existió falta de respuesta dentro de plazo ni una negativa, sino que un cierre temprano del requerimiento (desistimiento) atendida la inactividad del solicitante.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud, debido al requerimiento de subsanación efectuado por el órgano reclamado.

2) Que, primeramente, resulta pertinente tener presente que el artículo 12 de la Ley de Transparencia dispone que: "La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener: (...) b) Identificación clara de la información que se requiere (...) Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición". A su vez, el artículo 28 de su Reglamento, prescribe que: "La solicitud será admitida a trámite si da cumplimiento a los siguientes requisitos: (...) c) Identifica claramente la información que se requiere. Se entiende que una solicitud identifica claramente la información cuando indica las características esenciales de ésta, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, origen o destino, soporte, etcétera". Acto seguido, el numeral 2.2. de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación establece que: "Para el caso de no cumplir con uno o más de ellos, se comunicará de inmediato al requirente de esta situación, indicándole con exactitud cuál o cuáles requisitos debe subsanar y la forma de hacerlo. Para estos efectos el solicitante contará con un plazo de 5 días hábiles contados desde la correspondiente notificación, bajo apercibimiento de tenérsele por desistido de su petición (...) Frente a una solicitud poco clara o genérica de acceso a la información pública, los órganos deberán aplicar el mecanismo de notificación señalado en este numeral, es decir, solicitar al peticionario que subsane el defecto de falta de identificación de la información pedida detectado en el correspondiente requerimiento, dentro del plazo de 5 días hábiles. Se entenderá por solicitud poco clara o genérica aquella que carece de especificidad respecto de las características esenciales de la información requerida, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera" (Énfasis agregado)

3) Que, en el presente procedimiento de acceso, esta Corporación advierte que, la reclamada solicitó al peticionario -dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia para otorgar respuesta- la subsanación de su presentación, mediante Resolución Exenta N° 14, de 8 de marzo de 2021. No obstante lo anterior, el reclamante no evacuó presentación alguna, a fin de subsanar su requerimiento de acceso dentro del plazo legal dispuesto en el artículo 12 de la ley señalada e impugnó dicha resolución mediante la interposición de este amparo.

4) Que, del análisis de la solicitud de acceso a la información, se constató que la subsanación requerida no se ajustó a derecho, por cuanto el solicitante fue claro en expresar su petición, indicando que lo pedido son los todos los antecedentes académicos y curriculares, de los funcionarios que ejercen, o han ejercido cargos adscritos al sistema de ADP (alta dirección pública), y también de aquellos funcionarios que cuenten, o se les haya asignado una función directiva, precisando qué es lo que se entiende por antecedentes curriculares y académicos: estudios realizados en Universidades, Institutos, o Centros de Formación Técnica (pre y post grados), incluyendo diplomados y todo tipo de curso de capacitación efectuado en Chile, o en el extranjero sumado a experiencia laboral, con lo que se quiere decir: trabajos remunerados o no remunerados, que se tuvieron de forma previa a hacer ingreso a la Unidad de Análisis Financiero, todo lo anterior en un período determinado de tiempo: desde el 2012 a la fecha del requerimiento.

5) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, esta Corporación estima que el actuar del órgano no se aviene al marco jurídico vigente sobre la materia, toda vez que la solicitud en efecto cumplía los requisitos exigidos en la Ley de Transparencia para ser admitida a trámite.

6) Que, en cuanto al fondo del presente amparo, cabe tener presente que lo solicitado dice relación con antecedentes profesionales de funcionarios públicos, según indica. En tal sentido, cabe tener presente que el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

7) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, lo que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los empleados de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y encontrarse al servicio de la misma.

8) Que, en cuanto a lo requerido, esta Corporación advierte que, el órgano reclamado no alegó la inexistencia de la información consultada, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia. En consecuencia, se acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto, como por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la Republica, en la ley N° 19.628, sobre la Protección de la Vida Privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. No obstante, en el evento de que parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Juan Soto Pérez en contra de la Unidad de Análisis Financiero, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director de la Unidad de Análisis Financiero, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante "copia de todos los antecedentes académicos y curriculares, de los funcionarios que ejercen, o han ejercido cargos adscritos al sistema de ADP (alta dirección pública), y también de aquellos funcionarios que cuenten, o se les haya asignado una función directiva. El periodo para los antecedentes solicitados abarca desde el 1 de enero de 2012, al día de hoy (fecha en que se recibe este requerimiento). Cabe mencionar que se deben omitir antecedentes personales que se encuentran resguardados bajo la ley N° 19.628. Entiéndase por antecedentes curriculares y académicos, aquellos que se especifican en estudios realizados en Universidades, Institutos, o Centros de Formación Técnica (pre y post grados), incluyendo diplomados y todo tipo de curso de capacitación efectuado en Chile, o en el extranjero. Sume a lo anterior, todos los antecedentes que especifican experiencia laboral, con lo que se quiere decir, trabajos remunerados o no remunerados, que se tuvieron de forma previa a hacer ingreso a la Unidad de Análisis Financiero"; tarjando, previamente, todos los datos personales de contexto que puedan contener.

No obstante, en el evento de que parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Soto Pérez y al Sr. Director de la Unidad de Análisis Financiero.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.