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Kalfucura Silva Manque con CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) Rol: C1960-21

Consejo para la Transparencia, 15/06/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la CONADI, ordenando entregar la información reclamada relativa a la adquisición de tierras por comunidades indígenas, en virtud del artículo 20 letra b) de la ley N° 19.253, en la Región de la Araucanía, por el periodo consultado, referida al número de comunidades con resolución de aplicabilidad y fecha desde que se encuentran en esa fase, el número de las que tienen resolución favorable de aplicabilidad del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas y no han adquirido efectivamente las tierras a las que postularon, como también el número de las que están en la fase de estudio jurídico y técnico previo a la resolución que aprueba el financiamiento del Director de CONADI. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual se desestimaron las causales de reserva referidas al privilegio deliberativo del órgano reclamado, como asimismo a la afectación al debido cumplimiento de sus funciones.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1960-21

Entidad pública: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

Requirente: Kalfucura Silva Manque

Ingreso Consejo: 23.03.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la CONADI, ordenando entregar la información reclamada relativa a la adquisición de tierras por comunidades indígenas, en virtud del artículo 20 letra b) de la ley N° 19.253, en la Región de la Araucanía, por el periodo consultado, referida al número de comunidades con resolución de aplicabilidad y fecha desde que se encuentran en esa fase, el número de las que tienen resolución favorable de aplicabilidad del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas y no han adquirido efectivamente las tierras a las que postularon, como también el número de las que están en la fase de estudio jurídico y técnico previo a la resolución que aprueba el financiamiento del Director de CONADI.

Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual se desestimaron las causales de reserva referidas al privilegio deliberativo del órgano reclamado, como asimismo a la afectación al debido cumplimiento de sus funciones.

En sesión ordinaria N° 1191 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1960-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 24 de febrero de 2021, don Kalfucura Silva Manque solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en adelante e indistintamente CONADI, la siguiente información sobre la adquisición de tierras vía artículo 20 letra b) de la ley N° 19.253, en la Región de la Araucanía, en el periodo que media entre los años 1994 y 2021:

a) "Cuántas y qué comunidades han accedido a éste mecanismo de financiamiento."

b) "Cuántas comunidades cuentan en la actualidad con resolución de aplicabilidad y desde cuando se encuentran en esa fase."

c) "Cuántas comunidades de aquellas con resolución favorable de aplicabilidad del fondo, han adquirido efectivamente las tierras a las que postularon y cuántas no (comprensiva de todo el período solicitado)."

d) "Cuántas comunidades están aún en la fase de estudio jurídico y técnico previo a la resolución que aprueba el financiamiento del Director de CONADI. "

2) RESPUESTA: La CONAF respondió a dicho requerimiento de información a través de carta N° 253, de fecha 16 de marzo de 2021, señalando, en síntesis, que lo siguiente:

a) Respecto de lo pedido en las letras a) y c), informa que puede acceder a lo requerido en el link que indica, correspondiente al Sistema Integrado de Información CONADI, y que está disponible en su sitio web institucional, en particular, ingresando en la sección Sistema de Información Territorial, Base de datos descargables, donde se encuentra la información actualizada de compras de tierras realizadas desde el año 1993 a la fecha y que tiene relación con los predios adquiridos por personas, comunidades indígenas y/o una parte de estas, a través del artículo 20 letras b) de la ley N° 19.253.

b) En relación a lo requerido en la letra b), señala que lo requerido contiene información de procesos de compra de tierras que a la fecha se encuentran en curso, por lo que estima que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

c) Acerca de lo pedido en la letra d), deniega lo requerido fundado en la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, señalando que dicha información no se encuentra sistematizada por tipo de estudio elaborado para cada una de las comunidades indígenas, lo que involucraría solicitarla a cada unidad operativa. En este sentido, señala que los antecedentes están asociados a un requerimiento de una extensa revisión administrativa en expedientes donde se resguarda la información, por lo que, para poder hacer entrega de éstos, se debería designar a lo menos a un funcionario por unidad operativa, con dedicación exclusiva para preparar, procesar y responder esta solicitud, lo que demoraría aproximadamente unos dos meses, considerando la cantidad de funcionarios y las labores habituales que estos realizan, las que no pueden ser postergadas ni reasignadas a otro funcionario debido a la carga laboral que ello implica.

3) AMPARO: El 23 de marzo de 2021, don Kalfucura Silva Manque dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la CONAF fundado en que recibió respuesta incompleta. Ello por cuanto respecto de lo pedido en las letras b) y d), se le denegó la información pedida, y en relación a la letra c) de la solicitud formulada no se entrega todo lo pedido, puesto que se proporciona un enlace para acceder a una base datos que sólo refiere a las comunidades con resolución favorable que han adquirido tierras, en aplicación del artículo 20 letra b) de la ley N° 19.253, pero no señala que comunidades aún no han adquirido tierras, pese a tener una resolución favorable.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena mediante oficio N° 7794, de fecha 09 de abril de 2021. Se solicitó expresamente al órgano: señale si, a su juicio, la respuesta otorgada en la letra c), íntegramente su requerimiento de información; señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, en caso no existir inconvenientes para la entrega de la información solicitada ni causal de reserva aplicable, remita la misma a la parte reclamante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

El órgano reclamado formuló sus descargos u observaciones a través de oficio N° 396, de fecha 23 de abril de 2021, señalando, en síntesis, que estima que su respuesta entregada al reclamante cumple lo establecido en la Ley de Transparencia, la que por economía procesal se da por reproducida.

Por otra parte, primeramente, hace presente que respecto lo reclamado en la letra c), lo pedido es "cuantas" comunidades, y no "que" comunidades no han adquirido tierras aún, pese a contar con una resolución favorable respecto a la aplicabilidad del fondo de artículo 20 letra b) de la ley N° 19.253, por lo que el amparo en esa parte constituye un nuevo requerimiento.

Ahora bien, sobre el fondo de lo reclamado, el órgano reclamado explica que mediante el artículo 20 letra b) de la ley N° 19.253, a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas es posible "Financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas", lo cual es realizado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 395, del entonces Ministerio de Planificación y Cooperación, hoy en día Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que Aprueba reglamento sobre el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, artículo que en su letra b) dispone que El Director, previo informe jurídico administrativo sobre cada una de las solicitudes, resolverá sobre la base de los siguientes criterios prioritarios: 1. Número de personas o comunidades; 2. Gravedad de las situaciones sociales para un alto número de familias o para toda una comunidad; 3. Antigüedad del problema con caracteres de magnitud en la comunidad respectiva.

Por ello sostiene que el informe jurídico administrativo o aplicabilidad es un antecedente que forma parte de un proceso que finaliza con la resolución que se pronuncia sobre la solicitud de compra de un predio, sea aprobando o rechazando el financiamiento, fundada en el marco de lo dispuesto en la normativa en comento y en conformidad a lo dispuesto en la Glosa 16 de la ley de Presupuesto para el sector público, por lo que corresponde a un antecedente más para la resolución de una compra, pero no a un acto terminal, razón por la cual la información correspondiente a los informes jurídicos administrativos, o aplicabilidades de las comunidades indígenas que a la fecha no han obtenido compra de predio, corresponde a antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, a la conclusión de procedimientos administrativos que no han sido finalizados y a su vez son parte de los respectivos expedientes de compra de tierras en curso, motivo por el que no es posible referirse sobre dicha materia, reiterando que como contiene información de procesos que se encuentran en curso, concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

Agrega, que si bien el solicitante se refiere a resoluciones de financiamiento aprobado (informe jurídico administrativo - aplicabilidad), estos procesos solo se encontrarán concluidos, una vez emitida la resolución que se pronuncia sobre la solicitud de financiamiento o de compra, por lo que estando en tramitación el procedimiento administrativo en cuestión, el conjunto de antecedentes requeridos constituyen antecedentes que informarán la adopción de una resolución, en este caso, la decisión del Director de la CONADI de resolver o no la compra del predio a que se refiere. Luego, sostiene que esa circunstancia ocurre en el presente caso, por cuanto la información consultada forma parte de aquellos antecedentes previos a la conclusión del proceso de la respectiva resolución del órgano requerido. Cita jurisprudencia administrativa en apoyo de su posición.

Agrega, que además al no existir deliberación de compra, tampoco existe la entrega de un beneficio del Estado, que requiera de un adecuado control social, y con ello, que haga imperante la entrega de Información consultada.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 28 de mayo de 2021, este Consejo revisó el link informado por el órgano reclamado en su respuesta al solicitante, constatando que en la sección "Base de Datos Descargables", se puede acceder al archivo en formato Excel denominado "Archivo_histórico_Tierras_20b", verificando que se refiere a las comunidades indígenas que han logrado adquirir tierras en virtud del artículo 20 letra b) de la ley N° 19.253, pero sin indicar la cantidad de comunidades que tienen resolución favorable de aplicabilidad del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas y no han adquirido tierras.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto obtener que la CONADI entregue la información reclamada sobre la adquisición de tierras por comunidades indígenas, en virtud del artículo 20 letra b) de la ley N° 19.253, en la Región de la Araucanía, entre el año 1994 y la fecha del requerimiento formulado, en particular, el número de comunidades indígenas que cuentan en la actualidad con resolución de aplicabilidad y fecha desde que se encuentran en esa fase, el número de las que tienen resolución favorable de aplicabilidad del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas y no han adquirido efectivamente las tierras a las que postularon, como también el número de comunidades que están en la fase de estudio jurídico y técnico previo a la resolución que aprueba el financiamiento del Director de CONADI. Al efecto, el órgano reclamado señaló concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) y letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, respecto de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia invocada por el órgano, que ésta permite denegar la información que se solicite cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, tratándose del denominado privilegio deliberativo; y tal como lo ha señalado reiteradamente este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos roles A12-09, A79-09 y C248-10, entre otras, la configuración de esta causal de reserva, requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Asimismo, respecto del primer requisito, debe existir, además, un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, la aplicación de la causal supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer algo.

4) Que, para justificar la causal de reserva alegada, el órgano requerido argumentó que la información reclamada forma parte de aquellos antecedentes previos a la conclusión del proceso de la respectiva resolución de CONADI, por cuanto si bien el solicitante se refiere a resoluciones de financiamiento aprobado o no, estos procesos solo se encontrarán concluidos una vez emitida la resolución que se pronuncia sobre la solicitud de financiamiento o de compra, por lo que estando en tramitación el procedimiento administrativo en cuestión, el conjunto de antecedentes requeridos constituyen antecedentes que informarán la adopción de una resolución, en este caso, la decisión del Director de la CONADI de resolver o no la compra del predio a que se refiere. Luego, sostiene que esa circunstancia ocurriría en el presente caso, por cuanto la información consultada forma parte de aquellos antecedentes previos a la conclusión del proceso de la respectiva resolución del órgano requerido.

5) Que, de acuerdo a los antecedentes examinados, particularmente del tenor literal de la solicitud de información formulada y los antecedentes que se reclaman, a juicio de este Consejo no ha sido posible establecer que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política determinada por parte de CONADI, ni tampoco se han aportado elementos que permitan sostener razonablemente que la publicidad, conocimiento o divulgación de información meramente estadística, como lo es el número de comunidades indígenas que se encuentran en cada una de las situaciones consultadas, y en un caso la fecha desde que ello ocurre, produce una afectación presente o probable con suficiente especificidad en el cumplimiento de sus funciones, dado que en ningún caso se ha requerido entregar el contenido, fundamentos o documentación de cada uno de los expedientes administrativos existentes, razón por la cual resulta forzoso desestimar dicha alegación.

6) Que, por otra parte, cabe señalar que respecto de la información pedida en la letra d) de la solicitud, esto es, cuántas comunidades indígenas están aún en la fase de estudio jurídico y técnico previo a la resolución que aprueba el financiamiento del Director de CONADI, el órgano reclamado además señaló que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

7) Que, en relación a la causal de reserva alegada por el órgano requerido para denegar la información pedida, cabe tener presente que en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

8) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

9) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

10) Que, de los antecedentes examinados, ha sido posible establecer que el órgano reclamado para justificar la causal de reserva alegada, señaló que la información requerida en esta parte no se encuentra sistematizada por tipo de estudio elaborado para cada una de las comunidades indígenas, sosteniendo que su entrega requeriría solicitarla a cada unidad operativa, destinando a lo menos un funcionario en cada unidad para la revisión administrativa de expedientes, con dedicación exclusiva para preparar, procesar y responder esta solicitud, estimando que ello demoraría aproximadamente unos dos meses, sin que los antecedentes aportados permitan apreciar el modo en que la entrega de la información de carácter pública, como lo es el número de comunidades indígenas están en la fase de estudio jurídico y técnico previo a la resolución que aprueba el financiamiento del Director de CONADI, efectivamente afecte el debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual a juicio de este Consejo, dichas argumentaciones no son suficientes para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por lo que se desestimará igualmente dicha alegación.

11) Que, por otra parte, cabe tener hacer presente que respecto de lo señalado por CONADI en sus descargos, en orden a que el solicitante al usar en su presentación la palabra "que" en lugar de "cuantas", significa que reclama más información que sólo el número de comunidades indígenas que no han adquirido tierras pese a contar una resolución favorable respecto a la aplicabilidad del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas conforme al artículo 20 letra b) de la ley N° 19.253, a juicio de este Consejo dicha alegación debe desestimarse, toda vez que de la lectura de la solicitud de información formulada como del amparo respectivo, se desprende claramente que se reclama que la base de datos proporcionada a través del link informado permite acceder a información incompleta, por cuanto de lo pedido solo dispone en dicho enlace del número de comunidades que teniendo resolución favorable de aplicabilidad sí han adquirido tierras, y no hace referencia al número de aquellas no lo han hecho, como además se pudo corroborar en la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo. Luego, procede desestimar dicha alegación del órgano reclamado, por no haberse establecido que el amparo exceda la órbita de la solicitud de información, resultando por tanto inoficioso pronunciarse al respecto sobre dicha circunstancia.

12) Que, por consiguiente, en virtud de todo lo expuesto, y no habiéndose acreditado la concurrencia de las causales de reserva alegadas por el órgano requerido, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando a CONADI entregar al solicitante la información reclamada.

13) Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, atendidas las alegaciones formuladas por el órgano reclamado en el presente caso, este Consejo concederá excepcionalmente a CONADI un plazo de 20 días hábiles, a fin de abordar la satisfacción del presente requerimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Kalfucura Silva Manque en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena:

a) Entregar al reclamante la siguiente información sobre la adquisición de tierras en virtud del artículo 20 letra b) de la ley N° 19.253, en la Región de la Araucanía, en el periodo que va desde el año 1994 a la fecha de la solicitud de información:

i. Número de comunidades indígenas que cuentan en la actualidad con resolución de aplicabilidad y fecha desde la cual se encuentran en esa fase.

ii. Número de comunidades indígenas que tienen resolución favorable de aplicabilidad del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas, y no han adquirido efectivamente las tierras a las que postularon.

iii. Número de comunidades indígenas que están en la fase de estudio jurídico y técnico previo a la resolución que aprueba el financiamiento del Director de CONADI.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Kalfucura Silva Manque y al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.