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Mario Fermín Núñez de la Torre representado por Juan Sebastián Rioseco con SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ATACAMA Rol: C2122-21

Consejo para la Transparencia, 15/06/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, ordenando entregar al reclamante copia todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) que obren en su poder; previa acreditación de la calidad de apoderado del titular de la información. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva. En efecto, respecto las alegaciones del organismo relativas a que las constantes solicitudes de don Juan Sebastián Rioseco constituirían un ejercicio abusivo del derecho que justificaría la denegación de información, cabe señalar que atendida la calidad de mandatario de don Mario Fermín Núñez de la Torre y de otros tantos titulares de información, no existe identidad en la persona de los requirentes, es decir, la calidad de solicitante de información pública y, por tanto, titular de los derechos que concede la Ley de Transparencia, no le corresponde al aludido apoderado sino sus respectivos poderdantes o mandantes. Por su parte, el órgano no ha otorgado mayores antecedentes en tal sentido, pues sólo informa que, entre los meses de enero y marzo del presente año, se han presentado 54 requerimientos, que representan el 36% de los requerimientos totales recibidos, identificando su fecha y plazo de vencimiento, pero no el contenido de cada uno de ellos. Particularmente, en la respuesta al requerimiento en análisis, solo se hace referencia a otras 5 solicitudes que son de idéntico tenor pero referida a otros solicitantes, sin acreditar tampoco, de forma fehaciente, cómo el conocimiento de éstas presentaciones obligaría a la SEREMI de Salud de Atacama a destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada de sus funcionarios a la atención de los requerimientos de una sola persona, comprometiendo, de esta forma, su debido funcionamiento, con el evidente perjuicio de su normal quehacer institucional. En relación con este punto, la reclamada no especificó cuál es el volumen total de la información requerida, cuántos funcionarios se requerirían para lograr su entrega, cuánto es el tiempo de dedicación que se requeriría a dicha actividad ni cuál es el costo de oportunidad asociado a la respuesta al requerimiento, ya sea considerado por si solo o en conjunto con las otras solicitudes de información a que se hace referencia. Por el contrario, la alegación del organismo relativa a que varias solicitudes estarían dirigidas a la misma Unidad permite presumir que la búsqueda de la información aquí reclamada puede ser realizada de forma simultánea o conjunta a otros requerimientos. En tal orden de ideas, las alegaciones de distracción indebida invocada por la SEREMI aparecen como insuficientes, inclusive considerando las dificultades que implica la realización de actividades de carácter presencial en el marco del estado de excepción constitucional decretado a raíz de la pandemia por COVID-19. Esto, toda vez que por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, este Consejo informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C2117-21.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2122-21

Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Atacama

Requirente: Mario Fermín Núñez de la Torre representado por Juan Sebastián Rioseco

Ingreso Consejo: 29.03.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, ordenando entregar al reclamante copia todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) que obren en su poder; previa acreditación de la calidad de apoderado del titular de la información.

Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva.

En efecto, respecto las alegaciones del organismo relativas a que las constantes solicitudes de don Juan Sebastián Rioseco constituirían un ejercicio abusivo del derecho que justificaría la denegación de información, cabe señalar que atendida la calidad de mandatario de don Mario Fermín Núñez de la Torre y de otros tantos titulares de información, no existe identidad en la persona de los requirentes, es decir, la calidad de solicitante de información pública y, por tanto, titular de los derechos que concede la Ley de Transparencia, no le corresponde al aludido apoderado sino sus respectivos poderdantes o mandantes.

Por su parte, el órgano no ha otorgado mayores antecedentes en tal sentido, pues sólo informa que, entre los meses de enero y marzo del presente año, se han presentado 54 requerimientos, que representan el 36% de los requerimientos totales recibidos, identificando su fecha y plazo de vencimiento, pero no el contenido de cada uno de ellos. Particularmente, en la respuesta al requerimiento en análisis, solo se hace referencia a otras 5 solicitudes que son de idéntico tenor pero referida a otros solicitantes, sin acreditar tampoco, de forma fehaciente, cómo el conocimiento de éstas presentaciones obligaría a la SEREMI de Salud de Atacama a destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada de sus funcionarios a la atención de los requerimientos de una sola persona, comprometiendo, de esta forma, su debido funcionamiento, con el evidente perjuicio de su normal quehacer institucional.

En relación con este punto, la reclamada no especificó cuál es el volumen total de la información requerida, cuántos funcionarios se requerirían para lograr su entrega, cuánto es el tiempo de dedicación que se requeriría a dicha actividad ni cuál es el costo de oportunidad asociado a la respuesta al requerimiento, ya sea considerado por si solo o en conjunto con las otras solicitudes de información a que se hace referencia. Por el contrario, la alegación del organismo relativa a que varias solicitudes estarían dirigidas a la misma Unidad permite presumir que la búsqueda de la información aquí reclamada puede ser realizada de forma simultánea o conjunta a otros requerimientos.

En tal orden de ideas, las alegaciones de distracción indebida invocada por la SEREMI aparecen como insuficientes, inclusive considerando las dificultades que implica la realización de actividades de carácter presencial en el marco del estado de excepción constitucional decretado a raíz de la pandemia por COVID-19. Esto, toda vez que por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, este Consejo informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió.

Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C2117-21.

En sesión ordinaria N° 1191 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2122-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de febrero de 2021, don Juan Sebastián Rioseco en representación de Mario Fermín Núñez de la Torre solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama (en adelante e indistintamente SEREMI de Salud) la siguiente información: "copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) de mi representado que obren en poder de vuestro organismo" (solicitud folio N° AO042T0003391).

Acompaña copia de escritura pública, de fecha 10 de febrero de 2021, en que consta su personaría para actuar en representación de don Mario Fermín Núñez de la Torre.

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por medio de resolución N° 4491, de 10 de marzo de 2021, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Mediante Oficio CP N° 3854/2021, de 26 de marzo de 2021, la SEREMI de Salud Región de Atacama otorgó una respuesta conjunta a las solicitudes folio N° AO042T0003385, N° AO042T0003387, N° AO042T0003389, N° AO042T0003390, N° AO042T0003391 y N° AO042T0003392 (todas de idéntico tenor, pero referidas a información de distintos solicitantes respecto de los cuales don Juan Sebastián Rioseco actúa como apoderado). En ella deniega la información pedida, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, pues significaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, "toda vez que si bien se trata de requerimientos que considerados independientemente, permitirían reunir lo pedido dentro del plazo legal, el efectuarlos de manera simultánea, en una misma oportunidad y, en consecuencia, poseer la misma fecha de vencimiento, generó un conjunto que dificultó su gestión, aun habiéndose realizado por parte de esta Seremi los esfuerzos, conforme da cuenta la dictación de la Resolución Exenta CP N° 4991/2021". Hace presente, además, que las peticiones que por este acto se deniegan se enmarcan en un total de 40 solicitudes del mismo sentido, en el periodo comprendido entre febrero y 18 de marzo del presente año.

Lo anterior, también considerando el contexto de crisis sanitaria, a raíz del COVID-19, por la que atraviesa el país.

4) AMPARO: El 29 de marzo de 2021, don Juan Sebastián Rioseco en representación de Mario Fermín Núñez de la Torre dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a su solicitud. Alega que lo expuesto por la SEREMI de Salud de Atacama no es efectivo, ya que dicho organismo cuenta con una plataforma computacional (SISESAT) que le permite obtener fácilmente la documentación solicitada. Además, sostiene que no corresponde denegar la información solicitada por haber recibido el organismo otras solicitudes similares de personas ajenas al señor Cuellar.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Atacama, mediante Oficio E8526, de 20 de abril de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante Oficio CP N° 5327, de 05 de mayo de 2021, el organismo reclamado presentó sus descargos en esta sede argumentando, en resumen, que no es efectivo que la institución pueda acceder al SISESAT ya que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama y en especial la Unidad encargada de proporcionar la documentación no cuentan con clave de acceso a la plataforma.

En consecuencia, "toda la información se encuentra archivada en papel, conforme da cuenta el registro fotográfico que se adjunta, la que para ser proporcionada requiere ser digitalizada en cada una de las páginas que conforman los "expedientes, evaluaciones, reevaluaciones, o cualquier otro antecedente que posea la institución de su representado", puesto que como se señaló precedentemente, no requiere un documento específico".

En cuanto a la configuración de la causal de reserva establecida en el artículo 20 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, indica que la Institución cuenta con un total de 149 funcionarios, pero para afrontar el exceso de carga laboral generado por la pandemia se ha debido recurrir a la contratación adicional, sumándose a la fecha un total de 219 contrataciones bajo la modalidad de código de Trabajo destinadas a Estrategias de Residencias Sanitarias, Aduanas Sanitarias, Trazabilidad, Cuadrillas Sanitarias, Fiscalización, entre otras.

No obstante, la Institución no cuenta con una Unidad destinada exclusivamente a recopilar cada uno de los requerimientos de acceso a la información que ingresan a la Institución, sino que es el funcionario encargado del área solicitada quien debe hacerlo, siendo considerada esta función dentro de sus tareas habituales.

Indica que contrario a lo indicado por el recurrente, en el periodo entre enero y marzo del presente año, tanto Compin como la Seremi de Salud contó con atención presencial de público, viéndose únicamente interrumpido en periodos de cuarentena.

En el caso en particular de la solicitud del Sr. Riesco, la Unidad de Beneficios Sociales, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama es la encargada de responder, Unidad integrada sólo por dos funcionarios que poseen modalidad de teletrabajo y turnos.

La Unidad antes mencionada pertenece a Compin, con un total de 26 funcionarios, los que previo a la pandemia ya se encontraban sobrecargados con trabajo altamente sensible para el bienestar de la comunidad, por lo que en el actual escenario es aún más complejo asignar a alguno de sus funcionarios para recopilar cada uno de los requerimientos que casi de forma exclusiva, efectúa el Sr. Riesco.

A continuación, sostiene que "Es cierto que la solicitud de transparencia denegada por esta Institución, la N° AO042T0003391, es distinta e independiente de todas las restantes y considerada así podría estimarse que 20 días hábiles más su ampliación de 10, es un tiempo más que razonable y prudente para recopilarla. Sin embargo, ha sido el propio Sr. Riesco quien ha efectuado una sobrecarga con sus múltiples solicitudes, efectuadas casi simultáneamente a la misma Unidad de Beneficios Sociales, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama, lo que ha impedido responder dentro del plazo establecido por la ley, puesto que aun cuando pudiera efectuarse sería fuera de plazo, siendo considerada una infracción a la normativa que regula el acceso a la información pública".

Refiere que el Sr. Rioseco efectuó en el presente año, 4 solicitud en enero, 28 en febrero y 22 en marzo. Luego, la solicitud en la especie denegada, al ser efectuada en un mismo periodo de tiempo a otros requerimientos del actor, ha afectado el funcionamiento de la repartición pública que y en especial a la Unidad y Compin que atienden necesidades urgentísimas de la comunidad, incrementando significativamente el tiempo destinado en perjuicio de los otros usuarios, impidiendo la materialización del deber establecido por la ley N° 18.575 a los órganos de la administración del Estado, de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente.

Concluye que "Si bien la Ley 20.585 establece la obligación de entregar la información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, esto no puede constituir un ejercicio abusivo del derecho, como lo ha reconocido jurisprudencia como los Roles C 1102-17 y C1103-17. En el caso en particular, producto de los múltiples requerimientos simultáneos efectuados por el Sr. Riesco (...) entre los meses de enero a marzo del presente año constituyen el 36% del total de solicitudes de acceso a la información de la institución y están todas dirigidas a la misma Unidad, resultando una sobrecarga que necesariamente generará imposibilidad de responder todas dentro de tiempo, como ocurrió en este caso".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por la SEREMI de Salud de la Región de Atacama a la solicitud del requirente. Al efecto, el órgano negó su acceso fundado en la causal de reserva de distracción indebida del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Luego, para que se verifique la procedencia de una causal de secreto, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

3) Que, en lo relativo a la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, ésta permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento precisa por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.

4) Que, sobre la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

6) Que, en efecto, respecto de los elementos necesarios para la configuración de la causal invocada, la reclamada alegó que aquella se produce porque don Juan Sebastián Rioseco, apoderado de don Mario Fermín Núñez de la Torre, ha formulado ante dicho organismo distintos requerimientos, de forma casi simultánea y, por tanto, con misma fecha de vencimiento, lo que ha generado dificultades en la gestión del servicio. No obstante, reconoce que dichos requerimientos, considerados independientemente "permitirían reunir lo pedido dentro del plazo legal" y que "Es cierto que la solicitud de transparencia denegada por esta Institución, la N° AO042T0003391, es distinta e independiente de todas las restantes y considerada así podría estimarse que 20 días hábiles más su ampliación de 10, es un tiempo más que razonable y prudente para recopilarla". Agrega, que las constantes presentaciones de don Juan Sebastián Rioseco constituyen un ejercicio abusivo del derecho, pues representan el 36% de las solicitudes recibidas por la institución, entre enero y marzo del corriente año (acompaña listado en que se individualiza las mimas, fecha de presentación y de vencimiento). Por su parte, indica el número total de dotación del Servicio, la que se encuentra abocada a sus funciones normales como aquellas excepcionales a consecuencia de la pandemia por Covid-19; que la información reclamada obra en su poder, en formato papel; que debe ser buscada en los archivos del servicio (adjunta fotografías de la bodega de archivos) y que no cuenta con una Unidad destinada exclusivamente a recopilar la información de los requerimientos de acceso, sino que ello debe ser efectuado por el funcionario encargado del área solicitada, en la especie, la Unidad de Beneficios Sociales, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Compin Atacama, que solo tiene 2 funcionarios.

7) Que, respecto las alegaciones del organismo relativas a que las constantes solicitudes de don Juan Sebastián Rioseco constituirían un ejercicio abusivo del derecho que justificaría la denegación de información, cabe señalar que tal como lo reconoce la reclamada y se desprende de los antecedentes del expediente, atendida la calidad de mandatario de don Mario Fermín Núñez de la Torre y de otros tantos titulares de información, no existiría una identidad en la persona de los requirentes, es decir, la calidad de solicitante de información pública y, por tanto, titular de los derechos que concede la Ley de Transparencia, no le corresponde al aludido apoderado sino sus respectivos poderdantes o mandantes.

8) Que, además, el órgano no ha otorgado mayores antecedentes en tal sentido, pues sólo informa que, entre los meses de enero y marzo del presente año, se han presentado 54 requerimientos, que representan el 36% de los requerimientos totales recibidos, identificando su fecha y plazo de vencimiento, pero no el contenido de cada uno de ellos. Particularmente, en la respuesta al requerimiento en análisis, solo se hace referencia a otras 5 solicitudes que son de idéntico tenor pero referida a otros solicitantes, sin acreditar tampoco, de forma fehaciente, cómo el conocimiento de éstas presentaciones obligaría a la SEREMI de Salud de Atacama a destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada de sus funcionarios a la atención de los requerimientos de una sola persona, comprometiendo, de esta forma, su debido funcionamiento, con el evidente perjuicio de su normal quehacer institucional. En relación con este punto, la reclamada no especificó cuál es el volumen total de la información requerida, cuántos funcionarios se requerirían para lograr su entrega, cuánto es el tiempo de dedicación que se requeriría a dicha actividad ni cuál es el costo de oportunidad asociado a la respuesta al requerimiento, ya sea considerado por si solo o en conjunto con las otras solicitudes de información a que se hace referencia. Por el contrario, la alegación del organismo relativa a que varias solicitudes estarían dirigidas a la misma Unidad permite presumir que la búsqueda de la información aquí reclamada puede ser realizada de forma simultanea o conjunta a otros requerimientos.

9) Que, en tal orden de ideas, a la luz del estándar descrito en los considerandos procedentes, las alegaciones de distracción indebida invocada por la SEREMI aparecen como insuficientes, inclusive considerando las dificultades que implica la realización de actividades de carácter presencial en el marco del estado de excepción constitucional decretado a raíz de la pandemia por COVID-19.

10) Que, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, este Consejo informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de esta, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: "A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento".

11) Que, como es posible apreciar, el citado oficio reconoce una facultad excepcional de poder establece un plazo adicional al establecido en la Ley de Transparencia, en aquellos casos en que, debido a las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en los tiempos legales. Sin embargo, en el presente caso, el órgano requerido derechamente denegó el acceso a la información sin hacer eso de la mentada facultad, pese a reconocer tácitamente que los requerimientos individualmente considerados podían ser satisfechos, de contar con más plazo para hacerlo.

12) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero, de la ley N° 18.575 -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a su búsqueda y entrega, dentro de un plazo prudente establecido por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad.

13) Que, así las cosas, las alegaciones del órgano reclamado no otorgan antecedentes para configurar la causal de excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado pues, por una parte, ella se base es un supuesto abuso del derecho por parte del reclamante que no se acredita y, por la otra, no se han allegado al expediente antecedentes fehacientes referidos al volumen de la información pedida, formato, cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a su recopilación. En otras palabras, atendido que no se han proporcionado elementos de convicción cuya precisión tornen plausible la hipótesis de reserva de distracción indebida o la delegación de ejercicio abusivo del derecho a requerir información pública invocadas por el organismo, se descarta su concurrencia.

14) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo ordenando entregar al reclamante la información descrita en el numeral 1) de lo expositivo; previa acreditación de la calidad de apoderado del titular de la información. Se hace presente que teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia a consecuencia del COVID-19, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva, por un medio alternativo a la entrega de manera presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos, según corresponda. Con todo, si una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, se verifica que dichos antecedentes no existen o no obraran en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.

15) Que, asimismo, en adecuación con lo expuesto por la reclamada, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia sanitaria por el brote de COVID-19. En este contexto, tal como se expuesto previamente, esta Corporación comprende que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarían sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirían retrasos, lo que podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados en los mismos. Por lo anterior, se concederá un plazo adicional para dar respuesta al presente procedimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por Juan Sebastián Rioseco en representación de Mario Fermín Núñez de la Torre en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Atacama, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante "copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) de mi representado que obren en poder de vuestro organismo", en la forma prevista en el considerando 14) precedente.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Juan Sebastián Rioseco en representación de don Mario Fermín Núñez de la Torre y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Atacama.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.