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Olivo de la Cruz Pérez con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Rol: C2316-21

Consejo para la Transparencia, 15/06/2021

Se acoge el amparo deducido en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenándose la entrega del expediente migratorio solicitado. Lo anterior, por tratarse de antecedentes referidos al propio solicitante, respecto de los cuales el órgano reclamado no acreditó la causal de reserva de afectación del debido cumplimiento de las funciones. Además, aquel tiene la calidad de parte interesada en el procedimiento migratorio del que forma parte la resolución requerida, en conformidad a lo previsto en la ley N° 19.880. Atendido que la información contiene datos personales y sensibles del reclamante, su entrega deberá realizarse en conformidad a lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación, sin perjuicio de recomendarse que aquella se materialice por mecanismos telemáticos, previa acreditación de identidad del requirente La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Inhabilitación)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2316-21

Entidad pública: Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Requirente: Olivo de la Cruz Pérez

Ingreso Consejo: 05.04.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenándose la entrega del expediente migratorio solicitado. Lo anterior, por tratarse de antecedentes referidos al propio solicitante, respecto de los cuales el órgano reclamado no acreditó la causal de reserva de afectación del debido cumplimiento de las funciones. Además, aquel tiene la calidad de parte interesada en el procedimiento migratorio del que forma parte la resolución requerida, en conformidad a lo previsto en la ley N° 19.880.

Atendido que la información contiene datos personales y sensibles del reclamante, su entrega deberá realizarse en conformidad a lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación, sin perjuicio de recomendarse que aquella se materialice por mecanismos telemáticos, previa acreditación de identidad del requirente

La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1191 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2316-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de marzo de 2021, don Olivo de la Cruz Pérez solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, "mi expediente migratorio".

2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 11778, de 5 de abril de 2021, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública respondió el requerimiento indicando que el expediente solicitado se encuentra aún en análisis y no se ha adoptado una decisión debidamente notificada de conformidad al Reglamento de Extranjería, por lo que deniega su entrega por aplicación del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que corresponden a antecedentes previos a la adopción de una resolución, al ser parte de un proceso continuo e indivisible, necesarios para la adopción de la medida en cuestión, cuya comunicación previa afecta el debido funcionamiento de ese servicio.

3) AMPARO: El 5 de abril de 2021, don Olivo de la Cruz Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, pues deniega el acceso a lo requerido.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E9480, de 30 de abril de 2021, solicitando presente sus descargos y observaciones a este amparo.

Por medio de correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2021, este Consejo otorgó al órgano reclamado un plazo extraordinario de 3 días hábiles, para que presente sus descargos y observaciones. Sin embargo, a la fecha del presente Acuerdo no consta comunicación alguna de la Subsecretaría del Interior en tal sentido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Al efecto, el órgano reclamado denegó el acceso a lo requerido alegando la concurrencia de la causal de reserva del articulo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

2) Que, el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

3) Que en cuanto a la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia alegada por el órgano reclamado, cabe hacer presente que a partir de las decisiones pronunciadas en los amparos Roles A12-09, A47-09 y A79-09, este Consejo ha sostenido reiteradamente que para configurar dicha hipótesis de reserva, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

4) Que, la reclamada se limitó a exponer en su respuesta que la resolución solicitada se encuentra en trámite, puesto que no ha sido debidamente notificada. Sin embargo, se deduce que el órgano ya adoptó una decisión en tal sentido, por lo que, en la especie, no se trata de un antecedente o deliberación previa. A mayor abundamiento, tampoco se advierte de manera alguna que aquel haya acreditado que su entrega pueda afectar el debido cumplimiento de sus funciones. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual no ocurre en el presente caso.

5) Que, además, se debe tener presente que el reclamante es parte interesada en el procedimiento migratorio del que forma parte la resolución pedida, no debiendo por lo tanto, olvidar lo dispuesto en el artículo 17 letra a) de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en orden a que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente.

6) Que, en consecuencia, no habiendo acreditado, en la especie, la concurrencia de los requisitos exigidos para la configuración de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 literal b) de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de lo pedido. Sin perjuicio de lo cual, en atención a que aquél ha de contener datos personales del reclamante, la Subsecretaría del Interior deberá proporcionarla previa acreditación de su identidad o de la de su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. Sin perjuicio de lo cual, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252, de fecha 20 de marzo de 2020, de este Consejo, se recomienda que realice aquella por un medio alternativo al presencial. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Olivo de la Cruz Pérez en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante su expediente migratorio, previa acreditación de la identidad de aquel. No obstante, se recomienda que aquella se realice por un medio alternativo al presencial.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Olivo de la Cruz Pérez y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.