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Paulina Vargas Herrera con CARABINEROS DE CHILE Rol: C2326-21

Consejo para la Transparencia, 15/06/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de resoluciones que instruyen sumarios y sumarios instruidos contra funcionarios activos por el motivo de vinculación a redes de narcotráfico, y que hayan sido cerrados, ambos entre los años 2018 a 2020. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. Lo anterior, debido a que la inexistencia invocada no resultó suficientemente acreditada en esta instancia por el órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2326-21

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Paulina Vargas Herrera

Ingreso Consejo: 05.04.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega de resoluciones que instruyen sumarios y sumarios instruidos contra funcionarios activos por el motivo de vinculación a redes de narcotráfico, y que hayan sido cerrados, ambos entre los años 2018 a 2020. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

Lo anterior, debido a que la inexistencia invocada no resultó suficientemente acreditada en esta instancia por el órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 1191 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2326-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de febrero de 2021, doña Paulina Vargas Herrera solicitó a Carabineros de Chile, "Resoluciones que instruyen sumarios entre los años 2018 a 2020. Tarjando la información que corresponda para proteger datos personales. Sumarios instruidos contra funcionarios activos por el motivo de vinculación a redes de narcotráfico, y que hayan sido cerrados, entre los años 2018 a 2020. Tarjando la información que corresponda para proteger datos personales".

2) RESPUESTA: El 15 de marzo de 2021, Carabineros de Chile respondió el requerimiento, indicando que conforme a los principios de acceso a la información pública de los Órganos de la Administración del Estado, consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Transparencia, el Departamento Control de Gestión Fiscalías Administrativas, informa que no cuenta con la información en los términos requeridos, como tampoco es posible obtenerla desde el sistema informático pertinente, ya que dicha plataforma no permite efectuar búsquedas con el grado de especificidad solicitado, esto es, vinculación a redes de narcotráfico.

3) AMPARO: El 5 de abril de 2021, doña Paulina Vargas Herrera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta incompleta o parcial a su solicitud. Además, hizo presente que: "La institución afirma no contar con la información en los términos especificados en la solicitud, y que tampoco es posible, por su parte, recuperarla ni obtenerla. La parte reclamante señala que la respuesta otorgada por la institución (Carabineros de Chile) es bastante imparcial e incompleta, toda vez que se han publicado en prensa (específicamente el 03/03/21 en el portal CIPER CHILE) antecedentes de la existencia de documentos e información relacionada a indagatorias internas llevadas a cabo por la propia institución que constatan la investigación de cierto número de uniformados ligados a redes de narcotráfico".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° E9085, de 24 de abril de 2021, solicitando que: (1°) adjunte los antecedentes que acreditan la fecha de notificación de la respuesta reclamada; (2°) considerando lo expuesto por la parte reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida.

Mediante Oficio N° 163, de 10 de mayo de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos, señalando que los antecedentes solicitados no son posibles de obtener desde el Sistema de Registro y Control, de Sumarios v.2.0 ni del Sistema de Gestión de Personal ya que dichas plataformas no permiten efectuar búsquedas por delito. De este modo, no existe impedimento legal para entregar lo solicitado, solamente se trata de circunstancias de hecho como la inexistencia de la información. Por su parte, en cuanto a las investigaciones, sumarios o indagaciones efectuadas, en el ámbito administrativo es necesario tener presente que la preceptiva reglamentaria institucional, aplicable en la especie, contenida esencialmente en los artículos 5 del decreto supremo N° 118, año 1982, del Ministerio de Defensa Nacional, aprueba texto del Reglamento de Sumarios Administrativos, N° 15,- en adelante e indistintamente Reglamento de Sumarios Administrativos-; y 2 del decreto supremo N° 900, año 1967, del Ministerio del Interior, aprueba Reglamento de Disciplina N° 11 de Carabineros de Chile - en adelante e indistintamente Reglamento de Disciplina N° 11-, especifica las causales que dan origen a la substanciación de sumarios en sede administrativa, definiendo también, el último cuerpo reglamentario antes individualizado, qué debe entenderse por falta, esto es "toda acción u omisión en que incurra el personal y que, sin alcanzar a constituir delito, lo aparte del cumplimiento de sus labores profesionales, o normales", como antecedente suficiente para efectos de la aplicación de la potestad disciplinaria de los Mandos con competencia para ello. Tales procedimientos, se encuentran sujetos al cumplimiento de la garantía del debido enjuiciamiento, contenida en el artículo 19 N° 3 de la Carta Política, que garantiza a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. A su turno, el artículo 22 del Reglamento de Disciplina N° 11 establece la clasificación de las faltas y que son las que dan origen a las investigaciones y sumarios según corresponda.

Señala, que en atención al principio rector del derecho público que estatuye la independencia de las responsabilidades administrativas de aquellas entregadas al conocimiento y juzgamiento de los órganos jurisdiccionales, toda información que exceda los ámbitos de gestión de Carabineros de Chile debe requerirse al persecutor penal.

Añade que la Ley de Transparencia no obliga a los órganos de la Administración del Estado a generar, elaborar o producir información, sino a entregar la actualmente disponible, por lo que no resulta procedente que se quiera exigir a Carabineros de Chile que produzca antecedentes como los solicitados, lo que, además importaría revisar la totalidad de los sumarios instruidos en los últimos doce años a nivel nacional, lo que resulta prácticamente imposible por disponerse y archivarse sumarios a lo largo de todo el territorio nacional y no contarse en los registros computacionales con la información solicitada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta incompleta o parcial a la solicitud de acceso referida a resoluciones que instruyen sumarios y sumarios instruidos contra funcionarios activos por el motivo de vinculación a redes de narcotráfico, y que hayan sido cerrados, ambos entre los años 2018 a 2020. Al respecto, el órgano reclamado, tanto en su respuesta, como en sus descargos, alegó la inexistencia de la información solicitada.

2) Que, en primer lugar, en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado, en orden a que a que la información pedida no obra en su poder, cabe tener presente que aquella es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, lo que debe ser acreditado en forma fehaciente. En la especie, Carabineros de Chile señaló que el Sistema de Registro y Control de Sumarios 2.0, no permite efectuar búsquedas con el grado de especificidad que se requiere (por delito). De esta forma, no es posible acceder a lo solicitado por cuanto no se encuentra parametrizada en los términos requeridos por la solicitante.

3) Que, en cuanto a la información solicitada, cabe tener presente que el Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15, señala en su artículo 5 que: "Los Sumarios sólo podrán ser originados por alguna de las siguientes causales: a) Para establecer los derechos que beneficien al personal o a sus familiares, derivados de accidentes en actos del servicio. b) Para la constatación de enfermedades profesionales o invalidantes. c) Para determinar el grado de responsabilidad en las faltas disciplinarias graves en que aparezca involucrado el personal, siempre y cuando su culpabilidad y participación no esté fehacientemente establecida por otros medios. d) Para apreciar administrativamente la responsabilidad de los funcionarios de la Institución que fueren acusados de algún hecho delictuoso, sea éste de la competencia de la Justicia Militar u Ordinaria, y e) En todos aquellos casos en que las disposiciones legales y/o reglamentarias así lo determinen, debiendo observarse las normas y procedimientos que en forma específica se encuentren contempladas en ellas, conforme a lo estipulado en el inciso segundo del artículo 1°".

4) Que, además, se debe considerar que dentro de la estructura orgánica de la reclamada, se encuentra el "Servicio de Justicia de Carabineros de Chile", en particular, el "Departamento de Defensoría Jurídica del Personal (J.2.)", el que "tendrá como labor fundamental representar y defender ante los Tribunales Ordinarios o del fuero militar al personal de Carabineros en servicio activo, en las causas criminales del fuero común o castrense." (Artículo 15 inciso primero del decreto supremo N° 448, de fecha 20 de octubre de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Reglamento Orgánico del Servicio de Justica de Carabineros de Chile N° 12 - en adelante decreto N° 448-)

5) Que para el cumplimiento de sus finalidades el Departamento de Defensoría Jurídica del Personal, está organizado en Secciones, entre las que se encuentran, la de "Justicia Militar" y la de "Criminal". Así, "La Sección Justicia Militar estará a cargo de un Oficial Jefe u Oficial Subalterno de Justicia y desempeñará las funciones de defensa del Personal de la Institución ante los Tribunales de la jurisdicción militar. // Los Jefes de Reparticiones y Unidades estarán obligados a comunicar oportunamente y por escrito, a la Jefatura del Departamento, el o los hechos que deban ser de conocimiento de esta jurisdicción y en los cuales apareciere comprometido algún funcionario de la Institución." (Artículo 19 del decreto N° 448) Por su parte, "La Sección Criminal estará a cargo de un Oficial Jefe u Oficial Subalterno de Justicia y desempeñará las funciones de asistencia profesional del personal de la Institución ante los Tribunales del Crimen de la Jurisdicción ordinaria. // Para lo anterior, los Jefes de Reparticiones y Unidades estarán obligados a comunicar oportunamente y por escrito, a la Jefatura del Departamento, el o los hechos que deban ser de conocimiento de esta jurisdicción y en los cuales apareciere comprometido algún funcionario de la Institución". (Artículo 21 del decreto N° 448) Por lo tanto, atendida la obligación de comunicar sobre hechos como los consultados que tienen determinadas autoridades de la Institución, a dichas secciones, aquellas podrían contar con estadísticas o informes que den cuenta de los antecedentes solicitados.

6) Que, en consecuencia, este Consejo estima que Carabineros de Chile no logra acreditar la inexistencia alegada, razón por la cual, se descartará su concurrencia, y se acogerá el presente amparo requiriendo la entrega de la información solicitada; tarjando, previamente, todos los datos personales de contexto contenidos en esta, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Asimismo, de ser ello pertinente, se deberán reservar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. Todo lo cual se realiza en cumplimiento de las atribuciones otorgadas a esta Corporación por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. No obstante, en el evento de que parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Paulina Vargas Herrera en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile, lo siguiente:

a) Entregue a la reclamante acceso a las resoluciones que instruyen sumarios y sumarios instruidos contra funcionarios activos por el motivo de vinculación a redes de narcotráfico, y que hayan sido cerrados, ambos entre los años 2018 a 2020; tarjando, previamente, de aquella todos los datos personales de contexto contenidos en esta, y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. No obstante, en el evento de que parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la peticionaria y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Paulina Vargas Herrera y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.