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Advanced Integrated Technologies SpA con Consejo para la Transparencia Rol: 59-2021

Corte de Apelaciones de Santiago, 25/06/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia. Corte declara inadmisible el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Fernando Carreño Molina
  • Mario Rojas González

Texto completo:

Santiago, veinticinco de junio de dos mil veintiuno.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 29 de enero de este año comparecen los abogados don Nicolás Yuraszeck Penaranda y don Carlos Araya Paz, quienes en representación de Advanced Integrated Technologies SpA, deducen reclamo de ilegalidad en contra de la decisión adoptada con fecha 5 de enero de 2021 por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, con motivo del proceso de amparo de información pública rol N° C-5894-20.

Indican que la mencionada medida acogió el amparo interpuesto por doña María Cecilia Galleguillos Peralta respecto del pronunciamiento del Instituto de Salud Pública que previamente le negó la información que solicitó a dicha entidad, ordenando en su lugar hacerle entrega de "todos los antecedentes que el ISP tuvo a la vista para otorgar el Registro D-1039/20, correspondiente al producto "Decutec Desinfectante Multiuso Solución", tales como análisis, ensayos, exámenes toxicológicos, fisiológicos y de eficacia. Asimismo, los antecedentes que respalden sus propiedades físicas y químicas, y su utilidad, efectividad, seguridad e inocuidad para uso doméstico/industrial, además de las correspondientes pruebas de eficacia. Lo anterior, debiendo el órgano tarjar, previamente, cualquier antecedente que diga relación o contenga datos que den cuenta de la fórmula del producto consultado, además de todo dato personal de contexto que puedan contener, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros".

Fundamentando su reclamo esgrimen, en resumen, los siguientes argumentos:

1. - Alegan en primer término que el principio de publicidad y transparencia del artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República obliga a la administración -no a los privados- a actuar con la mayor transparencia posible en la realización de sus funciones y a dar conocer al público sus actos y decisiones, situación que se halla en concordancia directa con el derecho de todas las personas a la libertad de información, conforme garantiza el numeral 12° del artículo 19 del mismo texto.

Añaden, enseguida, que el acceso a la información establecido en la Carta Fundamental y en la Ley 20.285 no es un derecho absoluto, sino que admite excepciones, especialmente en el caso en que es necesario el debido resguardo de derechos de terceros ajenos a la administración, por tratarse de información secreta o reservada.

Sostienen que en el particular se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la citada ley, que dispone que se podrá mantener en secreto o reserva una información que se encuentre a disposición de la administración cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente los de carácter comercial o económico, dado que aquella que ha sido solicitada es susceptible de valoración económica para su parte, lo que no fue considerado por la reclamada, quien se atribuye la facultad de determinar qué datos poseen dicha calidad, afirmando que sólo lo serían los que den cuenta de la fórmula del producto.

Aseveran que la publicidad de los documentos contenidos en el registro sanitario afecta los derechos de su representada, pues se ha desconocido el valor del trabajo de investigación desarrollado a lo largo de años, que se cristaliza en el "know how" de la empresa y que le otorga una ventaja competitiva en el mercado. Agregan que este activo se encuentra protegido en carácter de secreto empresarial por los artículos 86 de la Ley 19.039 y 19 N° 25 de la Constitución.

2. - Refieren, a continuación, que existen dudas respecto de la forma en que se debe ejecutar la decisión, puesto que no se indican las piezas especificas del expediente que deben ser finalmente tarjadas, expresándose únicamente que se trataría de los "que digan relación o que contengan datos sobre la fórmula.

3. - Sostienen en tercer lugar, que la interesada pondría en tela de juicio la idoneidad del registro sanitario otorgado por el Instituto de Salud Pública, sin ofrecer antecedentes o pruebas científicas que avalen dicha desconfianza.

4. - Objetan enseguida el supuesto carácter público de los documentos que tuvo a la vista el Instituto de Salud Pública para otorgar el registro sanitario del producto, señalando que en caso de serlo dicha entidad no habría notificado a su representada al tenor del artículo 20 de la Ley 20.285.

Sostienen que aquellos tienen el carácter de confidencial, por cuanto su otorgamiento afecta los intereses económicos y comerciales de Advanced Integrated Technologies SpA, mismos que han sido resguardados por ella, en el entendido que el tiempo y los recursos invertidos son precisamente la clave de la obtención del éxito del producto, motivo por el cual los contratos que ha suscrito su parte con distintos proveedores han involucrado siempre cláusulas de confidencialidad.

Expresan que si todos los documentos que sustentan un registro sanitario fuesen de público acceso, no existiría incentivo para que una empresa lo solicitara, toda vez que un eventual competidor podría acceder a ellos, soslayando la relevante inversión efectuada para la obtención del producto.

5. - Señalan que la medida de resguardo adoptada por la reclamada resulta insuficiente, ya que entre los antecedentes que forman parte de la tramitación del registro sanitario se encuentra información relativa a los procesos productivos mediante los cuales es fabricado el producto, la que pormenorizan.

Refieren que la divulgación de estos antecedentes y de otros documentos que forman parte del registro sanitario irroga un perjuicio sustantivo a su representada, pues permite a terceros acceder a piezas del expediente, otorgándoles una ventaja competitiva ilegítima al concederles aprovechar gratuitamente el trabajo desarrollado.

6. - Sostienen, asimismo, que la divulgación de todos los antecedentes que forman parte del registro sanitario podría interferir en la obtención de la patente del producto en Chile, pues para que una invención sea patentable requiere de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, conforme se desprende del artículo 33 de la Ley 19.039, de lo que no se hace cargo la recurrida.

7. - Alegan finalmente, que no existe información sobre el objetivo del uso de la información solicitada y que bien podría existir un eventual conflicto por competencia desleal.

Solicitan, en definitiva, "acoger el presente reclamo, dejando sin efecto el señalado acto, y se declare que corresponde rechazar en su integridad el amparo deducido en su oportunidad por María Cecilia Galleguillos";

SEGUNDO: Que mediante resolución de fecha 10 de febrero de este año se tuvo por interpuesto el presente recurso de reclamación y se confirió traslado al Consejo para la Transparencia y a la tercero interesada, doña María Cecilia Galleguillos Peralta;

TERCERO: Que evacuando el informe de rigor don David Ibaceta Medina, abogado, en representación del Consejo para la Transparencia, solicita que el presente reclamo sea rechazado en todas sus partes, en virtud, en síntesis, de las siguientes consideraciones:

a) .- Indica, en primer lugar, que el reclamo de ilegalidad resulta inconducente, por haber perdido toda oportunidad, ya que el 12 de febrero de 2021 el Instituto de Salud Pública le comunicó que por error, el 14 de enero de este año remitió a la solicitante toda la información cuya publicidad se dispuso en la decisión que por esta vía se impugna, desconociendo que ella no se encontraba a esa fecha firme y ejecutoriada.

b) .- En segundo término y en subsidio de lo anterior, señala que la información solicitada es en principio pública, sin importar su origen, al haber sido fundamento de la decisión del Instituto de Salud Pública que ordenó la inscripción del producto respectivo en el registro sanitario.

Añade que el artículo 8 inciso segundo de la Carta Fundamental no sólo establece la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sino también de sus fundamentos y procedimientos, tal como se dispuso en la decisión reclamada, toda vez que en aplicación de las disposiciones del Decreto N° 157/2005, del Ministerio de Salud, los documentos contenidos en el expediente requerido constituyen el sustento de la resolución administrativa que ordenó la inscripción del producto respectivo en el registro nacional.

Afirma que lo concluido precedentemente se encuentra corroborado por lo dispuesto en los artículos 5 y 11 de la Ley 20.285, que establecen una presunción de publicidad que sólo puede ser desvirtuada acreditando de contrario que concurre una causal de secreto o reserva establecida en una ley de quórum calificado, tal como exige el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Agrega que no puede considerarse que por el hecho de que parte de la información requerida haya sido elaborada por una empresa privada es estrictamente privada y no susceptible de ser requerida y entregada en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, pues la reclamante la proporcionó a la administración para el ejercicio de sus atribuciones legales y la adopción de una decisión a su respecto, lo que acredita de un modo indiscutible que estamos en presencia de información recabada en virtud de procedimientos administrativos de fiscalización.

c) .- Indica que la entrega de la información solicitada no afecta los derechos comerciales y económicos de la actora por lo que no se configura la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285.

Hace presente que la empresa en su reclamo de ilegalidad invocó nuevos argumentos para fundar dicha causal -contenidos en el acápite II.IV. del libelo-, los cuales no formaron parte de las alegaciones en el procedimiento de amparo, por lo que su extemporánea invocación infringe los principios de congruencia procesal y de buena fe e incide en el ámbito de competencia del examen de legalidad, ya que su parte no pudo pronunciarse sobre estos nuevos argumentos.

En relación a que la información solicitada resultaría reservada por existir acuerdos de confidencialidad, afirma que no es admisible que prime el secreto establecido en virtud de cláusulas contractuales de ese tipo, dado que ello infringiría el principio de jerarquía normativa y de fuerza obligatoria de la Constitución, ya que un contrato no puede estar por sobre lo dispuesto en la ley ni en el artículo 8 de la Carta Fundamental, que expresamente prescribe que la reserva o secreto debe ser establecida en virtud de ley de quórum calificado.

Niega, asimismo, que la publicidad de la información solicitada produzca afectación a los derechos comerciales y económicos de la actora, máxime cuando se aplicó" el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley 20.285.

d) .- Alega enseguida que no resulta suficiente la sola invocación o referencia a una causal de reserva, en términos meramente formales, para tenerla por configurada, sino que es menester acreditar que la publicidad de la información de que se trata, afecta realmente algunos de los bienes jurídicos previstos en el artículo 8 de la Constitución Política de la Republica, lo que no ocurrió en este caso, dado que la actora se limitó a exponer de modo genérico que aquella era parte importante de su estrategia comercial y que su conocimiento conllevaba un eventual riesgo de ver afectada su posición competitiva, situaciones que el Consejo no pudo vislumbrar atendida la ausencia de elementos proporcionados para tal efecto.

e) .- Argumenta que para verificar la concurrencia de afectación a los derechos de carácter comercial y económico de la reclamante, que configurarían el secreto alegado, deben concurrir copulativamente los siguientes tres requisitos: i) Que la información requerida no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente ella se utiliza; ii) Que la información sea objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y iii) Que el secreto o reserva de la información requerida proporcione a su poseedor una evidente mejora, avance o ventaja competitiva, o su publicidad pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular, situaciones que se estimaron no concurrentes en este caso.

f) .- Manifiesta que no es efectivo que la entrega de información pueda generar un acto de competencia desleal en contra de la reclamante, ya que sólo los antecedentes relativos a la fórmula pueden ser considerados como secreto industrial, según establece el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que se rechazó el amparo en dicho punto y no respecto de los demás antecedentes, cuya entrega no altera la propiedad que detenta la reclamante respecto de aquellos, ni puede interferir en la patentabilidad del producto.

En cuanto a la alegación en orden a que si todos los documentos que sustentan un registro sanitario fuesen de público acceso no existirían incentivos para obtenerlo, precisa que dicho registro no es una opción voluntaria, sino una obligación para quienes deseen comercializar o distribuir productos, tal como dispone el Decreto N° 157/ 2005.

Finalmente, sobre el cuestionamiento a los intereses y motivación de la solicitante de información, afirma que es contrario a la ley exigir al requirente un fin específico a su petición, dado que ello vulneraria el principio de no discriminación que establece el artículo 11 letra g) de la Ley 20.285;

CUARTO: Que evacuando traslado la tercero interesada, doña María Cecilia Galleguillos Peralta, solicitó también el rechazo de la presente reclamación, adhiriendo a lo señalado por el Consejo para la Transparencia.

Alega en primer término, la pérdida de oportunidad procesal del reclamo de ilegalidad interpuesto, pues el 8 de febrero de 2021, mediante correo electrónico, el Instituto de Salud Pública le entregó la información requerida.

Refiere enseguida que la reclamante equivoca en reiterados pasajes de su reclamo de ilegalidad el acto impugnado, pues dirige sus alegaciones en contra de su solicitud de información, la que no viene al caso en esta sede.

Afirma asimismo que los argumentos del actor no tienen asidero a la luz de los principios de publicidad de la información que obra en poder de la administración, de excepcionalidad de las causales de secreto o reserva, de libertad de información, de apertura, de máxima divulgación y de no discriminación.

Sostiene, finalmente, que la reclamante no aporta argumentos jurídicos que permitan desvirtuar la presunción de publicidad, por medio de la configuración de alguna de las excepciones de derecho estricto contempladas en la legislación;

QUINTO: Que con fecha 28 de abril de 2021, se trajeron estos autos en relación. El 8 de junio de este año se procedió a la vista de la causa, con intervención de los apoderados de la reclamante, de la reclamada y de la tercero interesada;

SEXTO: Que para una adecuada inteligencia del asunto y resolución del recurso de reclamación interpuesto, cabe tener presente las siguientes circunstancias no controvertidas por los intervinientes:

i) .- Con fecha 21 de agosto de 2020, doña María Cecilia Galleguillos Peralta realizó una presentación al Instituto de Salud Pública, requiriendo la siguiente información: "En relación con el Registro ISP D-1039/20, correspondiente al producto "Decutec Desinfectante Multiuso Solución" cuya titularidad se encuentra inscrita a nombre de la sociedad Advanced Integrated Technologies SpA, pido por favor me hagan llegar todos los antecedentes que el ISP tuvo a la vista para el registro de dicho producto, tales como análisis, ensayos, exámenes toxicológicos, fisiológicos y de eficacia. Asimismo, los antecedentes que respalden las propiedades físicas y químicas del producto antedicho, y su utilidad, efectividad, seguridad e inocuidad para uso doméstico/industrial, además de las correspondientes pruebas de eficacia".

ii) .- Mediante Oficio Ord. N° 1548, de 24 de agosto de 2020, el Instituto de Salud Pública comunicó al tercero involucrado, Advanced Integrated Technologies SpA, su derecho a oponerse a lo solicitado.

iii) .- El 26 de agosto de 2020, el Instituto de Salud Pública recibió comunicación del representante de la empresa antes enunciada, en la que manifestó su total oposición a la entrega de la información requerida, esgrimiendo la causal de reserva del numeral 2° del artículo 21 de la Ley 20.285.

iv) .- En razón de lo anterior y conforme prevé el inciso tercero del artículo 20 del citado texto legal, el 1 de septiembre de 2020, a través de Resolución Exenta N° 2056, el Instituto de Salud Pública de Chile respondió al requerimiento de información, denegándolo.

v) .- Respecto de tal determinación, la solicitante, doña María Cecilia Galleguillos Peralta, recurrió de amparo de información ante el Consejo para la Transparencia, organismo que tras otorgar traslado al Instituto de Salud Pública y a Advanced Integrated Technologies SpA, recabados sus descargos, acogió parcialmente en su decisión rol N° C-5894-20, de fecha 5 de enero de 2021, el arbitrio interpuesto y ordenó al citado órgano administrativo hacer entrega a la reclamante de "... todos los antecedentes que el ISP tuvo a la vista para otorgar el Registro D-1039/20, correspondiente al producto "Decutec Desinfectante Multiuso Solución", tales como análisis, ensayos, exámenes toxicológicos, fisiológicos y de eficacia. Asimismo, los antecedentes que respalden sus propiedades físicas y químicas, y su utilidad, efectividad, seguridad e inocuidad para uso doméstico/industrial, además de las correspondientes pruebas de eficacia.

Lo anterior, debiendo el órgano tarjar, previamente, cualquier antecedente que diga relación o contenga datos que den cuenta de la fórmula del producto consultado, además de todo dato personal de contexto que puedan contener, por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre oíros".

vi) .- Conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley 20.285, el 29 de enero de 2021 Advanced Integrated Technologies SpA dedujo reclamo en contra de la decisión C-5894-20, pronunciada por el Consejo para la Transparencia, incoándose el presente expediente ingreso rol N° 59-2021.

vii) .- Desconociendo que el pronunciamiento de amparo no se encontraba a esa fecha firme y ejecutoriado, el 8 de febrero de este año el Instituto de Salud Pública remitió a la solicitante toda la información cuya publicidad dispuso el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia;

SÉPTIMO: Que, en primer lugar, no es posible soslayar a estos magistrados que lo pretendido a través del presente arbitrio ha sido obtener dejar sin efecto la decisión impugnada, manteniendo así la denegatoria administrativa de entrega de información y que, por otra parte, como se ha relevado en el último acápite del motivo anterior, ella fue íntegramente facilitada a la requirente el 8 de febrero de este año.

Luego, aparece razonable concluir que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, ya que el acto que se procuraba suspender, y posteriormente, detener definitivamente a través de su interposición, se ha visto cabalmente materializado con anterioridad a su vista y resolución, por razones que no es del caso analizar en este fallo;

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, en lo que atañe a la discusión de fondo, es dable recordar que la competencia que posee esta Corte, de conformidad a lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 20.285, se enmarca en el examen de legalidad de la decisión del Consejo para la Transparencia que deniega o, en su caso, otorga acceso a la información a quien la requiere.

Luego, habiéndose en este caso acogido parcialmente el amparo de información, tras haberse desestimado la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285 respecto de determinada información solicitada, el análisis que incumbe efectuar a este Tribunal se encuentra circunscrito a dirimir en definitiva la legalidad de dicha decisión;

NOVENO: Que, como se sabe, el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285, estatuye: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:...

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico...

Así las cosas, tras la indispensable ponderación de los antecedentes por parte de la autoridad administrativa, de entender ella no configurada en el caso de marras alguna de las situaciones a que hace referencia la aludida disposición legal, específicamente en este caso la afectación de los derechos de carácter comercial o económicos de la reclamante, que fue precisamente lo que justificó la negativa de entrega de información por parte de Advanced Integrated Technologies SpA, se encontraba la primera plenamente facultada para acoger fundadamente el requerimiento, en aquella parte en que lo hizo, por no configurarse una causal legal de reserva respecto de esos antecedentes en particular;

DECIMO: Que en este orden de ideas, como se ha señalado por estos magistrados con anterioridad, no resulta suficiente aducir que la publicidad de los datos solicitados "podría" afectar los derechos de carácter comercial o económicos de la actora, pues como se sabe, el principio que regla la materia es precisamente el de la publicidad de la información, a la luz del artículo 8 inciso segundo de la Carta Fundamental y, así las cosas, lo cierto es que no concurre en la especie una ley de quórum calificado que establezca alguna excepción a dicho criterio, ni tampoco la empresa reclamante justificó apropiadamente en su oportunidad la supuesta afectación de derechos que intentó proteger;

UNDÉCIMO: Que por otra parte, concuerda esta Corte con el discernimiento efectuado por la autoridad recurrida que calificó de pública a la documentación a cuya entrega finalmente se accedió.

Corroborando tal aserto, el artículo 5 de la Ley 20.285 estatuye que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas"

Por su parte el literal c) del artículo 11 del mismo texto normativo indica que "El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:...

c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

En el caso en análisis, en aplicación de las disposiciones del Decreto N° 157/ 2005, del Ministerio de Salud, que "Aprueba Reglamento de Pesticidas de Uso Sanitario y Domestico", los documentos contenidos en el expediente requerido constituyen los fundamentos que tuvo a la vista el Instituto de Salud Pública para ordenar la inscripción del producto en el registro nacional sanitario, de manera que obrando por tal motivo en su poder, no habiendo acreditado la actora la eventual afectación de los derechos que reclama y, por ende, descartada la concurrencia de la causal de secreto o reserva esgrimida respecto de ellos, son públicos;

DUODÉCIMO: Que la alegación contenida en el libelo pretensor, que sostiene que la medida de resguardo adoptada por el Consejo para la Transparencia resultaría insuficiente, describiendo para ello el tipo de antecedentes que eventualmente podrían encontrarse entre la información que fue parte del proceso de registro sanitario, no formó parte de los descargos que conoció la autoridad cuya decisión en esta sede se impugna y, en tal escenario, mal puede constituir un yerro que la entinte de ilegalidad, al no haber formado parte de la discusión sobre la cual emitió pronunciamiento;

DECIMO TERCERO: Que no es posible desconocer que si bien la recurrida accedió a la solicitud de entrega de determinada información requerida, la negó respecto de aquella relativa a la fórmula del producto, por contener ella "antecedentes específicos y relevantes cuyo conocimiento necesariamente permitiría a terceros acceder a las características y procesos esenciales de su elaboración, revelando información sensible, ocasionando, consecuencialmente, la pérdida de las ventajas comparativas del titular, afectándose con ello sus derechos comerciales y económicos", de manera que en aplicación de la atribución que le reconocen los artículos 33 letra j) y 11 letra e) de la Ley 20.285, tuvo por configurada la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de dicho cuerpo normativo únicamente en lo concerniente a ella, la que ordenó tarjar u omitir en aplicación del principio de divisibilidad;

DECIMO CUARTO: Que luego de lo razonado en los dos motivos anteriores, deberán inevitablemente desestimarse las alegaciones que se fundan en una eventual incerteza respecto de la forma en que debía ejecutarse la decisión impugnada y en la supuesta insuficiencia de la medida de resguardo adoptada por la autoridad reclamada;

DECIMO QUINTO: Que tampoco resultan atendibles los argumentos relativos a cláusulas contractuales de confidencialidad mediante las cuales la actora habría mantenido en reserva antecedentes que forman parte de la información requerida, dado que como se ha señalado reiteradamente por nuestra jurisprudencia, más allá de resultar ellas inoponibles a terceros ajenos a dichas convenciones, en caso alguno pueden servir de pretexto para superponerse a una norma constitucional obligatoria, dado que tales estipulaciones no se enmarcan en los supuestos de reserva del artículo 8 de la Carta Fundamental;

DECIMO SEXTO: Que los asertos que sostienen un eventual obstáculo en la obtención de la patente del producto en Chile; la introducción de una pretendida desconfianza sobre el actuar del Instituto de Salud Pública en lo que respecta a su registro sanitario; y un hipotético conflicto por competencia desleal, no serán atendidos por tratarse de meras especulaciones;

DECIMO SÉPTIMO: Que de conformidad a lo previsto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 20.285, no resulta admisible tampoco el reparo que se hace consistir en la no existencia de información sobre la causa o motivo del requerimiento;

DECIMO OCTAVO: Que finalmente, se dirá a modo de colofón, que descartada toda ilegalidad en la decisión que por esta vía se objeta, se impone necesariamente por esta razón el íntegro rechazo del presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por don Nicolás Yuraszeck Penaranda y por don Carlos Araya Paz, en representación de Advanced Integrated Technologies SpA, en contra de la decisión de Amparo N° C-5894-20, dictada por el Consejo para la Transparencia el 5 de enero de 2021, sin costas.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos, quien no firma

Regístrese, comuníquese y archívense estos antecedentes.

N° 59-2021.-

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Fernando Ignacio Carreño O. Santiago, veinticinco de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.