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Municipalidad de Maipú con Consejo Para la Transparencia Rol: 92-2021

Corte de Apelaciones de Santiago, 14/06/2021

Municipalidad interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del Consejo Para la Transparencia, mediante la cual acoge amparo por acceso a la información. La Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad deducido


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Alejandro Rivera Muñoz
  • Mireya López Miranda

Texto completo:

Santiago, a catorce de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

1°.- Que, en estos antecedentes comparece Elizabeth Olguín Ríos, abogada, en representación de la I. Municipalidad de Maipú, deduciendo Reclamo de Ilegalidad en virtud del artículo 28 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en contra del Consejo Para la Transparencia, en la persona de su Director General (s), don David Ibaceta Medina, al haber emitido en sesión ordinaria N° 1150, de fecha 15 de octubre de 2020, la decisión de acoger el amparo de acceso a la información Rol C6568-2020, presentado por Carlos Richter Bórquez.

Explica que con fecha 7 de octubre de 2020, se recibió vía portal web la solicitud de acceso a la información pública realizada por don Carlos Richter Bórquez, por medio del cual solicitaba textualmente: Señores municipalidad de Maipú requiero información de lo siguiente bitácora de ruta del vehículo marca Hyundai ionix placa patente LPKT16 y nombre del funcionario destinado a la conducción de este vehículo fiscal y requiero las facturas de las concesionarias de las autopistas por concepto de control TAG, región metropolitana y rutas 68 y 78 Sin otro particular Carlos Richter" (sic).

Agrega que con fecha 13 de octubre de 2020, mediante resolución N° 1022, emitida y suscrita por el Sr. Jan Aeschlimann Meuli, Director de Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Maipú, se respondió a la solicitud del Sr. Carlos Richter Bórquez, informando que sería remitido por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, ya que no corresponde a una solicitud de acceso a la información, sino que se enmarcaría su solicitud en el derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, la que fue entregada sin reparo o problema alguno, entregándose e informándose la totalidad de lo solicitado.

A raíz de la respuesta evacuada por el Director de Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Maipú el día 15 de octubre de 2020, don Carlos Richter Bórquez, dedujo ante el Consejo para la Transparencia Amparo Rol C6568-20, fundando en la derivación a la oficina de Información, Reclamos y Sugerencias de la solicitud de información, siendo que, finalmente, en sesión ordinaria N° 1150, de fecha 15 de octubre de 2020, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia acordó acoger el amparo del Sr. Carlos Richter Borquez y requerir a la Municipalidad de Maipú a entregar al reclamante "(...) Hacer entrega al reclamante de la información correspondiente a la bitácora de ruta del vehículo marca Hyundai Ionix placa patente LPKT16 y nombre del funcionario destinado a la conducción de este vehículo fiscal y las facturas de las concesionarias de las autopistas por concepto de control TAG, región metropolitana y rutas 68 y 78." dentro del plazo de 5 días hábiles contados, desde que la referida decisión se encuentre ejecutoriada. Dicha decisión fue notificada a la Municipalidad mediante correo electrónico de 25 de enero de 2021.

En cuanto a los fundamentos del reclamo, indica que el CPLT en su decisión efectuó una interpretación errónea de las normas aplicables en el caso, por cuanto estas serían materias que no serían de competencia de dicho organismo.

Explica que las municipalidades son órganos de la administración del estado que tienen la finalidad de satisfacer necesidades de la comunidad en el ámbito comunal, siendo corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En ese orden de ideas, indica que la información solicitada requiere la elaboración de un informe para dar respuesta, lo que por tanto no constituye solicitud de información a la luz de la Ley N° 20.285, sino que, a su juicio, se enmarcaría dentro del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, debiendo ser contestado por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias de dicho ente edilicio.

Agrega que ha sido la propia jurisprudencia del Consejo para la Transparencia la que se ha encargado de señalar otros criterios ante situaciones similares, a saber, el amparo C5665-20 donde concluyó que no es posible la entrega de información que no conste o que no exista en poder de la administración.

Alega que, en lo que se refiere a los fundamentos de la decisión del presente amparo, el Consejo para la Transparencia incurre en sendos errores, ya que al establecer:

"Que, en este sentido, el municipio ha afirmado que lo requerido no constituye una solicitud de acceso a la información pública, sino que se enmarca en el derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, sin embargo, no ha manifestado los fundamentos de dicha alegación, no explicando en qué consistiría el pronunciamiento que debería emitir para dar respuesta a la solicitud, y que la enmarcaría en el ejercicio del derecho de petición. Por el contrario, a juicio de este Consejo, la solicitud recae sobre información pública, que dice relación con la utilización de un bien fiscal y de los costos que representa su uso al presupuesto municipal".

Alega que el organismo recurrido no ha considerado el espíritu de la Ley N° 20.285, en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado, y por cuanto estima es absurdo que se ordene entregar información solicitada con tal amplitud, debiendo al menos ser subsanada la misma, por cuanto no se sabe qué periodo es el que precisa saber el solicitante, además que las bitácoras de los vehículos son diarias, como también las veces que transitan en uno u otro peaje dentro de las distintas carreteras de la Región Metropolitana, información que por lo demás no está sistematizada ni digitalizada, lo que implicaría destinar esfuerzos específicos de un funcionario con dedicación exclusiva para estos efectos.

Además, hace presente que la entrega de esta información requiere de un informe que debe crearse al efecto y que no es parte de los presupuestos que contiene la Ley N° 20.285 y que no es acorde con lo dispuesto por la ley.

Reconoce que la decisión del Consejo para la Transparencia, corresponde a una potestad discrecional, la que necesariamente se encuentra está sujeta a los límites que determina su control por parte de la judicatura, señalando que, en ese orden de ideas, la Excelentísima Corte Suprema, citando al profesor Luis Cordero Vega, ha indicado que: "...el control de la discrecionalidad se debe atender al principio de proporcionalidad, que es un elemento que determina "la prohibición de exceso, que implica una relación lógica de los elementos de contexto que generan el acto (situación, decisión y finalidad), una relación de adecuación de medio y fin, lo que implica ciertamente una limitación a la extensión de la decisión en la medida que ésta sólo se puede extender mientras se dé un vínculo directo entre el hecho y la finalidad perseguida con el procedimiento. De este modo, las situaciones que se dan fuera de esa relación son desproporcionadas, es decir, manifiestamente excesivas".

Por todo lo anterior, solicita sea acogido el presente reclamo de ilegalidad, y, en definitiva, sea revocada la decisión adoptada por el Consejo Directivo en el amparo rol C6568-20, deducido por don Carlos Richter Borquez, declarando que se rechace totalmente el amparo deducido por el reclamante, al no cumplir dicha petición con el estándar exigido por la Ley N° 20.285, de acuerdo con los fundamentos expuestos en el recurso.

2°.- Que, evacuando informe David Ibaceta Medina, abogado, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, solicitando que el presente recurso sea rechazado en todas su partes, por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

Explica en cuanto a los hechos, que estos habrían ocurrido de la forma expresada por el recurrente, ahora bien, indica que, analizando los argumentos desarrollados por el solicitante y por la Municipalidad de Maipú, en el marco de la Decisión de Amparo, así como los fundamentos dados en la decisión de la que se reclama, indica que la misma se encuentra totalmente ajustada a la normativa vigente y al espíritu del constituyente en materia de publicidad y transparencia.

Sostiene que del tenor de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya el recurrente, el debate se centraría únicamente en determinar si el CPLT obró conforme a derecho al acoger el amparo deducido, desestimando la alegación del Municipio consistente en que lo solicitado sería una manifestación del derecho de petición, cuestión que indica que desde ya debe ser confirmado, por cuanto la solicitud de información en análisis se encontraría sin duda alguna cubierta por la Ley de Transparencia.

En segundo lugar indica que se también se advierte como un argumento tangencial que la decisión provocaría esfuerzos desproporcionados en la Municipalidad, siendo la misma además muy amplia por cuanto las bitácoras serían diarias, lo que en definitiva requeriría al Municipio contar con un funcionario encargado únicamente de esta materia, dicha argumentación debe ser declarada inadmisible, ya que tendría como fundamento la causal de secreto o reserva establecida en la letra c), del N° 1, del Art. 21 de la Ley, esto es, cuando la comunicación de esta información afecte las funciones del órgano requerido, en este caso, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos o antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores, ya que el artículo 28 de la citada ley, impide fundar el presente reclamo en dicha causal, tal como habría sido expresamente reconocido por esta Ilustrísima Corte en diversas sentencias.

En subsidio de lo anterior, solicita el rechazo del presente reclamo de ilegalidad, en cuanto a la alegación sobre los esfuerzos desproporcionados que alega el órgano, lo cual lógicamente se vincula con la causal de reserva referente a la distracción indebida contenida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la normativa especial, por cuanto la referida causal de reserva ha sido invocada extemporáneamente por la Municipalidad, esto es, una vez que la decisión de amparo C6417-20 ya había sido adoptada, habiendo precluido su derecho a invocarla en esta sede, por lo que atendida la naturaleza del reclamo de ilegalidad, que es de derecho estricto, la invocación extemporánea e improcedente de la citada causal de secreto, alegada en forma encubierta, infringe el principio de congruencia procesal e incide en el ámbito de competencia material que tiene esta Iltma. Corte, por cuanto debe juzgar la legalidad de la decisión reclamada, sobre la base de los argumentos de hecho y de derecho que se presentaron en la etapa procesal respectiva, sin que pueda incidir en dicho examen, cuestiones anexas o alegaciones nuevas, como ocurre en el caso sub lite, lo que es suficiente para el rechazo de la presente acción. En cuanto al fondo del asunto, sostiene que la decisión de amparo no es en ningún caso ilegal, por cuanto se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política, ya que lo solicitado es información pública y que obra en poder de la Municipalidad, quién para satisfacer la solicitud no debe elaborar o crear información nueva o distinta a la que ya posee.

Recalca que la solicitud de información recae sobre el uso de un vehículo fiscal, por lo que sin duda se trata de información pública, por cuanto indica se trata de un bien dispuesto para el desarrollo de la función pública, cuyos costos de operación son financiados por el presupuesto municipal, resultando esperable que, para dicha operación, se cuente con respaldos documentales que den cuenta de la utilización del vehículo y los gastos que ha generado su circulación, existiendo sobre dichos aspectos un legítimo interés de control social, el que solo puede ser ejercido por medio del acceso a la información pública que por medio de este amparo se requiere.

Debe entonces considerarse que son aplicables en la especie dos principios de carácter constitucional, estos son el Principio de Probidad y el de Publicidad que rigen los actos de la Administración del Estado, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, en el siguiente tenor:

"Artículo 8°.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen".

En este sentido, sostiene que el uso de bienes y recursos públicos conlleva un comportamiento probo de los funcionarios, como, asimismo, la existencia de una necesaria publicidad y transparencia al respecto, tal como ocurre en estos autos, donde lo consultado son antecedentes relativos al uso de un vehículo municipal, debiendo propiciarse no sólo el control interno, sino que también el externo, siendo la fiscalización un elemento básico para la materialización de los principios señalados.

Sostiene que en definitiva, y atendido el carácter público de la información solicitada, el Municipio desatendió el requerimiento, infringiendo la Ley de Transparencia, sin considerar que lo solicitado se puede desprender fácilmente de los antecedentes que obran en su poder, y que además involucra, asimismo, la entrega de documentación, todo lo cual fue incumplido abiertamente por parte de la Municipalidad.

Hace presente que ya se han conocido de reclamos de ilegalidad en contra de decisiones de amparo que obligaban la entrega de bitácoras de un vehículo público, específicamente se ordenó la entrega de una bitácora de un vehículo de la Policía de Investigaciones, recurriendo de ilegalidad la administración, reclamo que fue rechazado en causa Rol N° 5537-2016, donde en sentencia de 3 de agosto de 2016, se ordenó a la PDI entregar copia de la bitácora de un vehículo policial, razonando de igual a lo expresado en la decisión que se impugna.

Indica que del tenor literal de las disposiciones legales citadas y de la sentencia invocada, queda claro que el espíritu y la voluntad del legislador, plasmados en la Ley N° 20.285, consiste en que el ciudadano pueda acceder a toda información que exista y obre en poder de los órganos de la Administración, sea cual sea el formato material o soporte en que esta se encuentre, sin importar su origen, clasificación o procesamiento, de lo que se sigue que es la misma ley la que permite el acceso a información como la consultada en la especie, aunque la Municipalidad tenga que efectuar tareas de búsqueda, recopilación o procesamiento de la información, lo que se ve reforzado por lo dispuesto en las letras a) y d) del Art. 11 de la Ley que consagran los Principios de

Relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento; y de Máxima Divulgación, de acuerdo al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales, de lo que se sigue que no hay infracción legal alguna en la decisión C6568-20.

En consecuencia, insiste dicha tarea no implica la elaboración o creación de información nueva o desconocida para la Municipalidad; sólo se trata de efectuar una labor de búsqueda, sistematización y entrega de antecedentes que detenta.

Por eso, considerando que la entrega de lo requerido en la forma dispuesta en la decisión no importa un costo o gasto excesivo o no previsto en el presupuesto de la reclamante, y que la Municipalidad, tampoco alegó en las etapas procesales respectivas, que la entrega de lo pedido importe incurrir en distracción indebida del cumplimiento de sus funciones, y que sólo debe recopilar información que ya tiene, no queda más que concluir que la decisión de amparo Rol C6568-20 se encuentra ajustada a derecho.

En conclusión, y atendido todo lo expuesto, sostiene que la Decisión de Amparo Rol C6568-20 emitida por el Concejo se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución y los Artículos 5°, 10°, 11, 21 y 28 de la Ley de Transparencia, y demás normas legales aplicables, no configurándose ninguna ilegalidad en su adopción, por lo que solicita sea rechazado en su totalidad el Reclamo de Ilegalidad presentado, declarándolo además inadmisible en aquella parte referente a la supuesta existencia de esfuerzos desproporcionados para entregar lo pedido, por carecer de legitimación activa; y en subsidio, porque conforme a las razones explicadas, no puede invocar extemporáneamente la causal de reserva consagrada en el N° 1 letra c) del Art. 21 de la LT, habiendo precluido el derecho para hacerlo, resolviendo en definitiva mantener o confirmar en todas sus partes, la Decisión de Amparo Rol C6568-20 de dicho Consejo.

3°.- Que, previamente, cabe señalar que de conformidad al expreso tenor del Reclamo de Ilegalidad, se ha sostenido que la información solicitada implicaría la elaboración de un informe para dar respuesta, situación que no competería a una solicitud de la Ley 20.285, sino que se enmarcaría en el derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, debiendo ser contestado por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del ente edilicio, y en cuanto a afirmar que el Consejo no habría considerado que el propio espíritu de la ley 20.285 sería dar cumplimiento a las solicitudes de acceso a la información, pero dentro de un margen que dependería ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado, porque no se sabe qué periodo es el que precisa saber el solicitante y las bitácoras de los vehículos serían diarias, como también las veces que transitan en uno u otro peaje dentro de las distintas carreteras de la Región Metropolitana, información que por lo demás no estaría sistematizada ni digitalizada, lo que implicaría destinar esfuerzos específicos de un funcionario con dedicación exclusiva para estos efectos. Finalmente, indica que la información ordenada entregar no estaría acorde con lo dispuesto por la Ley, no pudiendo extenderse las facultades conferidas por la Ley al Consejo para la Transparencia, sobre materias que no le competen.

4°.- Que, en definitiva, el cuestionamiento se restringe a determinar si la reclamada obró conforme a derecho, al acoger el amparo deducido, desestimando la alegación del Municipio consistente en que lo solicitado sería una manifestación del derecho de petición.

Esta precisión cobra importancia en el presente asunto, ya que en cuanto a la alegación tangencial del reclamo al hacer referencia a esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado, y que deberían ser la solicitud a lo menos subsanada, porque no se sabe qué periodo es el que precisa saber el solicitante y las bitácoras de los vehículos son diarias, como también las veces que transitan en uno u otro peaje dentro de las distintas carreteras de la Región Metropolitana, información que por lo demás no estaría sistematizada ni digitalizada, lo que implicaría destinar esfuerzos específicos de un funcionario con dedicación exclusiva para estos efectos, aseveraciones que importan alegar la causal de secreto o reserva establecida en la letra c), del N° 1, del artículo 21 de la Ley especial, ya que desconoce el texto del inciso 2° del artículo 28 de igual compilación, que expresamente prohíbe a los órganos de la Administración del Estado, en este caso Municipalidades, a reclamar de ilegalidad ante esta Corte de Apelaciones, en base a la causal del N° 1 del artículo 21, aspecto en relación al cual este tribunal carece de competencia para pronunciarse, ya que la Municipalidad, en tanto servicio público, carece de legitimación activa para deducir la presente impugnación basada en la causal de reserva alegada.

A mayor abundamiento, se trata de una alegación extemporánea, toda vez que se aduce solo ya resuelta la decisión de amparo C6417-20, habiendo precluido su derecho a invocarla en esta sede, por lo que atendida la naturaleza del reclamo de ilegalidad, que es de derecho estricto, la invocación extemporánea e improcedente de la citada causal de secreto, alegada de manera indirecta, vulnera el principio de congruencia procesal siendo que el juzgamiento del asunto solo cabe sobre la base de los argumentos de hecho y de derecho que se presentaron en la etapa procesal respectiva, sin que pueda incidir en dicho examen, cuestiones anexas o alegaciones nuevas, como sería el caso.

Por lo que a dicho respecto no se emitirá pronunciamiento alguno, por improcedente.

5°.- Que, despejado lo anterior, cabe ahora referirse al sustrato jurídico que presupone el presente reclamo de ilegalidad considera en primer lugar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, donde se expresa que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

Tal consagración de la garantía constitucional determinó la promulgación, con fecha 20 de agosto de 2008, de la Ley Número 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, la cual en su artículo 32 dispone que: "El consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.".

En su artículo 3° preceptúa que: "La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella."

Luego, su artículo 4° de esa misma ley dispone que: "Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública".

Y se agrega por el inciso segundo de ese artículo 4° que, "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley."

Asimismo, el artículo 2°, indica en su inciso primero que "Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

El artículo 10, precisa que: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales."

El Artículo 11 letra c), precisa que "El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios:

c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.

A su tiempo el artículo 13, señala que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante."

El artículo 15 dispone que "...cuando la información esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido su obligación de informar.

En tanto que, el artículo 21, indica que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, y

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.

6°.- Que, establecido el marco constitucional y legal aplicable en la especie y los extremos fácticos de la solicitud en cuestión, cabe señalar que la solicitud de acceso materia de autos, referida a la entrega de la "bitácora de ruta del vehículo marca Hyundai Ionix placa patente LPKT16 y nombre del funcionario destinado a la conducción de este vehículo fiscal y requiero las facturas de las concesionarias de las autopistas por concepto de control TAG, región metropolitana y rutas 68 y 78", en cuanto a la cual el reclamante se opuso manifestando que no constituiría una solicitud de acceso a la información pública, sino que se enmarca en el derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, por lo que remitiría los antecedentes a la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias dependiente de esa mismo municipio.

7°.- Que, si bien, la Municipalidad reclamante señaló que con fecha 18 de octubre de 2020, informó al solicitante a través de un correo electrónico, que procedió a dar respuesta a su solicitud a través de Resolución N° 1023/2020, otorgada y suscrita por el Director de Asesoría Jurídica, dándose respuesta al requerimiento, informando que sería respondido por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, por considerar que lo requerido no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública, lo cierto es que, acertadamente el tribunal requerido, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Luego, hizo referencia a lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10, de la Ley de Transparencia, que considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

8°.- Que, asimismo, tuvo en consideración que la solicitud efectuada por el reclamante recae sobre el uso de un vehículo fiscal, por lo que, sin duda se trata de información de carácter pública, conforme al marco legal definido previamente, resaltando que se refiere a un bien dispuesto para el desarrollo de la función pública, cuyos costos de operación son financiados por el presupuesto municipal, resultando esperable que, para dicha operación, se cuente con los respaldos documentales que den debida cuenta de la utilización del vehículo y los gastos que ha generado su circulación, existiendo sobre dichos aspectos un legítimo interés de control social, el que solo puede ser ejercido por medio del acceso a la información pública.

9°.- Que, en cuanto a la naturaleza de la petición, de que se enmarcaría en el derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, se constata en el fallo que la alegación no cuenta con fundamentos ni se explica en qué consistiría el pronunciamiento que debería emitir para dar respuesta a la solicitud, y que la enmarcaría en el ejercicio del derecho de petición.

Correctamente, el Consejo infiere que la solicitud recae sobre información pública, que dice relación con la utilización de un bien fiscal y de los costos que representa su uso al presupuesto municipal.

10°.- Que, en virtud de lo expuesto, determinándose legalmente que se trata de información que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual se ha determinado que se trata de información pública que puede obrar en alguno de los soportes que establecen los artículos 5, inciso segundo, y 10, dela Ley de Transparencia, y no habiéndose invocado por el órgano reclamado causales de reserva o secreto, o circunstancias de hecho, que impidan su publicidad, correctamente se acogió el amparo, ordenándose la entrega de la información solicitada por Carlos Alberto Richter Bórquez.

11°.- Que, a mayor abundamiento, cabe reafirmar lo expresado en el artículo 32 de la Ley N° 20.085, toda vez que es al Consejo a quien se le entrega el objetivo de promover la transparencia de la función pública como fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, para así garantizar el derecho de acceso a la información, competencia que no se encuentra limitada y que se extiende a todos los órganos sometidos a la ley respectiva, siendo que la expresión que utiliza el artículo 2°, al manifestar que las disposiciones "de esta ley" serán aplicables, no supone una limitación de sus efectos solo para los casos del artículo 1°, sino que su referencia lo es a toda la casuística contenida Ley N° 20.285, desde su artículo primero a undécimo y sus disposiciones transitorias, única interpretación armónica que permite una aplicación sistémica de todas sus disposiciones.

12°.- Que, de lo expresado, aparece de toda evidencia que en este escenario, aparece legal, fundada, adecuada y correcta, la decisión adoptada por la reclamada, ordenando la publicidad descrita en su parte decisoria.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de reclamación interpuesto por Elizabeth Olguín Ríos, abogada, en representación de la I. Municipalidad de Maipú, en contra del Consejo Para la Transparencia, en lo que toca a su decisión emitida en sesión ordinaria N° 1150, de fecha 19 de enero de 2021, por la que se acogió el amparo de acceso a la información Rol C6568-2020, presentado por Carlos Richter Bórquez, en los términos que en el mismo se precisan.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz.

Rol N° 92-2021.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Mireya López Miranda e integrada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y el Abogado Integrante señor David Peralta Anabalon. No firma el Abogado Integrante señor Peralta, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia Lopez M., Alejandro Rivera M. Santiago, catorce de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a catorce de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.