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Instituto Nacional de Derechos Humanos con Consejo para la Transparencia Rol: 286-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 30/06/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra Consejo para la Transparencia por la dictación de decisión de amparo. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • María Rosa Kittsteiner Gentile

Texto completo:

Santiago, treinta de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece don Pablo Rivera Lucero, abogado, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quién interpone reclamo de ilegalidad en contra del Consejo Para la Transparencia (CPLT), por la dictación de la Decisión Amparo Rol C1216-2020, de cinco de mayo de 2020, mediante la cual la reclamada acogió parcialmente el amparo de acceso a información formulado por don David Peña Larenas, ordenando informar al tercero interesado los RIT y RUC de las causas en las cuales la reclamante sea parte, ya sea como querellante o tercero, entre las fechas 10 de octubre de 2019, hasta el 15 de enero de 2020, lo que vulnera la causal de reserva señalada en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

La información que el CPLT ordenó entregar, reprochada por el recurrente, es porque ello implica que el acceso a esos datos de los RIT y RUC de las causas que se solicitan, permite determinar la identidad de víctimas de violaciones de derechos humanos, detalle de las lesiones sufridas y las declaraciones que éstas hayan prestado y los hechos en que se vieron involucradas, todos lo cual puede constituir datos de carácter personal y sensible conforme a las letras f) y g) de la Ley N° 19.628, por lo que es aplicable la causal de reserva de información contenida en el artículo 21N° 2 de la Ley de Transparencia.

Ante el reclamo del tercero interesado, el CPLT ordenó la entrega de la información ya señalada, pero además rechazó el amparo respecto del nombre de las víctimas en relación a la lista de denuncias y los relatos prestados por éstas ante el INDH, por configurarse las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, lo que sería contradictorio, porque la vulneración que se busca impedir con el rechazo, de todas maneras se produce con la información que sí se ordenó entregar, al permitirse, de manera masiva, el acceso a los nombres de las víctimas y sus relatos.

La reclamante argumenta que las víctimas y testigos de derechos humanos son sujetos de una protección especial, en cuanto a la reserva de sus identidades y datos personales; primero, por el carácter degradante de las conductas violadoras; y, segundo, por el hecho de que los sujetos activos son agentes del Estado, lo que genera un desequilibrio que hace concebir a la víctima un justo temor de sufrir represalias por su denuncia. Ello lo desprende del artículo 13 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Estima que en el caso concreto se configura la causal del N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia porque se afecta la seguridad y la esfera de la vida privada de las víctimas de derechos humanos.

Señala que, sin perjuicio de que la tramitación de las causas criminales se ejecute y realice bajo el principio de publicidad de los actos de los tribunales de justicia y por tanto cualquier persona puede acceder a ella a través de la plataforma virtual del poder judicial, el INDH, como querellante institucional, da cuenta de ellas en su página web, a través de datos que no permitan identificar, en forma masiva, las identidades de las víctimas de dichas causas, a través de link que detalla en su reclamo.

Para el control de la actividad del INDH, señala que no es necesario acceder a los RIT o RUC de las causas en que participa como querellante o tercero, porque en la página web de la institución existe información suficiente sobre toda la actividad que se desarrolla, incluyendo las actuaciones en tribunales. En concreto, se refiere a los reportes que ha publicado periódicamente en tal sitio.

Solicita, en concreto, que se modifique la decisión de amparo contra la que recurre, rechazando la solicitud de amparo C1216-2020 en lo que respecta a la solicitud de entrega de RIT y RUC en las querellas interpuestas por el INDH o donde este interviene como tercero, en el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2019 y el 15 de enero de 2020.

Informando, doña Andrea Ruiz Rosas, Directora General y representante legal del Consejo para la Transparencia, solicita el rechazo del reclamo interpuesto, argumentando, primero, que ha sido el legislador quien permite el conocimiento público del número de RIT y RUC, o roles de las causas judiciales que se tramitan ante los tribunales de justicia y de la identidad de sus intervinientes, conforme lo dispuesto en el art. 9° del Código Orgánico de Tribunales, el artículo 1 y 289 del Código Procesal Penal, y el artículo 2 letra c), y artículo 8, inciso 3°, de la Ley N° 20.886.

Distinta es la situación de la identidad de las víctimas de las violaciones a derechos humanos y el contenido de las denuncias de éstas, respecto de las cuales el Consejo rechazó el amparo del tercero interesado por concurrir la causal del artículo 21 N° 2 del la Ley de Transparencia.

En cambio, entregar los RIT o RUC de las causas referidas simplemente se trata de información objetiva relacionada con la identificación de determinadas causas judiciales, ya sea iniciadas por querellas interpuestas por el INDH u otro tipo de causas en las que el Instituto sea parte o haya intervenido como tercero, pero no implica revelar circunstancias de la intimidad personal de las personas que acudieron al Instituto, ni tampoco los hechos que dan origen a las respectivas acciones judiciales, como por ejemplo, circunstancias relativas a recursos de protección o recursos de amparo en los que haya intervenido el recurrente, ni los pormenores de eventuales delitos, sean éstos de tortura, violencia innecesaria u otros vejámenes similares que pudieron ser materia de las querellas respectivas, los que serán posteriormente calificados y de corresponder, serán sancionados por el respectivo tribunal, en una sentencia judicial.

Por otro lado, argumenta que la entrega de la información consistente en los RIT y RUC de las causas en las que el INDH sea parte ya sea como querellante o tercero, no afecta el derecho a la vida privada y la seguridad de las personas, por lo que no se configura la causal de reserva prevista en el N° 2 del art. 21 de la Ley de Transparencia, en conformidad a lo exigido por el inciso 2° del art. 8° de la Constitución. Todo ello pues la información ordenada entregar no revela los hechos que se relatan en las querellas, que pudieren constituir actos de tortura, ni tampoco vejaciones, tratos inhumanos o degradantes ni los apremios ilegítimos que pudieren haber sido denunciados por el INDH, ni tampoco otro tipo de información sensible de las víctimas que formularon denuncias ante el INDH.

Por otra parte, señala que el propio Instituto recurrente, en su sitio web institucional, publica un listado de las causas judiciales en las que interviene, actualizado a septiembre de 2019, que da cuenta de querellas por violaciones a los derechos humanos, dando cuenta de datos que permiten, incluso, identificar a la víctima.

En otro orden de ideas, argumenta que la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes no establece la reserva o secreto de la información ordenada entregar en la decisión C1216-20, por lo que no tiene lugar la causal de reserva prevista en el N° 5 del art. 21 de la Ley de Transparencia.

Solicita, en concreto, rechazar en su totalidad el reclamo de ilegalidad presentado, resolviendo en definitiva mantener o confirmar la Decisión amparo ROL C1216-20 del CPLT.

Con lo relacionado y Considerando:

Primero: Que, se recurre en contra de la Decisión Amparo Rol C12162020 de cinco de mayo de 2020, mediante la cual la reclamada acogió parcialmente el amparo de acceso a información, formulado por don David Peña Larenas, ordenando informar al tercero interesado los RIT y RUC de las causas en las cuales la reclamante sea parte, ya sea como querellante o tercero, entre las fechas 10 de octubre de 2019 hasta el 15 de enero de 2020, lo que vulnera la causal de reserva señalada en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

Solicita, en consecuencia, que se modifique la decisión de amparo contra la que recurre, rechazando la solicitud de amparo C1216-2020 en lo que respecta a la solicitud de entregas de RIT y RUC en las querellas interpuestas por el INDH o donde interviene como tercero, en el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2019 y el 15 de enero de 2020.

Segundo: Que, la recurrida sostiene que en cuanto a entregar la identidad de las víctimas de las violaciones a derechos humanos y el contenido de las denuncias de éstas, respecto de las cuales el Consejo rechazó el amparo del tercero interesado, lo hizo por concurrir la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

En cambio, señala que respecto a entregar los RIT o RUC de las causas referidas, simplemente se trata de información objetiva relacionada con la identificación de determinadas causas judiciales, ya sea iniciadas por querellas interpuestas por el INDH u otro tipo de causas en las que el Instituto sea parte o haya intervenido como tercero, pero no implica revelar circunstancias de la intimidad personal de las personas que acudieron al Instituto recurrente.

Tercero: Que, el Consejo ampara su decisión en lo dispuesto en el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, artículos 1 y 289 del Código Procesal Penal, y los artículos 2 letra c), y 8, inciso 3°, de la Ley N° 20.886, sosteniendo que es la propia Ley aplicable al Consejo de Transparencia, la que permite el acceso a los datos solicitados, decisión que esta Corte comparte, encontrando sentido a sus argumentos, puesto que la identidad de las víctimas debe quedar protegida de una publicidad que puede afectar su integridad psíquica, afectando a esas personas y su entorno familiar, siendo un dato sensible que al salir a la luz pública vulneraría la integridad de esas personas como tales y/o a sus familias, las que tienen el derecho de mantener en la reserva o anonimato las afectaciones que han sufrido en sus derechos fundamentales y que pueden no desear compartir o ventilar con publicidad.

Cuarto: Que, las normas invocadas por el Consejo en beneficio de su decisión, efectivamente la avalan. Así tanto el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, que dispone que todos los actos de los tribunales son públicos, como el artículo 289 del Código Procesal Penal, que en el sistema penal reformado, establece la publicidad de la audiencia en los juicios orales.

Quinto: Que, en consecuencia, es distinta la situación en cuanto a los datos de identificación de cualquier causa en tramitación ante los Tribunales de la República, sea que recién haya sido deducida, se encuentre en trámite o ya haya sido resuelta, por cuanto sus antecedentes constan en la página del Poder Judicial, tanto en cuanto a su roles de ingreso, como a las partes intervinientes en aquellas, razones todas por lo que han adquirido el carácter de públicas, no pudiendo invocarse a su respecto - RIT y RUC - la causal de secreto o reserva, puesto que si la propia institución que los recibe, los da a conocer al público, no es dable imputar al Consejo para la Transparencia haber incurrido en alguna ilegalidad en la decisión recurrida, ya que solo ha dado acceso a una información que ya tiene el carácter de pública y se encuentra accesible a quienes la requieran, solo que ahora será una información sistematizada.

Lo anterior se ve refrendado con lo preceptuado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, que estatuye que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilicen.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9° del Código Orgánico de Tribunales; 1 y 289 del Código Procesal Penal; Ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales; y, Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública que crea el Consejo para la Transparencia, SE RECHAZA el recurso de ilegalidad deducido por don Pablo Rivera Lucero, abogado, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por la dictación de la Decisión Amparo Rol C1216-2020, de cinco de mayo de 2020, la que se encuentra ajustada a derecho, sin presentar vicios de ilegalidad en su dictación.

Acordado con el voto en contra de la ministra (S) Sra. Poza, quien estuvo por acoger el reclamo sobre la base de las siguientes consideraciones:

1°) Que la ley 20.285 regula y hace posible el Principio de la Trasparencia de la función pública y el derecho en el acceso la información de los órganos del Estado Moderno.

Esa obligación exigida por la ciudadanía a través de sus órganos legislativos, tiene como fin último saber cómo se toman las decisiones y en qué se utilizan los recursos, pues es un método eficaz de control de la gestión gubernamental.

2°) Que al mismo tiempo esa misma ciudadanía ha previsto ciertas limitaciones en el numeral segundo del artículo 21, dirigidas a cautelar su privacidad, la que en sentido dogmático no es otra que aquella esfera de control personal vinculada a cuestiones que no han sido voluntariamente puestas a disposición del público y que solo serán disponibles para la autoridad cuando ellas hayan consentido expresamente en su publicidad pues de otra manera además se atenta contra su derecho a la autodeterminación informativa.

3°) Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene entre sus obligaciones deducir acciones legales en defensa de las víctimas de torturas, tratos cueles y degradantes y guardar en ellas la debida diligencia que le asiste como órgano estatal y litigante, esto es, el máximo respeto y protección de sus representados y representadas para precaver su derecho a un juicio justo.

4°) Que la satisfacción en la entrega de la información conforme al Principio de Trasparencia, se ve satisfecho además, en concordancia de los objetivos enunciados en el artículo 1° de la ley 20.285, con la obligación que el Instituto de Derechos Humanos tiene de dar su cuenta pública anual y con la publicación que de su quehacer realiza permanentemente en su página web. Así, deberá entre otras materias, señalar por ejemplo en qué gasta el presupuesto que se le asigna o qué actividades ha llevado a cabo, con qué éxito y para qué fines. Pero, no es como se pretende, una big data o fuente de almacenamiento de datos sensibles y por lo mismo no incumple el Principio de la Transparencia aludido si rechaza a la entrega de los RUC y RIT de las causas en que es parte.

5°) Que el argumento acerca de la publicidad de las actuaciones judiciales tiene objetivos generales diferentes en relación con el imputado y el debido proceso que como se sabe no es absoluto, así podrá declararse la reserva en cada caso. Por lo que si ello es posible -y así también se le reconoce al litigante privado, por qué en forma previa se entregarían antecedentes que pongan en peligro el derecho a la privacidad de las personas involucradas.

6°) Que la entrega de los RUC y RIT es, en la práctica y sin ninguna duda, la llave para la indagación y exposición pública de todos los datos sensibles de las víctimas de delitos que pueden ser constitutivos de violaciones a sus derechos esenciales y no forman parte de los objetivos básicos de un Estadio de Derecho poner en peligro a sus ciudadanos y ciudadanas, razón por la cual esta disidente sí entiende que la Comisión se aparta de la legalidad al exigir al Instituto Nacional de Derechos Humanos que entregue información más allá de la cuenta que ordinariamente se la exigido entregar en virtud de su ley orgánica.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile y del voto, su autora.

Contencioso Administrativo N° 286-2020.-

No firma la ministro (s) señora Poza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por las Ministras ( s) doña Lidia Poza Matus y doña María Paula Merino Verdugo.

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra M.Rosa Kittsteiner G. y Ministra Suplente Maria Paula Merino V. Santiago, treinta de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.