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563-2020 Rol: 563-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 15/06/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia que rechazó el amparo al derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Salud. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Elsa Barrientos Guerrero
  • Omar Antonio Astudillo Contreras

Texto completo:

Santiago, quince de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Armada de Chile, deduciendo reclamo de ilegalidad contra el Consejo para la Transparencia (en lo sucesivo CPLT), por la decisión sobre el amparo Rol C-3021-2020, acordado en sesión N° 1127 de 1 de septiembre de 2020, por medio de la cual se dispone la entrega de "Copia de la Hoja de Vida de los años 2017, 2018 y 2019" del Capitán de Corbeta en servicio activo don Héctor Niklitschek Maurin, previo tarjado de los datos personales de contexto -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN-, como también los referidos a datos sensibles, las sanciones prescritas o cumplidas y aquellos referidos a su cónyuge.

I. - Antecedentes

El 4 de junio de 2020 la Armada respondió al requirente de solicitud de información, negando la entrega de la documentación solicitada por contener la misma información secreta o reservada en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285 y, por ende, secreta de conformidad con el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285 (También LT, para lo sucesivo).

Además, los antecedentes que se solicitaban también contenían datos del servicio relacionados a la preparación y capacitación militar, lo que configura un riesgo para el interés y seguridad nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 101 del Constitución Política, con elación al artículo 21 N° 1, 2 y 4 de la ya referida Ley N° 20.285. Todo ello, sin perjuicio que el artículo 436 del Código de Justicia Militar, norma de Quórum Calificado, impone expresamente el deber de reserva o secreto de los antecedentes y documentos que se refieran a la seguridad o interés nacional.

El CPLT justificó su decisión de acoger el amparo por la imposibilidad que tuvo de entrar al fondo del asunto, dado que no contó con los documentos y antecedentes objeto de la discusión -los que no fueron remitidos por la Armada de Chile-, lo que devino en la falta de una causa legal de reserva y en la falta de acreditación de un daño efectivo al bien jurídico protegido.

II.- Fundamentos de la reclamación

1. - Falta de fundamentación de la decisión de amparo:

En la decisión adoptada por el CPLT no hubo un pronunciamiento fundado acerca de las alegaciones formuladas por la Armada de Chile y por el propio oficial en sus descargos, bajo el argumento de que no contó con los antecedentes cuya publicidad o reserva era el objeto de la discusión.

2. - La afectación de bienes o valores:

El CPLT incurre en un error al creer que tiene la facultad legal para imponerse del contenido de documentos cuyo órgano emisor ha considerado secretos o reservados por aplicación de las causales del artículo 21 de la Ley N° 20.285, bajo la justificación de que, conociendo de los mismos, puede ponderar en el caso concreto si efectivamente su publicidad configura un riesgo concreto a los bienes jurídicos ya referidos, en circunstancias que no existe norma legal que lo autorice para imponerse del contenido de dichos actos y resoluciones consideradas secretas por la ley. Justamente, la función del CPLT es velar por la debida reserva de tales antecedentes.

La argumentación del CPLT vulnera el principio de juridicidad reconocido en el artículo 6 de la carta fundamental, por cuando no es posible para ningún organismo público arrogarse facultades que no hayan sido expresamente conferidas por la Constitución o las leyes, ni aún a pretexto de ponderar si la publicidad de los mismos afectaría o no los bienes jurídicos protegidos.

3. - Las causales de reserva:

La decisión de amparo infringe las causales de reserva de los numerales 3 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, con relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar.

De acuerdo con dicho numeral 5 los organismos públicos están exentos de la obligación de entregar antecedentes, actos o resoluciones cuya reserva o secreto hubiere sido declarada por Ley de Quorum Calificado, cualidad que cumple el Código de Justicia Militar, sin que corresponda al CPLT ponderar si dicha información es o no secreta, por cuanto dicha ponderación ya la efectuó el legislador con anterioridad, tal como lo ha fallado la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores. (CS Queja 37908-2017).

3.1.- Causal del artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285: La publicidad, comunicación o conocimiento de la información puede afectar la seguridad de la nación y la defensa nacional y la misma ha sido declarada secreta o reservada por una Ley de Quórum Calificado.

En efecto, el artículo 436 del Código de Justicia Militar establece lo que sigue: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros:

1° Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile y de su personal..."

En la especie, la publicidad de la hoja de vida y su contenido afecta el cumplimiento de las funciones encomendadas a las Fuerzas Armadas, ya que contiene información sensible relacionada con aspectos personales de los funcionarios, atingentes a las funciones de las Fuerzas Armadas y, en definitiva, a la seguridad del Estado y la Defensa Nacional. En dichas hojas se deja constancia de las resoluciones tomadas por las Juntas de Selección en sus actas, las cuales son también secretas según dispone el artículo 26 de la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.

La razón de la reserva de las hojas de vida en la carrera militar no es sólo por su contenido, sino por el daño y mal uso que se podría causar en caso de hacerse público, ya que las hojas de vida contienen no solo información personal, sino de otra índole como por ejemplo: 1) La preparación, capacitación y formación militar (Ej. Curso de Estado Mayor, curso de explosivos, etc.); 2) Especialidad militar; 3) Las funciones militares asumidas a lo largo de una carrera militar; 4) Las cualidades, atributos y debilidades tanto militares y personales; 5) Destinaciones militares, ya sea nacionales e internacionales que necesariamente revelan o pueden revelar el nivel de conocimiento de un Militar, respecto de los secretos militares, incluso de los planes de guerra; 6) Constancia, resaltando cualidades que dan cuenta del estándar de preparación del personal, con recomendaciones al mando (Ej. para cumplir roles en ciertas y determinadas funciones estratégicas).

En definitiva, queda registrado el total desarrollo de la carrera funcionaria, las competencias y especialidades adquiridas, las capacitaciones, entrenamientos, destinaciones, mandos, desempeños, entre otra información sensible para el funcionamiento de la institución.

Aparte de ello, la institución es obediente, no deliberante, profesional, jerárquica, disciplinada, en términos que conocer de esta información puede cuestionar la credibilidad de los mecanismos que tiene la institución para observar, mantener, ascender y/o dar término a la carrera de un oficial.

Dicha calidad de secreta y reservada ha sido reconocida por esta Ilustrísima Corte en causa Rol 5124-2014.

3.2.- Causal del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285: La reserva también se justifica porque la publicidad trae consigo la afectación de los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, por cuanto la entrega de estos antecedentes vulnera el derecho fundamental a la honra y la vida privada del oficial, y la protección de su familia y demás datos personales, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y en la Ley N° 19.628.

En efecto, en las hojas de vida se incluye información que va más allá del desempeño profesional. También se registran datos de carácter personal, sensibles, referidos a características físicas o morales, aspectos de la vida privada, tales como origen racial, ideologías, creencias, convicciones religiones y políticas, vínculos familiares, estado de salud físico y psíquico, conducta familiar, antecedentes sociales e incluso financieros.

Pide acoger su reclamo y negar lugar a la solicitud de acceso a la información.

Se apersona don David Ibaceta Medina, abogado, Director (s) del Consejo para la Transparencia, evacuando el informe ordenado a su respecto.

Indica que efectivamente se dispuso la entrega de copia de la hoja de vida de los años 2017, 2018, 2019, del Capitán de Corbeta Héctor Niklitschek Maurin, pero que en la resolución respectiva se consignó que dicha entrega debía verificarse "previa reserva de todos aquellos datos personales que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada que puedan estar allí contenidos, tales como, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario y aquello referidos a la religión que profesa. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas y los datos referidos a su cónyuge

1.- Falta de legitimación activa:

Corresponde desestimar la alegación referida a la configuración de la causal de reserva contenida en el numeral 2° del artículo 21 de la ley del ramo, antes mencionado, por cuanto la Armada de Chile carece legitimación activa para proponerla.

2. - Sobre la falta de fundamentación:

Debe desecharse esta alegación, porque de la sola lectura de la parte considerativa de la decisión reclamada se advierte que el CPLT se hizo cargo de cada uno de los argumentos expuestos, tanto aquellos formulados por la Armada como por el tercero interesado, analizando cada una de las alegaciones formales y de fondo relacionadas con las causales de reserva esgrimidas, las que fueron desestimadas fundadamente.

3. - Sobre las facultades para requerir información:

Con el fin de apreciar en concreto las causales de reserva alegadas, se solicitó al organismo que remitiera la hoja de vida del funcionario, lo que finalmente no cumplió. Sin embargo, ello no obstó a que se dictara una decisión completa, con un desarrollo pormenorizado de las razones que llevaron a acoger el amparo en cuestión.

Sobre la facultad del CPLT para solicitar antecedentes a los órganos y sujetos obligados, se asila en las prescripciones de los artículos 33, letra k) y 34 de la Ley del Ramo.

4. - Publicidad de la hoja de vida funcionaria:

Tal información es pública en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en los artículos 5, 10 y 11 letra c) de la LT, ya que versa sobre la carrera funcionaria y desempeño en el ejercicio de las funciones, tal como ha sido establecido en el artículo 79 del D.F.L. 1 de 1997 sobre Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

En la decisión del CPLT se expresó que la información requerida fue elaborada con recursos públicos y con el propósito de que la institución contara con antecedentes para evaluar el desempeño del oficial, pues su hoja de vida sirve como fundamento para las resoluciones dictadas por dicha institución en los proceso calificatorios del funcionario.

La entrega de la hoja de vida no configura causal de secreto, ya que no vulnera el derecho a la vida privada ni la honra de la persona y su familia, ni tampoco sus datos personales y sensibles, al estar dicha hoja de vida relacionada con el ejercicio de la función pública para la cual fue contratado por parte de un órgano del estado, dando cuenta de anotaciones y observaciones de sus superiores jerárquicos en relación a su desempeño que ha tenido en distintos cargos durante su carrera institucional. Este criterio ha sido ratificado por esta Ilustrísima Corte en diversos fallos (Cita roles 346-2019, 350-2019, 363-2019 y 364-2019).

Añade que no basta que se invoque una norma que establezca el secreto de ciertos antecedentes para dar por configurada la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la LT, ya que se deben afectar los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del artículo 8 de la Constitución Política, y en ese sentido la recurrente interpreta de forma equivocada lo dispuesto en el artículo 436 N° 1 del CJM, en cuanto dicho artículo dispone la reserva de aquellos documentos directamente relacionados con el resguardo de la Seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad las personas, y por ello, los documentos que han de considerarse secretos son precisamente aquellos que afecten dichos bienes jurídicos, lo que no ocurre en el caso sub lite, por cuanto la información obtenida en la hoja de vida consultada no tiene relación con antecedentes, ni datos relativos a la defensa nacional o la seguridad de la nación.

Las causales de reserva deben ser interpretadas restrictivamente, sobre todo teniendo en consideración que el artículo 21 de la LT dispone que ellas deben "afectar" los bienes jurídicos protegidos. Para resolver si en el caso concreto procede reservarse la información solicitada en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la LT en relación con lo dispuesto en el artículo 436 del CJM se debe sopesar de qué modo podría verse afectado el potencial militar, o el debilitamiento de las capacidades estratégicas del órgano al entregarse la hora de vida de un funcionario. Como la hoja de vida no contiene datos que hagan mención alguna actividad militar o de inteligencia o estrategias de la actuación militar, se concluye que existe afectación posible de los bienes jurídicos referidos. Cita jurisprudencia de esta Corte (Roles N° 11.466-2016, 14.321-2016, 13.969-2016, 618-2017, 11.690-2017, 13.126-2017 y 13.967-2016, entre otros) y de la Corte Suprema en tal sentido (autos sobre Recurso de Queja Rol N° 49.981-2016, N° 46.478- 2016, N° 19.163-2019).

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: Antes de efectuar cualquier consideración sobre el asunto de fondo, resulta preciso poner en relieve que esta clase de reclamaciones participa de los caracteres de un mecanismo de control de legalidad de la decisión que adopta el Consejo Para la Transparencia (CPLT), órgano que debe emitir su pronunciamiento en torno a las causales de reserva que se hagan valer. Por su lado, la competencia de esta Corte queda determinada por el contenido y alcance de la reclamación, cuyo objeto ha de versar precisamente sobre la eventual concurrencia de alguna causal de reserva;

Segundo: En la especie la reclamación interpuesta atañe a la decisión del CPLT de disponer la entrega de "Copia de la Hoja de Vida de los años 2017, 2018 y 2019" de un Capitán de Corbeta, en servicio activo, previo tarjado de la misma de ciertos datos personales y familiares que quedaron enunciados en dicha resolución. Para ese fin, el órgano recurrido desestimó la concurrencia de las causales de reserva contempladas en el artículo 21, numerales 2 y 5 de la Ley 20.285;

1.- Sobre la falta de legitimación de la Armada de Chile

Tercero: Una de las causales esgrimidas en el reclamo de legalidad interpuesto ante esta Corte corresponde a la contemplada en el artículo 21 N° 2 de la citada Ley de Transparencia, esto es, se aduce por la Armada de Chile la eventual afectación de derechos fundamentales del aludido Capitán de Corbeta, tales como su horna y privacidad;

Cuarto: Resulta preciso apuntar a este respecto que en su oportunidad el funcionario antes mencionado fue informado de la solicitud de acceso a la información y fue además emplazado para los fines previstos en los artículos 20 y 25 de la Ley de Transparencia, de manera que al mediar su oposición -como aconteciera-, el órgano requerido queda impedido de proporcionar la información solicitada, salvo resolución en contrario del Consejo para la Transparencia. Respecto de esto último, ha de ser emplazado, quedando de ese modo en condiciones de hacer valer sus derechos en caso de estimar lesiva a sus intereses la resolución que se dicte. Al ser así, el órgano público depositario de la información no está facultado para reclamar de ilegalidad invocando la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, dado que corresponde que sea el tercero, supuestamente afectado, quien debe hacer valer su reclamación de ilegalidad, atendida su condición de titular de los derechos que se verían supuestamente afectados con la publicidad de la información solicitada;

Quinto: En sentido semejante la Excma. Corte Suprema ha resuelto que el órgano administrativo carece de legitimación para esgrimir causales de secreto o reserva relacionadas con derechos personalísimos de terceros interesados, porque ellos cuentan con la posibilidad de ejercer la facultad de oposición que la ley les franquea (v. gr. Corte Suprema Roles 1.824 - 2019 y 4.242 - 19, entre otras. Citadas en sentencia recurso de queja Corte Suprema Rol 135590 - 2020, de fecha 27 de enero de 2021);

Sexto: En cualquier caso, debe hacerse constar que en su fallo el CPLT adoptó la precaución o hizo la salvedad de que la información a entregar deba excluir aquellos datos personales o antecedentes familiares sensibles del funcionario de que se trata;

2.- Respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la LT

Séptimo: El artículo 8° de la Constitución Política prescribe que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen Eso implica que se consagran a nivel fundamental los principios de transparencia de la función pública y de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, con caracteres o cualidades de regla general. Por ende, la reserva o el secreto tienen una condición excepcional y, como tales, deben responder a situaciones de aceptación restrictiva, constituidas -según el mandato constitucional-, por las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional;

Octavo: La Ley N° 20.285 regula y concreta la expresión de tales principios. Sus artículos 5° y 10 entregan las nociones necesarias sobre lo que debe entenderse por "información pública". De ese modo, debe considerarse como tal aquella información que ha sido elaborada con presupuesto público y también adquiere ese carácter cualquier otra información que "obre en poder de los órganos de la Administración". Desde esa doble perspectiva, en una primera aproximación, la información requerida en la especie puede calificarse como información pública. Con todo, no puede desconocerse que una cosa es que la información pueda ser catalogada de "pública" y otra, muy diferente, que deba ser de "acceso público". En tal sentido, la propia Constitución Política de la República y, por extensión, los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley N° 20.285, prevén excepciones, esto es, situaciones en que está vedado ese acceso, lo que constituye el asunto que debe resolver este tribunal;

Noveno: En la especie, la causa legal invocada para mantener en reserva la información corresponde a la contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285. Conforme a ella, puede denegarse total o parcialmente el acceso a la información: "5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

La ley de quórum calificado (cualidad que no se discute al reclamante), que ha servido de sustento a la reclamación, es el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, que -a la letra- dispone lo siguiente:

"Art. 436. Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros:

1° Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile y de su personal...";

Décimo: En lo inmediato, debe apuntarse que la circunstancia de que el artículo 436 del Código de Justicia Militar revista la condición de Ley de Quórum Calificado no trae consigo -per se ni automáticamente-, el carácter reservado o secreto de los antecedentes a los que allí se alude. Primero, porque el mismo artículo 21 N° 5 exige que la declaración respectiva debe tener relación con "las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política", y, enseguida, porque la norma debe ser interpretada, o sea, exige definir en qué medida una hoja de vida refleja un contenido que "se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas" y cuál debiera ser el alcance de lo que pueda considerarse como un documento relativo "a las Plantas o dotaciones

Undécimo: No resulta aceptable el argumento sugerido por la reclamante, por la vía de negar atribuciones al CPLT -y con ello a esta misma Corte-, para recabar que sea puesta a su disposición la hoja de vida de que se trata, con el fin de resolver en concreto si la misma puede o no puede tener correspondencia con la hipótesis legal del artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar. Admitir ese planteamiento implicaría aceptar también que sea la propia institución Armada quien defina el carácter secreto de la información, lo que carece de mayor sentido porque significaría vaciar de contenido los principios de publicidad y transparencia, consagrándose de ese modo cotos vedados al control jurisdiccional e implicaría una desatención radical al mismo artículo 8° de la Constitución Política de la República;

Duodécimo: Si lo reflexionado hasta ahora no fuera suficiente, debiera resultar decisivo recordar que conforme a la prescripción fundamental, es posible establecer la reserva o secreto a través de una ley de quórum calificado, pero a condición de que la publicidad "afecte" ciertos valores, mencionando entre ellos a la seguridad de la Nación y al interés nacional, entre otros. Cabe subrayar entonces que ha sido el propio constituyente el que exigió una lesión efectiva al bien que se busca proteger. No se trata que la publicidad "pueda afectar" sino que -vale la pena insistir-, "tiene que afectar" la seguridad o el interés nacionales. Y esa apreciación debe efectuarse en concreto, de lo que se sigue que quien pretenda valerse de la reserva debe demostrar la necesidad de que se niegue lugar a la publicidad buscada;

Décimo Tercero: Por semejante razón, tampoco puede pretenderse que tanto el CPLT como este tribunal meramente supongan o hagan un acto de fe acerca de las aseveraciones de la reclamante en cuanto a que los datos que se consignarían en las hojas de vida funcionaria, serían de tanta relevancia y sensibilidad que comprometen valores tan caros, al punto de hacerlos secretos. Nada de ello fue comprobado.

Luego, como no hay razones atendibles o motivos demostrados que legitimen la reserva de información, debe prevalecer la publicidad del acto, máxime si se han adoptado los resguardos para proteger los derechos de terceros;

Décimo Cuarto: Aparte de lo expresado en los motivos que anteceden, no solo la falta de demostración en contrario sino el derrotero que marca la definición legal de la hoja de vida, ratifican la conclusión alcanzada en cuanto a descartar la concurrencia de la causal de secreto esgrimida. En efecto, el artículo 79 del DFL N° 1, de 1997, sobre Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, dispone que la misma "es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuaran tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate";

Décimo Quinto: Por consiguiente, la norma legal transcrita corrobora que la hoja de vida refleja un contenido de naturaleza netamente funcionaria, de desempeño y evaluación, en términos que a partir de ello no se logra advertir cómo y en qué medida un documento de esa índole -individualmente considerado-, pueda ser revelador de plantas, dotaciones o su conformación, al extremo de poner siquiera en riesgo la seguridad o el interés nacional.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Transparencia, se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido en esta causa.

Se previene que el ministro señor Astudillo no comparte lo expresado en los 3°, 4° y 5° de esta sentencia, por las razones que siguen:

1. - A su entender el órgano público es depositario de la información requerida y la ha obtenido o recopilado para el cumplimiento de sus funciones. Como tal, es su custodio. Enseguida, de acuerdo con el mandato del artículo 6° de la Carta Fundamental está obligado a sujetar sus actuaciones a la ley, lo que implica respetar la reserva de la información que mantiene;

2. - Por ende, cuando el órgano público deduce el reclamo por la causal del artículo 21 N° 2, antes que ejercer un derecho está cumpliendo una obligación que el ordenamiento jurídico le asigna. Sin embargo, para que pueda configurarse dicha causal se precisa de una afectación real de los derechos personales, situación no demostrada en este caso. Como fuere, en este caso se han dispuesto los resguardos encaminados a preservar tales derechos en todo lo posible.

Regístrese y oportunamente archívese.

Redactó el ministro señor Astudillo.

Rol N° 563-2020.-

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada, además, por la ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia.

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C., Elsa Barrientos G. y Ministra Suplente Blanca Rojas A. Santiago, quince de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a quince de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.