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Servicio de Impuestos Internos con Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol: 62910-2020

Corte Suprema, 08/06/2021

Servicio de Impuestos Internos interpone recurso de queja contra Ministros de la Corte de Apelaciones, por las faltas y abusos graves cometidos al rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de resolución del Consejo para la Transparencia, mediante la cual acoge amparo por acceso a la información. La Corte Suprema, actuando de oficio, deja sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones y hace lugar al reclamo de ilegalidad interpuesto por Servicio de Impuestos Internos, rechazando los amparos por denegación de información


Tipo de solicitud y resultado:

  • Acogido


Ministros:

  • Alvaro Quintanilla López
  • Ángela Vivanco M.
  • Jorge Dahm Oyarzún
  • Jorge Lagos Gatica
  • María Eugenia Sandoval Gouet

Texto completo:

Santiago, ocho de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Rodrigo Véliz Schrader, actuando por el Servicio de Impuestos Internos, deduce recurso de queja en contra de los integrantes de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministros señor Jaime Balmaceda Errázuriz y señora Gloria Solís Romero y Abogada Integrante señora Carolina Coppo Diez, a quienes atribuye haber incurrido en falta o abuso grave al rechazar la reclamación deducida por su parte en contra de las Decisiones de Amparo roles C3840-18 y C3841-18 (acumuladas) del Consejo para la Transparencia, por cuyo intermedio se acogió el amparo al derecho de acceso a la información deducido por don Juan Manuel Ojeda Güemes, obligando a su parte a entregar la información consistente en "El nombre y Rut de las personas naturales que efectuaron donaciones en virtud del artículo 69 de la ley N° 18.681 a Instituciones de Educación Superior, entre los años 2005 a 2016".

Segundo: Que para un adecuado entendimiento del asunto debatido se debe consignar que su origen está en la solicitud de acceso a la información presentada por don Juan Manuel Ojeda Güemes, en cuya virtud pidió al Servicio de Impuestos Internos la entrega de los siguientes antecedentes:

"Toda la información y detalle que posee el Servicio de Impuestos Internos sobre todas las donaciones de personas naturales o jurídicas a instituciones de educación superior (universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales) realizadas a través del artículo 69 de la Ley 18.681.

Se solicita el listado total de donaciones identificando el nombre y RUT de la persona natural o jurídica que realizó la donación; el nombre de la institución de educación superior que recibió la donación; y la fecha (mes y año) en que la persona natural o jurídica realizó la donación. La información se pide desde el año 2000 hasta el año 2017".

El Servicio de Impuestos Internos sólo accedió parcialmente a dicha petición, motivo por el cual el solicitante dedujo amparos por denegación de acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia, bajo los Roles C3840-18 y C3841-18, que fueron acumulados.

Explica que su parte evacuó sus descargos haciendo presente que la información requerida se encuentra permanentemente a disposición del público en la página web del Servicio, en la que puede hallarse información relativa a estadística de las declaraciones juradas asociadas a donaciones correspondientes a los años tributarios 2006 al 2017, información sobre donaciones realizadas a Universidades, así como la cantidad de declarantes y de los montos asociados, además del listado de donantes y donatarios personas jurídicas para todas las declaraciones juradas y Universidades.

Por otra parte, y en lo que atañe a la información referida a datos patrimoniales tributarios de contribuyentes, adujo que se encuentra sujeta a la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 35 del Código Tributario, motivo por el que no puede entregarla. Sostuvo, además, que los nombres y RUT de las personas naturales que realizaron donaciones corresponden a datos personales, en los términos descritos en los artículos 2 y 4 de la Ley N° 19.628, por lo cual les resulta aplicable la reserva del artículo 7 de la misma ley, en relación con la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285.

Manifiesta que en Sesión Ordinaria N° 964, de 1 de febrero de 2019, por decisión unánime del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, se acogieron los mencionados amparos y se ordenó a su parte entregar:

"El nombre y Rut de las personas naturales que efectuaron donaciones en virtud del artículo 69 de la ley N° 18.681 a Instituciones de Educación Superior, entre los años 2005 a 2016", decisión en contra de la cual dedujo reclamación de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, basado en que la información solicitada está amparada por los artículos 2, 4, 7 y 20 de la Ley N° 19.628, así como por la garantía del artículo 19, N° 4, de la Carta Fundamental, pues se trata de datos personales de contribuyentes, de carácter reservado, que fueron entregados al quejoso con el objeto de cumplir con sus obligaciones tributarias; además, y dado que los datos de identificación de donantes y donatarios son obtenidos por ese Servicio mediante Declaraciones Juradas que proporcionan los contribuyentes, dicha información es reservada, de acuerdo al artículo 35 del Código Tributario, todo ello en relación con la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

Tercero: Que la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el referido reclamo basada en que la sola condición de ley de quórum calificado del artículo 7 de la Ley N° 19.628 no basta para entender que la información de que se trata se encuentra subsumida en la hipótesis del N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, pues, además, resulta necesario que su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. En consecuencia, correspondía al reclamante demostrar que la divulgación de la información requerida producirá la señalada efectiva afectación, lo que, sin embargo, no aconteció en la especie, pues no sólo no se indicó de qué forma se materializaría tal afectación, sino que, además, no se advierte cómo podría acontecer, desde que sólo se ha dispuesto la entrega del nombre y rol único tributario de personas naturales que efectuaron donaciones a instituciones de educación superior y no la cuantía de la donación, la fuente de las rentas que resultaron donadas u otras informaciones patrimoniales de los donantes.

Asimismo, dejaron asentado que, si bien la identidad de una persona puede ser estimada, en principio, como una información protegida por la Ley N° 19.628, tal protección no reviste carácter absoluto y cede, por tanto, en aquellas situaciones en que exista un interés público relevante que haga plausible su revelación, a fin de permitir un control social legítimo. Más aun, destacan que la individualización de los contribuyentes que efectuaron donaciones a instituciones de educación superior supone dar a conocer la calidad de beneficiario de una franquicia estatal y que, mientras, se limite al nombre y número de rol único tributario no tiene aptitud para causar la afectación que se alega, máxime si no se ha ordenado entregar el monto de la donación y dado el carácter público de los aportes.

En esas condiciones, y dado que la información de que se trata es pública, concluyen que no se configura la causal de reserva prevista en el N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, en relación a los artículos 4, 7, 9 y 20 de la Ley N° 19.628.

En lo que concierne al artículo 35 del Código Tributario, destacan que la información que puede calificarse de reservada conforme a su texto es aquella relativa a la cuantía o fuente de las rentas, a las pérdidas, a los gastos o a cualesquiera datos relativos a ellas y el contenido de algún proceso de fiscalización, de lo que se sigue que el secreto tributario allí consagrado se refiere a información patrimonial de los contribuyentes y no a su identidad, como ocurre en la situación en estudio, en que los datos que se ha ordenado dar a conocer no se vinculan con la incidencia de la donación en la determinación de los impuestos de quienes efectuaron tales aportes ni con algún otro dato de carácter patrimonial, como la cuantía de esas donaciones o su fuente. En resumen, establecen que la mera entrega de la identidad del donante no tiene la aptitud de vulnerar el secreto tributario en comento.

Cuarto: Que, enseguida, se debe tener presente que el quejoso acusa que los jueces recurridos incurrieron en falta o abuso grave al rechazar la reclamación, en primer lugar, porque efectuaron una errada interpretación del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285 y de los artículos 8 y 4° transitorio de la Constitución Política de la República, en relación con la Ley N° 19.628 y con el artículo 35 del Código Tributario, en tanto la sentencia impugnada condiciona la reserva de la información a la existencia de una exigencia adicional, cual es que su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, no obstante que la propia Constitución Política de la República, en conjunto con la Ley N° 20.285, establece la reserva de la información en comento, motivo por el que, según asevera, es posible concluir que causales de reserva como aquellas invocadas en autos tienen carácter absoluto.

En segundo término, acusa que los magistrados de la Corte de Apelaciones incurren falta o abuso al contravenir lo preceptuado en la Ley N° 19.628, en su carácter de ley de quórum calificado, y el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, por falta de aplicación, desde que la información solicitada se encuentra amparada por la reserva de datos personales establecida en tales disposiciones, puesto que se trata del nombre, del RUT y de la calidad de donante de las personas naturales respectivas, en relación a una franquicia tributaria específica, sin perjuicio de que, además, los contribuyentes no pierden la titularidad de la misma, pues se trata de antecedentes que están obligados a develar a ese Servicio para efectos de fiscalización tributaria.

En tercer lugar, afirma que los jueces recurridos transgreden el artículo 35 del Código Tributario, en relación con la causal de reserva del N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, en tanto concluyen que el secreto tributario consagrado en la primera de tales normas no comprende la identidad de los contribuyentes beneficiados por franquicias tributarias en su calidad de donantes, pues ello supone desconocer el verdadero alcance de la reserva tributaria y la correcta aplicación de esa norma. Al respecto alega que el secreto tributario comprende toda la información proporcionada por los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos para el cumplimiento de sus funciones, destacando al efecto que la identificación de los donantes corresponde a un dato puesto a disposición de su parte para fiscalizar la correcta aplicación de la Ley N° 18.681, cuyo artículo 69 establece una franquicia tributaria para aquellos contribuyentes que, cumpliendo ciertos requisitos, quedan autorizados para descontar de sus impuestos las sumas donadas a Universidades e Institutos Profesionales. Añade que dicho beneficio debe ser incorporado en la Declaración Anual de Impuesto a la Renta del contribuyente, motivo por el que la información pertinente, en tanto es incluida en una declaración obligatoria presentada a ese Servicio, queda amparada por la reserva prevista en el artículo 35 en comento.

Finalmente, arguye que los informes y antecedentes que los particulares deben entregar obligatoriamente a las entidades públicas no se encuentran sujetos al principio de publicidad y enfatiza que el secreto tributario comprende cualquier declaración adicional susceptible de revelar rentas, distinta de aquellas por las cuales el contribuyente declara efectivamente sus impuestos, incluyendo todo mecanismo de información mediante el cual ese Servicio recabe antecedentes o información de contribuyentes, como las declaraciones juradas de terceros, resoluciones y certificados.

Quinto: Que, al informar, los jueces recurridos se remiten a lo razonado en la sentencia que dictaron y añaden que no estiman haber incurrido en falta o abuso grave, pues se limitaron a interpretar los preceptos aplicables al asunto en examen, esto es, a ejercer la labor que les es propia.

Sexto: Que el recurso de queja se encuentra regulado en el Título XVI párrafo primero del Código Orgánico de Tribunales sobre jurisdicción y facultades disciplinarias, cuyo artículo 545 lo hace procedente sólo cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en faltas o abusos graves, constituidos por errores u omisiones manifiestos e igualmente graves.

Séptimo: Que, no obstante, el mérito de los antecedentes del presente caso no permite concluir que los jueces recurridos hayan realizado, al decidir como lo hicieron en relación a las materias propuestas por el arbitrio, alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, toda vez que resolvieron en el sentido expresado en lo dispositivo haciendo uso de su facultad de interpretar las disposiciones legales atinentes al caso, sin que ello signifique necesariamente compartir la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho efectuada por ellos.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se desecha el recurso de queja interpuesto por el abogado Rodrigo Véliz Schrader, en representación del Servicio de Impuestos Internos, con fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte.

Sin perjuicio de lo resuelto, esta Corte estima del caso hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 541 del Código Orgánico de Tribunales para actuar de oficio, conforme se expresa en los motivos siguientes:

1°) Que la Constitución Política de la República señala, en el inciso segundo de su artículo 8°, que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

También la Carta Fundamental asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información (artículo 19 N° 12), el que se encuentra reconocido en ella -aunque no en forma explícita- como un mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio que representa, además, un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas.

La relevancia de este derecho público subjetivo queda de manifiesto al observar que, reconocido inicialmente a nivel legal, fue posteriormente recogido por la reforma constitucional de agosto de 2005 como una de las bases de la institucionalidad o como un principio fundamental del Estado constitucional democrático.

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos como en sus fundamentos- y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, obligación que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas.

2°) Que, sin embargo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar.

Tal como lo ha establecido esta Corte, la primera exigencia que se debe cumplir para que el deber de reserva de la información pueda ser invocado por los órganos del Estado, es que éste conste en una ley de quórum calificado, condición que cumplen las disposiciones legales que hayan sido dictadas con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.285 y que estaban vigentes a su promulgación.

3°) Llegados a este punto, conviene subrayar que, como surge de los antecedentes relacionados en lo que precede, las faltas o abusos graves atribuidas a los jueces recurridos inciden, en lo primordial, en la vulneración del deber de secreto consagrado en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, en relación con la obligación de esta clase que, conforme al artículo 35 del Código Tributario, asistiría al Servicio de Impuestos Internos respecto de la información solicitada.

4°) Asimismo, cabe consignar que el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285 dispone que constituye una causal de secreto o reserva, conforme a la cual puede denegarse total o parcialmente el acceso a la información, aquel evento en que "se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

En este caso, la ley de quórum calificado invocada por el reclamante es la del artículo 35 del Código Tributario, que prescribe, en lo que interesa, que: "Junto con sus declaraciones, los contribuyentes sujetos a la obligación de llevar contabilidad presentarán los balances y copia de los inventarios con la firma de un contador. El contribuyente podrá cumplir dicha obligación acreditando que lleva un libro de inventario debidamente foliado y timbrado, u otro sistema autorizado por el Director Regional. El Servicio podrá exigir la presentación de otros documentos tales como libros de contabilidad, detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias, documentos o exposición explicativas y demás que justifiquen el monto de la renta declarada y las partidas anotadas en la contabilidad.

El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales. Tampoco podrán divulgar el contenido de ningún proceso de fiscalización realizado en conformidad a las leyes tributarias, destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente.

El precepto anterior no obsta al examen de las declaraciones por los jueces o al otorgamiento de la información que éstos soliciten sobre datos contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la prosecución de los juicios sobre impuesto y sobre alimentos; ni al examen que practiquen o a la información que soliciten los fiscales del Ministerio Público cuando investiguen hechos constitutivos de delito, ni a la publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo y para el debido resguardo del eficaz cumplimiento de los procedimientos y recursos que contempla este Código, sólo el Servicio podrá revisar o examinar las declaraciones que presenten los contribuyentes, sin perjuicio de las atribuciones de los Tribunales de Justicia, de los fiscales del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República, en su caso.

La información tributaria, que conforme a la ley proporcione el Servicio, solamente podrá ser usada para los fines propios de la institución que la recepciona".

5°) En consecuencia, para dilucidar el asunto controvertido resulta necesario determinar si la información de que se trata, es decir, aquella referida al nombre y RUT de las personas naturales que efectuaron donaciones a Instituciones de Educación Superior, entre los años 2005 y 2016, en virtud del artículo 69 de la Ley N° 18.681, corresponde a la que se enumera en la disposición legal citada precedentemente y si, en consecuencia, se encuentra sujeta a la prohibición allí descrita.

6°) Para dicho fin se ha de tener en consideración que una de las finalidades del principio de reserva o secreto tributario es evitar que se pongan en evidencia tanto el patrimonio como el presupuesto de una determinada persona natural o jurídica, constituyendo un régimen de protección de la información recabada por el Servicio de Impuestos Internos, misma que tiene el carácter de confidencial.

En este sentido, esta Corte ha señalado en causas roles 183-2017 y 15.406-2019, 18.704-2019, 21.220-2019 y 21.221-2019, que "el secreto tributario entraña la consagración de la reserva o confidencialidad de toda información obtenida por los órganos tributarios, de forma que no puede ser revelada a terceros y por otra parte, impide que estos antecedentes en poder de los servicios impositivos puedan ser usados para fines diferentes de los estrictamente contributivos".

7°) Desde esta perspectiva cabe poner de relieve que la información requerida en autos dice relación con antecedentes que no sólo implican revelar datos personales de las personas naturales que han efectuado las donaciones de que se trata, sino que, además, suponen la divulgación de antecedentes pecuniarios de tales contribuyentes, tales como la circunstancia de haber efectuado donaciones a instituciones de educación superior, de lo que se deriva, a su vez, su calidad de beneficiarios de la franquicia tributaria establecida en el artículo 69 de la Ley N° 18.681, o las ocasiones en que efectuaron tales aportaciones entre los años 2005 y 2016. De ahí que se trata de pormenores que permiten conocer antecedentes que inciden en datos vinculados con las rentas de determinadas personas, así como, indirectamente, en su cuantía, quienes, en consecuencia, verían afectados sus derechos por la develación de tal información a terceros, sin perjuicio de que dicha información tiene directa relación, además, con la actividad de fiscalización y recaudación propia del quejoso.

8°) En estas condiciones es preciso resaltar que la prohibición general en comento, esto es, la de revelación y uso para fines distintos de los estrictamente tributarios de los antecedentes puestos a disposición del Servicio de Impuestos Internos, tutela el contenido esencial del derecho a la privacidad y a la reserva de datos personales o a la intimidad personal, sin perjuicio que también pueda proteger otros bienes jurídicos con relevancia constitucional.

9°) Asentado, en consecuencia, que el artículo 35 del Código Tributario cumple con los requisitos exigidos por el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285 para establecer el secreto de una información determinada, es preciso subrayar que, en este caso, tal reserva ampara los antecedentes que se ha ordenado develar al Servicio de Impuestos Internos, en atención a consideraciones de interés general, circunstancia que constituye uno de los cuatro supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República para disponer la reserva de información.

En efecto, la información solicitada no sólo constituye un dato relativo a la cuantía o fuente de las rentas, pérdidas o gastos de los respectivos contribuyentes que figura en declaraciones obligatorias presentadas por estos últimos ante el Servicio de Impuestos Internos, sino que, en particular, tiene incidencia directa en la determinación de la cuantía de la renta y de los gastos del contribuyente. En efecto, la individualización precisa de las personas naturales que efectuaron donaciones a instituciones de educación superior entre los años 2005 y 2016, mediante la indicación de su nombre y RUT, no sólo supone la entrega de datos personales de tales contribuyentes, sino que, además, permitiría determinar que ellos han sido beneficiarios de la franquicia contemplada en el artículo 69 de la Ley N° 18.681, conforme a la cual se les permitió, en primer lugar, descontar de sus respectivos impuestos de primera categoría y Global Complementario una parte de las sumas donadas a tales entidades, mientras que, por otro lado, la ley dispuso que la "parte de estos desembolsos que no dé lugar al crédito señalado se sujetará en todo a lo previsto en el artículo 31 de la Ley de la Renta", de manera que dicho exceso puede ser tratado como un gasto que, deducido de la renta bruta, coadyuvará a establecer el monto de la renta líquida.

En esas condiciones, forzoso es concluir que la divulgación de los antecedentes en comento implicaría revelar indirectamente la fuente y cuantía de los ingresos y gastos de los donantes de que se trata, con lo que se incurriría, precisamente, en la conducta que el artículo 35 del Código Tributario busca evitar.

No se trata, entonces, de información inocua, sino de una que tiene directa relación con la actividad de fiscalización y recaudación propia del Servicio de que se trata, a la vez que incide en antecedentes cuya divulgación puede afectar los derechos de determinadas personas y revelar, indirectamente, la cuantía de sus rentas y gastos.

10°) Así las cosas, se ha de dejar asentado que la información cuya divulgación se solicita está protegida por la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.585, en relación con lo estatuido en el artículo 35 del Código Tributario, sin perjuicio de que, además, dado que se trata de datos de carácter personal, tales como el nombre y RUT de las personas naturales que efectuaron las donaciones de que se trata, se ha de concluir, asimismo, que dicha información se encuentra resguardada por la causal de reserva consagrada en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

11°) De este modo, y como resulta evidente, lo decidido por los sentenciadores recurridos no se ajusta a lo dispuesto en la legislación que regula la materia, circunstancia que torna ilegal la sentencia en examen, desde que tales magistrados incurrieron en su dictación en la falta o abuso grave que se denuncia, proceder que, en consecuencia, debe ser enmendado a través de la presente decisión.

Por estos fundamentos y normas legales citadas, actuando esta Corte de oficio, se deja sin efecto la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago de veintidós de mayo de dos mil veinte, en los autos Rol N° 99-2019 y, en su lugar, se decide que se acoge la reclamación interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos en contra de las Decisiones de Amparo del Consejo para la Transparencia Roles C3840-18 y C384118, adoptadas con fecha 1 de febrero de 2019, declarando, en consecuencia, que se rechazan los amparos por denegación de información presentados por don Juan Manuel Ojeda Güemes.

Acordada la actuación de oficio con el voto en contra del Ministro Sr. Dahm y del Abogado Integrante Sr. Quintanilla, quienes fueron de parecer de no ejercer dicha facultad, pues, en su concepto, no existen antecedentes que justifiquen tal determinación, en especial porque la entrega de la información de que se trata no resulta idónea para afectar los derechos de las personas naturales involucradas ni las funciones del Servicio reclamante. Más aun, quienes disienten estiman que existe un interés público, vinculado con el correcto empleo de la franquicia tributaria prevista en el artículo 69 de la Ley N° 18.681, que justifica la develación de la información solicitada.

Regístrese, comuníquese, y agréguese copia autorizada de esta resolución a la causa tenida a la vista, la que será devuelta en su oportunidad. Redacción a cargo del Ministro señor Dahm.

Rol N° 62910-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Jorge Dahm O., Sra. Ángela Vivanco M. y por los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P. y Sr. Jorge Lagos G. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, los Ministros Sra. Sandoval por haber cesado en funciones y Sr. Dahm por encontrarse en comisión de servicios.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por Ministra Angela Vivanco M. y los Abogados (as) Integrantes Alvaro Quintanilla P., Jorge Lagos G. Santiago, ocho de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a ocho de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.