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Consejo de Defensa del Estado con Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol: 94866-2020

Corte Suprema, 29/06/2021

Consejo de Defensa del Estado interpone recurso de queja contra Ministros de la Corte de Apelaciones, por las faltas o abusos graves cometidos al rechazar reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, mediante la cual acoge el amparo del derecho a acceso a la información y ordena la entrega de "los correos electrónicos de Ana Lya Uriarte, Directora de Gabinete de la Presidencia de la República de la época, referentes al cierre del penal Punta Peuco, el caso Caval y a la renuncia del señor Sebastián Dávalos". La Corte Suprema rechaza, con prevención y voto en contra, el recurso de queja deducido


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • Alvaro Quintanilla López
  • María Eugenia Sandoval Gouet
  • Mario Carroza Espinoza
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero: Que en estos autos Rol N° 94.866-2020, el Consejo de Defensa del Estado dedujo recurso de queja, en contra de los integrantes de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministros señores Juan Cristóbal Mera Muñoz, señora Lilian Leyton Varela y el señor Fiscal Judicial don Raúl Trincado Dreyse, por las graves faltas o abusos cometidos al dictar la sentencia definitiva de cinco de agosto del año dos mil veinte, por la que se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por su CDE-por el Fisco de Chile (Presidencia de la República), en contra de la decisión de amparo C5003-18 que acoge el amparo del derecho a acceso a la información y ordena la entrega de "los correos electrónicos de Ana Lya Uriarte, Directora de Gabinete de la Presidencia de la República de la época, referentes al cierre del penal Punta Peuco, el caso Caval y a la renuncia del señor Sebastián Dávalos".

La institución requerida denegó la referida información en virtud de la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia en relación con la Ley N° 19.628, toda vez que la señora Uriarte, amparándose en la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones, establecida en el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República y en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, se opuso a la entrega de la información.

En razón de lo anterior, el requirente señor Javier Morales Valdés, el 17 de octubre de 2018, dedujo amparo en favor de su derecho de acceso a la información pública, en contra de la Presidencia de la República.

El Consejo para la Transparencia notificó de ello al Director Administrativo de la Presidencia de la República, quien presentó sus descargos señalando, en síntesis, que una vez deducida la oposición por parte del tercero interesado dicho organismo quedó impedido de permitir el acceso a la información requerida según el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Asimismo, invocó la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 en relación con los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, el CPLT ofició a la tercero interesada doña Ana Lya Uriarte, quien nada expuso.

La decisión de amparo emitida por el Consejo para la Transparencia, acogió la acción, para lo cual razonó lo siguiente:

a. Para justificar la reserva de información, la afectación del derecho debe ser presente o probable y suficientemente específica, debiendo el órgano requerido o el tercero interesado acreditar que el daño que genera la publicidad supera el perjuicio que genera al libre acceso mantener la información en secreto.

b. Los correos electrónicos generados desde una casilla institucional son públicos, en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas. Ellos permiten una comunicación eficaz que ha venido a reemplazar los documentos en formato papel, entonces no están ajenos al escrutinio y control ciudadano.

c. De admitir la privacidad de los correos electrónicos institucionales, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos. Por ende, el secreto o reserva de la información dependen del contenido y no del continente.

d. Los correos electrónicos constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos, que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones tienen el carácter de información pública.

e. La oposición formulada por la señora Uriarte se limitó a invocar de forma genérica una afectación de derechos, pero no acreditó la forma en que ésta se produciría.

En todo caso, el CPLT decretó que, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar todos los datos personales de contexto incorporados en la información pedida como números de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular entre otros conforme lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y 4 de la Ley N° 19.628 y 33 letra m) de la Ley N° 20.285 y principio de divisibilidad.

En contra de dicha decisión, el Fisco de ChilePresidencia de la República, dedujo reclamo de ilegalidad, esgrimiendo la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, aduciendo que los correos electrónicos están generalmente al margen de la Ley de Transparencia; que la Constitución y la ley protegen a los correos electrónicos como parte integrante de la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones; que la Ley de Transparencia no es habilitante para acceder a correos electrónicos; que la solicitud del señor Morales, amparada por el CPLT, no se enmarca en el bien jurídico protegido por el derecho de acceso a información pública.

Cabe mencionar, que durante la tramitación del reclamo, la actora recurrió al Tribunal Constitucional, dictándose sentencia en los autos INA Rol 7068 que declaró inaplicables, en el presente litigio, el inciso 2° del artículo 5° y el inciso 2° del artículo 10, ambos de la Ley N° 20.285 por cuanto estimó dicho Tribunal que los correos electrónicos en cuestión, por la generalidad y abstracción en que han sido pedidos, no deben ser considerados información pública ya que exceden la norma contenida en el artículo 8° de la Carta Fundamental.

El reclamo fue rechazado mediante sentencia dictada por los recurridos el 5 de agosto del año 2020, la cual se fundó en que la Presidencia de la República no tiene legitimación activa para accionar invocando la causal del numeral 2° del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esto es, "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", y conforme al artículo 28 de la misma ley, la única afectada con la publicidad de los correos electrónicos -en la especia, la señora Uriarte-, quedó en condiciones de ejercer la acción de reclamación como lo destaca el inciso 3° de la aludida norma, invocando la causal mencionada, mas no el órgano referido.

Segundo: Que el recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la referida sentencia se sustenta en la configuración de las siguientes faltas o abusos graves:

1.- Haber decidido que su parte carece de legitimación activa para reclamar la decisión de amparo: lo que es de suyo grave, porque implica privar a una de las partes del derecho a accionar, derecho constitucionalmente consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución.

Añade que el artículo 28 de la Ley de Transparencia determina, de forma precisa, quiénes son los legitimados para reclamar respecto de una decisión del CPLT, y de la lectura de la norma citada, la titularidad de la acción de reclamo recae siempre en el órgano estatal, lo que es lógico porque es quien genera, mantiene y custodia la información o documentos que son objeto del requerimiento de acceso y publicidad. Sostiene que el tercero afectado se adiciona como un titular respecto de una acción que tiene el carácter de litisconsorcio activa. Afirma que, de lo contrario, la preceptiva habría señalado con claridad que tratándose de datos o información sensible, privada o personal sólo el afectado tendría la facultad de reclamar en sede jurisdiccional.

Aduce que la única limitación que la norma consagró está en el inciso 2° del citado artículo 28, que señala textualmente que los órganos de la Administración no tienen derecho a reclamar de la resolución del CPLT que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, pero sólo cuando esa denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, cuyo no es el caso de autos, por lo que, a contrario sensu, se infiere que los órganos de la Administración del Estado tienen plena legitimación respecto de cualquier otra causal con absoluta prescindencia de si afecta o incide en situaciones de terceros.

2.- Aplicación improcedente de la institución de la agencia oficiosa: al calificar la actuación de la reclamante como la de un agente oficioso en los términos indicados por el CPLT, por cuanto en opinión de los sentenciadores, al no presentar reclamación la Sra. Ana Lya Uriarte, ésta habría renunciado tácitamente a invocar la causal de reserva establecida en el numeral segundo del artículo 21 de la Ley de Transparencia, siendo la titular del derecho que se dice conculcado. Manifiesta que la regulación del agente oficioso en Chile es escueta, sin embargo, de los incisos 3° y 4° del artículo 6° del Código de Procedimiento Civil se tiene que la agencia oficiosa es aquella institución que se produce cuando una persona comparece ante un tribunal, asumiendo la representación de otra sin patrocinio ni mandato constituido en su favor, pero ofreciendo la ratificación posterior de todo lo obrado por parte de quien ha debido ser el mandante. De ello se advierte que de ninguna forma su parte ha actuado como agente oficioso; no ha ofrecido una garantía de que lo obrado será ratificado, por ejemplo.

Asimismo, la cuestión debatida no posee carácter patrimonial. En efecto, en esta causa se ha estado debatiendo sobre la posibilidad de acceder a los correos electrónicos de una persona, vulnerando la garantía establecida en el artículo 19 N° 5 de la Constitución mediante un mecanismo no previsto ni por la Constitución ni por la ley.

Concluye que, en este caso, no se aplica, de ninguna manera, la institución de la agencia oficiosa, razón por la cual debió descartarse de plano por los sentenciadores que esta parte actuase en tal calidad.

Por otra parte, asevera que tampoco se puede entender que la señora Uriarte haya renunciado tácitamente a deducir reclamación respecto de la decisión adoptada por el CPLT, efecto que la ley no atribuye.

En este caso la tercera afectada se opuso a la entrega de la información, por lo que en ningún caso podría afirmarse que la señora Uriarte, por el hecho de no reclamar de la decisión del CPLT estaría renunciando a la posibilidad de reclamar o, al menos, a hacerse parte del proceso.

3.- Quebrantamiento del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia: al no pronunciarse sobre el fondo del reclamo en virtud de una cuestión de forma como es la supuesta falta de legitimación para reclamar.

Afirma que, como el Fisco-Presidencia de la República sí ha tenido legitimación activa para entablar el reclamo de ilegalidad, lo que procedía era que la Corte de Santiago se pronunciara sobre el fondo del asunto, y declarara que la Decisión Amparo Rol C5003-18 era ilegal e inconstitucional al exceder la esfera de aplicación de la Ley de Transparencia, en relación con la regla constitucional de publicidad y transparencia del artículo 8o de la Carta Fundamental.

En efecto después de un análisis extenso de la normativa pertinente, concluye que los correos electrónicos referidos al caso Caval, al cierre de Punta Peuco y a la renuncia de Sebastián Dávalos solicitados no son actos administrativos, y si bien es cierto que el día de hoy un correo electrónico puede constituir un acto o resolución, ello será en la medida que sea una decisión formal que emita un órgano de la Administración del Estado en la cual se contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública. Explica que también es cierto que un correo electrónico puede ser el fundamento de un acto o resolución, o insertarse en el procedimiento de dictación como parte de su substanciación, pero ello ocurrirá, siempre y cuando el correo electrónico sirva de sustento o complemento directo o esencial, debiendo formar parte del expediente administrativo o señalarse el correo en la parte considerativa o los vistos del respectivo acto.

Sin embargo, aduce que en el presente caso, ninguno de los correos electrónicos solicitados constituye un acto o resolución, ni tampoco un fundamento o pieza procedimental de un acto.

Hace presente que en este contexto el Tribunal Constitucional declaró la inaplicabilidad de los artículos 5 y 10 de la Ley N° 20.285, para el caso concreto, por cuanto la aplicación de los preceptos infringe la garantía del artículo 19 N° 5 de la Constitución Política, y su aplicación excede o contraviene el artículo 8o de la Constitución.

Por ello, concluye que los sentenciadores han debido entrar a conocer y pronunciarse sobre el fondo del asunto.

4.- Al rechazar el reclamo sin entrar al fondo del asunto, infringiendo los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental en relación con el reconocimiento de la causal de reserva o secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia: los sentenciadores pasan por alto el deber que tiene todo órgano del Estado de resguardar, respetar y promover los derechos fundamentales, particularmente aquellos que son personalísimos y afectan a la esfera de privacidad, intimidad y honra de las personas.

Expone que el derecho a la intimidad, resguardo de la vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones, es de tal entidad que la regulación sobre la materia se ha venido intensificando en nuestro ordenamiento jurídico en el último tiempo, lo que quedaría de manifiesto en la reforma introducida por la ley N° 21.096, la cual extendió la garantía de la protección de la intimidad y vida privada de las personas a los datos personales, especificando que "[e]l tratamiento y protección de esos datos se efectuará en las formas y condiciones que determine la ley".

5.- Los correos electrónicos enviados y recibidos por funcionarios públicos y por el personal de la Administración del Estado, no constituyen fundamento, antecedentes ni complemento de ningún acto administrativo.

Como ha quedado dicho, los funcionarios públicos y el personal que desempeña funciones en la Administración del Estado, son titulares de derechos consagrados y garantizados en la Constitución Política. Como consecuencia de ello, las comunicaciones cuya entrega se ordenó no constituyen, al amparo de la Ley de Transparencia, información pública, bajo ningún respecto, razón por la cual no será nunca posible acceder a la entrega de ellas, sin que medie una vulneración expresa de las referidas garantías constitucionales.

Sin embargo, el Consejo para la Transparencia -avalado por los señores sentenciadores al negarse a entrar al fondo del asunto y acoger el reclamo fiscal- ha sostenido que los correos electrónicos de los funcionarios y servidores públicos forman parte de la categoría de información pública, al amparo de diversas interpretaciones legales, toda vez que no existe norma expresa que los excluya de tal categorización.

En los hechos, indica que el CPLT ha creado una nueva categoría de información pública, que sería la que nace como consecuencia del ejercicio de la función pública, sin importar si esta información constituye de alguna manera complemento esencial o fundamento de un acto administrativo. Para dicha Corporación basta que la información haya sido elaborada con presupuesto del erario público para detentar la calidad de "información pública".

En ese sentido, acusa que el aludido Consejo elabora una interpretación artificiosa basada en el inciso 2o del artículo 59 y en el artículo 10, ambos de la Ley de Transparencia, lo cual no es baladí, ya que interpretando de forma analógica este argumento se tiene que para aquél serían públicas también las llamadas telefónicas que efectúen los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, así como la mensajería instantánea enviada por tales, no obstante que para que pueda accederse al contenido de esas comunicaciones se requiera de una autorización judicial expresa y debidamente fundada, pues ellas están amparadas al alero de los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución.

Añade que, para efectos de distinguir si una comunicación es privada o pública, lo relevante no será la naturaleza del soporte mediante el cual se envía un mensaje, ni tampoco si la comunicación se envía en el ejercicio de las competencias propias de la función pública. Lo verdaderamente relevante para configurar el objeto de protección constitucional será el hecho que la comunicación sea cerrada y/o exclusiva, esto es, que ella sea emitida con el propósito que sólo sea conocida por el emisor y los receptores específicos a los cuales ha sido remitida, determinando, en consecuencia, que su conocimiento sea restringido.

En consecuencia, sostiene que independientemente que se trate de correos electrónicos enviados o recibidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, dichas comunicaciones serán siempre privadas.

Asimismo, y en concordancia con lo anteriormente señalado, los correos electrónicos enviados y recibidos, objeto de la solicitud de este caso, no pueden ni deben ser entregados, ya que no constituyen fundamento, antecedentes ni complemento de ningún acto administrativo.

Solicita, en definitiva, acoger la queja, invalidando la sentencia y, en su lugar, resolver que se acoge el reclamo de ilegalidad presentado por esa parte en contra de la decisión de amparo C5003-2018, dejando sin efecto dicha decisión del CPLT que ordenó la entrega de la información solicitada, rechazando en su totalidad la solicitud de amparo de acceso a la información.

Tercero: Que, informando los recurridos, expresan que realizaron una interpretación de las normas en relación a la materia, aplicando la normativa pertinente por lo que estiman no haber incurrido en la falta o abuso imputada.

Cuarto: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y su acápite primero, que lleva el título de "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Quinto: Que antes de proceder al examen de las cuestiones jurídicas implicadas en la presente impugnación, ya sintetizadas en lo que precede, es menester consignar los siguientes hechos:

1.- La Presidencia de la República invocó como fundamento de su negativa a entregar la información solicitada, exclusivamente, la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285.

2.- La información solicitada corresponde a correos electrónicos de doña Ana Lya Uriarte referentes al cierre del penal Punta Peuco, el caso Caval y a la renuncia de don Sebastián Dávalos.

3.- Notificada doña Ana Lya Uriarte en sede de amparo, de la solicitud respectiva, nada manifestó, pese a haberse opuesto a la entrega ante la autoridad que tiene bajo su custodia la información.

4.- Notificada la mencionada señora Uriarte de la sentencia dictada por el CPLT, no dedujo reclamo de ilegalidad en contra de las decisión de amparo rol C50032018, que accedió a la entrega de la información requerida.

Sexto: Que establecido lo anterior, y en miras al análisis de las faltas o abusos denunciadas por el quejoso, cabe tener presente que la Constitución Política de la República señala en su artículo 8, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Desde la reforma constitucional contenida en la Ley N° 20.050, el acceso a la información pública se considera una de las bases de la institucionalidad o un principio fundamental del Estado Constitucional y democrático de derecho que funda el Código Político, en que la publicidad es la regla general y el secreto la excepción. Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas. Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello, que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse de manera restrictiva. En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley de Acceso a la Información Pública N° 20.285, que preceptúa, en lo que interesa, que "la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (art. 3°). También se consagra que "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (art. 4). Por último, que "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (art. 5).

Séptimo: Que, como se desprende de las normas antes transcritas, el principio de publicidad recae en la información emanada de los órganos del Estado y referida exclusivamente a la función pública que éstos desarrollan. En este entendido, si bien no es posible poner en entredicho la participación de la Presidencia de la República en el procedimiento de solicitud de información cuyo objeto está constituido, precisamente, por datos que se encuentran bajo su custodia, lo cierto es que sin duda su intervención deberá estar referida a la defensa de aspectos institucionales, a la seguridad de la nación o a la seguridad pública. En otras palabras, los organismos de la Administración del Estado pueden oponerse a la entrega de la información requerida, en la medida que comparezcan defendiendo el interés institucional, el cual habrá de estar relacionado con alguno de los aspectos indicados previamente, cuestión que, sin embargo, no se advierte en autos, donde se ha defendido la vida privada de una ex colaboradora del Gobierno.

Octavo: Que, en efecto, el quejoso comparece en defensa de interés y derechos de una particular, señalando que los correos electrónicos institucionales, serían parte de comunicaciones privadas y pertenecerían a la vida privada de una ex funcionaria de la Administración, constatación que se ve refrendada si se considera que el recurrente sólo invocó formalmente la causal prevista en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285.

Noveno: Que, en ese entendido, es del caso subrayar que, si bien la señora Uriarte fue notificada de la decisión de amparo en cuya virtud el CPLT accedió a lo pedido y, en consecuencia, dispuso la entrega al requirente de tales documentos, aquélla no dedujo acción alguna en contra de la anotada determinación, abstención que debe ser entendida por esta Corte como una renuncia tácita o al menos como una conformidad, por parte de dicha persona, con lo resuelto por el citado órgano de la Administración Pública.

Décimo: Que, en consecuencia, y considerando que la señora Uriarte no reclamó en sede judicial de la determinación que dispuso la divulgación de los mentados correos electrónicos, forzoso es concluir que dicha decisión no lesiona sus derechos y, en consecuencia, que lo decidido por el CPLT no causa agravio a la persona directamente concernida con la publicidad de la

información tantas veces citada.

Undécimo: Que, en estas condiciones, el dictamen del Tribunal Constitucional no incide en la conclusión anotada en el motivo precedente, por cuanto se refiere más bien al carácter o naturaleza de la información requerida, cuestión que se hace inoficioso analizar, toda vez que se ha constatado la falta de legitimación activa del Fisco-Presidencia de la República para entablar la acción de reclamación en que los recurridos emitieron la sentencia que motiva la queja.

Duodécimo: Que, por consiguiente, los magistrados contra quienes se dirige el recurso de queja en examen no han incurrido en falta o abuso grave al descartar la alegación de reserva hecha por la Presidencia de la República basada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, en relación con el N° 4 y N° 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que la misma se esgrimió defendiendo el interés personal y privado de una ex funcionaria de Gobierno, quien, no obstante haber sido debidamente notificada de la sentencia dictada por el CPLT y, pese a ser titular de la acción que contempla el inciso 3° del artículo 28 de la Ley N° 20.285, no ejerció el derecho a oponerse a la entrega de la misma, teniendo todas las garantías para sostener el reclamo que la legislación le otorga.

En otras palabras, por no haber concurrido a sede judicial aquella persona en cuyo beneficio cede la única causal de reserva invocada explícitamente por el Fisco- Presidencia de la República, en el procedimiento administrativo en el que se adoptó la decisión censurada, se ha de tener por cierto que la solicitud planteada por dicho instituto resulta insuficiente, por sí sola, para modificar lo decidido por el ente administrativo competente y basta, por consiguiente, para desechar el recurso de queja en examen.

Se deja constancia que este ha sido el parecer sostenido por esta Corte Suprema, como se aprecia en los Roles 4.242-2019 y 36.507-2019.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja deducido por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Presidencia de la República, en lo principal de la presentación de fecha once de agosto del año dos mil veinte.

Se previene que la Ministra señora Ravanales concurre al rechazo del recurso de queja, sin perjuicio de compartir el argumento contenido en el presente fallo, teniendo presente, además, que el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos, al decidir como lo hicieron, hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, toda vez que resolvieron en el sentido expresado en lo dispositivo, haciendo uso de su facultad de interpretar las disposiciones legales atingentes al caso.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Carroza y del Abogado Integrante señor Quintanilla, quienes estuvieron por acoger el recurso de queja, teniendo para ello presente:

1.- Que, la Presidencia de la República está facultada para oponerse a la entrega de todo documento que esté bajo su custodia. Los autores de este voto particular, comparten la interpretación efectuada por el quejoso, en relación con el artículo 28 de la Ley N° 20.285 en el sentido que su lectura e inteligencia no puede impedir que organismo de la Administración del Estado, requerido de información, ejerza la acción que contempla el artículo 25 del mismo cuerpo legal.

El artículo 28 de la Ley sobre la materia sólo limita el ejercicio de la acción tratándose de la causal del numeral 1° del artículo 21 pero no para las otras causales de reserva.

2.- Asimismo, estiman estos disidentes que no puede desprenderse de forma alguna que exista una renuncia tácita de la interesada, pues esta figura es idónea cuando se manifiesta en hechos voluntarios que, inequívocamente, implican una cierta voluntad de renuncia puesto que en ningún caso podría presumirse, menos todavía si la ley no lo autoriza expresamente. Lo anterior toma más fuerza al tratarse de derechos garantizados constitucionales como lo serían la inviolabilidad de las comunicaciones y la protección a la vida privada.

En suma, estos disidentes concluyen que el servicio público de la Administración del Estado no sólo puede sino que debe defender a sus funcionarios en este escenario, especialmente cuando resulta evidente para estos disidentes, que los correos electrónicos a que se refiere el requerimiento contienen información relevante desde el punto de vista de los fines institucionales.

3.- Por otra parte, y en cuanto al fondo de lo debatido, se aprecia por los suscriptores de este voto que la información requerida no corresponde a información pública, pues no se ha demostrado que los correos electrónicos cuya entrega se solicita reúnan los requisitos del artículo 5 y del artículo 10 inciso 2° de la Ley N° 20.285, es decir, no se trata de actos ni resoluciones ni fundamento de los mismos, sino que, en el mejor de los casos, de meras deliberaciones.

4.- Que, en todo caso, se debe tener presente que la información requerida se trata de comunicaciones privadas de una asesora presidencial que, en ejercicio de su cargo, ha debido participar en deliberaciones de políticas públicas, de modo que los funcionarios públicos deben tener la seguridad de la reserva de esos canales de comunicación.

5.- Que, en efecto, la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones reconocida en diversos fallos del Tribunal Constitucional como por ejemplo en los Roles N° 2246 y 2379, debe tener aplicación para los funcionarios públicos a fin defender el privilegio deliberativo, ya que lo contrario implicaría limitar peligrosamente la libertad de las personas que ejercen cargos públicos, validando una suerte de espionaje y control de las ideas.

6.- En estas condiciones, quienes disienten son de opinión que, al desconocer la legitimación activa de la reclamante y omitir pronunciarse sobre el fondo del asunto, los sentenciadores incurrieron en falta o abuso grave que ameritaba anular el fallo impugnado y, en su lugar, acoger el reclamo de ilegalidad del Consejo de Defensa del Estado, dejando sin efecto la decisión del Consejo para la Transparencia que accedió a la entrega de la información, negando, en cambio, la solicitud respectiva.

Regístrese, comuníquese, e incorpórese copia de este fallo al expediente digital en que incide.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Quintanilla y de la disidencia y prevención sus autores.

Rol N° 94866-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Adelita Ravanales A., Sr.

Mario Carroza E. y por el Abogado Integrante Sr. Álvaro Quintanilla P. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Sandoval por haber cesado en funciones.

En Santiago, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.