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Consejo de Defensa del Estado; Ejército de Chile con Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol: 99363-2020

Corte Suprema, 29/06/2021

Consejo de Defensa del Estado deduce recurso de queja en contra de los integrantes Sala de la Corte de Apelaciones, por la dictación la sentencia definitiva, por la que se rechaza reclamo de ilegalidad deducido por CDE-Ejército de Chile, en contra de la decisión de amparo que acoge parcialmente la solicitud de acceso a la información y ordena entregar hoja de vida de ocho oficiales en los períodos solicitados. Analizado lo expuesto, la Corte Suprema rechaza el recurso de queja intentado, con dos votos de prevención y uno en contra


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • Alvaro Quintanilla López
  • Ángela Vivanco M.
  • Pedro Pierry Arrau
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero: Que en estos autos Rol N° 99.363-2020, el Consejo de Defensa del Estado dedujo recurso de queja, en contra de los integrantes de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministros señor Juan Cristóbal Mera Muñoz y señora Liliana Leyton Varela, además del Fiscal Judicial Sr. Raúl Trincado Dreyse, por las graves faltas o abusos cometidos al dictar la sentencia definitiva de dieciocho de agosto de 2020, por la que se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por su CDE-Ejército de Chile, en contra de la decisión de amparo que acoge parcialmente la solicitud de acceso a la información y ordena entregar hoja de vida de ocho oficiales en los períodos solicitados, en las condiciones que se describen, esto es, respecto del General de Brigada señor Morales Fernández, previa reserva de las anotaciones de la hoja de vida que digan relación con la realización de actividades o labores de inteligencia, o de aquellas de carácter sensible relacionadas con otros países, y calificación por configurarse a su respecto la hipótesis de excepción de los números 3 y 4 de la Ley de Transparencia; respecto de los otros siete interesados, se ordena el tarjado de los datos personales de contexto y, de ser ello pertinente, las sanciones cumplidas o prescritas.

La solicitud de acceso a la información fue presentada con fecha 28 de febrero de 2019, en lo que importa a estos autos, en relación con "copia de las Hojas de Vida y Calificaciones desde el año 2014 al año 2019, de los siguientes oficiales: - General de Brigada don Jorge Morales Fernández, actual Comandante en Jefe de la II (Segunda) División Motorizada; - General de Brigada don Rodrigo Sandoval Calderón; - Coronel don Santiago Parra Zúñiga; - Coronel del Servicio de Justicia don Alex Gluzman Comte; - Coronel del Servicio de Justicia don Diego Cortés Mejido; - Coronel del Servicio de Justicia don José I. Garmendia de la Rivera; - Coronel del Servicio de Justicia don Luis Horacio Araya Gallo; - Mayor del Servicio de Justicia don Pablo Aguirre Romano".

La institución requerida denegó la referida información en virtud de la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por haberse opuesto los referidos Oficiales, argumentando, además, que tales Oficiales Generales y Oficiales Superiores y Jefes, están encuadrados dentro de la Fuerza Terrestre, situación de especial sensibilidad desde el punto de vista de la inteligencia militar, lo cual comprende su preparación, competencias, cargos, unidades a las que pertenecieron, habilidades físicas y básicas de combate, entre otras, lo que podría entregar una ventaja táctica al adversario, causando daño a la seguridad de la Nación.

En razón de lo anterior, el requirente señor Flavio Águila Quezada, el 29 de abril de 2019, dedujo amparo en favor de su derecho de acceso a la información pública, en contra del Ejército de Chile, fundado en la respuesta negativa respecto de las hojas de vida y calificaciones.

El Consejo para la Transparencia notificó de ello al Ejército, institución que presentó sus descargos reiterando lo dicho en cuanto a su reserva. También se procedió a notificar a los Oficiales, oponiéndose todos, salvo el señor Luis Araya Gallo que estuvo de acuerdo, previa eliminación de sus datos sensibles.

La decisión de amparo emitida por el Consejo para la Transparencia, razona en el sentido que la información contenida en las hojas de vida de funcionarios de los órganos de la Administración del Estado es pública en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°, 10° y 11 letra c) de la Ley de Transparencia y artículo 8° de la Constitución Política de la República, ya que versa sobre su carrera funcionaria, su calificación y desempeño en el ejercicio de las funciones para las cuales fueron contratados, sirviendo su contenido de fundamento para la adopción de decisiones en los respectivos procesos calificatorios.

Añadió que la publicidad de las hojas de vida y calificaciones de funcionarios públicos no se encuentra comprendida en la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley sobre la materia, por cuanto se relaciona con el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia aplicables a quienes se desempeñan en órganos públicos o creados para el cumplimiento de funciones administrativas. Sin perjuicio de ello, acoge el amparo respecto del General de Brigada Jorge Morales Fernández, ordenando la reserva de aquellas anotaciones de la hoja de vida, que digan relación con la realización de actividades o labores de inteligencia o de aquellas de carácter sensible relacionadas con otros países, y calificación. Respecto de los demás interesados, y en virtud del principio de divisibilidad ordena tarjar los datos personales de contexto y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas.

En contra de dicha decisión el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ejército de Chile, dedujo reclamo de ilegalidad, esgrimiendo ahora las causales del artículo 21 N° 2, 3 y 5 de la Ley N° 20.285, las últimas dos en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar, como también al artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424.

El reclamo fue rechazado mediante sentencia dictada por los recurridos el 18 de agosto del año 2020, la cual se fundó en que el Ejército de Chile no tiene legitimación activa para accionar invocando la causa del numeral 2° del artículo 21 de la Ley N° 20.285, pues conforme a los artículos 20 y 25 de la misma ley, una vez ejercido el derecho de oposición de los terceros afectados, la institución queda impedida de entregar la información. Entienden los sentenciadores que los únicos afectados con la publicidad de las calificaciones y las hojas de vida son los respectivos Oficiales, los que emplazados se opusieron a la entrega, excepto uno de ellos, pudiendo ejercer la acción de reclamación como lo destaca el inciso 3° del artículo 28 de la Ley N° 20.285, invocando la referida causal mas no el Ejército, tal como uno de ellos la entabló.

En cuanto a la causal del N° 5 del artículo y ley precitados, la desestimaron pues si bien fue mencionada por el Ejército a propósito de sus descargos en el amparo por denegación de acceso a la información, no la vinculó con ninguna ley de quórum calificado y sólo en su reclamo de ilegalidad ante la Corte, adujo que la relacionada con la Ley N° 19.628 y con el N° 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, artículo 436 del Código de Justicia Militar y las letras a) y b) del artículo 34 de la Ley N° 20.424. Razonaron que no puede el tribunal de alzada acoger la pretensión del Ejército, en cuanto invoca nuevos argumentos por tratarse de un reclamo de ilegalidad, y no pude ser ilegal una decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, respecto de una causal de reserva que no fue vinculada con las normas legales que ahora se invocan.

Finalmente, en lo que atañe a la causal del artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285, consideraron los magistrados recurridos que la información que da cuenta la hoja de vida y calificaciones -eliminados o borrados los antecedentes personales a los que antes se ha hecho referencia- consiste, precisamente, en las evaluaciones del oficial, anotaciones y apreciaciones de sus superiores jerárquicos y destinaciones dentro de la institución, por lo que no hay ningún dato que pueda significar la revelación de estrategias militares, tales como mecanismos de defensa ante agresiones enemigas, o el diseño o modo de uso de determinadas armas, ni se pone en riesgo la integridad territorial ni institucional del país, ni tampoco queda en peligro la defensa de la patria frente a la agresión externa o interna, y si bien constan los cursos aprobados por el funcionario, no aparecen los contenidos de los mismos.

Segundo: Que el recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la referida sentencia se sustenta en la configuración de las siguientes faltas o abusos graves:

1.- Desconocer la legitimación activa del Fisco de Chile-Ejército de Chile para interponer el presente reclamo de ilegalidad, pues según lo previsto en el artículo 28 de la Ley N° 20.285, el legitimado para reclamar de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, en sede de amparo - siempre y, en primer lugar - será el órgano de la Administración del Estado que se encuentra vinculado a aquella, lo que resulta lógico porque es el órgano quien genera, mantiene y custodia la información o documentos que son objeto del requerimiento de acceso y publicidad. Añade que el inciso 2° del citado artículo 28 permite que el particular o tercero afectado por la entrega de la información, "también" pueda reclamar de la decisión de amparo, y la expresión "también" que utiliza la norma, es un adverbio de afirmación que significa "igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada", lo que implica necesariamente que se reconoce una titularidad mancomunada de la acción, que compete a dos o más sujetos y, si ambos decidieran recurrir en contra de la decisión de amparo se generaría una litis consorcio activa. Recalca que lo anterior se justifica mucho más cuando, como en la especie, se trata de información que sobre funcionarios en servicio activo del Ejército, por lo cual resulta ser obvio que existe un deber de resguardar la información de sus funcionarios.

II. Desconocer el carácter de reserva y secreto al no aplicar la causal contemplada en el artículos 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 19.628, y el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Expone que, en el caso de las Fuerzas Armadas, en las Hojas de Vidas de sus funcionarios se registran además datos de carácter de personal, entendiéndose por tales aquellos que conciernen a una persona natural identificada o identificable, pudiendo encontrarse datos a los cuales la ley les ha otorgado el carácter de sensibles, por cuanto se refieren a las características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada, tales como el origen racial, ideologías, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos, comportamiento financiero, licencias médicas, resultado de investigaciones sumarias, etc. Esta información se encuentra protegida en la Carta Fundamental y en normas internacionales que cita.

Asevera que lo expuesto permite concluir que la "Hoja de Vida" conforma un conjunto de cualidades estrictamente personales advertidas por el calificador y enfocadas al ámbito de aplicación castrense, las cuales son inherentes a la carrera militar, pero que indudablemente se encuentran comprendidas dentro del ámbito privado y familiar del calificado, en razón de dicho aspecto, es que el Ejército en cumplimiento de la Ley N° 20.285 y su normativa interna, solicita al personal activo y en retiro su aquiescencia para entregar su "Hoja de Vida y Calificaciones".

III.- Desconocer el carácter reserva de las causales contempladas en los artículos 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar y el artículo 34 letra a) y b) de la Ley N° 20.424.

Consta del acápite 8° del Ordinario N° 6800/8209 CPLT de fecha 23 de julio de 2019 por el cual el Jefe del Estado Mayor General del Ejército evacuó descargos ante el CPLT, invocando expresamente la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285 en relación con la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y con el artículo 79 del D.F.L. N° 1 de 1997, normativa dictada con antelación al actual estatuto de acceso a la información pública, cuyo rango se equipara al de una Ley de Quórum Calificado al tenor de lo previsto en artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285, referida al carácter esencialmente obediente, no deliberante, jerarquizado y profesional de las Fuerzas Armadas y, por otro, al sistema de calificaciones propio de ellas. Aduce que las hojas de vida y las calificaciones de los miembros de la Fuerzas Armadas son resultado de las sesiones de las Juntas Calificadoras institucionales las que se consignan expresamente como secretas o reservadas y dispone que los elementos básicos del sistema de calificaciones son justamente la Hoja de Vida y la Hoja de Calificación de cada funcionario.

Por otra parte, esgrime que en las Hojas de Vida se consignan hechos propios del servicio, concerniente a la preparación y capacitación militar, el estándar con que son preparados para operar dentro de la Institución que, en otras palabras, dicen directa relación con el debido cumplimiento de las funciones, rol, misión y estándares en los que opera el Ejército de Chile, bajo una jerarquía y mando como pilares fundamentales del sostenimiento de la institución.

Luego destaca que la reserva invocada no sólo se fundamentó en el secreto que se dispone en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, sino también en el artículo 21 N° s 3 y 5 de la Ley N° 20.285 con relación al artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que se reafirma el carácter de secreto de las Hojas de Vida, las que contienen información relevante en cuanto a los planes de empleo y estándares en los que operan las Fuerzas Armadas.

Afirma que ambas causales se relacionan directamente, como se desprende del artículo 436 del Código de Justicia Militar, con una ley de quórum calificado previa a la ley de transparencia y aplicable también en virtud de lo dispuesto por el artículo 8° y la disposición transitoria cuarta de la Constitución Política de la República y el artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285, pues se trata de información relativa a su personal militar, que establece precisamente una causal de secreto y/o reserva respecto de documentos cuyo contenido es relativo a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile y de su personal. Subraya que esta norma representa una excepción al principio de publicidad establecido en el artículo 8° de la Constitución, pues forma parte de una ley que posee rango de quórum calificado, según lo dispone el artículo 4° transitorio de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285, configurándose la excepción de denegación del artículo 21 numeral 5 de este mismo cuerpo normativo.

IV.- Exigir la acreditación de un daño efectivo al bien jurídico cuya protección que se invoca, cuestión que el Consejo para la Transparencia insiste en realizar, al desechar la concurrencia de la causal del artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285, al sostenerse que, además de la norma legal pertinente, se requiere acreditar que la publicidad de la información requerida menoscabe los bienes jurídicos protegidos.

Tercero: Que, informando los recurridos, expresan que realizaron una interpretación de las normas en relación a la materia, aplicando la normativa pertinente por lo que estiman no haber incurrido en la falta o abuso imputada.

Cuarto: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y su acápite primero, que lleva el título de "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Quinto: Que, desde hace un tiempo esta Corte Suprema ha venido aplicando, en esta materia, el principio del doble conforme, considerando que la Ley N° 20.285 ha venido en regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de aquel derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

En ese contexto, el artículo 24 de dicho cuerpo normativo confiere al requirente de información cuya petición ha sido expresa o tácitamente denegada, la posibilidad de solicitar el amparo de su derecho de acceso ante el Consejo para la Transparencia, órgano cuyo objeto consiste en promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.

Desde una perspectiva orgánica, su máximo estamento está constituido por su Consejo Directivo, integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, funcionarios que sólo cesan en sus cargos por expiración del plazo por el cual fueron designados, renuncia presentada ante el Presidente de la República, postulación a cargos de elección popular, incompatibilidad sobreviniente, o remoción dispuesta por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Como se puede apreciar, el Consejo para la Transparencia es un órgano colegiado, técnico, generado con la participación de dos poderes el Estado, imparcial, independiente, e integrado por miembros que gozan de estabilidad en sus cargos y ajenos a la Administración del Estado; que se encuentra llamado, entre otras funciones, a resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados.

Sexto: Que, por su parte, los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285 confieren, al afectado por una decisión del Consejo para la Transparencia, la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, órgano jurisdiccional que debe dictar sentencia dentro del término de diez días contados a partir de la vista de la causa, sin que proceda recurso alguno en su contra.

Séptimo: Que, como se aprecia de lo desarrollado en los dos motivos precedentes, la Ley N° 20.285 ha elaborado un sistema complejo de amparo del derecho ciudadano de acceso a la información pública, compuesto por dos etapas diversas: Una fase administrativa, ante el Consejo para la Transparencia, y la eventual revisión judicial de lo decido por éste, ante la Corte de Apelaciones respectiva. En común, en ambas etapas, la controversia es conocida por órganos colegiados, integrados por miembros independientes y siempre ajenos a la entidad pública requerida, previa tramitación de procedimientos contenciosos y adversariales dotados de las etapas necesarias para asegurar la debida cautela y el pleno respeto de los derechos del requirente, de la repartición requerida y de los terceros que pudieren tener interés en la publicidad, secreto o reserva de la información.

De esta manera, se está frente a un sistema dotado de dos niveles de revisión de la decisión administrativa denegatoria, asegurando con ello su control técnico, amplio, integral, y eficaz.

Octavo: Que, así, no puede sostenerse que en la sentencia de 18 de agosto de 2020 los jueces recurridos hayan incurrido en falta o abuso grave, pues tal resolución, en tanto comparte plenamente la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, es fruto de la revisión exhaustiva, sucesiva y consonante del conflicto, desarrollada en sede administrativa y luego judicial, proceso de análisis cuyo resultado uniforme permite concluir que los argumentos de la quejosa, que se limitan a reiterar las alegaciones desarrolladas en el reclamo y, por ende, no resultan aptos para alterar lo decidido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja deducido por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ejército de Chile, en lo principal de la presentación de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veinte.

Se previene que el Ministro señor Muñoz y el Abogado Integrante señor Quintanilla, sin perjuicio de lo resuelto, estiman que al disponer el Consejo para la Transparencia, la eliminación de los datos personales de contexto e incluso de las sanciones efectivamente cumplidas o prescritas, ha garantizado el resguardo de los datos sensibles que pudieran afectar a los terceros involucrados, quienes por lo demás, no interpusieron reclamo, a excepción del señor Garmendia.

El Abogado Integrante señor Quintanilla previene además que, tal como lo ha considerado en fallos anteriores como en el Rol CS N° 36.507-2019 que, como se deduce del artículo 79 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1997, que establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, la hoja de vida "es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación", de modo que constituye un mero registro funcionario en el que se deja constancia de todo "antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal" y, por consiguiente, no es posible entender que su publicidad sea idónea para afectar datos personales y sensibles de su titular y, menos aún, la seguridad nacional, por lo que no se verifica en la especie causal alguna que justifique la reserva de los documentos de que se trata.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Pierry, quien estuvo por acoger el recurso de queja, teniendo para ello presente:

1° Que para el debido entendimiento del asunto resulta adecuado transcribir determinados preceptos legales que inciden en la resolución del reclamo de ilegalidad de que se trata:

El artículo 21 de la Ley de Transparencia previene que: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

[ ... ]

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

Por su parte el artículo 436 del Código de Justicia Militar establece que: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros:

1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal;

2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia;

3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la ley N° 17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, y

4.- Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales".

2° Que para resolver es imprescindible tener presente que el Ejército de Chile forma parte de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional las que, conforme a lo estatuido en el artículo 101 de la Constitución Política de la República, existen: "Para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional". Es por lo anterior que nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de cuerpos legales que regulan su organización y actividad, consagrándose así un régimen jurídico especial que se erige sobre la base de la particular y esencial labor que les ha sido entregada. Entre esta normativa se encuentra el Código de Justicia Militar, que revela la importancia y especialidad de la tarea encomendada.

Entre estas disposiciones figura el artículo 436 del Código de Justicia Militar que establece qué documentos tienen el carácter de secretos, refiriendo que participan de tal condición aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, los relativos a las plantas o dotaciones.

3° Que esclarecido lo anterior, es necesario subrayar que la ley ha señalado expresamente que es secreta la información vinculada con las plantas o dotaciones, aspecto en el cual no cabe sino entender incluidos los antecedentes relativos a las hojas de vida funcionarias, en tanto ellas consignan de manera completa la carrera funcionaria y la preparación de quien ha llegado a obtener el grado de General, incluyendo las capacidades y aptitudes profesionales que lo han llevado a desempeñarse en dicho cargo estratégico.

Por otro lado, la hoja de vida requerida constituye uno de los elementos básicos para el sistema de calificaciones, que sirve: "para determinar la procedencia de los ascensos, mandos, destinaciones o comisiones del personal" (artículo 75 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas). En consecuencia, lo que se solicita es un documento que contiene información sobre la carrera funcionaria y el desempeño de un funcionario público, que no solo forma parte de las Fuerzas Armadas, las que con arreglo al artículo 101 de la Carta Fundamental, "son esenciales para la seguridad nacional", sino que detenta un nombramiento que forma parte del alto mando.

En síntesis, la información contenida en la hoja de vida permite conocer también destinaciones, capacitación, estándares de desempeño, habilidades, pericias, experiencia, destrezas, en la formación del funcionario de que se trata, revelando, a través de un ejercicio lógico deductivo, estrategias institucionales, orientaciones, proyecciones, patrones en la adopción de decisiones del mando, necesidades, requerimientos, y por ende eventuales carencias, lo que se vincula o relaciona, en este caso, con el orden público interior y/o la seguridad de las personas. En este contexto, como fluye de los artículos 35 y 36 del Estatuto del Personal de la Fuerzas Armadas, la capacitación del personal forma parte de las actuaciones que deben consignarse en la hoja de vida, entendiéndose por tal el conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas que efectúan las Fuerzas Armadas, destinadas a que su personal desarrolle, complemente, perfeccione o actualice los conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de su cargo o actividad, y está dirigida a habilitar al personal para su ascenso a grados superiores o lograr su perfeccionamiento para mejorar el desempeño del cargo que ocupa o actividad que desarrolla.

4° Que, en concordancia con lo expuesto, en concepto de este disidente, forzoso es concluir que la información ordenada entregar está cubierta por la invocada causal del artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285, por cuanto su publicidad afecta la seguridad de la Nación, circunstancia que, además, constituye uno de los cuatro supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República para disponer la reserva de información, y ello ciertamente porque la información solicitada puede comprometer la eficaz actuación de una institución como el Ejército de Chile, dedicada a la Defensa Nacional, desde que a partir de ella puede elaborarse el completo perfil de funcionarios que se desempeñan el altos grados de la oficialidad y que se encuentran en servicio activo. No se trata de información inocua relativa al funcionamiento de un servicio público, sino que tiene directa relación con características de alguien que cumple labores de alto mando en una institución cuya labor es precisamente la seguridad de la Nación, de modo que su develación podría implicar el conocimiento de elementos vinculados con la particular manera en que dicha misión se lleva a cabo.

5° Que, por las razones ya expuestas, el autor de este voto particular, estuvo por acoger el recurso de queja, dejar sin efecto lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, acogiendo de esa forma el reclamo de ilegalidad planteado por el Consejo de Defensa del Estado, toda vez que la información solicitada se encuentra amparada por la causal de secreto o reserva, dispuesta en el artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285.

Regístrese, comuníquese, e incorpórese copia de este fallo al expediente digital en que incide.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor

Pierry y de la disidencia y prevención sus autores.

Rol N° 99363-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A. y por los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P. y Sr. Pedro Pierry A.

En Santiago, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.