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Consejo de Defensa del Estado con Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol: 104409-2020

Corte Suprema, 29/06/2021

Consejo de Defensa del Estado interpone recurso de queja contra Ministros de la Corte de Apelaciones, por las faltas y abusos graves cometidos al rechazar reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia, mediante la cual se ordenó al Ejército de Chile entregar la información solicitada respecto de funcionario de dicha Institución. La Corte Suprema rechaza el recurso de queja deducido


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Alvaro Quintanilla López
  • Ángela Vivanco M.
  • María Eugenia Sandoval Gouet
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el Consejo de Defensa del Estado dedujo recurso de queja contra las integrantes de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministros (as) doña Marisol Andrea Rojas Moya, don Juan Carlos Silva Opazo y la fiscala judicial doña Clara Carrasco Andonie, en razón de haber incurrido en falta o abuso grave al dictar sentencia por intermedio de la cual se rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por el Fisco- Ejército de Chile en contra de la Decisión Amparo Rol C1724-19, del Consejo para la Transparencia, en virtud de la cual se ordenó al Ejército de Chile entregar la información solicitada a don Rafael Harvey Valdés consistente, en lo que importa al arbitrio, en cinco documentos o antecedentes relacionados con el Teniente Coronel don Claudio Pinto Agüero.

Segundo: Que, para comprender el arbitrio, se debe tener en cuenta su contexto: Rafael Harvey solicitó al Ejército de Chile información debidamente individualizada en dieciocho ítems, siendo denegada, en aquello que importa al recurso, la siguiente información:

i) Copia autenticada de las hojas de vida del funcionario don Claudio Pinto Agüero como alumno de la Escuela Militar y como oficial de Ejército hasta la fecha de la solicitud de información formulada.

ii) Copia autenticada de las hojas de calificaciones del funcionario don Claudio Pinto Agüero como oficial de Ejército hasta la fecha de la solicitud de información formulada.

iii) Copia simple del Currículum Militar del funcionario don Claudio Pinto Agüero.

iv) Copia simple del registro escrito y/o síntesis de los puestos que ha desempeñado durante su carrera como oficial de Ejército don Claudio Pinto Agüero.

v) Informar si la promoción de ingenieros politécnicos en la que egresó el funcionario don Claudio Pinto Agüero es una de las que actualmente están cuestionadas por la Contraloría General de la República en juicio de cuenta.

La razón para denegar la entrega de las hojas de vida y calificaciones de Claudio Pinto, radica en que éste ejerció el derecho a oponerse conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley de Transparencia y, además, porque se trataría de un instrumento propio de la administración militar de personal, de carácter interno y reservado del Ejército.

Una vez que el requirente recurre de amparo de acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia, agrega, en relación a la información signada con los numerales iii) y iv) precedente, agregó que sí fue entregada.

En relación a lo pedido con el numeral v) precedente, añade que el derecho de acceso a la información pública exige que ella se encuentre en los soportes que indican los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, requisito que no se cumple, en tanto el sr. Harvey pretende que la institución la cree.

Tercero: Que, a través de la Decisión Amparo Rol C1724-19, del Consejo para la Transparencia, se acoge parcialmente el amparo deducido, resuelve que "tarjando previamente aquellos datos que digan relación con el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso, altura, entre otros, como también lo referido a las patologías médicas que afectaron o pudieren haber afectado al funcionario; y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, especificando tales circunstancias; ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y g); 4 y 21 de la ley N° 19.628 ",

En lo medular sostiene que las hojas de vida de los funcionarios públicos, constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación.

En relación a la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, las alegaciones del órgano reclamado no resultan suficientes para tenerla por configurada, toda vez que no se acreditó ningún elemento que permita apreciar el modo en que la entrega de información pública, como son las hojas de vida y calificaciones de un funcionario público, efectivamente afectan el debido cumplimiento de sus funciones, de forma tal de permitir de ese modo tenerla por acreditada.

Respecto de la información reclamada relacionada con el currículum militar de don Claudio Pinto Agüero y copia simple del registro de los puestos que ha desempeñado durante su carrera como oficial de Ejército, el órgano reclamado sostuvo que sí entregó dichos antecedentes pero aquello no fue acreditado.

Finalmente, en relación a la información respecto de si la promoción de ingenieros politécnicos en la que egresó el funcionario don Claudio Pinto Agüero es una de las que actualmente están cuestionadas por la Contraloría en juicio de cuentas, no es efectivo que deba crearse, pues el ejército sólo debe dar respuesta positiva o negativa.

Cuarto: Que el Ejército reclamó ante la Corte de Apelaciones esgrimiendo, en lo medular, que para la denegación de las Hojas de Vida y Calificaciones del teniente Coronel Claudio Pinto Aguayo, concurren los artículos 6°, 7°, 19 N° 4°, 101 y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Política de la República; artículos 1°, 24, 45 y 46 de la Ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, artículo 2° g) de la Ley 19.628; articulo el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar; artículo 79 del DFL. (G) N° 1, de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; artículos 20 y 21 N° s 2, 3 y 5 de la Ley de Transparencia; artículo 5° del D.S. (G) N° 1445 de 1951 "Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas" y, la jurisprudencia judicial y administrativa citada.

En cuanto a la entrega de copia del Currículum Militar de Claudio Pinto Agüero, añade que dicha información, a diferencia de lo que sostiene dicho Consejo, sí se le entregó al peticionario.

En relación a la información respecto de si la promoción de ingenieros politécnicos en la que egresó el funcionario don Claudio Pinto Agüero es una de las que actualmente están cuestionadas por la Contraloría en juicio de cuentas, sostiene que dicha petición importaría entrar a reconstruir una información inexistente en algún soporte en la institución, lo que escapa a las obligaciones de la Ley de Transparencia.

Quinto: Que, la sentencia de la Corte de Apelaciones, luego de analizar el artículo 79 del DFL N 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, concluye que el contenido de la hoja de vida de un funcionario público es de naturaleza eminentemente funcionaria, no vislumbrándose que, con su publicidad, se vulnere la privacidad de persona.

Por otra parte, agrega, el Consejo para la Transparencia adoptó todos los resguardos necesarios para evitar una afectación a la vida privada, honra y la seguridad del funcionario al disponer la expresa reserva de todos aquellos datos personales tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, y también las patologías médicas que lo afectan o pudieron haberlo afectado y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, especificando, tales circunstancias, todo ello en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y g) 4 y 21 de la Ley N° 19.628.

Las mismas argumentaciones anteriores sirven para sustentar la decisión de entregar copia autenticada de las Hojas de Calificaciones del funcionario don Claudio Pinto Agüero, como oficial de Ejército hasta la fecha de la solicitud de la información, pues también son documentos públicos, que se encuentran en poder del Ejército de Chile y que se han confeccionado sobre la base de las anotaciones que se encuentran en las Hojas de Vida, las que sirven como antecedente y fundamento para la adopción de decisiones relacionadas con los procesos de evaluación, calificación y ascenso a los que han sido sometidos, en calidad de funcionarios públicos, durante su carrera en la institución.

En cuanto a que se configurarían las causales de reserva de los N° s 3 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, 436 del Código de Justicia Militar señala que si bien es efectivo que el referido Código es una ley de quórum calificado, lo cierto es que ésta sola circunstancia no la hace subsumible en la causal de reserva o secreto sino que es menester que la entrega de la información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la Seguridad de la Nación y el Interés Nacional, siendo de cargo de la recurrente acreditar tales circunstancias, cuestión que en la especie no realizó.

En cuanto a la entrega del currículo militar y las destinaciones durante su carrera militar, el reclamante indica que sí entregó la información, lo que a su vez fue negado por el peticionario; sin embargo, el primero no ha acreditado- como le correspondía- que sí entregó la información en los términos solicitados, como tampoco aportó elementos suficientes para que se configurara una causal de reserva que justificara denegar tal petición.

Por último, sostiene, en relación a entregar la información relativa a que si la promoción en que egresó como ingeniero politécnico don Claudio Pinto Agüero, es una de las que actualmente se encuentra cuestionadas por la Contraloría General de la República, que no es necesario reconstruir ninguna información, solo contestar afirmativa o negativamente.

Sexto: Que, en síntesis, a través del recurso de queja se imputa a los recurridos las siguientes faltas y abusos graves:

1) Vulneraron el secreto y reserva que protege las hojas de vida y de calificaciones del Teniente Coronel Claudio Pinto Agüero, conculcando el artículo 8°, inciso 2, de la Constitución Política:

a) En cuanto a la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el titular de la información se opuso a la entrega de dichos documentos en virtud de la afectación de su derecho a la vida privada y a la honra de su persona y familia, además de sus datos personales, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, razón por la que es improcedente ordenar su entrega.

b) En relación a las causales de reserva establecidas en el artículo 21 Nos 3 y 5 de la Ley de Transparencia explica que el Teniente Coronel Claudio Pinto Agüero pertenece a la Fuerza Terrestre, División de Adquisiciones del Ejército, situación de especial sensibilidad desde el punto de vista de la inteligencia militar, razón por la cual la publicidad de sus Hojas de Vida y Calificaciones significa vulnerar aspectos de la seguridad militar, toda vez que de su contenido -se pueden desprender, desde el punto de vista de la inteligencia militar, datos relevantes para potenciales adversarios, tanto externos como para grupos delictuales organizados o de narcotráfico dentro del territorio nacional.

En segundo término, las Hojas de Vida y Hojas de Calificaciones son un instrumento administrativo para evaluar al personal en toda su dimensión profesional y personal. En razón de ello, es que del contenido de dicha documentación es posible obtener el arma, especialidad y destinaciones no solo de la persona a quien pertenece la Hoja de Vida sino de cada uno de los superiores y calificadores que intervienen, las capacidades militares, estructuras organizacionales, modificaciones que van experimentando las Unidades, refuerzo operacional de las mismas, fusiones, supresión, traslados, tipo de armamento con que cuenta, etc.

Se suma a lo anterior, los perfiles personales y profesionales que se van develando a través de los distintos periodos de calificación, con sus fortalezas y debilidades, todo lo cual es de especial interés conocer para los acercamientos y/o reclutamientos que directa o indirectamente procuran realizar grupos interesados.

Por eso, la entrega de las Hojas de Vida y de Calificaciones a potenciales agencias de inteligencia adversarias o a grupos delictivos, sumado al cruce de información que se puede obtener por esta vía y de la que se puede conseguir por sus propios medios, harían posible además determinar los perfiles que se emplean para quienes desempeñan ciertas funciones críticas, lo que entrega a quien la obtiene una ventaja militar absoluta, dejando al Ejército en una posición vulnerable no solo en un eventual conflicto bélico, sino cuando debe intervenir conforme a la Constitución y las leyes vigentes.

Por otra parte, las Hojas de Vida y las Hojas de Calificaciones forman parte de un proceso reglado y reservado de calificación y selección del personal institucional, según lo establece el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, y el artículo 79 del D.F.L. N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, actual Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

Además, la denegación de la Institución de entregar las Hojas de Vida y de Calificación del Teniente Coronel Pinto, encuentra también su fundamento jurídico en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, norma jurídica plenamente vigente por mandato del artículo 8° y de la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, en relación con el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia, y que califica para lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

Su parte no tiene que acreditar la afectación a la seguridad de la Nación o a la Defensa Nacional producto de la entrega de las Hojas de Vida y Calificaciones de personal en servicio activo, ante el Consejo para la Transparencia, como se pretende en el fallo, para tener por justificada la causal de denegación de la información invocada.

2) Los jueces ratificaron la decisión amparo reclamada que, sin ningún fundamento, ordena entregar el currículum militar y el registro escrito y/o síntesis de puestos desempeñados por el Teniente Coronel Claudio Pinto, la que sí fue entregada al peticionario en la respuesta dada por el Ejército.

3) Ordena entregar la información sobre si la promoción en que egresó como ingeniero politécnico el Teniente Coronel Pinto está cuestionada por la Contraloría General de la República en juicio de cuentas, soslayando que aquello se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia. Además de lo señalado, cualquier información referida a las personas que pudieran estar afectadas por un juicio de cuentas constituye un dato personal protegido de publicidad por el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 2° de la Ley N° 19.628, por lo que sería materia reservada.

Séptimo: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".

Octavo: Que conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en faltas o abusos graves, constituidos por errores u omisiones manifiestos e igualmente graves.

Noveno: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, toda vez que resolvieron en el sentido expresado en lo dispositivo haciendo uso de su facultad de interpretar las disposiciones legales aplicables, considerando, especialmente, que en el presente caso se requiere determinada documentación perteneciente al expediente personal del propio reclamante.

Décimo: Que lo anteriormente consignado no significa necesariamente compartir la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho efectuada por los jueces recurridos.

Undécimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, esta Corte considera relevante destacar que la legitimación procesal es la consideración especial que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y, en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada, en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como parte en tal proceso ejerciendo las acciones y defensas pertinentes.

En ese sentido, es necesario agregar que conforme se dispone en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, lo cual se reafirma en el artículo 25 del citado estatuto jurídico.

Se añade en su artículo 28 que "el afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad con el artículo 20 ".

Duodécimo: Que, el principio de publicidad recae en la información emanada de los órganos del Estado, la que se encuentra referida exclusivamente a la función pública que éstos ejercen, independiente de la oposición del tercero afectado. Lo anterior es trascendente puesto que la intervención del Ejército, para legitimar su actuación debe estar dirigida a la defensa de aspectos institucionales.

En este aspecto, sólo cabe descartar el arbitrio en tanto se esgrime la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que, más allá que la sentencia impugnada haya rechazado erróneamente la alegación de falta de legitimación activa deducida por el órgano reclamado, lo cierto es que, a juicio de esta Corte, el quejoso carece de legitimación activa para defender el derecho a la honra y vida privada de un particular, máxime si, como ocurre en la especie, este tercero, titular de la información, se ha conformado con la decisión de amparo que ordena su entrega.

Décimo tercero: Que, por otro lado, si bien no es posible poner en duda la participación del Ejército de Chile en relación a la custodia de la información que ha sido requerida, lo cierto es que para configurar una causal de reserva de carácter institucional, su intervención deberá estar referida a la defensa de aspectos que revistan tal carácter, esto es, deben vincularse exclusivamente con la defensa de la Nación o a la seguridad pública. En otras palabras, el Ejército de Chile sólo puede oponerse a la entrega de información requerida, en la medida que comparezca defendiendo el interés institucional, el que debe estar relacionado con alguno de los aspectos indicados previamente, cuestión que no se advierte en autos, como bien lo han entendido los sentenciadores del fondo, puesto que, a pesar de los ingentes esfuerzos del quejoso por demostrar lo contrario, resulta indudable que éste concurre en defensa de fines particulares, sin que en la especie se pueda avizorar cómo la información cuya entrega se ordena puede afectar la seguridad de la Nación o la Defensa Nacional.

Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se desecha el recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ejército de Chile.

Se previene que el Ministro Silva Cancino y el Abogado Integrante señor Quintanilla no comparten lo expuesto en el fundamento décimo tercero.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo del Ministro señor Silva Cancino.

Rol N° 104409-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Mauricio Silva C. y por el Abogado Integrante Sr. Álvaro Quintanilla P. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Sandoval por haber cesado en funciones.

En Santiago, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.