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Instituto Nacional de Derechos Humanos con Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol: 30496-2021

Corte Suprema, 22/06/2021

Se interpuso recurso de queja contra ministros de Corte de Apelaciones por la dictación de sentencia que rechazó el reclamo deducido por su parte, en contra del Consejo para la Transparencia. Corte declara inadmisible el recurso de queja


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • Enrique Alcaldes
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en estos autos Rol Corte Suprema N° 30.496-2021, compareció el abogado Pablo Rivera Lucero, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien dedujo recurso de queja en contra de la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conformada por los Ministros señora Jessica González Troncoso, señora María Loreto Gutiérrez Alvear y señor Jaime Balmaceda Errázuriz, por la dictación de la sentencia de 23 de abril de 2021, que rechazó el reclamo deducido por su parte, en contra del Consejo para la Transparencia quien, a través de la Decisión de Amparo de 14 de abril de 2020, dispuso la entrega al solicitante de la información consistente en el listado de las querellas interpuestas por el servicio entre el 18 y 28 de octubre de 2019, precisando el Tribunal donde se interpuso y el Rol Interno del Tribunal (RIT) o el Rol Único de la Causa (RUC).

La solicitud de información fue promovida por José Joaquín Suzuki Vidal, quien pidió al Instituto Nacional de Derechos Humanos "el listado de las 345 querellas interpuestas por el Instituto de Derechos Humanos entre el 28 y 28 de octubre.

Solicito que el listado indique la fecha en que se interpuso la querella, el Tribunal donde se interpuso y se indique el Rol Interno del Tribunal (RIT) o el Rol Único de la Causa (RUC) donde se interpuso la querella".

El órgano requerido acogió parcialmente la solicitud, expresando la improcedencia de la entrega del Rol Interno del Tribunal (RIT) o el Rol Único de la Causa (RUC).

La decisión del Consejo para la Transparencia, cuya impugnación fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió el amparo deducido, teniendo para ello presente que se trata de antecedentes públicos, que forman parte de procesos penales cuya reserva se ha solicitado a los Tribunales correspondientes, en caso de ameritarlo. Añade que el INDH no actúa en representación de la víctima, razón por la cual no necesita autorización o habilitación de parte de ésta.

Por estos motivos, se resolvió que la totalidad de los antecedentes debían ser entregados al peticionario.

Segundo: Que por el recurso se acusa, como grave falta o abuso, el haberse resuelto que no existe una perturbación de los derechos de las personas en la entrega de la información y que no existe una ley de quórum calificado que sustente tal afirmación, interpretando erróneamente el sentido y alcance del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285. Estima la quejosa que ambos elementos estarían debidamente fundamentados y permitirían configurar la causal de reserva antes indicada.

Solicita en definitiva que, acogiéndose el recurso de queja, se haga lugar a la reclamación interpuesta y se deniegue el acceso a la información requerida.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales". Su acápite primero, que lleva por título "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Cuarto: Que, en el marco del examen de admisibilidad del recurso de queja sub judice, conviene recordar que la Ley N° 20.285 ha venido en regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información, los procedimientos para el ejercicio de aquel derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

En ese contexto, el objeto del Consejo para la Transparencia consiste en promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y demás referidos por el cuerpo legal ya citado, y garantizar el derecho de acceso a la información.

Desde una perspectiva orgánica, su máximo estamento está constituido por su Consejo Directivo, integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, funcionarios que sólo cesan en sus cargos por expiración del plazo por el cual fueron designados, renuncia presentada ante el Presidente de la República, postulación a cargos de elección popular, incompatibilidad sobreviniente o remoción dispuesta por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Como se puede apreciar, el Consejo para la Transparencia es un órgano colegiado, técnico, generado con la participación de dos poderes el Estado, imparcial, independiente e integrado por miembros que gozan de estabilidad en sus cargos y ajenos a la Administración del Estado; que se encuentra llamado, entre otras funciones, a promover la transparencia de la función pública.

Quinto: Que, por su parte, los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285 confieren al afectado por una decisión del Consejo para la Transparencia, la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, órgano jurisdiccional que debe dictar sentencia dentro del término de diez días contados a partir de la vista de la causa, sin que proceda recurso alguno en su contra.

Sexto: Que, como se aprecia de lo desarrollado en los dos motivos precedentes, la Ley N° 20.285 ha elaborado un sistema complejo de amparo del derecho ciudadano de acceso a la información pública, compuesto por dos etapas diversas: una fase administrativa, ante el Consejo para la Transparencia, y la eventual revisión judicial de lo decido por éste, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En común, en ambas etapas, la controversia es conocida por órganos colegiados, integrados por miembros independientes y siempre ajenos a la entidad pública requerida, previa tramitación de procedimientos contenciosos y adversariales dotados de las etapas necesarias para asegurar la debida cautela y el pleno respeto de los derechos del requirente, de la repartición requerida y de los terceros que pudieren tener interés en la publicidad, secreto o reserva de la información.

De esta manera, se está frente a un sistema dotado de dos niveles de revisión de la decisión administrativa, asegurando con ello su control técnico, amplio, integral, y eficaz.

Séptimo: Que, así, no puede sostenerse que en la sentencia de 23 de abril de 2021 los magistrados recurridos hayan incurrido en falta o abuso grave, pues tal resolución, en tanto comparte plenamente la decisión del Consejo para la Transparencia, es fruto de la revisión exhaustiva, sucesiva y consonante del conflicto, desarrollada en sede administrativa y luego judicial, proceso de análisis cuyo resultado uniforme permite concluir que los argumentos del quejoso no resultan aptos para alterar lo decidido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se declara inadmisible el recurso de queja deducido por el abogado Pablo Rivera Lucero, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en lo principal de su presentación de veintinueve de abril del año en curso.

A los otrosíes: estése a lo resuelto precedentemente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sin perjuicio de lo resuelto, háganse los ajustes computacionales, a fin de que el presente Ingreso Corte Suprema quede asociado correctamente a su causa de origen, esto es, el Rol Contencioso Administrativo N° 247-2020, de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Rol N° 30496-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A., Mario Carroza E. y Abogado Integrante Enrique Alcalde R. Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintidós de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.