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Matías Rojas Medina con Consejo para la Transparencia Rol: 23-2020

Corte de Apelaciones de Talca, 22/06/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra Consejo para la Transparencia por la dictación de decisión de amparo. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Oscar Lorca Ferraro
  • Ruperto Pinochet Olave

Texto completo:

Talca, veintidós de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don MATÍAS ROJAS MEDINA deduciendo reclamo de Ilegalidad en contra el CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, representado por su Directora General, doña Andrea Ruiz

Rosas, con motivo de la Decisión de Amparo C1139-20, adoptada por el Consejo Directivo de la entidad mencionada, en la sesión ordinaria N° 1106, del 16 de junio de 2020, notificada por correo electrónico a esta parte del día 18 de junio de 2020, en virtud de la que se rechazó un Amparo por denegación de acceso a la información presentado en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

SEGUNDO: Que el recurrente señala como antecedentes que es periodista y editor del medio de comunicación digital VerdadAhora.cl, el que informa distintos hechos reñidos con la probidad pública en los servicios de la Administración del Estado, especialmente aquellos que se producen al interior de instituciones de Orden y Seguridad y Fuerzas Armadas, por lo que en este contexto, a fines del año 2019, una persona solicitó reserva de su identidad al amparo del artículo 7 de la Ley de Prensa N° 19.733 denunció al recurrente que al interior de la Policía de Investigaciones de Chile, con el beneplácito de su Alto Mando institucional, se estaba produciendo, supuestamente, una sustracción de especies fiscales de cargo de la Dirección General, para lo que se estaban efectuando presuntas maniobras ilegales para disfrazar, ocultar o sanear el robo de estas especies, de forma que, a través de la Resolución Exenta N° 193 del 18 de julio de 2019, la Subdirección de Administración, Logística e Innovación había aprobado la "baja sin enajenación" de 138 especies fiscales con un avalúo total de $33.335.9903, sustentándose para ello en un certificado emitido por el Jefe de Gabinete de la Dirección General, Prefecto Juan Carlos Carrasco Ortiz, que sería ideológicamente falso, y que obedecería a una maniobra para ocultar la sustracción de 55 especies, detalladas a partir de la página 7 y siguientes de la Resolución, que estarían avaluadas en un total de $14.721.533.-, indicando que se le planteó que la parte especifica del mobiliario señalado correspondía a aquel que había sido adquirido para uso del anterior Director General, Sr. Marco Vásquez Meza, conjunto de especies que -conforme a esta versión- había desaparecido extrañamente desde un container en el que se mantenían guardadas en el recinto del ex Aeropuerto Los Cerrillos, donde funcionaría una unidad policial muy bien resguardada, sin que al respecto se haya instruido algún sumario administrativo o denunciado estos hechos a la justicia, en conformidad con el artículo 175 del Código Procesal Penal, esto es, la obligación de denuncia que pesa sobre todo el personal de Investigaciones, incluido su Alto Mando.

Es en este contexto, que el 16 de enero de 2020, formuló a la PDI la solicitud de información folio AD010T0009113, cuya respuesta insatisfactoria motivó la presentación del Amparo Rol C1139-20, que el Consejo para la Transparencia rechazó en la sesión ordinaria del 16 de junio de 2020 y da pie al presente reclamo de ilegalidad.

Refiere que en dicha solicitud se requería: A) Copia digital de los documentos que sustentan y/o fueron tenidos a la vista para la confección de la Resolución Exenta N° 193 de fecha 18 de julio de 2019, proporcionando copia del Oficio N° 280 del 18 de abril de 2019, de la Secretaría General; certificado emitido por jefe de gabinete respectivo, dando fe de que las especies referidas están en la unidad, y que se encuentran en mal estado; Oficio N° 901 de fecha 3 de julio de 2019 del Departamento Administrativo, y las Órdenes Generales N° 2121 y 2315 sobre el Reglamento Interno de Adquisiciones y Manual de Inventarios de la PDI, respectivamente; B) Se me informe con precisión, proporcionando copia digital de todos los documentos que así lo respalden, la ruta, custodia, traslado y detalles del transporte de las referidas especies individualizadas en la mentada resolución N° 193, entre distintas unidades de la institución, desde su utilización en buen estado, posterior certificación de mal estado y enajenación, en orden cronológico, es decir, año y fechas precisas, informando la identidad del o los funcionarios/as que estuvieron a cargo de los mismos, o de aquellos en cuya investidura recae y/o recayó responsabilidad administrativa sobre el destino, custodia y traslado de los mismos.

Indica que, por correo electrónico del 13 de febrero de 2020, la PDI prorrogó el plazo de respuesta por otros 10 días hábiles más. Luego, el 27 de febrero de 2020, recibió por correo electrónico Oficio S/N de esa fecha, suscrito por el comisario Christian Sandoval, jefe de la Sección de acceso a la información pública institucional, dando respuesta a la solicitud, indicando que solo entregaría copia de las Órdenes Generales N° 2479 (que dejó sin efecto la Orden N° 2121) y N° 2315, sobre el Reglamento Interno de Adquisición y Manual de Inventarios de la Policía de Investigaciones de Chile, respectivamente, mientras que respecto al resto de los antecedentes, la PDI le negó acceso a través de la Resolución Denegatoria N° 02 de fecha 27 de febrero de 2020, emitida por el jefe de la Jefatura Jurídica de Investigaciones, prefecto Luis Silva, documento del que cita el punto 4, en donde se señala que se dejará sin efecto la Resolución Exenta N° 193 del 18 de julio de 2019, que motivó la consulta, para subsanar los errores que presenta.

Alega que el servicio omitió satisfacer la mayor parte de la solicitud realizada, argumentando que el acto administrativo referente al mobiliario en discusión había sido invalidado con fecha 24 de enero de 2020, llamándole la atención de que esta se produjera 14 días después del ingreso de su solicitud y no antes, reprochando que la PDI no advirtió antes el "error" que según el organismo la resolución contenía.

Luego, interpone en amparo ya referido, con fecha 3 de marzo de 2020, alegando que el servicio sí estaba en condiciones de informar otros aspectos de la solicitud, pese a la anulación que informó, pues esto no impide revelar el detalle de lo solicitado, subrayando que dicha resolución había sido anulada con posterioridad a su solicitud, por lo que en el día que tal requerimiento se realizó era un documento público y existente, argumentos que reclama que no fueron transcritos en la decisión del amparo final.

Indica que la PDI evacuó sus descargos con fecha 02 de abril de 2020, señalando que debía aplicarse la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b), por cuanto la Resolución N° 193 de fecha 18 de julio de 2019, estaba invalidada por presentar errores en su contenido, los que debieron ser subsanados, no habiéndose dictado un nuevo acto administrativo a la fecha del amparo, por lo que revelar la información requerida implicaría dar a conocer antecedentes que se deben ponderar por el órgano al momento de dictar la nueva resolución, lo que podría dar lugar a interpretaciones, cuestionamientos descontextualizados que pueden arriesgar de manera cierta, probable y específica la adopción de la decisión y que el solicitante en su calidad de periodista podría realizar un reportaje en antecedentes que carecen de vigencia, todo de acuerdo con el artículo 61 de la Ley N° 19.880 del 2003. Argumentos con los que el Consejo para la Transparencia concordó, señalando que efectivamente debía denegarse el acceso a la información requerida, reproduciendo parte de los argumentos de dicho órgano, por lo que rechazó el amparo.

Funda su reclamo en el artículo 28 de la Ley N° 20.285, el que cita, manifestando que la interposición está dentro de plazo.

Señala que ha identificado las siguientes infracciones: a) Al principio de máxima divulgación; b) Al principio de no discriminación; y c) Al principio de oportunidad.

Con respecto al principio de máxima divulgación, refiere que está contenido en el artículo 11 letra d) de la Ley N° 20.285, que cita, alegando que la conducta de la PDI y del Consejo para la Transparencia vulnera este principio, ya que ambos acotaron la controversia en la Resolución Exenta N° 193 del 18 de julio de 2019, pese a que se solicitó información adicional a aquella, apuntando a aclarar la ruta, custodia, traslado y detalles del transporte de las especies fiscales y la identidad de los funcionarios a cargo de su custodia, estimando que aun cuando no se hubiere emitido la resolución que posteriormente se anuló, el servicio sí estaba en condiciones de aclarar y el Consejo para la Transparencia de exigir que se aclararán detalles tales como el personal que estaba a cargo de custodiar el mobiliario y si estos fueron transportados o no desde y hacia alguna unidad de la institución, tal como se solicitó. Agrega que la ubicación de una especie fiscal determinada para uso institucional es información que preexiste a la referida resolución invalidada y que no está condicionada a la emisión o no emisión de una resolución como aquella, por cuanto el registro en cuestión se realiza en conformidad con los instructivos institucionales que regulan el actuar de las comisiones administrativas de inventario, cuyo propósito es llevar un control periódico de tales artículos fiscales, resaltando que se solicitó el manejo de dichas especias desde el inicio de la vida útil de las mismas, por lo que reservar esa información bajo el argumento de la invalidación de la resolución resulta excesivo, además de que tampoco se ha desmentido que tales especies existan o hayan existido con los números de inventario que allí se exponen. Invoca, además, el principio de actos separables recogido por el Dictamen N° 19.014/2007 de la Contraloría General de la República.

En cuanto al principio de no discriminación, señala que está consagrado en el artículo 11 letra g) de la Ley N° 20.285, el que cita, alegando que la conducta de ambos organismos lo vulnera ya que ambos fundamentan la concurrencia de los requisitos copulativos para aplicar la reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, aludiendo a la calidad de periodista del recurrente, citando parte de la decisión de amparo, con la que discrepa ya que, en caso de existir cuestionamientos a la institución producto de la difusión de determinados antecedentes, ello quedará en la órbita del control social para el que existe la Ley de Transparencia, agregando que los requerimientos de los periodistas están amparados no solo por la citada ley, sino que por la Constitución Política de la República a través de su artículo 19 N° 12 que resguarda la libertad de informar, sin censura previa. Agrega que el propio Consejo para la Transparencia, en otras decisiones, ha destacado la importancia del control social y de la no discriminación de periodistas que emplean la Ley de Transparencia con fines periodísticos, aun cuando puedan surgir publicaciones con tales antecedentes, citando la Decisión de Amparo C411416. Alega que la PDI lo identificó como periodista pese a que ese antecedente no fue señalado en su solicitud de información ni en el formulario identificatorio de la misma, ni en el amparo interpuesto, siendo una averiguación propia de la institución, extrajudicial. Añade que con fecha 6 de abril de 2020 publicó un reportaje que contiene copia íntegra de la Resolución Exenta N° 193, sin que a la fecha haya tenido conocimiento de que dicho reportaje haya puesto en riesgo el debido funcionamiento del servicio, por lo que en ningún caso el recurrente contaba con el poder de arriesgar de manera cierta, probable y específica la adopción de alguna decisión que fuere realizar la PDI para enmendar su resolución, ya que no ejerce mando alguno al interior de dicha entidad y eso tampoco ocurrió tras la difusión del documento.

Por último, en lo que se refiere al principio de oportunidad, indica que está contenido en el artículo 11 letra h) de la Ley N° 20.285, el que cita, alegando que la PDI vulneró este principio al prorrogar el plazo de respuesta de la solicitud primigenia por otros 10 días hábiles, sin necesidad de hacerlo, agregando que, aunque la prorroga es una facultad de los servicios conforme al artículo 14 de la Ley de Transparencia, esta solo se justifica cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, alegando que la PDI ha reconocido que el acto que invalido la referida resolución N° 193 y que se toma como referencia para denegar acceso a todo el resto de la información, salvo las órdenes generales, fue emitido con fecha 24 de enero de 2020, en consecuencia, no había necesidad de prorrogar el plazo como se hizo, ya que la institución a esa fecha, no estaba reuniendo ninguna información adicional.

Concluye citando el artículo 32 de la Ley de Transparencia que establece el objeto del Consejo para la Transparencia, considerando que al rechazar el amparo C1139-20 incumplió su mandato legal, por cuanto además de las infracciones denunciadas, no contribuyó en forma alguna a transparentar un hecho que podía revestir gravedad para la probidad pública, como el eventual manejo irregular de especies fiscales, sin siquiera poner en la balanza y ponderar la supuesta afectación al cumplimiento de los deberes de la PDI, versus el necesario control social que puede ser ejercido a través de esta herramienta y del libre ejercicio del periodismo, reclama que tampoco efectúo observaciones sobre lo extraño que resultaba que el servicio reclamado hubiese anulado un acto administrativo que estaba vigente a la fecha de la solicitud, pudiendo haberlo hecho antes, siendo dejado pocos días después del requerimiento.

Por todo lo expuesto, solicita a esta Corte que acoja el presente reclamo, dejando sin efecto el acto señalado y ordenando a la PDI que entregue la información requerida restante.

Acompaña al recurso los siguientes antecedentes: 1) Prórroga de solicitud de información folio AD010T0009113, del 13 de febrero de 2020; 2) Oficio S/N del comisario Christian Sandoval Martínez, jefe de la Sección de Acceso a la Información Pública institucional, de fecha 27 de febrero de 2020, con anexos que contienen la Resolución Denegatoria N° 02 del Jefe de Jurídica de la PDI, de misma fecha; 3) Decisión de Amparo C1139-20 del Consejo para la Transparencia y oficio conductor, de fecha 18 de junio de 2020; 4) Correo de notificación de la Decisión de Amparo C1139-20, de fecha 18 de junio de 2020; 5) Copia de nota periodística titulada "Contraloría revisa extraño manejo de especies asignadas al director de la PDI", publicada por el recurrente en el portal VerdadAhora.cl con fecha 6 de abril de 2020; 6) Copia de la Resolución Exenta N° 193 del 18 de julio de 2019 de la Subdirección de Administración, Logística e Innovación de la PDI; y 7) Decisión de Amparo C4114-16 del Consejo para la Transparencia.

Además, solicito oficio a la PDI y al Contralor General de la República, dejando constancia de que éste último no fue evacuado.

TERCERO: Que, comparece el abogado David Ibaceta Medina, en representación del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo del reclamo de ilegalidad.

En cuanto a los hechos, informa lo mismo que señala el recurrente, agregando que en el informe evacuado por la PDI con fecha 02 de abril de 2020, en el marco de la tramitación del amparo interpuesto por el recurrente, dicho organismo además de lo ya expuesto agregó que con fecha 20 de marzo de 2020 se dictó la resolución N° 60 de la Subdirección de Administración, Logística e Innovación que reemplaza la resolución N° 193 de fecha 18 de julio de 2019, la que fue tenida a la vista por su parte, indicando que dan de baja, sin enajenación los bienes fiscales del órgano e indican los mismos en detalle, además que, en la decisión de amparo C1139-20 de fecha 16 de junio de 2021, también se recomendó hacer entrega de lo solicitado al reclamante tan pronto se haya adoptado la medida o política respectiva, atendido a que todavía no se dicta el acto administrativo de la resolución en cuestión.

En cuanto al fondo, analiza los argumentos del recurrente, señalando desde ya que no se ha incurrido en ninguna ilegalidad en la adopción de la referida decisión, acotando la discusión de autos, en consideración a la especificidad de la parte petitoria del reclamo de autos y los fundamentos de derecho en que se apoya, a la determinación de si esta Corporación obró conforme a derecho al rechazar el amparo deducido, respecto a la entrega de copia de las resoluciones que se tuvieron a la vista y oficio en los que se da fe que las especies están en la unidad y se encuentran en mal estado, además de las Ordenes Generales sobre el Reglamento Interno de Adquisiciones y Manual de Inventarios de la PDI, respectivamente, y el detalle, al haberse configurado la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

Así, argumenta que la información reclamada no es pública por el solo hecho de obrar en poder de la PDI, pues el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República y el artículo 21 de la Ley de Transparencia, establecen que la publicidad puede limitarse en virtud de causales legales de reserva, por lo que, precisando lo sostenido por el reclamante, señala que toda la información requerida relacionada con la Resolución N° 193 de fecha 18 de julio de 2019, detenta solo en principio, el carácter de pública, por obrar en poder de un órgano de la Administración del Estado, pero no por ese simple hecho, se convierte o deviene automáticamente en pública.

Refiere que en el año 2005, con la promulgación de la Ley N° 20.050, se incorporó el nuevo artículo 8° de la Constitución Política de la República, el que cita, junto con el inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia, explicando que si bien existe una presunción de publicidad contenida en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, se trata de una presunción simplemente legal, que puede ser desvirtuada y que permitió en este caso, el Consejo para la Transparencia determinara que la publicidad de la información requerida, afecta el privilegio deliberativo de la PDI, por lo que se configura a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Agrega que el derecho de acceso a la información no es de carácter absoluto, ya que tanto el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República, como el artículo 21 de la Ley de Transparencia, prevén la posibilidad de acreditar la afectación que la publicidad pudiere ocasionar a algunos de los bienes jurídicos protegidos por dichas normas, permitiendo configurar una o más de las causales previstas en la referida Ley de Transparencia.

Explica que el hecho de que la PDI haya negado el acceso a los antecedentes relacionados con la Resolución N° 193 del 18 de julio de 2019 y que el Consejo haya estimado que se ajustó a derecho la invocación de la causal de reserva en estudio a la época en que fue respondido el requerimiento de información no quiere decir que dichos antecedentes sean reservados a perpetuidad, ya que el privilegio deliberativo del órgano es esencialmente temporal, pues la parte final de la letra b) del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia señala expresamente que "sin perjuicio que los fundamentos de aquella sean públicos una vez que sean adoptadas", tratándose de una restricción transitoria al principio de transparencia, indicando que los fundamentos finales de la medida que adopte la PDI se harán públicos una vez que se adopte la decisión final al respecto, resultando primordial dar prioridad al correcto funcionamiento del Estado, por cuanto el interés del particular se verá satisfecho en la oportunidad legalmente pertinente, salvo que la PDI, en atención a las circunstancias del caso, que existan en esa fecha, pueda eventualmente invocar otras causales de reserva legal.

Luego, indica que los antecedentes solicitados son reservados en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, puesto que se trata de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política por parte de la PDI, conforme a lo indicado en Resolución Exenta N° 27 de fecha 24 de enero de 2020, que además invalido el acto administrativo referido a la Resolución Exenta N° 193 de fecha 18 de julio de 2019.

Empieza por citar el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, señalando que conforme al artículo 7° N° 1 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia se entiendo por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política y por deliberaciones las consideraciones formuladas para adopción de las mismas que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios y, en general, en documentos o antecedentes que sean necesarios para la adopción de una decisión por parte de la Administración, por lo que, a partid de lo señalado en dichas disposiciones, la jurisprudencia del Consejo (Amparos Roles C12-09, C79-09, C95-09 Y C884-13, entre otros) ha precisado los requisitos y el alcance de la reserva contemplada en el literal b) del N° 1 del referido artículo 21, estableciendo que los organismos deben demostrar, esencialmente y de forma copulativa, las siguientes circunstancias indicadas en el considerando 5) de la decisión reclamada: a) Que lo solicitado sean antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta al adoptar una decisión, medida o política, requisito en el que, a su vez, deben concurrir los siguientes presupuestos: i) Que el proceso deliberativo realmente sea tal, es decir, que efectivamente exista un proceso que se encuentre pendiente de resolución, determinando en el caso que efectivamente debe dictarse un nuevo acto administrativo relacionado con la existencia de especies fiscales, y ii) Que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, que en el caso de autos existe pues los antecedentes pedidos se insertan en un proceso vigente y pendiente de decisión por parte de la PDI; y b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano que invoca la causal, opinando el Consejo que este requisito se satisface ya que los antecedentes solicitados que servirán de insumo y fundamento para la decisión que adopte la PDI, ya que constituyen antecedentes que serían estudiados y revisados por el organismo requerido, por lo que dichos documentos forman parte de un proceso en curso de recopilación de antecedentes y de deliberación en virtud del que la PDI, en su oportunidad deberá dictar el correspondiente acto administrativo, de manera que, mientras ello no ocurra, todos los antecedentes consultados están sujetos a estudio, análisis y debate interno, antes de adoptar conclusiones y decisiones a su respecto, agregando que la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido que se ocasionaría al decretarse la publicidad de los antecedentes solicitados está dada, tal como lo señaló la PDI, en el procedimiento de amparo, indicando que el Consejo se ha pronunciado en el mismo sentido en los amparos C273-13 y C385-15.

Así indica que el Consejo concluyó que divulgar información de esta naturaleza supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del referido órgano en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia afectando con ello, claramente, el privilegio deliberativo, de forma que en el caso sub lite se satisfacen los presupuestos para dar por configurada la causal en comento.

Agrega que la divulgación de los antecedentes puede entrabar el proceso de recopilación de antecedentes que lleva a cabo la PDI, afectando de modo cierto e indubitado la decisión que pueda adoptar dicho organismo y el debido cumplimiento de sus funciones, por lo que debe tenerse configurada la causal de reserva en comento, concluyendo que el Consejo resolvió aplicando correctamente dicha causal por haberse acreditado el requisito consistente en la afectación de las funciones de la PDI.

Igualmente, hace presente que la decisión del amparo no vulneró el principio de igualdad en el considerando 6), sino que el recurrente malinterpreta la afirmación realizada, pues ésta fue realizada por la PDI al evacuar los descargos pero que en caso alguno constituyó un argumento para rechazar el amparo ni menos para afectar su derecho de acceso a la información, conforme a lo latamente expuesto.

Finalmente, refiere que tampoco se produce infracción alguna al principio de oportunidad por el hecho de haber prorrogado el plazo para dar respuesta a la solicitud de información pues es una facultad permitida por el artículo 14 inciso segundo de la Ley de Transparencia, que cita y que fue utilizado por la PDI.

Se refiere a la jurisprudencia judicial que se ha pronunciado configurando la reserva sustentada en el privilegio deliberativo de los órganos de la administración, cuando se han solicitado antecedentes respecto de los que existe una relación de causalidad entre éstos y la adopción de una decisión pendiente, de modo que su publicidad afecta el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, citando sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Concluye que la Decisión de Amparo Rol C1139-20 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictada dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador e interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución Política de la República, y al artículo 21 de la Ley de Transparencia, no configurando ilegalidad en su adopción.

Por todo lo expuesto, solicita se tenga por evacuado el informe y se rechace el reclamo de ilegalidad deducido en su contra, en su totalidad, por no concurrir ilegalidad alguna en la decisión reclamada, resolviendo en definitiva mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol C1139-20 del Consejo.

Acompaña a su informe los siguientes antecedentes: 1) Decisión de Amparo C1139-20 adoptada por el Consejo para la Transparencia el 16 de junio de 2020; 2)

Acuse recibo de solicitud de acceso a la información Ley de Transparencia de fecha 16 de enero de 2020, presentado por don Matías Rojas Medina; 3) Resolución N° 02 de fecha 27 de febrero de 2020, por medio de la que la PDI respondió el requerimiento de información; 4) Amparo Rol C1139-20, presentado por don Matías Rojas Medina contra la PDI con fecha 3 de marzo de 2020; y 5) Ordinario N° 277 de fecha 02 de abril de 2020, a través del que la PDI evacuó sus descargos en el marco del amparo Rol C1139-20.

CUARTO: Que comparece el abogado Luis Mauricio Silva Barrera, en representación de don Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, Director General de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, haciéndose parte a fin de solicitar el rechazo del Reclamo de Ilegalidad de autos.

Señala que el presente reclamo de ilegalidad fue interpuesto con fecha 03 de julio de 2020, disponiendo, en lo pertinente, la resolución de fecha 29 de julio de 2020 que se notifique el reclamo y la resolución por cédula, dentro de 20 días, mediante receptor judicial a costa del reclamante al Consejo para la Transparencia y a la Policía de Investigaciones, sin embargo, a la fecha del informe, dicha resolución no ha sido notificada conforme a la ley, siendo rechazada en dos oportunidades, con fechas 24 de agosto de 2020 y 19 de febrero de 2021, las solicitudes del reclamante para cambiar la forma de notificación, resolviendo la última resolución que esta sea "comunicada" a esta parte, aforismo que alega no corresponde y no puede ser estimada como una notificación, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 30 inciso primero de la Ley de Transparencia.

Así, alega que la acción de reclamación de ilegalidad de autos no puede prosperar toda vez que el plazo para notificarla se encuentra ampliamente vencido, todo ello considerando que la notificación es uno de los elementos más importantes del proceso judicial, porque de ella depende la eficacia de la actuación, la bilateralidad de la audiencia, los derechos de defensa y de tutela judicial, siendo fundamental que sea correcta, pues de no serlo, se afecta la eficacia del acto administrativo que se pretende comunicar.

Por lo expuesto, solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado en la resolución de esta Corte de fecha 24 de agosto de 2020, teniendo por archivada la causa, toda vez que no fue notificada por cédula dentro del plazo fijado.

En conjunto, evacua informe respecto a la reclamación de autos, solicitando desde ya su más completo rechazo.

Procede a resumir los hechos de autos, y luego realiza sus descargos y observaciones al presente reclamo de ilegalidad deducido, esgrimiendo, en primer lugar, la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad en la decisión del amparo rol C1139-020 del Consejo para la Transparencia, cita el artículo 1° de la Ley N° 20.285, señalando que está en perfecta armonía con el mandato constitucional contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, indicando que es la propia ley la que define los órganos y servicios de la Administración del Estado, como los señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Señala que todo esto se ve reforzado con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Transparencia, norma que también cita. Así, hace presente que toda la información requerida y que forma parte de la Resolución N° 193 del 18 de julio 2019 detenta, solo en principio, el carácter de pública, por obrar en poder de un órgano de la Administración del Estado, pero no por ese simple hecho se convierte de forma automática en información pública por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, contemplado el artículo 21 de la Ley N° 20.285 las causales de reserva que proveen la posibilidad de acreditar la afectación que la publicidad pudiere ocasionar a algunos de los bienes jurídicos protegidos por dicha norma, permitiendo configurar una o más causales de reserva previstas en dicha norma.

Específica que la causal de autos es la establecida en el artículo 21 N° 1 letra b), pues la referida resolución, constituye un acto administrativo al alero de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, norma que cita en conjunto al artículo 53 de la misma ley, indicando que su parte hizo uso de la potestad invalidatoria de la Administración del Estado que emana del principio de juridicidad, el que impone el deber de reaccionar frente a actos propios ilegítimos, con ello, la potestad invalidatoria es inherente a la función administrativa, constituyendo una manifestación de la autotutela jurídica que permite a la Administración autocontrolar y resolver sus situaciones jurídicas, por consiguiente, al presentar falencias en ella, ésta necesariamente, y era el deber de su institución, dejarla sin efecto, emitiendo el correspondiente acto administrativo en su reemplazo.

Así, sostiene que la referida resolución, conforma un todo con los antecedentes que la componen y que, en este caso, corresponden al Oficio N° 280 de fecha 18 de abril de 2019, el certificado del entonces jefe del Gabinete del Director General Prefecto Juan Carlos Carrasco Ortiz y el Oficio N° 901 del 3 de julio de 2019 del

Departamento Administrativo por cuanto si la Resolución N° 193 del 18 de julio de 2019, adolecía de errores e imprecisiones que se basan justamente en lo que en dichos documentos se informaba, procediendo a citar lo establecido en el artículo 7 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia.

Refiere que, a mayor abundamiento, el Consejo para la Transparencia, en su rol regulador del derecho de acceso a la información pública, ha establecido ciertos parámetros para invocar la causal de reserva en estudio, citando los requisitos establecidos, señalando que su Institución alegó que a raíz de la invalidación de la Resolución N° 193 y la necesidad de subsanar sus errores en nuevo acto administrativo, los antecedentes solicitados no pueden ser publicitados, pues de revelarse dicha información antes de la dictación de la resolución de reemplazo, implica dar a conocer los antecedentes que precisamente debe ser ponderados por la institución al momento de elaborarla, lo que podría dar lugar a interpretaciones y cuestionamientos descontextualizados susceptibles de arriesgar de manera cierta, probable y específica la adopción de la decisión adecuada que deberá tomar el organismo en el marco del proceso en desarrollo, lo que se suma a la calidad de periodista del reclamante, lo que podría incidir en un reportaje basado en un antecedente que carece realmente de vigencia.

En segundo lugar, alega la inexistencia de infracción al principio de no discriminación, haciendo presente que el reclamante, desde el año 2015, registra en el Sistema de Gestión de Solicitudes un total de 100 solicitudes de acceso a la información y el mismo periodo 27 reclamos contra esta Institución ante el Consejo para la Transparencia, en las que es constante la consulta acerca de procesos investigativos penales y la existencia de procesos disciplinarios internos, de forma que, cada vez que el reclamante solicita información y se procede hacer entregar de los antecedentes efectúa una publicación sobre ello, en este sentido, indica que basta el uso de un motor de búsqueda de libre acceso como Google, Yahoo u otro, que proporcionará los datos relativos a las publicaciones del reclamante.

Agrega que el reclamante en su requerimiento N° AD010T0005854 de fecha 7 de diciembre de 2018, requirió la siguiente información: "Copia digital de toda la información recopilada sobre mi persona por el Departamento de Informaciones de Inteligencia (DEPINFI) de la Policía de Investigaciones de Chile y copia digital de todos los oficios que hubiere emitido ese departamento o la Jefatura Nacional de Inteligencia de la PDI sobre el suscrito a otros estamentos de la institución o a otros servicios públicos en que hubiere compartido tal información, precisando los motivos de ello, ante lo que se le manifestó que su requerimiento se derivaría al Ministerio Público por cuanto la misión fundamental de su institución es la de investigar delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público.

Finalmente, señala que el plazo para el procedimiento administrativo de acceso a la información implica una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, a través de los que una persona, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, requiere a un órgano de la Administración del Estado, la entrega de información que obre en su poder y que concluye con una decisión formal de éste.

En tercer lugar, alega la inexistencia de infracción al principio de oportunidad, citando el artículo 14 de la Ley N° 20.285 y la Instrucción General N° 10, numeral 6.2 del Consejo para la Transparencia, indicando que no fue posible responder el requerimiento de información dentro del plazo de 20 días hábiles, por cuanto se estaba a la espera de contar ya con la resolución de reemplazo, en este sentido, la Policía de Investigaciones al informar al reclamante la necesidad de prorrogar el plazo solo obró en conformidad a la facultades que el legislador le ha concedido en el marco del procedimiento de acceso a la información pública.

Por todo lo expuesto, solicita el rechazo del reclamo interpuesto, con costas, resolviendo que no es ilegal la Decisión Amparo Rol C1139-20 de 16 de enero de 2020 del Consejo para la Transparencia que declaró sin lugar el amparo por denegación de acceso a la información del requirente.

Acompaña a su presentación los siguientes antecedentes: 1) Copia de Resolución N° 193 de fecha 18 de julio de 2019 de la Subdirección de Administración, Logística e Innovación; 2) Copia de la Resolución N° 27 de fecha 24 de enero de 2020 de la Subdirección de Administración, Logística e Innovación; 3) Copia de la Resolución Denegatoria N° 02 de fecha 27 de febrero de 2020; 4) Copia de la Resolución N° 60 de fecha 20 de marzo de 2020 de la Subdirección de Administración, Logística e Innovación; 5) Copia del Decreto N° 804 de fecha 18 de junio de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y 6) Copia de Mandato Judicial de fecha 10 de octubre de 2019, suscrito ante la 42° Notaria de Santiago.

QUINTO: Que, en primer lugar, ante la solicitud de la Policía de Investigaciones de Chile respecto a aplicar el apercibimiento establecido en la resolución de fecha 29 de julio de 2020 por no haberse notificado al tercero interesado mediante receptor judicial, por cédula, es menester señalar que la resolución de esta Corte, de fecha 19 de febrero de 2021, pese a rechazar la reposición del reclamante, ordenó comunicar la resolución de folio 5 al reclamado y al tercero interesado a los correos electrónicos que constan en autos, en atención al tiempo transcurrido desde la interposición de la reclamación y con el objeto de agilizar el procedimiento, de esta forma, y atendido a que la Policía de Investigaciones de Chile compareció en este proceso evacuando descargos, estos sentenciadores estiman que su parte no ha sufrido perjuicio por cuanto ha ejercido su derecho a defensa de forma oportuna, de forma que no se ha visto afectado el derecho al debido proceso para ninguna de las partes, por lo que no se aplicará el apercibimiento solicitado.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo del asunto, es menester señalar que el reclamante interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo C1139-20 del Consejo para la Transparencia, fundamentándolo en la infracción del principio de máxima divulgación consagrado en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, del principio de no discriminación consagrado en el artículo 11 letra g) de la misma ley, y en el principio de oportunidad establecido en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo legal.

SÉPTIMO: Que, con respecto a la primera infracción, relativa al principio de máxima divulgación, este ha sido definido legalmente como aquel principio "de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos ms amplios posibles, excluyendo sólo aquello que está sujeto a las excepciones constitucionales o legales".

Así las cosas, el reclamante estima que se ha vulnerado dicho principio legal al rechazar el amparo deducido por la causal de reserva establecido en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, debido a la invalidación de la Resolución N° 193 del 18 de julio de 2019, pues su solicitud incluía más información que dicha resolución.

OCTAVO: Que, la invalidación se define como "la decisión adoptada por la Administración del Estado consistente en la pérdida de eficacia del acto administrativo por razones de su ilegalidad" (p.168), facultad otorgada a los organismos de la Administración del Estado mediante el artículo 53 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, y que puede ser ejercida dentro de los dos años siguientes a la dictación del acto administrativo que se invalida, así las cosas, evidentemente, la resolución exenta N° 27 de fecha 24 de enero de 2020, que deja sin efecto la referida Resolución N° 193, fue dictada dentro de plazo, por lo que al momento de resolver el amparo deducido por el reclamante ante al Consejo de Transparencia, dicho acto había perdido su eficacia, es decir, era inexistente jurídicamente, estando pendiente la dictación de un nuevo acto administrativo que subsanara los errores e inconsistencia que presentaba el antiguo acto.

En este contexto, es que la Policía de Investigaciones de Chile invoca la causal establecida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia que establece que "Las nicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas".

NOVENO: Que, así las cosas, el principio de máxima divulgación que el reclamante estima infringido excluye de su aplicación a lo que esté sujeto a excepciones legales, es decir, a la información que se le aplique una causal de reserva como las consagradas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, de forma que, tal como sostiene el Consejo para la Transparencia, en principio la información que se encuentre en poder de un órgano de la administración del Estado es pública, excepto si se le aplica una causal de reserva.

De esta forma, se desprende de la misma ley que, para la procedencia de la causal invocada por el tercero interesado es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que lo solicitado sean antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política y b) Que la publicidad, comunicación o conocimiento de dichos antecedentes solicitados afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

En este sentido, estos sentenciadores concuerdan con que los antecedentes solicitados por el reclamante, esto es, tal como se desprende del mismo reclamo de autos, "la copia digital de los documentos que sustentan y/o fueron tenidos a la vista para la confección de la Resolución Exenta N° 193 de fecha 18 de julio de 2019, proporcionando copia del Oficio N° 280 del 18° de abril de 2019, de la Secretara General; certificado emitido por jefe de gabinete respectivo, dando fe de que las especies referidas están en la unidad, y que se encuentran en mal estado; Oficio N° 901 de fecha 3 de julio de 2019 del Departamento Administrativo" además de la solicitud de que se le informe "con precisión, proporcionando copia digital de todos los documentos que as lo respalden, la ruta, custodia, traslado y detalles del transporte de las referidas especies individualizadas en la mentada resolución N° 193, entre distintas unidades de la institución, desde su utilización en buen estado, posterior certificación de mal estado y enajenación, en orden cronológico, es decir, año y fechas precisas, informando la identidad del o los funcionarios/as que estuvieron a cargo de los mismos, o de aquellos en cuya investidura recae y/o recayó responsabilidad administrativa sobre el destino, custodia y traslado de los mismos", es decir, todos los antecedentes dicen relación y sirven de base para la invalidada Resolución N° 193, y son esos mismos antecedentes los que el órgano debe tener a la vista al momento de dictar la resolución que la reemplace, tal como se señala en la Resolución N° 27, y que al momento de que el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo del reclamante, aún estaba pendiente su dictación, de forma que el primer requisito concurre en la especie.

Con respecto al segundo requisito, estos sentenciadores también concuerdan con el Consejo para la Transparencia respecto a que la divulgación de dichos antecedentes que deben tenerse en cuenta al momento de dictar el acto administrativo pendiente afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, pues mientras dicho acto no se dicte, están sujetos a análisis y estudio interno por parte de la Policía de Investigaciones, no correspondiendo inmiscuirse en el ámbito de decisión de dicho órgano de la Administración del Estado, pues lo contrario afectaría su privilegio deliberativo.

Así, esta Corte concuerda con los fundamentos esgrimidos por el Consejo para la Transparencia en los puntos 6 y 7 de la decisión de amparo C1139-20 que tiene por acreditado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por lo que, al acreditarse dicha causal, se acredita la excepción de la aplicación del principio de máxima divulgación, por lo que dicho principio legal no ha sido infringido en la decisión reclamada.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la segunda infracción denunciada, relativa al principio de no discriminación, este ha sido definido legalmente como aquel principio "de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud", estimando la reclamante que ha sido infringido ya que en el punto 6 de la Decisión de Amparo C1139-20 se alude a su calidad de periodista para rechazar su amparo.

Sin embargo, de la decisión reclamada se desprende que, el punto 6, hasta el segundo punto seguido, esgrime los fundamentos invocados por el tercero interesado, destacando las alegaciones más importantes, dentro de las que se alude a la calidad de periodista del reclamante, sin embargo, el Consejo para la Transparencia, concluye de los antecedentes expuestos por la Policía de Investigaciones que: "Por tanto, tratan sobre antecedentes que servirán de base a una medida o política de la autoridad administrativa requerida. En cuanto al segundo requisito, divulgar información de naturaleza preliminar, a juicio de esta Corporación supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del órgano en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello claramente el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia", siendo estos los fundamentos por los que tiene acreditada la causal de reserva invocada, sin aludir a la calidad de periodista del reclamante, de forma que no es efectivo que la decisión reclamada infrinja este principio legal, pues no se ha denegado la entrega de la información porque el reclamante sea periodista, sino por la concurrencia de una causal de reserva.

En este sentido, es menester hacer presente que el reclamo de ilegalidad de autos ha sido interpuesto en contra de la Decisión de Amparo C1139-20 del Consejo para la Transparencia, por lo que se analiza la legalidad de dicho acto, sin perjuicio de ello, pese a que la Policía de Investigaciones invoca la calidad de periodista del reclamante como uno de sus descargos, es menester hacer presente que en la Resolución N° 02 de fecha 27 de febrero de 2020, mediante la que dicho órgano rechazó el requerimiento del reclamante de autos, no se menciona en ninguna parte que el solicitante es periodista ni se invoca dicho argumento para rechazar su requerimiento.

DÉCIMO PRIMERO: Que, por último, respecto a la tercera infracción relativa al principio de oportunidad, el que es definido legalmente como aquel principio "conforme al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios", alegando el reclamante que habría sido vulnerado cuando la Policía de Investigaciones, con fecha 13 de febrero de 2020, le comunica que prorrogará el plazo para resolver su requerimiento de información por 10 días hábiles más.

Con respecto a esta alegación, en primer lugar, es menester reiterar que el presente reclamo ha sido interpuesto en contra de la Decisión de Amparo C1139-20 del Consejo para la Transparencia, mientras que el reclamante alega la infracción del principio de oportunidad por la actuación de la Policía de Investigaciones de Chile, y no respecto del Consejo para la Transparencia, sin perjuicio de ello, en segundo lugar, es necesario señalar que el artículo 14 de la Ley de Transparencia, faculta a los órganos para prorrogar el plazo de respuesta a los requerimientos de información, al disponer, en su inciso segundo, que: "Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos".

Así las cosas, el uso de esta facultad legal, en cumplimiento de los requisitos dispuestos en la ley, no puede constituir una infracción al principio de oportunidad, por cuanto este mismo señala que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales. Igualmente, la prórroga de dicho plazo, facultad permitida por la ley, no puede significar per se un trámite dilatorio, por cuanto el mismo órgano señaló que la prorroga se debió a que se estaba a la espera de la dictación del acto que reemplazara a la Resolución N° 193 para poder cumplir con el requerimiento de información del recurrente, sin embargo, este no fue dictado dentro del plazo legal que la ley otorga a los órganos de la Administración del Estado para la tramitación de los mismos, debiendo rechazarlo al final.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, así las cosas, no se han acreditado ninguna de las infracciones alegadas por el reclamante de autos, de forma que el presente reclamo de ilegalidad no puede prosperar, atendido a que la decisión de amparo C1139-20 del Consejo para la Transparencia se ajusta a derecho, no incurriendo en ninguna ilegalidad.

Por estas consideraciones, citas legales hechas y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes de la Ley N° 20.285, SE RECHAZA el reclamo de ilegalidad deducido por don MATÍAS ROJAS MEDINA en contra del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA; y en consecuencia se declara que el Acuerdo adoptado por éste en Decisión de Amparo Rol N° C1139-20, de fecha tres de marzo de dos mil veinte, se ajusta a derecho.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.-

Redacción del Abogado Integrante don Ruperto Pinochet Olave.

Rol N° 23-2020 Contencioso Administrativo.

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministra Presidente Jeannette Scarlett Valdés S., Fiscal Judicial Oscar Lorca F. y Abogado Integrante Ruperto A Pinochet O. Talca, veintidós de junio de dos mil veintiuno.

En Talca, a veintidós de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.