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Rodolfo Isaac Noriega Cardo con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C3765-21

Consejo para la Transparencia, 01/07/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría del Interior, requiriéndose que se otorgue respuesta a las consultadas formuladas por la parte activa, referidas al proceso de regularización migratoria extraordinario contemplado en el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería. Lo anterior, por cuanto la respuesta proporcionada por el organismo no permite satisfacer el requerimiento de acceso en los términos planteados, toda vez que el acto administrativo acompañado contempla requisitos y presupuestos de carácter genérico para acceder al beneficio, no permitiendo subsumirlos a los supuestos e hipótesis concretas planteadas por la parte activa. A su vez, se trata de antecedentes de naturaleza pública que constituyen una obligación de Transparencia Activa, advirtiéndose sobre la materia un interés público prevalente, que permite tomar noticia y otorgar certidumbre sobre el nuevo marco normativo y directrices administrativas que regulan la institucionalidad migratoria, permitiendo, consecuencialmente, orientar e informar a aquellas personas que se encuentren habilitadas para acceder al beneficio contemplado en la nueva Ley de Migración. La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Subsidios y Beneficios
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3765-21

Entidad pública: Subsecretaría del Interior

Requirente: Rodolfo Isaac Noriega Cardo

Ingreso Consejo: 21.05.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría del Interior, requiriéndose que se otorgue respuesta a las consultadas formuladas por la parte activa, referidas al proceso de regularización migratoria extraordinario contemplado en el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería.

Lo anterior, por cuanto la respuesta proporcionada por el organismo no permite satisfacer el requerimiento de acceso en los términos planteados, toda vez que el acto administrativo acompañado contempla requisitos y presupuestos de carácter genérico para acceder al beneficio, no permitiendo subsumirlos a los supuestos e hipótesis concretas planteadas por la parte activa.

A su vez, se trata de antecedentes de naturaleza pública que constituyen una obligación de Transparencia Activa, advirtiéndose sobre la materia un interés público prevalente, que permite tomar noticia y otorgar certidumbre sobre el nuevo marco normativo y directrices administrativas que regulan la institucionalidad migratoria, permitiendo, consecuencialmente, orientar e informar a aquellas personas que se encuentren habilitadas para acceder al beneficio contemplado en la nueva Ley de Migración.

La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1196 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de julio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3765-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de abril de 2021, don Rodolfo Isaac Noriega Cardo solicitó a la Subsecretaría del Interior lo siguiente: "(...) respecto al Proceso de Regularización Migratoria al que se refiere el Artículo 8° Transitorio de la Nueva Ley de Migraciones:

1.1) Si los Solicitantes de Reconocimiento de Refugio que ingresaron al país de manera irregular serán Beneficiarios de dicho proceso de regularización migratoria;

1.2) Si las personas que por su nacionalidad requerían un visto consular de turismo para ingresar al país, pero habiéndose presentado ante la autoridad controladora de frontera; es decir, en un paso habilitado, dicha autoridad controladora de frontera le otorgó una tarjeta de turismo, si tales personas serán beneficiarias del Proceso de regularización Migratoria de la nueva ley;

1.3) Si se considerará como beneficiarios del procedimiento de la regularización migratoria a los que habiendo ingresado inicialmente al país por paso no habilitado, posteriormente obtuvo una residencia y en tal calidad de residente pudo salir y volver a entrar al país por un paso habilitado, antes del 18 de Marzo de 2020;

1.4) Si se admitirá en el Trámite de Regularización migratoria y serán beneficiarios los extranjeros que no cuentan con pasaporte por ser este de difícil obtención o su tramitación superar el plazo de los 180 días para detentar ese documento. En este caso si puede acreditar su identidad con otro documento.

1.5) Si serán Beneficiarios del Proceso de Regularización migratoria los extranjeros que provengan de países donde la obtención de su Certificado de Antecedentes sea de muy complejo trámite, se demore más de 180 días, o existan dificultades objetivas para ello como ocurrió en el proceso de regularización del 2018 como en el caso de los provenientes de Haití, Senegal u otros países;

1.6) Si serán beneficiarios aquellos extranjeros que cumpliendo con los requisitos no tienen la tarjeta de turismo por extravío u otro motivo y no pueden obtener un duplicado porque la Policía de Investigaciones no se les otorga por no tener atención a público o por exigirles previamente una auto denuncia y tampoco les permiten realizarla;

1.7) Si serán beneficiarios los extranjeros que cumpliendo los requisitos del caso, no cuentan con el pasaporte donde conste su última residencia estampada, eso por cambio de documento; y

1.8) Si en el trámite de regularización migratoria este Departamento de Extranjería recurrirá a la Interoperabilidad con La PDI para comprobar el ingreso al país del solicitante por paso habilitado antes del 18 de Marzo del 2020".

2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 17.197, de fecha 20 de mayo de 2021, la Subsecretaría del Interior respondió al requerimiento de información, accediendo a su entrega.

Primeramente, informó que el actual proceso de regularización se encuentra contemplado en el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, normativa que establece los supuestos para aquellos extranjeros que ingresaron o no al territorio nacional por paso habilitado para tales efectos, junto a los requisitos para poder optar a ella.

En tal contexto, refirió que mediante Resolución Exenta N° 1.769, de fecha 20 de abril de 2021, la Subsecretaria aprobó el proceso, estableciendo y especificando los requisitos para ello, cuyo acto administrativo adjuntó.

Finalmente, reseñó que en el sitio web que indica se encuentra permanentemente a disposición del público información sobre permisos de residencia y los requisitos exigidos por la ley para la obtención de estos permisos.

3) AMPARO: El 21 de mayo de 2021, don Rodolfo Isaac Noriega Cardo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E11225, de fecha 25 de mayo de 2021, solicitándole que: (1°) refiéranse a las alegaciones formuladas por la parte reclamante ya que señala que la información proporcionada no corresponde a la solicitada; (2°) señale si la información objeto de la reclamación obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia. Para ello, se solicita que especifique para cada una de las consultas formuladas si lo requerido consta en algún protocolo, instrucción u otro similar.

Sin embargo, a la fecha del presente Acuerdo, no consta que el órgano recurrido haya presentado sus descargos y observaciones al procedimiento de acceso en análisis.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la respuesta proporcionada no correspondería a lo solicitado por la parte activa, referente a la entrega de información sobre el proceso de regularización migratoria contemplado en el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería -en adelante, indistintamente nueva Ley de Migración-.

2) Que, primeramente, a modo de contexto, cabe tener presente que el referido cuerpo normativo fue publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de abril del presente año, el cual tiene como propósito de modernizar y fortalecer la institucionalidad migratoria, reemplazando el marco normativo vigente sobre la materia . En cuanto a su ámbito de aplicación, resulta del caso puntualizar que el objeto de la presente ley -y sus reglamentos- es regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, en adecuación de lo prescrito en su artículo 2°. A su vez, el precipitado cuerpo legal contempla en su artículo 8° transitorio un proceso de regularización migratoria, disponiendo que: "Los extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales (...) Se autoriza el egreso del territorio nacional de aquellos extranjeros que hubieren ingresado al país por pasos no habilitados, dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la presente ley, sin que se les aplique sanción ni prohibición de ingreso al país. Tales extranjeros, de forma posterior a su egreso, podrán ingresar al país o solicitar residencia temporal, según corresponda, conforme a la normativa aplicable (...)" (énfasis agregado).

3) Que, en tal contexto, la Subsecretaria del Interior dictó la Resolución Exenta N° 1.769, de fecha 20 de abril de 2021, la cual aprobó la regularización de los extranjeros que hubieren ingresado al país por paso habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020, disponiendo los requisitos para postular al proceso descrito, acto administrativo que adjuntó en su respuesta. Sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación advierte que dicho instrumento no permite satisfacer las hipótesis y supuestos específicos planteados por el requirente con motivo de su solicitud de acceso, por cuanto contempla requisitos y presupuestos de carácter genérico para acceder al beneficio, no permitiendo subsumirlos a los escenarios concretos expuestos.

4) Que, en cuanto a la publicidad de los antecedentes pedidos, se debe considerar que, el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encuentre sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21° de la Ley de Transparencia.

5) Que, asimismo, la disponibilidad de los antecedentes objeto del requerimiento de especie constituye una obligación de Transparencia Activa, siendo información que debe mantenerse a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, en adecuación de lo prescrito en el artículo 7°, literal h) de la Ley de Transparencia: "Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos (...) los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano". En tal contexto, esta Corporación procedió a revisar el sitio web institucional del organismo recurrido, constatando que sólo contiene una exposición genérica de los requisitos y documentos necesarios para realizar la solicitud para acceder al beneficio contemplado en la nueva Ley de Migración. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias que permitan enmendar dicha infracción (énfasis agregado).

6) Que, en línea con lo anterior, esta Corporación advierte que los antecedentes requeridos por la parte activa revisten un evidente interés público, por cuanto posibilita a la sociedad -y a la comunidad de migrantes en particular-, tomar noticia y otorgar certidumbre sobre el nuevo marco normativo y directrices administrativas que regulan la institucionalidad migratoria, permitiendo, consecuencialmente, orientar e informar a aquellas personas que se encuentren habilitadas para acceder al beneficio contemplado en la nueva Ley de Migración. Al efecto, esta Corporación ha reconocido el evidente interés colectivo que revisten las materias consultadas, mediante Oficio N° 3532, de fecha 4 de julio de 2018, que formula recomendaciones en materia de transparencia, acceso a la información respecto de materias migratorias: "resulta fundamental elevar los estándares de publicidad de los distintos organismos que intervienen en el proceso migratorio, y también de todos aquellos que, atendidas sus funciones, se vinculan con población migrante. Una actualización de la política migratoria necesariamente requiere que se pueda acceder de manera fácil y expedita a toda la información vinculada con los trámites migratorios de ingreso y salida del país, pero también a toda aquella información que permite una adecuada integración de los extranjeros que llegan al país. Atendidas las especiales barreras, idiomáticas, culturales, etc., que presentan los ciudadanos extranjeros, se hace necesario que éstos, junto con acceder a la información, puedan comprenderla y utilizarla, tanto para fines migratorios y, en general, para las distintas prestaciones sociales que otorga el Estado" (énfasis agregado).

7) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, constatándose que los antecedentes remitidos no permiten satisfacer el requerimiento en los términos planteados; advirtiéndose la naturaleza pública de la información pedida; y, estimándose la existencia de un interés colectivo prevalente en su publicidad, esta Corporación procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará que se otorgue respuesta a las consultas formuladas por la parte activa en el requerimiento en análisis.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Rodolfo Isaac Noriega Cardo, en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente;

a) Otorgue respuesta a las consultas formuladas por el peticionario, esto es:

a.1) Si los Solicitantes de Reconocimiento de Refugio que ingresaron al país de manera irregular serán Beneficiarios de dicho proceso de regularización migratoria;

a.2) Si las personas que por su nacionalidad requerían un visto consular de turismo para ingresar al país, pero habiéndose presentado ante la autoridad controladora de frontera; es decir, en un paso habilitado, dicha autoridad controladora de frontera le otorgó una tarjeta de turismo, si tales personas serán beneficiarias del Proceso de regularización Migratoria de la nueva ley;

a.3) Si se considerará como beneficiarios del procedimiento de la regularización migratoria a los que habiendo ingresado inicialmente al país por paso no habilitado, posteriormente obtuvo una residencia y en tal calidad de residente pudo salir y volver a entrar al país por un paso habilitado, antes del 18 de Marzo de 2020;

a.4) Si se admitirá en el Trámite de Regularización migratoria y serán beneficiarios los extranjeros que no cuentan con pasaporte por ser este de difícil obtención o su tramitación superar el plazo de los 180 días para detentar ese documento. En este caso si puede acreditar su identidad con otro documento.

a.5) Si serán Beneficiarios del Proceso de Regularización migratoria los extranjeros que provengan de países donde la obtención de su Certificado de Antecedentes sea de muy complejo trámite, se demore más de 180 días, o existan dificultades objetivas para ello como ocurrió en el proceso de regularización del 2018 como en el caso de los provenientes de Haití, Senegal u otros países;

a.6) Si serán beneficiarios aquellos extranjeros que cumpliendo con los requisitos no tienen la tarjeta de turismo por extravío u otro motivo y no pueden obtener un duplicado porque la Policía de Investigaciones no se les otorga por no tener atención a público o por exigirles previamente una auto denuncia y tampoco les permiten realizarla;

a.7) Si serán beneficiarios los extranjeros que cumpliendo los requisitos del caso, no cuentan con el pasaporte donde conste su última residencia estampada, por cambio de documento; y

1.8) Si en el trámite de regularización migratoria este Departamento de Extranjería recurrirá a la Interoperabilidad con La PDI para comprobar el ingreso al país del solicitante por paso habilitado antes del 18 de marzo del 2020.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodolfo Isaac Noriega Cardo; y, al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.