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Mario Bahamondes Valdés con MINISTERIO DE EDUCACION Rol: C1007-12

Consejo para la Transparencia, 30/11/2012

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Educación, debido a la respuesta negativa a su solicitud sobre copia digital de todos los planes de mejoramiento correspondientes al Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa de la Ley de Subvención Escolar Preferencial de todos los establecimientos beneficiados. El Consejo señaló que extraer manualmente una copia digital de cada uno de los archivos que configuran los planes de mejoramiento educacional presentados por los establecimientos educacionales beneficiados con la subvención preferencial establecida en la Ley N° 20.498 y dar respuesta al presente amparo, sólo cuenta con un funcionario habilitado, quien deberá extraer un total de 27.813 archivos, proceso en el cual ocupa, según lo constatado en la visita técnica verificada en la especie, alrededor de dos minutos por cada uno de ellos, lo que arroja un total de 55.626 minutos, esto es, 927,1 horas, lo que implica un total de 115, 88 días si es que dicho funcionario se dedicara única y exclusivamente a desarrollar esta labor, por lo expuesto, se configura la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo rechazarse, el presente amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1007-12

Entidad pública: Ministerio de Educación

Requirente: Mario Bahamondes Valdés

Ingreso Consejo: 12.07.2012

En sesión ordinaria Nº 392 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1007-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nos 20.285, 19.628 y 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y, los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Mario Bahamondes Valdés, el 2 de junio de 2012, solicitó al Ministerio de Educación (en adelante, e indistintamente, “el Ministerio”) que le otorgara copia digital de todos los planes de mejoramiento correspondientes al Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa de la Ley de Subvención Escolar Preferencial de todos los establecimientos beneficiados.

2) PRORROGA DEL PLAZO PARA RESPONDER: El Ministerio de Educación, por medio de correo electrónico de 28 de junio de 2012, comunicó al requirente su decisión el prorrogar, por diez días, el plazo para dar respuesta a su solicitud de información, “… dado que el volumen y análisis de las solicitudes recibidas diariamente, ha hecho difícil revisar la información solicitada, dentro del plazo ordinario”.

3) RESPUESTA: El Ministerio de Educación, por medio de la Resolución Exenta N° 4285, de 28 de junio de 2012, enviada por correo electrónico de 5 de julio recién pasado, dio respuesta al Sr. Bahamondes Valdés denegándole el acceso a la información solicitada invocando, para ello, la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, toda vez que atender su solicitud implicaría distraer a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, debido al elevado número de documentos solicitados. Para justificar la mencionada causal, invoca, además, los siguientes fundamentos:

a) Alrededor de 7.609 establecimientos educacionales poseen planes de mejoramiento en todo el país, cada uno de los cuales, además, tiene varios periodos de ejecución –lo que depende del año de incorporación del establecimiento educacional a la Subvención Escolar Preferencial– y, dado que por cada periodo hay un archivo, se estima que la solicitud asciende a 27.813 documentos en formato digital, cada uno de 35 páginas en promedio.

b) Los planes de 2012 aún no están disponibles, debido a que los establecimientos educacionales se encuentran, actualmente, en proceso de su registro en la plataforma informática del Ministerio.

c) Si bien los archivos están en formato digital, se deben extraer manualmente, uno a uno, desde la plataforma informática de www.planesdemejoramiento.cl

d) En la Coordinación Nacional de la Subvención Escolar Preferencial sólo existe una persona que se encarga de las solicitudes de información, y, en caso de ser destinado exclusivamente a la extracción de cada documento, durante toda su jornada laboral, desatendiendo sus funciones habituales, demoraría no menos de 927 horas, sólo si destinara 2 minutos por cada uno de ellos, lo que equivale a cerca de 115 días hábiles, como mínimo.

4) AMPARO: Don Mario Bahamondes Valdés, el 12 de julio de 2012, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Educación, debido a la respuesta negativa a su solicitud, invocando, además, los siguientes fundamentos:

a) De la respuesta del Ministerio se desprende que la información solicitada es pública y, además, que se encuentra disponible en una plataforma informática vía Internet, sin embargo, para acceder a cada uno de los archivos, se necesita una clave y nombre de usuario específico para cada uno de los establecimientos. Si el Ministerio eliminara dichas restricciones la información podría estar disponible para todo el público –ello independiente de que los establecimientos mantuvieran una clave y nombre de usuario para ingresar sus archivos, los que, luego, también serían públicos–, con lo cual no sería necesario distraer indebidamente de sus funciones habituales a los funcionarios del Ministerio, ni se afectaría el normal funcionamiento de este organismo y, además, se estaría cumpliendo con el principio de máxima divulgación establecido en el articulo N° 11, letra d) de la Ley de Transparencia.

b) Asimismo, informa al Consejo para la Transparencia que el Ministerio exige el RUT de los solicitantes para acceder a su sistema de gestión de solicitudes online, señalando que "el ingreso de su RUT constituye su firma electrónica en este Sistema de Registro de Atenciones, la cual es una exigencia para las solicitudes vía Web o en línea de la Ley de Transparencia N°20.285". Si bien la Ley de Transparencia, en su artículo N° 12, letra c), establece como uno de los requisitos de las solicitudes de información la firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado, dicha norma no exige el RUT del requirente y, en vista y considerando que éste es un dato personal, al exigirse como requisito obligatorio se estaría vulnerando el principio de facilitación establecido en el artículo N° 11, letra f) de dicho cuerpo legal, ya que puede provocar que algunas personas se abstengan de hacer uso de su legítimo derecho a la información.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Subsecretario de Educación, mediante el Oficio N° 2.620, de 23 de julio de 2012, quien, a través del Ordinario N° 847, de 20 de agosto, ingresado en la oficina de partes de este Consejo el día 21 del mismo mes y año, evacuó el traslado conferido, reiterando, como observaciones y descargos al amparo, los mismos fundamentos invocados para denegar el acceso a la información requerida.

6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: A fin de reunir mayores antecedentes para resolver el presente amparo, este Consejo, a través de su Oficio N° 4142, de 5 de noviembre de 2012, solicitó al órgano reclamado acceder a fijar una visita técnica, en coordinación con funcionarios de ambas entidades, a fin de determinar lo siguiente:

a) El número, estado y contenido de los planes de mejoramiento correspondientes al Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa de la Ley de Subvención Escolar Preferencial de todos los establecimientos beneficiados;

b) El soporte en que son almacenados y sistematizados dichos planes de mejoramiento; y,

c) La factibilidad de procesar dicha información en forma automatizada, evaluando los recursos materiales y técnicos que se hallaren comprometidos para ello, así como el tiempo que sus funcionarios debiesen emplear en ello, en relación con su jornada habitual de trabajo.

Dicha visita técnica, conforme a lo acordado por medio de correo electrónico enviado el 20 de noviembre por el Coordinador Ministerial de Transparencia del Ministerio de Educación, se llevó a cabo el pasado miércoles 21 de noviembre, a las 16:00 horas, en dependencias de la Subsecretaría de Educación, y participaron en ella, por el Consejo para la Transparencia, don Gastón Avendaño Silva, Jefe de su Unidad de Sistemas, y don Ariel Gómez Muñoz, Abogado Analista de su Unidad de Análisis de Fondo, y, por la Subsecretaría de Educación, don Rodolfo Herrera B., Coordinador Ministerial de Transparencia del Ministerio de Educación, y don Sergio Aravena, Encargado de Ley de Transparencia en la Coordinación Nacional de la Subvención Escolar Preferencial del Ministerio de Educación, pudiendo constatarse los siguientes hechos:

a) El sistema computacional que actualmente se está utilizando para ingresar los planes de mejoramiento de los establecimientos educacionales, fue desarrollado durante el año 2008, y entró en funcionamiento a fines de ese año. Este sistema está destinado y diseñado para que los sostenedores de dichos establecimientos ingresen sus planes y para que el Ministerio pueda acceder a ellos y evaluarlos. La evaluación que se realiza es sólo del Plan, sin que los evaluadores puedan conocer el establecimiento que lo presentó, para lo cual se les entrega una copia del Plan, obtenida de un archivo PDF, tarjando la singularización del establecimiento.

b) El Plan de Mejoramiento se ingresa a través de un formulario que se completa en línea, en el cual se deben completar datos e ingresar textos libres, y, esto último, hace difícil estandarizar los archivos para poder obtener una versión digital uniforme de cada uno de ellos.

c) Los planes poseen: datos del establecimiento, diagnóstico institucional y de aprendizajes, metas de efectividad a cumplir en cuatro años, metas anuales, selección de sectores de aprendizaje a trabajar, acciones, objetivos a monitorear, indicadores, etc.

d) Cada año los establecimientos educacionales deben incorporar nuevos archivos para dar cuenta de las acciones que realizarían durante el año, los cuales forman parte de sus respectivos planes de mejoramiento.

e) Existe un sistema de consulta a través del cual se puede obtener información de los planes de mejoramiento presentados por los establecimientos educacionales, pero ello sólo puede hacerse archivo por archivo, respecto de cada uno de los proyectos. Al respecto, se precisa que existe una aplicación informática que puede obtener información de las acciones a realizar, pero no de los planes completos.

f) Las posibilidades existentes para obtener la información requerida y poder entregarla al requirente son las siguientes:

a. Pedir a la Coordinación Nacional de Tecnología del Ministerio que diseñe una aplicación informática que permita obtener tal información. En caso de optarse por esta opción, se deberá destinar a funcionarios de dicha repartición o contratar externamente a un programador experto para que elabore la mencionada aplicación, lo que demorará más de 20 días, y, además, según el Ministerio, implicaría incurrir en gastos adicionales que podrían llegar a $4.000.000.

b. Obtener manualmente la información completa de cada establecimiento, lo que, a lo menos, dura dos minutos por cada uno de los archivos ingresados por los establecimientos educacionales. Sobre el particular, se debe considerar que: (i) 8013 establecimientos han suscrito Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa de la ley de Subvención Escolar Preferencial; (ii) actualmente 7470 convenios están vigentes; (iii) 6296 establecimientos han ingresado sus planes a partir del año 2008, los que podrían tener ingresados hasta 4 documentos en la plataforma; (iv) el acceso a esta información, dentro del propio Ministerio, es limitado, pudiendo acceder al sitio electrónico respectivo sólo aquellos funcionarios que están habilitados; y, (v) Para dar respuesta a solicitud sólo hay una persona habilitada.

g) Este sistema está obsoleto. Tanto es así que, actualmente, se está trabajando en el desarrollo e implementación de un nuevo programa computacional, que responde a las nuevas realidades y exigencias legales, el cual contemplará la posibilidad de obtener copias digitales de los archivos ingresados por los establecimientos educacionales.

CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, cabe señalar que la Ley N° 20.248 establece una “subvención educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados”. Conforme a lo dispuesto en su artículo 7°, “Para incorporarse al régimen de la subvención escolar preferencial, cada sostenedor deberá suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, por el establecimiento educacional correspondiente. Dicho convenio abarcará un período mínimo de cuatro años, que podrá renovarse por períodos iguales”, obligándose el sostenedor, a través del mencionado Convenio, a “Presentar al Ministerio de Educación y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado con el director del establecimiento y el resto de la comunidad, que contemple acciones en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en la escuela…”, el cual se encuentra regulado en el artículo 8° de dicho cuerpo legal. En el caso de los establecimientos adscritos a las categorías de emergentes y en recuperación, dichos planes de mejoramiento educativo también deberán incluir las acciones comprometidas para dicho tipo de establecimientos establecidas en los artículos 19 y 16, respectivamente, del cuerpo legal citado.

2) Que, asimismo, en la visita técnica llevada a cabo en el presente amparo, al revisarse un Plan de Mejoramiento Educativo, se pudo constatar que éstos contienen, entre otros antecedentes, datos del establecimiento, un diagnóstico institucional y de aprendizajes, metas de efectividad a cumplir en cuatro años, metas anuales, selección de sectores de aprendizaje a trabajar, acciones, objetivos a monitorear, indicadores, etc.

3) Que, según lo sostenido por el órgano reclamado, pese a que los planes de mejoramiento educativo se encuentran archivados en formato digital, el sistema informático actualmente utilizado sólo permite obtener, automáticamente, información relativa a las acciones que deben desempeñar los establecimientos educacionales, la que si bien forma parte de los planes requeridos, no constituye, por sí sola, dichos planes. Por lo anterior, la Subsecretaría de Educación ha señalado que la información requerida se podría obtener desarrollando una nueva aplicación informática que permita obtener copia automática de todos los planes de mejoramiento educativo presentados por los establecimientos que perciben subvención escolar preferencial o extrayéndolos manualmente, uno a uno, desde la plataforma informática www.planesdemejoramiento.cl.

4) Que, a fin de implementar la primera opción mencionada (desarrollar una nueva aplicación informática), el órgano reclamado debería destinar a funcionarios de la entidad o contratar externamente a un programador experto para elaborar la nueva aplicación informática, quienes demorarían más de 60 días en dicha labor, e incurrir en un costo que podría llegar a los $4.000.000 (cuatro millones de pesos), esto es, un costo excesivo o un gasto no previsto en su presupuesto institucional.

5) Que, por otro lado, el órgano reclamado, para extraer manualmente una copia digital de cada uno de los archivos que configuran los planes de mejoramiento educacional presentados por los establecimientos educacionales beneficiados con la subvención preferencial establecida en la Ley N° 20.498 y dar respuesta al presente amparo, sólo cuenta con un funcionario habilitado, quien deberá extraer un total de 27.813 archivos, proceso en el cual ocupa, según lo constatado en la visita técnica verificada en la especie, alrededor de dos minutos por cada uno de ellos, lo que arroja un total de 55.626 minutos, esto es, 927,1 horas, lo que implica un total de 115, 88 días si es que dicho funcionario se dedicara única y exclusivamente a desarrollar esta labor.

6) Que, por lo expuesto en el motivo precedente, se configura la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo rechazarse, por lo tanto, el presente amparo.

7) Que, por otro lado, el 27 de noviembre recién pasado, al revisar el sitio electrónico del órgano reclamado, este Consejo pudo constatar que para solicitar información a través de su Sistema de Gestión de Solicitudes de Acceso –tramitación en línea– exige registrar el RUT del requirente, tal como lo señala el reclamante en su amparo. Al respecto, cabe indicar que, conforme a lo dispuesto por el numeral 1.3 de la Instrucción General de este Consejo, “Los órganos de la Administración del Estado deberán abstenerse de requerir en los formularios de solicitud o en las solicitudes de acceso, como campo obligatorio, información no contemplada en la Ley de Transparencia o en su Reglamento, para efectos de registrarse en el sistema electrónico de solicitudes, permitir la presentación de las mismas o dar curso a una solicitud de acceso como requisito de admisibilidad, tales como número de cédula de identidad y/o rol único tributario, teléfono fijo o móvil, género o sexo, nivel educacional, estado civil y pertenencia a alguna institución. La especificación de la ciudad y la región correspondientes al domicilio sólo se podrá exigir cuando el requirente opte por ser notificado por correo postal”, razón por la cual se le requerirá a la Subsecretaría de Educación que adopte las medidas administrativas que sean necesarias a fin de eliminar, a la brevedad, la exigencia de registrar el RUT de los requirentes para realizar solicitudes a través de su sitio electrónico.

8) Que, finalmente, sin perjuicio de valorar el desarrollo de la nueva aplicación informática que permitiría obtener copia automática de la información solicitada, este Consejo recomendará al Ministerio redoblar sus esfuerzos para que información como la solicitada, de alto interés público dado que se refiere al mejoramiento de la calidad de los establecimientos educacionales, esté a disposición no sólo de los funcionarios del Ministerio sino también de todos los ciudadanos de una manera que facilite el acceso a ella en los términos más amplios posibles, conforme establece el art. 11 de la Ley de Transparencia en sus literales d) y f).

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo presentado por don Mario Bahamondes Valdés en contra del Ministerio de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Educación que adopte las medidas administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a fin de eliminar, a la brevedad, la exigencia de registrar el RUT de los requirentes para realizar solicitudes a través de su sitio electrónico.

III. Encomendar al Director General de este Consejo o a su Director Jurídico, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Mario Bahamondes Valdés y al Sr. Subsecretario de Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.