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José Soto Bueno con MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C1303-12

Consejo para la Transparencia, 21/12/2012

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Obras Públicas, fundado en que no se le permitió el acceso a la información solicitada sobre una nómina con la totalidad de contratos y subcontratos firmados por el concesionario del aeropuerto AMB de Santiago. El Consejo acogió el amparo ya que señaló que el MOP no expuso antecedente alguno que permita concluir que la cantidad de contratos que dicho órgano posea, y en los cuales obre la información requerida, sea de un volumen cuya revisión genere un costo excesivo o un gasto no previsto para el organismo, se acogerá el presente amparo, requiriéndole al MOP que haga entrega al solicitante de una nómina en la cual individualice los contratos que obren en su poder, firmados por la Sociedad “SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.”, y que contenga aquellos datos mencionados en la solicitud de acceso que originó el presente amparo o, que en su defecto, señale expresamente no poseer alguno de dichos antecedentes, y a mayor abundamiento, en el presente caso concurre un interés público en la publicidad de la información solicitada, por cuanto su conocimiento permite ejercer un adecuado control social respecto de la correcta ejecución de obras públicas que un órgano de la Administración del Estado ha encargado a terceros, a través del respectivo contrato de concesión, y éstos han delegado vía subcontratos. En efecto, y encontrándose autorizado el concesionario, por las respectivas Bases de Licitación, para subcontratar la ejecución de todo o parte de las obras, la publicidad de información como la solicitada, permite conocer la manera en qué se están desarrollando determinadas obras en los bienes públicos que se entregaron en concesión por parte de la administración.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1303-12

Entidad pública: Ministerio de Obras Públicas

Requirente: José Soto Bueno

Ingreso Consejo: 04.09.2012

En sesión ordinaria N° 399 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de diciembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1303-12.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; D.F.L. Nº 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de julio de 2012 don José Soto Bueno requirió al Ministerio de Obras Públicas, en adelante también MOP, le proporcionara una nómina con la totalidad de contratos y subcontratos firmados por el concesionario del aeropuerto AMB de Santiago, informando lo siguiente:

a) Fecha de inicio del contrato.

b) Fecha de término.

c) Empresa contratante.

d) Si existen cláusulas de renovación automática y si ha sido renovado.

e) El tipo de pagos considerados.

2) PRÓRROGA DEL PLAZO: Mediante correo electrónico de 14 de agosto de 2012, la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas informó al solicitante que, en conformidad a lo establecido por el artículo 14, inciso 2º, de la Ley de Transparencia, se dispuso prorrogar el plazo para pronunciarse acerca de la solicitud, por 10 días hábiles, a fin de reunir de forma completa todos los antecedentes necesarios para dar respuesta debida al requerimiento.

3) OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO: Mediante carta CGG 284.2012, de 2 de agosto de 2012, el Gerente General de la Sociedad Concesionaria SCL Aeropuerto de Santiago informó al Director General de Obras Públicas su oposición a la entrega de la información solicitada, por tratarse de contratos celebrados entre privados, por lo que lo estipulado en ellos no es información de carácter pública, sino que se trata de información sensible y reservada de las partes contratantes la que, de entregarse, puede afectar económica y comercialmente a ellas, así como afectar los futuros acuerdos de las mismas, sobre todo si se desconoce el uso que se va a hacer de la información requerida, por lo que se configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia.

4) RESPUESTA: El Ministerio de Obras Públicas respondió a dicho requerimiento, mediante correo electrónico de 4 de septiembre de 2012, adjuntando copia de la Resolución Exenta DGOP Nº 4.042, de 31 de agosto de 2012, según la cual:

a) En virtud a lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, mediante Ordinario DGOP Nº 924, de 30 de julio de 2012, se comunicó al tercero la facultad de autorizar u oponerse a la entrega de la información. Dicho tercero se opuso, en tiempo y forma, a la entrega de la información, mediante carta CGG 284.2012, de 3 de agosto de 2012.

b) Por lo tanto, y en virtud de lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 20 de la Ley de Transparencia, no procede efectuar la entrega de la información requerida.

5) AMPARO: Don José Soto Bueno dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 4 de septiembre de 2012 en contra del Ministerio de Obras Públicas, fundado en que no se le permitió el acceso a la información solicitada, en circunstancias que la Concesionaria, por bases del contrato de concesión, se encuentra obligada a entregar información al MOP sobre los contratos que celebre, los que deben ser fiscalizados por dicho órgano.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 3.451, de 14 de septiembre de 2012, al Director General de Obras Públicas. Mediante Ordinario Nº 1.349, de 11 de octubre de 2012, éste evacuó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando lo siguiente:

a) La información solicitada afecta derechos de terceros, por cuanto los contratos y subcontratos firmados por la Sociedad Concesionaria corresponden a antecedentes que se confeccionan dentro del marco de sus propias competencias, los cuales, sin perjuicio de tener que ser sometidos a fiscalización por parte del Inspector Fiscal, dicha fiscalización se enfoca a supervisar el cumplimiento de las obligaciones que las respectivas Bases de Licitación establecen. Por lo tanto, se procedió a notificar al tercero, el que se opuso a la entrega de la información solicitada.

b) En virtud de lo anterior se resolvió denegar el acceso a la información, en virtud de lo establecido por el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

c) En efecto, los antecedentes solicitados corresponden a documentos que han sido elaborados por un tercero ajeno a la Administración del Estado, y la materia a fiscalizar dice relación con que los servicios subcontratados que se presten sean de acuerdo a la concesión otorgada. Ni los precios ni las demás condiciones del contrato son materia de fiscalización, pues es un contrato entre privados, por lo que no pueden ser considerados como información pública en los términos del artículo 5º de la Ley de Transparencia.

d) Las Bases de Licitación de la Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, señala que “El Concesionario podrá subcontratar el proyecto de ingeniería y/o el total o parte de la construcción de las obras, la conservación u otros servicios necesarios, siempre que cumpla con lo estipulado en las Bases Técnicas”. Por su parte, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.9.7 de las Bases de Licitación, son éstas las que enmarcan dentro de la esfera del Derecho Privado las relaciones contractuales del concesionario y sus respectivos trabajadores.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio Nº 3.452, de 14 de septiembre de 2012, notificó al Representante Legal de SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, y que ejerció su derecho de oposición ante el órgano reclamado, a fin de que presente sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Mediante presentación CGG 406.2012, de 23 de noviembre de 2012, el Gerente General de la mencionada Sociedad Concesionaria evacuó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando lo siguiente:

a) La información solicitada por el reclamante obra en poder de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, ya que le ha sido entregada por SCL.

b) Dicha sociedad se opuso a la entrega de la información, ya que ésta corresponde a pactos, contratos y cláusulas acordadas entre privados, cuya información no detenta carácter público, sino que corresponde a información comercial de carácter sensible y reservada entre las partes contratantes, la que de entregarse puede afectar económica y comercialmente a éstas, así como afectar los futuros acuerdos comerciales relacionados con materias similares, concurriendo, en consecuencia, la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia.

c) SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria, es titular de la concesión de Obra Pública denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, bajo el régimen establecido para las concesiones de obras públicas, la cual le fue conferida por D.S. Nº 1168, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas. En virtud de dicha concesión, la mencionada sociedad asumió la obligación de efectuar distintas obras de ampliación y mejoramiento del aeropuerto, de conformidad a lo exigido en las respectivas Bases de Licitación.

d) En el marco de la explotación realizada por SCL, ésta ha suscrito diversos contratos de subconcesión por los cuales se entrega a terceros la explotación de algunos de esos servicios. Hace presente que todo el marco regulatorio que rige a SCL para la celebración de este tipo de contratos, establecen un sistema de protección de la competencia en aquellas materias que pudiesen resultar sensibles en cuanto a la aplicación y otorgamiento de subconcesiones.

e) Ni SCL ni sus subconcesionarios son órganos pertenecientes a la Administración del Estado, sino que privados cuyos actos no tienen el carácter de públicos o de información pública, aún cuando dicha información conste en poder de algún órgano de la Administración. Asimismo, junto a SCL, en cada contrato de concesión existe además otro privado involucrado, como lo es precisamente el subconcesionario cuyos derechos también habrían de considerarse al momento de resolver respecto de la naturaleza de pública o reservada de la información.

f) La información que ha sido solicitada no tiene la naturaleza de instrumentos públicos, ya que para que ello ocurra deben ser autorizados con las solemnidades legales por competente funcionario. Tampoco se trata de antecedentes que sirvan de sustento o fundamento a actos administrativos, en los términos señalados en el artículo 3º de la Ley Nº 19.880, tal como lo exige el artículo 10 de la Ley de Transparencia.

g) SCL ha remitido al MOP los contratos de subconcesión que suscribe en cumplimiento de las Bases de Licitación, pero ello no les quita a éstos ni a su contenido el carácter de información privada, la que corresponde a información financiera, comercial y económica sensible, que de ser divulgada puede afectar gravemente los derechos del tercero, así como de todos los subconcesionarios involucrados. La circunstancia que la información se encuentre en poder de un órgano de la Administración del Estado no la convierte por ese sólo hecho en información per se pública, ya que los documentos no cambian su naturaleza por el hecho de que los tenga una determinada persona o ente.

h) La información solicitada no es información que se encuentre contenida en un acto administrativo, ni en un expediente administrativo, no correspondiendo tampoco a un contrato o convenio administrativo, caracterizados estos últimos por la presencia de facultades exorbitantes a favor de la administración, sino que se trata de información comercial, contenida en contratos suscritos entre privados, como lo son SCL y sus subconcesionarios.

8) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de 11 de diciembre de 2012, este Consejo requirió al organismo reclamado, a fin de resolver acertadamente el amparo de la especie, remitiera la siguiente información:

a) ¿Cuántos y cuáles son los contratos firmados por el Concesionario Aeropuerto de Santiago y que, actualmente, obran en poder del MOP?

b) Copia de los contratos que obren en poder del Ministerio o, en su defecto, una breve descripción del contenido y materias que contemplan los mismos.

c) ¿Con qué finalidad dichos contratos obran en poder del MOP?

d) Si existe en poder del ministerio alguna nómina que de cuenta de la información contenida en los literales enunciados más arriba.

No obstante lo anterior, a la fecha, el Ministerio de Obras Públicas no ha dado respuesta a la gestión oficiosa, no habiendo remitido a este Consejo los antecedentes requeridos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de acuerdo a lo indicado en el sitio electrónico de Coordinación de Concesiones del MOP (disponible en: http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalleExplotacion.aspx?item=75, consultado el 20.12.2012), consta que mediante D.S. Nº 1.168, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, se adjudicó el contrato de concesión para la “ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago”, al licitante conformado por las sociedades que se indican. Con posterioridad, y en cumplimiento de lo señalado en el punto 1.6.2 de las respectivas Bases de Licitación, éstas conformaron la Sociedad “SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.”, que constituye la sociedad que opera la concesión para la explotación del respectivo terminal aéreo, y que es el tercero que, en la especie, se opuso a la entrega de la información solicitada.

2) Que, tanto en el citado decreto supremo, como en los puntos 1.2.3 y 2.4 de las Bases de Licitación, se detalló la descripción de las obras que deben ejecutarse, a propósito de la concesión, y que, entre otras, incluyen la ampliación del actual edificio terminal internacional de pasajeros, ampliación de la plataforma de estacionamientos y calles de rodaje de aeronaves del terminal de pasajeros, mejoramiento del aérea de estacionamiento de vehículos del terminal de pasajeros, equipamiento aeroportuario, etc. A su vez, el punto 1.9.1 de las Bases de Licitación dispone que “El concesionario podrá iniciar la construcción de aquella parte de las obras que cuente con la aprobación previa del proyecto definitivo correspondiente”, agregando, por su parte, el punto 1.9.6 de las mismas bases que “El Concesionario podrá subcontratar el proyecto de ingeniería y/o el total o parte de la construcción de las obras, la conservación u otros servicios necesarios, siempre que cumpla con lo estipulado en las Bases Técnicas”. En consecuencia, de acuerdo a lo señalado por las Bases de Licitación, la ejecución de las obras que deben cumplirse pueden ser desarrolladas tanto por la sociedad concesionaria de manera directa, o bien a través de un tercero, mediante la respectiva subcontratación para la ejecución de determinadas obras.

3) Que, respecto a la relación que debe existir entre la sociedad concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas, el punto 1.8 de las Bases de Licitación señala que existirá un Inspector Fiscal de la concesión –obligación establecida, a su vez, en el artículo 38 del Reglamento de Concesiones de Obras Públicas–, que será funcionario del MOP, y que estará “encargado de velar directamente por el cumplimiento del Contrato de Concesión”, quien será asesorado por el Inspector Técnico de la Obra y por el Inspector Técnico de la Explotación. Dicho Inspector Fiscal tendrá, en general, “todas las atribuciones y derechos necesarios para hacer cumplir cabal, eficaz y oportunamente el contrato de concesión”. Asimismo, “El Inspector Fiscal determinará el sistema de comunicaciones que utilizará con el concesionario durante la concesión, usando como documento oficial el Libro de Obras y Libro de Explotación de la Obra”, cuyo contenido está determinado por las mismas bases, en sus puntos 1.9.4 y 1.10.7, respectivamente. El primero de ellos “individualizará cada obra a ejecutar, la Sociedad Concesionaria y el Inspector Fiscal (…) En el libro, el Inspector Fiscal y la Sociedad Concesionaria señalarán los hechos más importantes durante el curso de la ejecución de la obra”. Por su parte, el Libro de Explotación de la Obra “se individualizará la obra en concesión, el Concesionario y el Inspector Fiscal (…) comenzará indicando la fecha de inicio del contrato de concesión y continuará señalando los hechos más importantes durante el curso de la explotación, en especial, las observaciones que pudieran merecer la conservación, las sanciones y multas, el cobro de tarifas y en general el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario”.

4) Que, en este mismo sentido, y de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 bis del D.F.L. Nº 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, “Durante la vigencia del contrato de concesión, el Ministerio de Obras Públicas, a objeto de verificar la buena marcha de la concesión y el debido cumplimiento de las obligaciones del concesionario, podrá requerir de éste la entrega de la información de los subcontratos que haya celebrado para la ejecución de la obra y la prestación del servicio”.

5) Que, en el presente caso, ha sido el propio tercero interesado quien ha señalado a este Consejo que la información solicitada obra en poder de la Dirección General de Obras Públicas del MOP, por haber sido entregada directamente por la concesionaria a dicho órgano. En efecto, y si bien en las Bases de Licitación no se establece expresamente la obligación para la concesionario de remitir al MOP los contratos o subcontratos que celebre para la ejecución de la concesión, éstas regulan las relaciones que deben existir entre la sociedad concesionaria y el MOP, creando la figura del Inspector Fiscal, que es un funcionario de dicho organismo, y que está encargado de velar por el adecuado cumplimiento del contrato de concesión. Por lo tanto, si bien es efectivo que la información requerida ha sido generada por privados, ésta ha sido puesta a disposición del Ministerio de Obras Públicas para la verificación de la correcta ejecución de la concesión otorgada al tercero interesado, debiendo el Inspector Fiscal, de la revisión de dichos antecedentes, velar por el correcto cumplimiento del Contrato de Concesión, ya sea directamente por la misma concesionaria, o por un subcontratista de ésta. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5º, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, lo requerido constituiría, en principio, información pública, por tratarse de información que obra en poder de un órgano de la Administración del Estado, precisamente para el cumplimiento de sus fines, salvo que dicha información se encuentre sujeta a las excepciones legales que establezcan su secreto o reserva.

6) Que, en relación con la causal de secreto o reserva alegada, el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia dispone que se podrá denegar el acceso a la información solicitada “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”, agregando, a su vez, el artículo 7º Nº 2 del Reglamento de la Ley de Transparencia que se entenderá por tales derechos “aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés”. Por su parte, según ya ha señalado este Consejo, para verificar la procedencia de dicha causal en un caso concreto, no basta que la información solicitada diga relación con los bienes jurídicos sobre los que éstas versan, sino que además debe concurrir un daño presente, probable y específico para justificar la reserva (así, por ejemplo, decisiones Roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11 y C929-11, entre otras), debiendo acreditarse dicho daño o afectación por quien los alega.

7) Que, en el presente caso, el tercero ha señalado que al constituir lo solicitado pactos, contratos y cláusulas acordadas entre privados, su publicidad afectaría económica y comercialmente a las partes contratantes, al tratarse de información financiera, comercial y económica sensible. Sobre el particular, y a efectos de ponderar la procedencia de la causal de reserva en comento, este Consejo –a partir de la decisión de amparo Rol A114-09– ha determinado los siguientes criterios para verificar si la comunicación e información empresarial afectaría los derechos de carácter económico y comercial de un particular, cuales son: (i) que la información tenga un valor comercial por ser secreta, o sea, que reservarla del conocimiento de terceros proporcione a su titular una ventaja competitiva; (ii) haya sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto; y, (iii) no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza.

8) Que, en la especie, lo solicitado no dice relación específicamente con la copia de los respectivos contratos y subcontratos suscritos por el concesionario del aeropuerto de Santiago, sino sólo con aquella información que ha sido individualizada en la parte expositiva de la presente decisión, la que necesariamente debe constar en cada uno de los contratos que obren en poder del MOP. Por lo tanto, si bien con la entrega de lo requerido se revelarían antecedentes de los contratos suscritos por el tercero interesado en el presente amparo, dicha revelación se limita al conocimiento de elementos que, por sí mismos, no conocen de un valor comercial –como lo serían los antecedentes financieros o comerciales de los contratantes–, por no tratarse de aspectos que develen elementos esenciales de las relaciones comerciales entre el concesionario y el particular que es subcontratado. Por otra parte, la comunicación de estos antecedentes no afectaría la libertad de contratación del concesionario ni del tercero subcontratado, ya que las obras cuya ejecución sea encomendada a un subcontratista debe sujetarse a lo reglado por las bases de licitación respectivas, lo que justifica el acceso y revisión tanto de los contratos como de las obras por parte del Ministerio de Obras Públicas; circunstancias que no variarían –agravando o no las condiciones de contratación– por la sola comunicación a terceros de la información solicitada.

9) Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que lo requerido en el literal e) de la solicitud de información, esto es, tipo de pagos considerados, este Consejo entiende que dicha parte del requerimiento no se refiere a los montos pagados en virtud de cada contrato –de lo contrario, así se hubiera requerido expresamente–, sino que se satisface informando la modalidad de pago establecido en cada uno de los contratos, esto es, si los pagos se deben efectuar de manera mensual, semestral, anual, luego de cumplidas determinadas etapas de ejecución de los mismos, u otra forma distinta de efectuar el pago respectivo.

10) Que, por último cabe señalar que si bien este Consejo ha concluido que “la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un «formato o soporte» determinado, según reza el inciso 2º del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad” (decisión de amparo Rol C533-09), ello no obsta a que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y conforme a la historia fidedigna de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se encuentren amparados por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que implican elaborar documentos o respuesta, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional (decisión de amparo Rol C97-09). En efecto, según se indicó en la precitada decisión, “la supresión (en la historia de la Ley) de la norma que establecía que los órganos de la Administración del Estado no estaban obligados a elaborar información y restringía su obligación a entregar sólo información ya existente no fue una omisión involuntaria del legislador. Por el contrario, la intención del legislador fue eliminar esta restricción lo que permite solicitar a los órganos de la Administración elaborar documentos, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y con un límite financiero: no irrogar al Servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional”. En esos mismos términos, a su vez, este Consejo ha concluido que se encuentran amparados por el derecho de acceso a la información aquellas solicitudes que impliquen informar, afirmativa o negativamente, “si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado” (decisión de amparo Rol C539-10 y decisión de amparo Rol C603-09 y C16-10).

11) Que, por lo tanto, en aplicación del criterio expuesto en el considerando precedente, y teniendo en consideración, además, que pese a las gestiones oficiosas descritas en la parte expositiva de la presente decisión, el MOP no expuso antecedente alguno que permita concluir que la cantidad de contratos que dicho órgano posea, y en los cuales obre la información requerida, sea de un volumen cuya revisión genere un costo excesivo o un gasto no previsto para el organismo, se acogerá el presente amparo, requiriéndole al MOP que haga entrega al solicitante de una nómina en la cual individualice los contratos que obren en su poder, firmados por la Sociedad “SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.”, y que contenga aquellos datos mencionados en la solicitud de acceso que originó el presente amparo o, que en su defecto, señale expresamente no poseer alguno de dichos antecedentes.

12) Que, a mayor abundamiento, en el presente caso concurre un interés público en la publicidad de la información solicitada, por cuanto su conocimiento permite ejercer un adecuado control social respecto de la correcta ejecución de obras públicas que un órgano de la Administración del Estado ha encargado a terceros, a través del respectivo contrato de concesión, y éstos han delegado vía subcontratos. En efecto, y encontrándose autorizado el concesionario, por las respectivas Bases de Licitación, para subcontratar la ejecución de todo o parte de las obras, la publicidad de información como la solicitada, permite conocer la manera en qué se están desarrollando determinadas obras en los bienes públicos que se entregaron en concesión por parte de la administración.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don José Soto Bueno, en contra del Ministerio de Obras Públicas, por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de Obras Públicas:

a) Entregue a la solicitante una nómina en la cual individualice los contratos que obren en su poder, celebrados por la Sociedad “SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.”, y que contenga aquellos datos mencionados en la solicitud de acceso que originó el presente amparo, teniendo presente lo mencionado en el considerando 9º de la presente decisión, respecto de lo requerido en el literal e) de la solicitud de información, como también lo indicado en el considerando 11º.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Soto Bueno y al Sr. Director General de Obras Públicas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que no concurre al presente acuerdo la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, por no asistir a la presente sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.