logo
 

Pablo Orellana Quiroz con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C2607-21

Consejo para la Transparencia, 09/08/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a la entrega de informe técnico que indica, elaborado por la Jefatura Nacional Antinarcóticos y los antecedentes que le sirvieron de fundamento, respecto de la autorización para el cultivo de cannabis. Lo anterior, por tratarse de información referida a personas ajenas al órgano, cuya tramitación se encontraba pendiente a la época de la solicitud, lo que no ha permitido la creación, modificación o extinción de derechos de los terceros, y que por ello, no obstante tratarse de documentación que obra en poder del órgano, no se encuentra sujeta a las reglas de publicidad de los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2607-21

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Requirente: Pablo Orellana Quiroz.

Ingreso Consejo: 13.04.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a la entrega de informe técnico que indica, elaborado por la Jefatura Nacional Antinarcóticos y los antecedentes que le sirvieron de fundamento, respecto de la autorización para el cultivo de cannabis.

Lo anterior, por tratarse de información referida a personas ajenas al órgano, cuya tramitación se encontraba pendiente a la época de la solicitud, lo que no ha permitido la creación, modificación o extinción de derechos de los terceros, y que por ello, no obstante tratarse de documentación que obra en poder del órgano, no se encuentra sujeta a las reglas de publicidad de los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia.

Aplica criterio contenido en la decisión del amparo rol C1554-18.

En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2607-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de marzo de 2021, don Pablo Orellana Quiroz requirió a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante e indistintamente la PDI, lo siguiente: "Mi nombre es Pablo Orellana Q., Asesor Jurídico de empresa Old Road Industries SpA, RUT: 77.151.098-1, la cual se encuentra en proceso de solicitud pendiente de conclusión para obtener autorización de parte de SAG Valparaíso, oficina de Quillota, en virtud de la situación descrita en el artículo 9° de la Ley N° 20.000. En este contexto, PDI de Valparaíso ha elaborado y evacuado informe reservado n°07 de 13 de enero de 2021, en relación a oficio ordinario n°1457 de parte de la Intendencia Regional de Valparaíso. En dicho informe se hace mención superficial a otro elaborado por Jefatura Nacional Antinarcóticos y Crimen Organizado. En conclusión, les solicito enviar el informe elaborado por la Jefatura Nacional Antinarcóticos y los antecedentes que sirven de fundamento, así como cualquier otra información relacionada directa o indirectamente con la conformación y pronunciamiento del informe en cuestión. Lo anterior, con el objeto de conocer efectivamente el pronunciamiento de la unidad especializada y los antecedentes que sirven de fundamento para ello, situación que nos permitirá como empresa aplicante a la autorización ante SAG Valparaíso, compartir y acompañar antecedentes que aclaren la situación de incerteza, permitiendo conclusión al proceso de aplicación iniciado en Junio de 2020. Se adjunta y envían documentos mencionados en el cuerpo de la solicitud, los cuales sirven de referencia para la misma. En virtud de la urgencia sobre la materia, agradezco una pronta respuesta".

2) RESPUESTA: Mediante Carta de fecha 1 de abril de 2021, la PDI respondió el requerimiento, acompañando copia de Informe Técnico-Jurídico de fecha 18 de diciembre de 2020, del Área Jurídica de la Plana Mayor de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado.

3) AMPARO: El 13 de abril de 2021, don Pablo Orellana Quiroz, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Asimismo, alegó que "En su respuesta, PDI nos envía un informe técnico-jurídico, dentro del cual se menciona una serie de documentos. Uno de los documentos que se menciona es la Minuta (R) n°32, de fecha 03. Dic. 020, del INFORMACIÓN CENSURADA de la jefatura Nacional Antinarcóticos y Crimen Organizado. Otro de interés, es la Minuta (R) n°33 de 09 DIC.020, del Departamento de Sustancias Químicas Controladas. PDI responde de manera insatisfactoria. No sólo omite enviar el informe solicitado, sino que, en su lugar, envía una opinión jurídica basada en la opinión técnico-química de otra institución, mencionando si quiera someramente el informe n°32, objeto real y principal de la solicitud presentada por esta parte. El informe se pide esperando encontrar la razón jurídica sobre la cual PDI justifica rechazar nuestro proyecto, actuando más allá de sus facultades legales y sin presentar antecedentes que justifiquen su opinión basado en preceptos legales y el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia. En conclusión, creemos que PDI está actuando de manera arbitraria, agravando los perjuicios con este retraso".

Acto seguido, reclamó que "Se limitan a proporcionar información parcial, imprecisa e impertinente. Además, parte de esta información está censurada o tarjada, lo cual impide su lectura. No se advierten razones para esta censura, división o tarjado de la información. En el caso de que se trate de información sensible o privada con efecto sobre terceros, argumentar de esta manera no tendría sentido en la situación concreta. La información tarjada corresponde a supuestos antecedentes policiales de don (...), quien es la misma persona que aplica ante SAG por el proyecto en cuestión. Es decir, la información censurada corresponde o es de propiedad de la misma persona que está siendo objeto de evaluación y pide acceso a la información que justifica el rechazo a su evaluación. La negativa de este acceso a esta información impide que el proceso administrativo pueda avanzar a una etapa resolutiva, perjudicando el proyecto industrial de la misma persona que es dueña o administradora de la información negada. Lo más grave es que la censura de la información ni siquiera se produjo después de aplicar el proceso correspondiente de notificación y consulta a la parte dueña o posible afectada de la información, como manda la ley respectiva. En definitiva, se observa una serie de incumplimientos legales, tanto en la forma como en el fondo, lo cual produce que todas en su conjunto resulten en un incumplimiento grave del ordenamiento jurídico sobre la materia".

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E9199, de fecha 26 de abril de 2021, confirió traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) refiérase a las alegaciones señaladas por el requirente en su amparo, respecto a que la información entregada no corresponde a lo solicitado; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información solicitada ni causal de reserva aplicable, remita la misma a la parte reclamante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

Mediante correos electrónicos de fecha 11 y 14 de mayo de 2021, la PDI solicitó prórroga del plazo otorgado para presentar sus observaciones, lo que fue aceptado por este Consejo con fecha 14 de mayo.

Posteriormente, por medio de Ord. N° 366, de fecha 19 de mayo de 2021, el órgano evacuó sus descargos. Sin perjuicio de lo anterior, y dado que el escrito presentado por la institución venía incompleto, este Consejo solicitó a la PDI complementar sus descargos, remitiendo copia íntegra del Ord. N° 366, lo que se efectuó por medio de correo electrónico de fecha 25 de mayo de 2021. En el aludido oficio, la institución policial manifestó que "el informe técnico jurídico entregado corresponde al documento confeccionado por el área jurídica de la Plana Mayor de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, de fecha 18.DIC.020, para dar respuesta a la autoridad competente, siendo el documento que solicitó el reclamante, emitido en estos casos, desde esta institución, para efectos de dar cumplimiento al artículo 9 de la ley N° 20.000".

Acto seguido, agregó que "el informe técnico jurídico contiene los antecedentes requeridos por la Autoridad. De igual forma, se hace mención que las minutas reservadas Nros. 32 y 33, de fechas 03.DIC.020 y 09.DIC.020, respectivamente, que allí se indican, fueron consideradas como apoyo técnico para fundamentar y confeccionar dicho informe (...) no existe en la especie, secreto o reserva respecto de la información solicitada por don Pablo Orellana Quiroz, no resultando aplicable lo preceptuado en el artículo 21 de la ley 20.285 (...) No obstante lo anterior, en lo que respecta a los antecedentes fundantes del referido informe técnico, se encuentran además la Minuta Reservada N° 32, del Departamento de Inteligencia Antinarcóticos y la Minuta Reservada N° 33 del Departamento de Investigación de Sustancias Químicas Controladas, documentos que contienen datos personales (...) como también información de inteligencia, lo cual podría configurar una causal de secreto o reserva, considerando que comprende el procesamiento de información relacionada con actividades de personas u organizaciones que pudiesen afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior", adjuntando copia de las mencionadas minutas reservadas para revisión de este Consejo, y del informe técnico jurídico.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la información entregada por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, no corresponde a la solicitada. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia del informe que indica, elaborado por la Jefatura Nacional Antinarcóticos y los antecedentes que le sirvieron de fundamento. Al respecto, en su respuesta, el órgano entregó copia del informe técnico jurídico sobre la materia. Sin perjuicio de lo anterior, en su amparo, el reclamante señaló que no se hizo entrega de los antecedentes que sirvieron de fundamento al informe, en particular, las Minutas N° 32 y 33, y que el informe entregado no correspondería al requerido, y que ha sido tarjado.

2) Que, con relación al informe solicitado, cabe tener presente que la PDI entregó copia del "Informe Técnico-Jurídico", de 18 de diciembre de 2020, elaborado por el Área Jurídica Plana Mayor JENANCO. Luego, respecto de las Minutas N° 32 y N° 33 mencionadas en el aludido informe, con ocasión de sus descargos, el órgano denegó su entrega indicando que contienen datos personales y sensible, como también información de inteligencia, y señalando someramente que su publicidad podría afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior.

3) Que, no obstante lo anterior, a modo de contexto, el inciso primero del artículo 1 de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, prescribe que: "Los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización, serán castigados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales". Asimismo, el artículo 8 de la citada ley establece que para sembrar, plantar, cultivar o cosechar especies vegetales del género cannabis se debe contar con la debida autorización. Así, el artículo 9 de esta ley prescribe que aquella será otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero, cuyo procedimiento se encuentra detallado en el decreto supremo N° 867, de 2007, de Interior, que aprueba el Reglamento de la ley N° 20.000.

4) Que, en este orden de ideas, el artículo 6 del D.S. N° 867 señala que para obtener la autorización en cuestión, los interesados deberán presentar una solicitud en la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero respectiva, la que según lo establecido en el artículo 7, deberá contener la siguiente información: a) La completa individualización del solicitante, esto es, nombres y apellidos, nacionalidad, estado civil, profesión o actividad, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, número de la cédula de identidad y del Rol Único Tributario, si fuere distinto a aquélla; b) Ubicación y denominación del predio, si la tuviere; superficie y deslindes del mismo; rol de avalúo para el pago de contribuciones territoriales; inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces; c) Exacta ubicación del terreno y superficie en que se proyecta efectuar el cultivo; d) Fecha en que se efectuará la siembra; género, especie y variedad del cultivo; cantidad del material de reproducción que se propone emplear y proveedor del mismo; período y cantidad estimados de cosecha; y, e) Destino que se pretende dar al producto cosechado y antecedentes del contrato respectivo, si ya se hubiere celebrado.

5) Que, así las cosas, conforme a lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1554-18, atendido que la solicitud de autorización se encuentra pendiente por parte del SAG Valparaíso, conforme a lo manifestado por el requirente, y por ende, respecto de los interesados, no se han generado obligaciones o deberes que tuvieran por finalidad crear, extinguir o modificar derechos de aquellos, esta información, no obstante obrar en poder del órgano no se encuentra sujeta a las reglas de publicidad de los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, cabe señalar que el punto 1.7, relativo a "Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros", de la Instrucción General N° 11 sobre Transparencia Activa, de este Consejo, dispone, respecto de la publicidad de estos actos que: "...deberán publicarse todos aquellos decretos, resoluciones, acuerdos de órganos administrativos pluripersonales- o los actos que los lleven a efecto- u otro tipo de actos administrativos emanados de la respectiva autoridad que afecten los intereses de terceros, les impongan obligaciones o deberes de conducta o tuvieran por finalidad crear, extinguir o modificar derechos de éstos, en la medida que dichos terceros sean personas naturales o jurídicas, ajenos al servicio u organismo que los dicta".

6) Que, por su parte, y a mayor abundamiento, tal como se señala en la normativa citada precedentemente, específicamente en el considerando 4), los antecedentes que deben acompañar los interesados para obtener la autorización para el cultivo del vegetal del género cannabis, dice relación con datos personales y antecedentes de carácter particular de los terceros, como son su completa individualización, ubicación de sus predios, además de los proveedores del producto y destino que se dará al cultivo. En tal sentido, analizadas las solicitudes tenidas a la vista, se constata que éstas tienen finalidades medicinales o personales, lo cual se enmarca en el ámbito de sus vidas privadas. Asimismo, habiendo tenido a la vista las minutas reclamadas, vale tener en consideración que dichos documentos contienen gran cantidad de datos personales y sensibles, tanto del solicitante de autorización como de diversos terceros, incluyendo antecedentes comerciales, financieros y penales.

7) Que, en consecuencia, en virtud de la atribución establecida en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, en tanto se trata de antecedentes que contienen datos personales y sensibles, cuya tramitación se encontraba pendiente a la época de la solicitud, lo que no ha permitido la creación, modificación o extinción de derechos de estos terceros, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

8) Que, atendido lo resuelto, este Consejo no se pronunciará respecto de las demás alegaciones, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Pablo Orellana Quiroz en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Orellana Quiroz y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.