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Jessica Villalobos Saldivia con SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Rol: C3706-21

Consejo para la Transparencia, 09/08/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, requiriendo se entregue información respecto a una denuncia anónima que fue realizada a través del programa Denuncia Seguro, específicamente si fue iniciado un sumario sanitario y si fue cursada una multa a los participantes de la reunión y los montos de dichas multas, respecto a situación que describe, tarjando los datos personales de contexto que puedan contener. Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se ha acreditado su entrega, ni se invocó causales de secreto o reserva que ponderar. No obstante lo anterior, en el evento que ella, en todo o parte, no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. A su vez, se derivará de oficio el presente requerimiento a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, por advertirse que las materias requeridas se circunscriben dentro de su ámbito competencial.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3706-21

Entidad pública: Subsecretaría de Prevención del Delito

Requirente: Jessica Villalobos Saldivia

Ingreso Consejo: 19.05.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, requiriendo se entregue información respecto a una denuncia anónima que fue realizada a través del programa Denuncia Seguro, específicamente si fue iniciado un sumario sanitario y si fue cursada una multa a los participantes de la reunión y los montos de dichas multas, respecto a situación que describe, tarjando los datos personales de contexto que puedan contener.

Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se ha acreditado su entrega, ni se invocó causales de secreto o reserva que ponderar.

No obstante lo anterior, en el evento que ella, en todo o parte, no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

A su vez, se derivará de oficio el presente requerimiento a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, por advertirse que las materias requeridas se circunscriben dentro de su ámbito competencial.

En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3706-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de abril de 2021, doña Jessica Villalobos Saldivia solicitó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, respecto de una denuncia anónima realizada a través del programa Denuncia Seguro que detalla, "si fue iniciado un sumario sanitario y si fue cursada una multa a los participantes de esta Reunión y los montos de dichas multas".

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 19 de mayo de 2021, doña Jessica Villalobos Saldivia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Atendido que este no cumplió con lo pedido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el procedimiento.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Prevención del Delito, mediante N° E14211, de fecha 2 de julio de 2021, solicitándole que: (1°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

Por medio de correo electrónico de fecha 22 de julio de 2021, se otorgó un plazo extraordinario para presentar sus descargos y observaciones. Sin embargo, a la fecha de esta decisión, este Consejo no recibió presentación alguna del órgano reclamado en tal sentido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la ausencia de respuesta a la solicitud de acceso en el plazo legal establecido para ello - 20 días hábiles-. De los antecedentes tenidos a la vista consta que el requerimiento objeto de esta reclamación no fue contestado dentro del término legal, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al Principio de Oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo normativo. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción.

2) Que, respecto a la publicidad de lo pedido, cabe tener presente que, el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público" salvo que se encuentre sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, tratándose de información de naturaleza pública, respecto de la cual, la Subsecretaría no alegó su inexistencia, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto que justifique su denegación, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se requerirá su entrega, tarjando, previamente, aquellos datos personales de contexto incorporados en ella, como por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la misma Ley. No obstante lo anterior, en el evento que ella, en todo o en parte, no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

4) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, sobre la materias consultadas, resulta útil tener presente que el decreto supremo N° 136, de 2004, de Salud, que fija el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, dispone en su artículo 35 que: "En su calidad de autoridad sanitaria, en las materias que se le asignan a su competencia en el artículo 5° del Código Sanitario, corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial la fiscalización de las disposiciones contenidas en dicho Código, sus leyes, reglamentos y normas complementarias, para lo cual contará con las atribuciones de vigilancia, inspección y demás que se contemplan al efecto, incluyendo la aplicación de las sanciones sanitarias que procedan, previa instrucción del procedimiento sumarial pertinente". En complementación de lo anterior, el artículo 43 del cuerpo legal previamente citado, dispone que: "A la dependencia encargada de la función de acción sanitaria le corresponderá el ejercicio de la función de fiscalización sanitaria que la ley y, en especial el Código Sanitario y sus leyes y reglamentos complementarios, le encomienda a la Secretaría Regional Ministerial, constituida como autoridad sanitaria, en el orden de la protección del ambiente, del control de las profesiones médicas y paramédicas, así como de los establecimientos asistenciales y de las actividades del área farmacéutica, entre otras, dentro del territorio de competencia regional".

5) Que, de la revisión del marco jurídico aplicable, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos es competente y se encuentra en posición jurídica para pronunciarse sobre las materias requeridas. Por tal motivo, este Consejo procederá a derivar esta solicitud al referido organismo, en virtud de los Principios de Máxima Divulgación y Facilitación, consagrados respectivamente, en el artículo 11 letras d) y f), de la Ley de Transparencia, a fin de que éste se pronuncie sobre el requerimiento de especie.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Jessica Villalobos Saldivia en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Prevención del Delito, lo siguiente:

a) Entregue a la peticionaria información respecto a una denuncia anónima que fue realizada a través del programa Denuncia Seguro, específicamente "si fue iniciado un sumario sanitario y si fue cursada una multa a los participantes de esta Reunión y los montos de dichas multas", respecto a situación que describe. Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en ella.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, lo siguiente:

a) Derivar el presente requerimiento a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, en virtud de los Principios de Máxima Divulgación y Facilitación, consagrados respectivamente, en el artículo 11 letras d) y f), de la Ley de Transparencia, a fin de que éste se pronuncie de acuerdo a sus competencias.

b) Notificar la presente decisión a doña Jessica Villalobos Saldivia y a la Sra. Subsecretaria de Prevención del Delito.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.