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Soledad Luttino con Rol: C4209-21

Consejo para la Transparencia, 09/08/2021

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenándose la entrega de la siguiente información: parte del numeral 1 de la solicitud; parte del numeral 2 de la solicitud; numeral 3 de la solicitud; (iv) numeral 4 de la solicitud; (v) numeral 5 de la solicitud; (vi) numeral 7 de la solicitud; y numeral 8 de la solicitud; cuyo detalle se contiene en la presente decisión. Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano admitió obrar en su poder y no concurrir ninguna causal constitucional o legal de secreto o reserva. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que se pudieran contener en la información que se deba entregar, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Rechazar el amparo en lo referido a parte de la información parte solicitada en los numerales 1 y 2 de la solicitud, referidos a la solicitud de copias de los documentos mencionados en tales numerales. Rechazar el amparo en lo referido a lo solicitado en el numeral 6 de la solicitud, al proporcionarse la fuente desde dónde obtener la información requerida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4209-21

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Soledad Luttino

Ingreso Consejo: 06.06.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenándose la entrega de la siguiente información: parte del numeral 1 de la solicitud; parte del numeral 2 de la solicitud; numeral 3 de la solicitud; (iv) numeral 4 de la solicitud; (v) numeral 5 de la solicitud; (vi) numeral 7 de la solicitud; y numeral 8 de la solicitud; cuyo detalle se contiene en la presente decisión.

Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano admitió obrar en su poder y no concurrir ninguna causal constitucional o legal de secreto o reserva.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que se pudieran contener en la información que se deba entregar, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

Rechazar el amparo en lo referido a parte de la información parte solicitada en los numerales 1 y 2 de la solicitud, referidos a la solicitud de copias de los documentos mencionados en tales numerales.

Rechazar el amparo en lo referido a lo solicitado en el numeral 6 de la solicitud, al proporcionarse la fuente desde dónde obtener la información requerida.

Se aplican los criterios adoptados en las decisiones de amparo roles C5772-20; C6026-20; C7029-20 y C7983-20.

En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4209-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de mayo de 2021, doña Soledad Luttino solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile la siguiente información:

"Respecto a la acción judicial que se ejercerá contra funcionarios de este servicio por negligencia inexcusable en la persecución de delitos, vengo a solicitar de la BICRIM DE calama, en el contexto de la denuncia RUC Ruc N° 1901170660-9, solicito:

1.- Copia de la solicitud N° 180 del 22 Septiembre del 2020, donde Camila Niño, solicita tomar declaración a la suscrita en calidad de víctima. Funcionario que la recepciona con la copia del medio de envio y funcionario que la tramita. De no haberse tramitado señale los fundamentos .

1.- Copia de solicitud de 07 Octubre del 2020, de Camila Niño (BICRIM Santiago ), reitera solicitud tomar declaración.

Funcionario que la recepciona con la copia del medio de envio y funcionario que lo tramita. De no haberse tramitado señale los fundamentos.

3.- Forma que se tramita solicitud de Septiembre del 2020 y funcionario que lo tramita

4.- Forma que se tramita la solicitud de Octubre del 2020 y funcionario que lo tramita.

5.- Procedimiento como se tramita las solicitudes entre BICRIM del pais ( en este caso SantiagoCalama ) y plazos de tramitación.

6.- Señale procedimiento, como se incicia, tramita y finaliza una investigación.

7.- Señale en que momento de una investigación panal, se toma contacto o declaración con la víctima

8.- Señale si Claudio Rojo caquisane, sigue en el cuartel de la ciudad, por la responsabilidad penal que le asiste al participar de varias irregularidades." (sic)

2) RESPUESTA: Mediante documento de fecha 31 de mayo de 2021, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) "Respecto a sus consultas de los numerales 1 al 5, en el ámbito de la causa RUC por usted señalada, es de competencia del Ministerio Público. En razón a ello, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 13 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se procede a derivar su solicitud al estamento competente, mediante Oficio N° 336, de fecha 10.MAY.021, con la finalidad que el citado órgano de respuesta a su requerimiento de estimarlo pertinente.". (sic)

b) "En cuanto a sus numerales 6 y 7, el artículo 172 y siguientes pertinentes del Código Procesal Penal, se encuentra descrito el procedimiento.". (sic)

3) AMPARO: El 06 de junio de 2021, doña Soledad Luttino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que "la información entregada no corresponde a la solicitada: Se niga a transparentar acto adminsitrativo." (sic).

Agrega lo siguiente:

"1.- Negación de entregar información de procedimientos administrativos, del punto 1 al 4.

2.- Negación de transparentar procedimiento de tramitación punto 5 que dice textual:

3.- Procedimiento como se tramita las solicitudes entre BICRIM del pais ( en este caso Santiago- Calama ) y plazos de tramitación. En forma irregular y vulnerando la ley de transparencia, señala que es el Ministerio Público que debe dar respuesta.

4.- Negación de dar respuesta en los puntos 6 y 7, a lo que se solicita que señala textual: 6.- Señale procedimiento, como se incicia, tramita y finaliza una investigación. 7.- Señale en que momento de una investigación panal, se toma contacto o declaración con la víctima .

En desmedro en forma irregular entrega la siguiente información textual: En cuanto a los numerales 6 y 7, el articulo 172y siguientes pertinentes del código procesal penal, se encuentra descrito el procedimiento.

Pues bien procedo a copiar textual los articular aludidos que no dan cuenta de lo solicitado y la expresión siguientes es amplia ya que siguiente hasta e art. 485, además no es carga del solicitante buscar la respuesta peticionada a un reclamado y el art. 7 aludido se refiere a imputados y no víctimas:

Artículo 6°.- Protección de la víctima. El ministerio público estará obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el tribunal garantizará conforme a la ley la vigencia de sus derechos durante el procedimiento.

El fiscal deberá promover durante el cursLEY 19789

Art. único N° 1

D.O. 30.01.2002o del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Este deber no importará el ejercicio de las acciones civiles que pudieren corresponderle a la víctima.

Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir.

Artículo 7°.- Calidad de imputado. Las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia.

Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible.

Artículo 172.- Formas de inicio. La investigación de un hecho que revistiere caracteres de delito podrá iniciarse de oficio por el ministerio público, por denuncia o por querella." (sic)

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E13406, de fecha 22 de junio de 2021, solicitándole que: (1°) refiérase a los motivos por los cuales procedió a derivar parcialmente la solicitud de información al Ministerio Público; (2°) aclare si lo solicitado, obra en su poder constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) refiérase a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y (5°) refiérase a las alegaciones planteadas por la reclamante respecto a la respuesta entregada a las consultas 6 y 7 del requerimiento de información.

Mediante Oficio Ordinario N° 446, de fecha 7 de julio de 2021, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos:

(a) Se derivó parcialmente la solicitud de información en lo referido a lo requerido en los numerales 1 a 5, ambos inclusive, por tratarse de antecedentes que forman parte de la investigación penal desarrollada por el Ministerio Público, RUC N° 1901170660-9, mediante Oficio Ordinario N° 336, de fecha 10 de mayo de 2021.

(b) Respecto de los requerimientos de información de los numerales 6 y 7 de la solicitud se señaló que las respuestas se encuentran en el artículo 172 y siguientes del Código Procesal Penal, en los que se señala el inicio del procedimiento penal.

(c) La información se entregó sin que existan causales constitucionales o legales de reserva o secreta al respecto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por la peticionaria, referidos a la entrega de la siguiente información:

1.- Copia de la solicitud N° 180, de 22 septiembre de 2020, en la que doña Camila Niño, solicita tomar declaración a la recurrente en calidad de víctima. Funcionario que la recepciona con la copia del medio de envío y funcionario que la tramita. De no haberse tramitado señale los fundamentos .

2.- Copia de solicitud de 07 octubre de 2020, de Camila Niño (BICRIM Santiago ), en que esta reitera la solicitud de tomar declaración a la recurrente. Funcionario que la recepciona, con la copia del medio de envío y funcionario que lo tramita. De no haberse tramitado señale los fundamentos.

3.- Forma que se tramita solicitud de septiembre de 2020 y funcionario que la tramita

4.- Forma que se tramita la solicitud de octubre de 2020 y funcionario que la tramita.

5.- Procedimiento sobre cómo se tramita las solicitudes entre BICRIM del país (en este caso Santiago-Calama ) y plazos de tramitación.

6.- Procedimiento sobre cómo se inicia, tramita y finaliza una investigación.

7.- En qué momento de una investigación penal se toma contacto o declaración con la víctima

8.- Se señale si Claudio Rojo Caquisane sigue en el cuartel de la ciudad, por la responsabilidad penal que le asiste al participar de varias irregularidades.

2) Que, cabe tener presente que, de acuerdo con los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)". En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que "toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)".

3) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia.

4) Que, respecto de lo requerido en los numerales 1) a 5) de la solicitud de acceso a la información, el órgano recurrido, en ejercicio de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, derivó la solicitud al Ministerio Público por interpretar que lo solicitado dice relación con la investigación penal que desarrolla dicho Ente Persecutor en la causa RUC N° 1901170660-9, lo que realizó mediante Oficio Ordinario N° 336, de fecha 10 de mayo de 2021.

5) Que, no obstante la derivación realizada por el órgano recurrido al Ministerio Público, según lo indicado en el considerando precedente, de la lectura de los numerales 1) a 5), ambos inclusive, de la solicitud de acceso a la información, es posible advertir que parte de la información solicitada por la recurrente en esos numerales no se vincula estrictamente con los hechos que son materia de la investigación requerida, sino, más bien, se refiere a información referida a la tramitación que el órgano recurrido otorgó a ciertos antecedentes una vez que los recibió, es decir, se consultó sobre cuál fue el procedimiento que se le dio internamente a ciertos antecedentes una vez que ingresaron al órgano recurrido, lo que no dice relación con la investigación penal propiamente tal que desarrolla el Ministerio Público, ni cuya divulgación pueda afectar la investigación penal que se desarrolla, a saber:

1.- Identificación del funcionario que recepcionó la solicitud N° 180, de 22 septiembre de 2020, en la que doña Camila Niño, solicita tomar declaración a la recurrente en calidad de víctima. En caso de no haberse tramitado esa solicitud, señalar los fundamentos para no tramitarla,

2.- Identificación del funcionario del BICRIM de Santiago que recepcionó la solicitud de de doña Camiña Niño, de fecha 07 octubre de 2020, en que reitera la solicitud de tomar declaración a la recurrente; así como, identificación del funcionario que tramitó dicha solicitud. En caso de no haberse tramitado esa solicitud, señalar los fundamentos para no tramitarla.

3.- Procedimiento interno (forma) conforme al cual se tramita la solicitud N° 180, de 22 septiembre de 2020, antes mencionada, e identificación del funcionario que la tramitó.

4.- Procedimiento interno (forma) conforme al cual se tramita la solicitud de fecha 07 de octubre de 2020, de doña Camila Niño; e identificación del funcionario que la tramitó.

5.- Procedimiento interno sobre cómo se tramitan las solicitudes entre distintas unidades de la BICRIM del país, para el caso, entre las unidades de Santiago y Calama; y plazos de tramitación.

La información antes indicada, tal como se señala, no se refiere a antecedentes que estén vinculados con los hechos materia de la investigación penal aludida, ni con la forma en que ocurrieron esos hechos, ni con la atribución de participaciones o imputaciones en tales hechos en alguna de las calidades que señala el ordenamiento jurídico a personas determinadas sean como autores, cómplices, encubridores, víctimas, testigos, entre otras, sino, tan solo, referida a procedimientos e identificación de funcionarios públicos que recepcionaron y tramitaron ciertos antecedentes; por lo que no se advierte de qué manera la divulgación de esta información a la recurrente puede afectar el desarrollo de dicha investigación penal. Por lo demás, tampoco el órgano recurrido señaló de qué modo se podría afectar el desarrollo de esa investigación penal al entregar la información requerida por la recurrente. Por el contrario, el órgano reconoció que esa información obraba en su poder y a cuyo respecto no concurría ninguna causal constitucional o legal de reserva.

A mayor abundamiento, en cuanto a la identificación de funcionarios que se señalan, cabe tener presente que, dicha información es pública, toda vez que, en virtud del artículo 17° de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado: "Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos".

6) Que, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, cabe advertir que entre la información requerida en los numerales 1) a 5), ambos inclusive, hay alguna que si se refiere a antecedentes propiamente de la investigación penal ya aludida, como lo es, la consistente en la copia de la solicitud N° 180, de 22 de septiembre de 2020, y la copia de la solicitud de fecha 07 de octubre de 2020, ambas realizadas por doña Camila Niño ante funcionarios del órgano recurrido, cuyo contenido se refiere directamente a hechos o solicitudes vinculadas con estos, de manera que la derivación que el órgano realizó respecto de esta información al órgano recurrido se encuentra ajustado a lo que este Consejo ha señalado al respecto. En efecto, en la decisión recaída en el amparo rol C8104-20 se señaló, en lo que interesa, que tratándose de investigaciones penales estas se encuentran radicadas en el Ministerio Público por lo que "(...) rige lo dispuesto por el artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece el secreto de las actuaciones de investigación contenidas con el expediente investigativo que obra en poder del Ministerio Público, que impide la entrega de información (...)". Por consiguiente, siendo las copias de las solicitudes antes indicadas piezas de una investigación que desarrolla el Ministerio Público, estas se encuentran cubiertas por lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, es decir, son secretas, de manera que solo dicho órgano constitucional autónomo está en condiciones de analizar la solicitud de la recurrente y pronunciarse al respecto.

7) Que, en lo que se refiere a la información contenida en los numerales 6) y 7) de la solicitud, el órgano recurrido respondió señalando que dicha información se encontraba en los artículos y siguientes del Código Procesal Penal, en los que se señala el inicio del procedimiento penal, por lo que la recurrente debía remitirse a dicho cuerpo legal. Sin embargo, en tales numerales de la solicitud de acceso se pide: 6.- Procedimiento sobre cómo se inicia, tramita y finaliza una investigación; y 7.- En qué momento de una investigación penal se toma contacto o declaración con la víctima. De manera que la respuesta del órgano recurrido solo es pertinente respecto de lo consultado en el numeral 6 de la solicitud, más no resulta pertinente en cuanto a lo requerido en el numeral 7, ya que, en este último se consulta en qué momento de una investigación penal se toma declaración a un testigo, lo que no encuentra respuesta en dicho articulado, toda vez que en este solo se regulan aspectos como citación, comparecencia, derechos y deberes; de manera que, atendido que conforme al artículo 4° del DL N° 2.460 Orgánica de la Policía de Investigaciones, que señala que la misión fundamental del órgano recurrido es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales, este deberá informar a la recurrente en qué momento toma declaraciones a testigos en el contexto de una investigación penal que lleva a cabo el Ministerio Público.

8) Que, en cuanto a la información contenida en el numeral 8) de la solicitud de acceso, se advierte que el órgano recurrido no dio respuesta a la recurrente, ni invocó para justificar la falta de respuesta ninguna causal constitucional o legal de secreto o reserva, por el contrario, tal como se señaló, el órgano recurrido en sus descargos señaló que no procedía respecto de lo requerido por la recurrente ninguna causal de reserva o secreto. En consecuencia, se accederá a lo solicitado por la recurrente en dicho numeral 8), esto es, señalar si don Claudio Rojo Caquisane -a la fecha de la solicitud de acceso a la información- seguía en el cuartel de la BICRIM del órgano recurrido de la ciudad de Calama.

9) Que, con respecto a la información que se ordena entregar, en virtud del principio de divisibilidad contenido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, el correo electrónico particular, entre otros, en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2 y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Soledad Luttino en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente:

a) Entregue a la reclamante la información que se pasa a señalar:

(i) Identificación del funcionario que recepcionó la solicitud N° 180, de 22 septiembre de 2020, en la que doña Camila Niño, solicita tomar declaración a la recurrente en calidad de víctima. En caso de no haberse tramitado esa solicitud, señalar los fundamentos para no tramitarla (parte del numeral 1 de la solicitud).

(ii) Identificación del funcionario del BICRIM de Santiago que recepcionó la solicitud de de doña Camiña Niño, de fecha 07 octubre de 2020, en que reitera la solicitud de tomar declaración a la recurrente; así como, identificación del funcionario que tramitó dicha solicitud. En caso de no haberse tramitado esa solicitud, señalar los fundamentos para no tramitarla (parte del numeral 2 de la solicitud).

(iii) Procedimiento interno (forma) conforme al cual se tramita la solicitud N° 180, de 22 septiembre de 2020, antes mencionada, e identificación del funcionario que la tramitó (numeral 3 de la solicitud).

(iv) Procedimiento interno (forma) conforme al cual se tramita la solicitud de fecha 07 de octubre de 2020, de doña Camila Niño; e identificación del funcionario que la tramitó (numeral 4 de la solicitud).

(v) Procedimiento interno sobre cómo se tramitan las solicitudes entre distintas unidades de la BICRIM del país, para el caso, entre las unidades de Santiago y Calama; y plazos de tramitación (numeral 5 de la solicitud).

(vi) Señalar en qué momento de una investigación penal se toma contacto o declaración con una víctima en una investigación penal (numeral 7 de la solicitud).

(vii) Señalar si don Claudio Rojo Caquisane -a la fecha de la solicitud de acceso a la información- seguía en el cuartel de la BICRIM del órgano recurrido de la ciudad de Calama (numeral 8 de la solicitud).

Asimismo, en virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, el correo electrónico particular, entre otros, en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2 y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el presente amparo, por las razones indicadas, en lo referido a:

a) Copia de la solicitud N° 180, de 22 de septiembre de 2020, realizada por doña Camila Niño ante funcionarios del órgano recurrido, por las razones expuestas con anterioridad (parte del numeral 1 de la solicitud).

b) Copia de la solicitud de fecha 07 de octubre de 2020, realizada por doña Camila Niño ante funcionarios del órgano recurrido, por las razones expuestas con anterioridad (parte del numeral 2 de la solicitud).

c) Procedimiento sobre cómo se inicia, tramita y finaliza una investigación, al haberse informado por el órgano recurrido la fuente la fuente desde la cual la recurrente puede obtener la información (numeral 6 de la solicitud).

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Soledad Luttino; y, al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.