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Catalina Gaete con CARABINEROS DE CHILE Rol: C2579-21

Consejo para la Transparencia, 03/08/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra Carabineros de Chile, referido al acceso y copia del registro audiovisual de las cámaras de vigilancia ubicadas al interior de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda y de los audios de las comunicaciones radiales que indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, que obra en poder del organismo y respecto de la cual no se acreditaron suficientemente las causales de reserva o secreto alegadas. Asimismo, se rechaza el amparo en cuanto a la entrega del libro de novedades que indica. Lo anterior, por cuanto la reclamada ha señalado los motivos específicos por los cuales lo pedido no obra en su poder y no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria a aquella sostenida por el órgano requerido en orden a que se trata de información inexistente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2579-21

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Catalina Gaete

Ingreso Consejo: 12.04.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra Carabineros de Chile, referido al acceso y copia del registro audiovisual de las cámaras de vigilancia ubicadas al interior de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda y de los audios de las comunicaciones radiales que indica.

Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, que obra en poder del organismo y respecto de la cual no se acreditaron suficientemente las causales de reserva o secreto alegadas.

Asimismo, se rechaza el amparo en cuanto a la entrega del libro de novedades que indica.

Lo anterior, por cuanto la reclamada ha señalado los motivos específicos por los cuales lo pedido no obra en su poder y no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria a aquella sostenida por el órgano requerido en orden a que se trata de información inexistente.

En sesión ordinaria N° 1203 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2579-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de febrero de 2021, doña Catalina Gaete solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información:

a) Acceso y copia del registro audiovisual de las cámaras de vigilancia instaladas en la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, entre las 23:59 del 6 de febrero de 2021 y las 10:00 am del 8 de febrero de 2021. Se requiere adjuntar a esta solicitud un documento con información básica del registro audiovisual, incluyendo fecha, horas aproximadas y la cantidad de videos y gigas.

b) Acceso y copia al libro de novedades del servicio de población de la Prefectura Carabineros Rinconada y el libro de novedades de la guardia de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, ambas correspondientes a los días 6, 7 y 8 de febrero de 2021.

c) Acceso y copia a los audios de las comunicaciones radiales emitidas por funcionarios de la Prefectura Carabineros Rinconada y de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, entre las 23:59 del 6 de febrero de 2021 y las 10:00 am del 8 de febrero de 2021.

Solicito esta información de acuerdo al principio de divisibilidad, establecido en el Artículo 11 de la Ley 20.285, que indica que si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida, e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda" (sic).

2) RESPUESTA: Mediante Resol. Exenta N° 128, de 22 de marzo de 2021, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información, indicando respecto de cada punto, lo siguiente:

Informó que las grabaciones corresponden al sistema CCTV de la 51° Comisaría Pedro Aguirre Cerda para el periodo especificado las cuales consisten en más de 1.000 registros, 30 GB aproximadamente, y un estimado de horas. Siendo esto lo cuantificable, debido a la magnitud digital de las grabaciones.

El órgano denegó la entrega de los registros audiovisuales señalados, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 2 letra f) y 7 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-; las Recomendaciones para la Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, el Oficio N° 2309, de este Consejo sobre dispositivos de videovigilancia, en los artículos 1° inciso cuarto; 5 inciso segundo; y 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Expresó que en las grabaciones solicitadas, se aprecian las imágenes de los calabozos, siendo ello altamente susceptible de ser conocidos por el Ministerio Público, el cual en sus facultades propias puede requerirlas, y a razón de ello, Carabineros de Chile no puede contravenir lo establecido en la Ley 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, el cual dispone en su artículo 8 inciso final, que "La publicidad, divulgación e información de los actos relativos a o relacionados con la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de víctimas y testigos, se regirán por la ley procesal penal."

En el mismo tenor, indicó que los respaldos de las grabaciones son utilizadas como medios probatorios de ilícitos, que son requeridos en determinadas circunstancias por las diferentes Fiscalías del Ministerio Público u otros estamentos institucionales (Fiscalías Administrativas de Carabineros), o extrainstitucional (Policía de Investigaciones de Chile, Tribunales de Justicia), para esclarecer algún tipo de hecho que se esté investigando, y si en la especie, la Institución entrega registros donde se aprecien personas interactuando bajo cualquier finalidad u objetivo, se estaría afectando la presunción de inocencia garantizada en múltiples cuerpos legales, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En tanto, por defecto propio de la acción de grabar, se capturan imágenes de personas, y es en este punto donde es necesario indagar, ya que el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la Republica, "asegura a todas las personas el derecho a la privacidad y la honra de la persona y su familia", lo que sumado a la Ley N° 19.628, Sobre Protección de Vida Privada, en lo referente a cautelar los derechos de los titulares de las imágenes, los cuales al momento de la destrucción debería tenerse certeza de quien es, hecho que en la práctica se podría tornar engorroso.

En virtud de lo anterior, señaló que procedió a derivar los requerimientos al órgano persecutor, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia y el Oficio FN N° 27/2011, que regula el procedimiento a seguir en los casos de solicitudes de acceso a la información que se planteen por cualquier persona y que atañan a datos, informes, registros, o cualquier antecedente vinculado directa o indirectamente a las funciones que por ley deben desempeñar las policías en apoyo a las labores investigativas propias de los fiscales, citando jurisprudencia del Consejo sobre la materia.

Además, alegó la concurrencia de las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 letra c) y N° 3 de la Ley de Transparencia, haciendo presente lo establecido en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar.

Finalmente, señala que no existe libro de cuadrante, novedades y/o de la población, toda vez que las Unidades operativas son las que cuentan con ese instrumento.

3) AMPARO: El 12 de abril de 2021, doña Catalina Gaete dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° E9193, de 26 de abril de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente: (a) (i) informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; y, (ii) informe las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada; (b) (i) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (ii) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (c) (i) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (ii) precise si obra en su poder las grabaciones requeridas en la solicitud de información; y, (iii) caso de obrar en su poder: (1) proceda a la conservación de la grabación hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; (2) detalle si el segmento de grabación consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; (3) en el evento de existir personas naturales identificables, indique si el órgano que representa está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación; y (4) señale si la grabación objeto del amparo fue remitida a un órgano diverso del que representa, por ejemplo, Juzgado de Policía Local, Juzgado de Garantía o el Ministerio Público.

Mediante Oficio N° 171, de 11 de mayo de 2021, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, reiterando los argumentos expresados en su respuesta señalando, en particular, la inexistencia del libro de novedades del servicio de población de la Prefectura de Carabineros de Rinconada, pues en tales Reparticiones no existe libro de cuadrantes, novedades y/o de la población, los que son propios de las unidades operativas.

Agregó igualmente que, denegó la entrega de los registros solicitados, por concurrir la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

En la especie, el órgano manifestó que se trataría de una gran cantidad de grabaciones, y que la entrega de la información requiere la revisión de cada registro audiovisual y de audio con la finalidad de realizar difuminado de rostros u otros elementos que contengan datos personales, lo cual implica distraer indebidamente al personal policial, precisando que para poder cumplir con el requerimiento, se tendría que destinar a cierta cantidad de funcionarios a la tarea revisar cada registro, teniendo un aproximado de 1.000 registros, lo cual involucra un gran despliegue de recursos humanos, y de tiempo que supera con creces el plazo legal de tramitación y respuesta del procedimiento de acceso a la información pública de la Ley N° 20.285, número que se ve altamente abultado al sumar las más de 8.000 grabaciones radiales, lo cual en total suma más de 37 GB. De este modo 9.000 registros radiales y de CCTV, multiplicado por un tiempo estimado de 20 minutos que demoraría cada funcionario en solo revisar la información, para luego levantar una base de datos que permita generar la información requerida, da como resultado un total de 180.000 minutos, los que convertidos en horas serian 3.000, que transformadas en días de 8 horas laborales suman 375 días, ello para una sola persona, incluso si fueran 20 personas dedicadas exclusivamente a dar respuesta a la presente solicitud demorarían 19 días aproximadamente

A su turno, indicó que los registros de los procedimientos de la Central de Comunicaciones de los días indicados, contiene en gran parte, antecedentes relativos a actos delictuales o actos ilícitos susceptibles de ser revisados por el Ministerio Público, por lo que se derivó la solicitud de información a dicho organismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

El órgano recurrido señaló que la información pedida corresponde a registros de los audios relativos a los procedimientos policiales coordinados por la Central de Comunicaciones que forman parte de las causas judiciales que señala. Asimismo, similar situación se presenta con las videograbaciones, entre los cuales puede señalarse los partes denuncia con detenidos N° 191, 195, 197, 198, 199, a modo ejemplar. Así conforme a lo razonado, resulta aplicable lo indicado precedentemente en relación al artículo 182 del Código Procesal Penal, en cuanto a que el acceso a información que forma parte de una investigación penal debe ser conocido por el Fiscal que lleva la causa durante el curso de la investigación. A mayor abundamiento, dar a conocer públicamente los libros de población, y audios radiales, liberaría las nomenclaturas, tácticas y formas de proceder, utilizadas por el personal de la Unidad pertinente, implicaría alertar y dar a conocer a terceros los cursos de acción preventivos que adopta la institución para prevenir la comisión de actos delictuales.

Consecuentemente, reitera lo indicado en su respuesta, tanto al encontrarse los antecedentes a disposición del Ministerio Público; la distracción indebida que representa esta solicitud genérica y la afectación a la seguridad pública, concurriendo por consiguiente las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 letras a) y c); N° 2; N° 3, N° 4 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información referida al acceso y copia del registro audiovisual de las cámaras de vigilancia, libro de novedades y de los audios de las comunicaciones radiales que indica. Al respecto, el órgano denegó el acceso al registro audiovisual y a los audios de las comunicaciones radiales, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letras a) y c), N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 2, letra f) y 7 de la ley N° 19.628, artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar y artículos 80 y 182 del Código Procesal Penal. Asimismo, respecto al libro de novedades, alegó la inexistencia de la información solicitada.

2) Que, en cuanto al libro de novedades solicitado, cabe tener presente que, el artículo 10° de la Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga...». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3° letra d) del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración...».

3) Que, al respecto, cabe tener destacar lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir a la reclamada que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente, en el caso en comento, el órgano reclamado señaló que no existe libro de cuadrante, novedades y/o de la población en las unidades consultadas, toda vez que son las unidades operativas quienes cuentan con ese instrumento.

4) Que, en consecuencia, y atendida la falta de antecedentes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, se rechazará el presente amparo en cuanto a este punto.

5) Que, a su turno, respecto de la parte de la solicitud referida al acceso y copia del registro audiovisual de las cámaras de vigilancia instaladas en la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda y al acceso y copia a los audios de las comunicaciones radiales emitidas por funcionarios de la Prefectura Carabineros Rinconada y de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, ambas entre las 23:59 del 6 de febrero de 2021 y las 10:00 am del 8 de febrero de 2021, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República que establece, en lo pertinente, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo prescrito en los artículos 5 inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encuentre sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. A su turno, conforme lo dispuesto en el artículo 3 letra e) del Reglamento de la ley señalada, dentro del concepto "documentos", se comprende "Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación sonora, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquéllos".

6) Que, en base al referido marco normativo, las imágenes captadas por medio de dispositivos de video grabación o los audios de comunicaciones de Carabineros de Chile en cumplimiento de funciones destinadas a la mantención y resguardo del orden público, y en general, que desarrollen actividades de policía en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, constituyen, en principio, información pública. Al respecto, el órgano reclamado alegó la concurrencia de las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en la ley N° 19.968. Sobre el particular, se debe hacer presente que según lo prescrito en el artículo 4 de la señala, en orden a que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". Al efecto, atendido el contexto en que las imágenes fueren capturadas, los audios registrados, y la cantidad de terceros involucrados, no consta en la especie el consentimiento expreso de los titulares para su tratamiento. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, cabe hacer presente el principio de divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda. (Artículo 11 literal e) de la Ley de Transparencia)

7) Que, para efectos de velar por el cumplimiento y resguardo de los bienes jurídicos protegidos, esta Corporación, en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 33 literal d) de la Ley de Transparencia, mediante Oficio N° 001828, de fecha 28 de noviembre de 2019, requirió a Carabineros de Chile, y a otras instituciones, que tratándose de imágenes captadas por dispositivos de videograbación y cámaras fotográficas portátiles y a efectos de asegurar un adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se adopten ciertas medidas para asegurar y respetar su legítimo ejercicio. En particular, instruyó lo siguiente: "a) se deberá asegurar y respetar el legítimo ejercicio del derecho de acceso a la información, respecto de cualquier documento o soporte informático, en el que se contengan los registros captados por funcionarios policiales, en formato de videograbación o por cámaras fotográficas portátiles, como en cualquier otro formato en el que se contengan. Para estos efectos, se deberá otorgar todas las facilidades para que, cualquier persona pueda requerir acceso a soportes videográficos que obren en poder de las instituciones competentes, conforme al principio de facilitación, establecido en el literal f), del artículo 11 de la Ley de Transparencia" y "b) Asegurar y respetar los derechos de los titulares de las imágenes captadas. Se deberá garantizar a los titulares de datos personales, en particular a las personas cuyas imágenes hayan sido captadas, el ejercicio de los derechos contemplados en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, consistentes en el acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales en cuestión".

8) Que, en consecuencia, atendido que la información requerida puede ser entregada difuminando los rostros de las personas que pudieran haber sido registradas y que pudieran tener la calidad de víctimas, testigos, acompañantes o que circunstancialmente se encontraren de paso en la referida unidad policial y cualquier otro elemento que permita su individualización, contenidos en las grabaciones solicitadas, resguardando de esta forma la protección de los datos personales y aplicando el principio de divisibilidad que orienta el procedimiento de acceso a la información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado, se descartará la configuración de las causales de reserva alegadas.

9) Que, por su parte, ante la eventual entrega de la información solicitada con aplicación del principio de divisibilidad, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Al respecto, se debe hacer presente que este Consejo ha establecido que aquella sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad.

10) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

11) Que, al respecto señaló que se trata de más de 8000 registros radiales y 1000 registros audiovisuales que es necesario revisar para proteger las imágenes identificadas o identificables o definitivamente suprimir por contener datos que dan cuenta de la vida privada de las personas o contienen la denuncia de delitos perseguibles, para lo cual es necesario disponer de a lo menos 20 funcionarios durante 19 días hábiles para efectuar la tarea descrita.

12) Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que, si bien se trataría de una gran cantidad de registros o de archivos correspondientes a los días requeridos, de acuerdo con la información aportada por el órgano reclamado en distintos amparos tramitados ante esta Corporación, el propio órgano ha manifestado que existirían dos formas de realizar el difuminado de las grabaciones, una de las cuales permitiría difuminar gran parte de las imágenes de manera masiva y automática. Lo expresado permite desvirtuar las alegaciones del órgano referidas a la distracción de sus funcionarios, las que no revisten una entidad suficiente para configurar la causal de excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado, careciendo de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción invocada, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, motivo por el cual este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo desestimarse su concurrencia.

13) Que, en cuanto a la alegación de Carabineros de Chile de la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, en virtud del cual se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, "Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia", toda vez que los registros audiovisuales requeridos contendrían información relativa a los planes operativos de la institución.

14) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo Rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, se ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8 inciso 2° de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

15) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, Carabineros de Chile ha señalado que en este caso se configuran las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, fundado en que los registros requeridos dan cuenta de la estrategia policial preventiva establecida para el cumplimiento de su misión de mantener el orden y la seguridad pública, por lo que, dar a conocer públicamente los audios radiales liberaría las nomenclaturas, tácticas y formas de proceder, utilizadas por personal de la Unidad pertinente, implicaría alertar y dar a conocer a terceros los cursos de acción preventivos que adopta la Institución para prevenir la comisión de actos delictuales.

16) Que, conforme con lo razonado en la decisión del amparo Rol C4049-17, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, especialmente considerando que, conforme a lo establecido en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, la información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que concurra una causal de secreto o reserva, la que en este caso no se configura, pues las argumentaciones esgrimidas por la institución, haciendo alusión a eventuales consecuencias hipotéticas y subjetivas, no permiten acreditar de manera concreta el daño que provocaría su entrega, toda vez que la publicidad de los registros requeridos no tiene la entidad suficiente como para dar cuenta de los planes de operación o de servicio de Carabineros de Chile. En este orden de ideas, y a mayor abundamiento, cabe tener presente que lo requerido se refiere a copia de registros de audio y registros audiovisuales con imágenes difuminadas mediante técnicas automáticas. En virtud de lo expuesto, no se configuran en la especie las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 número 2 del Código de Justicia Militar.

17) Que, finalmente, el órgano denegó la entrega de la información, debido a que fue puesta en conocimiento del Ministerio Público, pues da cuenta de múltiples partes policiales que indica, debiendo tener presente que el artículo 80 del Código Procesal Penal dispone que la dirección de la investigación, en el nuevo sistema de justicia criminal, le corresponde al Ministerio Público, al alero de lo dispuesto en el artículo 182 del mismo Código, en relación con la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia.

18) Que, cabe señalar que el Oficio FN N° 27/2011, de la Fiscalía Nacional, que impartió instrucciones generales sobre aplicación de la Ley de Transparencia en relación a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, dispone expresamente que "(...) no corresponde que las policías entreguen información relacionada con investigaciones penales a terceros que lo soliciten ni a los propios intervinientes", dado que el procedimiento de acceso a la información no es la vía idónea para obtener antecedentes propios de causas penales. Por su lado, el artículo 182 del Código Procesal Penal, relativo al secreto de las actuaciones de investigación, previene que "Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento./ El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial./ El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto". En dicho contexto, en la especie, Carabineros de Chile no ha acreditado, en forma alguna, que la totalidad de los registros requeridos, o una parte de ellos, se encuentren vinculados a investigaciones penales en curso, constituyan antecedentes propios de causas penales debidamente singularizadas con sus respectivos números de RIT, RUC y tribunal, o que dichos registros correspondan a actuaciones de investigación realizados por el Ministerio Público o por las policías. En consecuencia, deberá desestimarse dicha alegación y consecuentemente la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia.

19) Que, respecto de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia que fuere alegada por el órgano recurrido, esta será desestimada por cuanto no se entregaron mayores antecedentes para darla por acreditada.

20) Que, cabe tener presente que respecto de los antecedentes solicitados, esta Corporación revisó de oficio distintos medios de comunicación, constatando que en cuanto al período respecto del cual se solicitan los registros de las cámaras de vigilancia y los audios que se indica, se verificó que precisamente el día 7 de febrero de 2021, se produjo el fallecimiento de una persona que permanecía detenida en uno de los calabozos de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, tras ser detenida por no portar mascarilla en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, de acuerdo con lo cual dicha información reviste especial interés público y permite dotar de altos estándares de transparencia a las actuaciones de los funcionarios policiales, facilitando el control social respecto del correcto cumplimiento de sus funciones por parte de las instituciones policiales, teniendo en especial consideración que la entrega de lo solicitado permitiría el esclarecimiento de los hechos, en un contexto de justicia y de reparación, en caso de ser necesarios.

21) Que, por lo tanto, los riesgos de daños y afectaciones de derechos que pueden generarse en caso de permitir el acceso a lo consultado son mínimos, y existe un interés legítimo y tutelable en la solicitud planteada. Es decir, en base a los antecedentes tenidos a la vista, se considera que los eventuales beneficios de permitir la revisión de las imágenes y audios captados, bajo la condición de que esta no incluya su difusión masiva y se realice con las medidas y cuidados, son mayores que los de no hacerlo. Asimismo, se debe considerar que el núcleo del derecho de acceso a la información es servir de derecho llave para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como puede ser, en este caso particular, constituir prueba suficiente para evaluar la pertinencia de iniciar una acción ante los órganos que ejercen la jurisdicción, en los términos del artículo 19, N° 3, de la Constitución Política de la República.

22) Que, en consecuencia, atendido que los registros requeridos dicen relación con hechos en los que hubo un resultado de muerte, cuyo conocimiento resulta relevante para un adecuado ejercicio de control social, que obran en poder de la reclamada, habiéndose descartado las causales de reserva alegadas, se acogerá el amparo requiriendo la entrega de los registros solicitados, difuminando los rostros de las personas ajenas al fallecimiento de una persona al interior de la unidad policial referido, cuyas imágenes pudieran haber sido registradas y que pudieran tener la calidad de víctimas, testigos, acompañantes o que circunstancialmente se encontraran de paso en la referida unidad policial y cualquier otro elemento que permita su individualización, contenidos en las grabaciones solicitadas.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Catalina Gaete, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile, lo siguiente:

a. Entregue a la reclamante acceso y copia del registro audiovisual de las cámaras de vigilancia instaladas al interior de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda y al acceso y copia a los audios de las comunicaciones radiales emitidas por funcionarios de la Prefectura Carabineros Rinconada y de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, ambas entre las 23:59 del 6 de febrero de 2021 y las 10:00 am del 8 de febrero de 2021, difuminando los rostros de las personas ajenas al fallecimiento de una persona al interior de la unidad policial referido, cuyas imágenes pudieran haber sido registradas y que pudieran tener la calidad de víctimas, testigos, acompañantes o que circunstancialmente se encontraran de paso en la referida unidad policial y cualquier otro elemento que permita su individualización, contenidos en las grabaciones solicitadas.

b. Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c. Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto del libro de cuadrante, novedades y/o de la población en las unidades consultadas, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Catalina Gaete y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.