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Alejandro Pérez Vidal con MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR Rol: C2823-21

Consejo para la Transparencia, 03/08/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Peñaflor, ordenando la entrega del libro de asistencia y nombre de funcionarios que se encontraban trabajando, en período que indica. Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma. Además, el órgano reclamado no acreditó la concurrencia de la causal de reserva invocada, fundada en que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, por existir una investigación judicial en curso. Por otra parte, se rechaza el amparo en cuanto a los registros de llamados telefónicos a número que indica, por concurrir en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2823-21

Entidad pública: Municipalidad de Peñaflor

Requirente: Alejandro Pérez Vidal

Ingreso Consejo: 20.04.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Peñaflor, ordenando la entrega del libro de asistencia y nombre de funcionarios que se encontraban trabajando, en período que indica.

Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma. Además, el órgano reclamado no acreditó la concurrencia de la causal de reserva invocada, fundada en que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, por existir una investigación judicial en curso.

Por otra parte, se rechaza el amparo en cuanto a los registros de llamados telefónicos a número que indica, por concurrir en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628.

En sesión ordinaria N° 1203 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2823-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de febrero de 2021, don Alejandro Pérez Vidal solicitó a la Municipalidad de Peñaflor, "el libro de asistencia y registros de llamados telefónicos recibidos por el número 1410 correspondiente a la Dirección de Protección Civil y de Emergencia de la municipalidad de Peñaflor (en específico servicio de ambulancias de urgencia) con fecha 13 y 14 de febrero de 2021. Asimismo necesito conocer los nombres e identificación de los funcionarios que se encontraban prestando labores las fechas indicadas".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por oficio S.M. N° 359, de 26 de marzo de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Mediante Oficio S.M. N° 425, de 15 de abril de 2021, la Municipalidad de Peñaflor respondió el requerimiento, indicando que lo solicitado es parte de la investigación RUC N° 2110011472-8, razón por la cual corresponde denegar su acceso conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia.

4) AMPARO: El 20 de abril de 2021, don Alejandro Pérez Vidal dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Peñaflor, mediante Oficio N° E9822, de 6 de mayo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente, informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; (3°) informe las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada; (4°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Oficio S.M. N° 577, de 1° de junio de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos, reiterando las alegaciones hechas valer en su respuesta, en orden a la concurrencia de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia. Agregó que lo solicitado se encuentra como parte integrante de una investigación que está siendo realizada por la Fiscalía Local de Talagante para con ella identificar la existencia de un hecho punible, que a la vez, podría traer aparejada la responsabilidad penal y civil de ese servicio público y sus funcionarios. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido.

Asimismo, esgrimió que en el contexto de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Local de Talagante RUC2110011472-8, ha pedido la remisión de exactamente de los mismos antecedentes solicitados por el requirente, lo que se materializó con fecha 29 de marzo de 2021, con la finalidad de adjuntarla en la carpeta investigativa.

Añadió igualmente, que en cuanto a los medios de prueba que el órgano quiere presentar en el juicio, son reservados de acreditarse la afectación señalada, pero solo hasta el vencimiento de la etapa probatoria, pues cerrada ésta, ya no servirían a su defensa judicial; en cambio, son públicos cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente (a menos que concurriese una causal diversa a la del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia). Ello porque se ha estimado que dicha motivación no encuentra justificación en la protección del debido cumplimiento de las funciones de la Administración.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud. Al respecto, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia.

2) Que, respecto de la causal de reserva alegada, el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C68-09, es que aquella debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure aquella, que el órgano solo haga mención de la existencia de algún procedimiento jurídico o judicial. Por el contrario, para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o controversia pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por la reclamada.

3) Que, a su turno, la determinación de qué puede estimarse como "antecedentes" que se encuentren vinculados con defensas jurídicas, que resulten "necesarios" para ese fin, es un asunto que si bien queda a la discrecionalidad del organismo administrativo de que se trate, desde luego no significa que dicha decisión pueda adoptarse arbitrariamente, sino que queda siempre cubierta por la debida fundamentación, racional y razonable, propia de todo órgano de un Estado Democrático de Derecho.

4) Que, en este orden de ideas, el órgano se limitó a señalar la causal de reserva, indicando que lo pedido dice relación con una investigación pendiente en la Fiscalía Local de Talagante, y que fue requerido por dicho órgano a fin de integrarlos a la carpeta investigativa, sin entregar mayores antecedentes al respecto. En este punto, se debe considerar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie, como se puede apreciar, no se produce. En este sentido, para estimar que concurre la causal invocada el órgano reclamado debe acreditar que la publicidad de la información solicitada afecta su debido funcionamiento, como ocurriría si con ello se expone su estrategia judicial. En consecuencia, se descartará su concurrencia en el presente caso.

5) Que en cuanto a la información solicitada referida a al libro de asistencia y la identificación de los funcionarios que se encontraban prestando labores las fechas consultadas, se debe hacer presente que atendido el tipo de labores que desempeñan servidores públicos, están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, antecedentes curriculares, liquidaciones y otros similares, incluyendo el nombre de los mismos. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

6) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo en este punto, requiriendo la entrega de los antecedentes solicitados, en forma previa, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto que pueda contener, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

7) Que, por su parte, respecto de los registros de llamados telefónicos recibidos por el número y en la fecha que indica, cabe tener presente que el Municipio cuenta con el servicio "Peña Vecino", correspondiente al número 1410, orientado a la seguridad ciudadana, dentro del cual se reciben, entre otros, llamados referidos a procedimientos sobre rondas preventivas, emergencias, apoyo en accidentes, traslado de pacientes y servicio de escolta de funerales, entre otros. En tal sentido, contiene principalmente datos personales de los vecinos de la comuna, obtenidos de una fuente no accesible al público, en los términos dispuestos en los artículos 2 letra f), 4 y 7 de la ley N° 19.628. En este punto, se debe considerar que por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró éste a nivel constitucional, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública.

8) Que, en los registros telefónicos solicitados se captaron voces de personas, así como información, que constituye datos personales e incluso sensibles de aquellas, respecto de los cuales no consta autorización ni de sus titulares ni legal para su divulgación. De esta forma, se estima que su entrega produciría afectación de los derechos de aquellas, en particular, a la privacidad e intimidad, presente y con suficiente especificidad, conforme a la exigencia contenida en el inciso segundo de artículo 8° de la Constitución Política de la República y en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, que justifica, en definitiva, que este Consejo declare la reserva de los mismos. En consecuencia, se rechazará el amparo en este punto, en ejercicio de las atribuciones otorgadas a este Consejo en el artículo 33 letras j) y m) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Alejandro Pérez Vidal en contra de la Municipalidad de Peñaflor, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Peñaflor, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante copia del libro de asistencia, nombre e identificación de los funcionarios que se encontraban prestando labores las fechas indicadas, tarjando, previamente, todos aquellos datos personales de contexto que pueda contener.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en cuanto a los registros de llamados telefónicos, por concurrir la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Pérez Vidal y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Peñaflor.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.