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Cristóbal Moro con MUNICIPALIDAD DE LAMPA Rol: C3068-21

Consejo para la Transparencia, 03/08/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Lampa, ordenando la entrega de todos los actos, oficios, instrucciones, u órdenes y documentos, cualquiera sea su denominación, nomenclatura y soporte, relacionados a la tramitación -incluyendo, estado, gestiones pendientes y procedimientos asociados- del Plano Regulador de la Comuna de Lampa, en cualquiera de sus etapas. Lo anterior, por cuanto, el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada o la forma en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, considerando, a su vez, que en la regulación del procedimiento de aprobación del Plan Regulador Comunal se constatan una serie de etapas de información a la comunidad, que contempla audiencias públicas y observaciones por escrito. Previo a proporcionar la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3068-21

Entidad pública: Municipalidad de Lampa

Requirente: Cristóbal Moro

Ingreso Consejo: 29.04.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Lampa, ordenando la entrega de todos los actos, oficios, instrucciones, u órdenes y documentos, cualquiera sea su denominación, nomenclatura y soporte, relacionados a la tramitación -incluyendo, estado, gestiones pendientes y procedimientos asociados- del Plano Regulador de la Comuna de Lampa, en cualquiera de sus etapas.

Lo anterior, por cuanto, el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada o la forma en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, considerando, a su vez, que en la regulación del procedimiento de aprobación del Plan Regulador Comunal se constatan una serie de etapas de información a la comunidad, que contempla audiencias públicas y observaciones por escrito.

Previo a proporcionar la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1203 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3068-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de marzo de 2021, don Cristóbal Moro solicitó a la Municipalidad de Lampa la siguiente información: "Todos los actos, oficios, instrucciones, u órdenes y documentos, cualquiera sea su denominación, nomenclatura y soporte (material, digital o electrónico), relacionados a la tramitación -incluyendo, estado, gestiones pendientes y procedimientos asociados- al Plano Regulador de la Comuna de Lampa, en cualquiera de sus etapas".

2) RESPUESTA: El 9 de abril de 2021, a través de Ord. N° 04/165/2021, la Municipalidad de Lampa respondió al requerimiento, indicando que el Plan Regulador Comunal no se encuentra aprobado aún, por ende, la documentación solicitada está sujeta a la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 29 de abril de 2021, don Cristóbal Moro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, en resumen, el reclamante hizo presente que estima que la respuesta infringe los principios contenidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, especialmente en aquello referido a sus letras d), e) y f). Indica que la Municipalidad de Lampa no justifica de forma alguna el cómo la entrega de información solicitada efectivamente afecta el debido cumplimiento de sus funciones. Por ello, solicita resolver este amparo en pos de hacer cumplir la obligación que recae en el municipio de entregar la información requerida, o en su defecto, todo aquello que no se circunscriba a la excepción contenida en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley 20.285, justificando de qué manera los documentos que se exceptúan a la entrega interfieren específicamente en el debido cumplimiento de sus funciones.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Lampa, mediante Oficio E10288, de 14 de mayo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

Mediante Ord. N° 04/246/2021, de fecha 28 de mayo de 2021, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que respecto del estado de tramitación del Plan Regulador Comunal (PCR) de Lampa, desde el año 2018 se han realizado actividades informativas denominadas "etapas tempranas del proceso de información y exposición de las campañas de Participación Temprana y Participación Ciudadana" y se creó la campaña de difusión "Así Quiero Lampa", que tiene como alojamiento permanente de difusión el sitio web municipal, en la que puede visualizarse cuales son los alcances y objetivos de lo que debiese definir un PRC.

Sin perjuicio de lo anterior, las últimas modificaciones normativas respecto de la elaboración de los instrumentos de planificación territorial han dado pie forzado al municipio a realizar los respectivos ajustes y revisión de la normativa sectorial, lo que ha conllevado a establecer revisión de la propuesta del PRC Lampa, para dar cumplimiento con lo dispuesto a los dictámenes de la Controlaría General de República, las circulares de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la última modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), todo esto, con la finalidad de dar fiel cumplimiento al proceso de tramitación legal y consulta ciudadana establecido por la ley N° 21.078 que modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como también lo indicado por el artículo 2.1.11. de la LGUC.

Ahora bien, si bien la intención del municipio ha sido generar una etapa de sociabilización del instrumento de planificación de escala local, es necesario señalar que la tramitación y difusión en su orden reglamentario, se encuentra contenido en el artículo 2.1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como único procedimiento válido para el conocimiento de la propuesta del PRC, situación que a la fecha aún no se genera, por lo que en este estado de tramitación no se puede entregar información respecto de la zonificación, vialidad y propuesta de ordenanza.

Por estar aún en trámite el PRC de Lampa, la información solicitada se encuentra bajo la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley 20.285, dados los ajustes normativos señalados y la injerencia que tiene el instrumento del que se trata. La planificación urbana comunal se encuentra regulada en la LGUC en los artículos 41 y siguientes, normas que inciden gravemente en la vida de las personas al momento de disponer de sus propiedades, por lo que, un instrumento no terminado, con observaciones de órganos técnicos como la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, puede generar confusión o incluso una ventaja de adelantarse a posibles limitaciones a las construcciones en determinados sectores.

Además, el conocer la proximidad de la aprobación de los instrumentos de planificación territorial comunal y sus características también se ha prestado para una suerte de congelamiento de la norma urbanística, donde justo previo a la aprobación del instrumento regulatorio se presentan las solicitudes de permiso, ya sean de edificación, loteo, copropiedad, etc., todo dentro del cálculo de la caducidad de los permisos contemplada en el artículo 1.4.17. de la OGUC.

Afecta la eficacia del ordenamiento territorial comunal considerando que el adelantamiento de las normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento, puede significar diferencias entre quien tuvo acceso a esa información mientras estaba en construcción y quien tiene acceso a ella cuando ya está terminado y publicado.

En Concejo Municipal de fecha 25 de marzo 2021 funcionarios de la Municipalidad hicieron presentación de la propuesta de participación ciudadana conforme al procedimiento establecido en el referido artículo 2.1.11. para dar inicio a la presentación a la comunidad de manera virtual, propuesta que fue desestimada por el Concejo dando como principal argumento la deficiente conexión de internet que posee la comuna y sus habitantes.

De esta manera, conforme a la solicitud de información, se puede informar que a la fecha el PRC Lampa se encuentra en revisión normativa y técnica por lo que la programación será presentada en la página web ya indicada cuando corresponda para las etapas de Difusión de Participación Ciudadana, programación de ciclo de Reuniones con Juntas de Vecinos e Inicio de Reuniones de Participación Ciudadana, se encuentran en proceso de recalendarización una vez realizados los ajustes descritos y que serán debidamente informados conforme se establece en procedimiento.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a todos los actos, oficios, instrucciones u órdenes, y documentos, cualquiera sea su denominación, nomenclatura y soporte, relacionados con la tramitación -incluyendo, estado, gestiones pendientes y procedimientos asociados- del Plano Regulador de la Comuna de Lampa, en cualquiera de sus etapas. Por su parte, el órgano reclamado denegó el acceso a lo requerido invocando la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, por no encontrarse aún aprobado el Plan Regulador Comunal.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, respecto de la alegación de la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, se debe recordar que dicha norma prescribe que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que hayan sido adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7, N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

4) Que, así, y según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos:

a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber:

i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen.

ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado.

b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

5) Que, en la especie, si bien es posible estimar como configurado el requisito descrito en el literal a) del considerando precedente, toda vez que, la solicitud de acceso a la información recae sobre antecedentes que pueden servir de fundamento al acto administrativo que debe pronunciarse aprobando el proyecto de PRC que se encuentra en tramitación, no ocurre lo mismo con la exigencia enunciada en la letra b), por cuanto, el órgano reclamado no ha explicado la forma en la que la entrega de la información afectaría el cumplimiento de sus funciones. En efecto, el municipio solo ha enunciado como fundamento que la planificación urbana comunal incide gravemente en la vida de las personas al momento de disponer de sus propiedades, por lo que, un instrumento no terminado puede generar confusión o incluso una ventaja de adelantarse a posibles limitaciones a las construcciones en determinados sectores; además, el conocer la proximidad de la aprobación del instrumento y sus características se ha prestado para una suerte de congelamiento de la norma urbanística, donde justo previo a la aprobación del instrumento se presentan las solicitudes de permiso, todo dentro del cálculo de la caducidad de los permisos; a su vez, afecta la eficacia del ordenamiento territorial comunal considerando que el adelantamiento de las normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento, puede significar diferencias entre quien tuvo acceso a esa información mientras estaba en construcción y quien tiene acceso a ella cuando ya está terminado y publicado.

6) Que, como se adelantó, a juicio de este Consejo los fundamentos expresados por el órgano no resultan suficientes para configurar el segundo de los requisitos explicados, por cuanto, se refieren a hipotéticas afectaciones formuladas en términos generales, las que no demuestran de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada o la forma en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. Además, la solicitud de acceso a la información recae sobre una diversidad de antecedentes, sin referirse el organismo respecto a cuáles de aquellos generarían las afectaciones que enuncia y de qué manera ello ocurriría, asociándose más bien sus alegaciones a la eventual entrega del propio PRC, no resultando procedente que la causal de reserva o secreto invocada se extienda a la totalidad de los antecedentes requeridos, sin al menos explicar cómo ello se justificaría.

7) Que, a mayor abundamiento, se debe considerar que en el procedimiento de aprobación del Plan Regulador Comunal, conforme lo establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se constatan una serie de etapas de información a la comunidad, que contempla audiencias públicas y observaciones por escrito. En consecuencia, el espíritu de la tramitación de dicho procedimiento es la publicidad en cada una de sus etapas, lo que se refleja, por ejemplo, en lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 2.1.4., de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en las "Disposiciones generales", del capítulo 1 "De la Planificación Urbana y sus Instrumentos", al señalar que: "A contar del inicio del proceso de aprobación de un proyecto de Instrumento de Planificación Territorial, o de modificación o enmienda del mismo, el organismo responsable de su confección deberá facilitar, a cualquier interesado, la adquisición a costa del requirente de todos o algunos de los antecedentes que conforman el expediente enviado a aprobación".

8) Que, en consideración de lo anterior, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que puede obrar en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual se descarta la configuración de la causal de reserva o secreto de afectación al privilegio deliberativo, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información requerida. Previo a la entrega, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto eventualmente incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Cristóbal Moro en contra de la Municipalidad de Lampa, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Lampa, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante todos los actos, oficios, instrucciones, u órdenes y documentos, cualquiera sea su denominación, nomenclatura y soporte (material, digital o electrónico), relacionados a la tramitación -incluyendo, estado, gestiones pendientes y procedimientos asociados- del Plano Regulador de la Comuna de Lampa, en cualquiera de sus etapas.

Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto eventualmente contenidos en la información solicitada, como, por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUT, entre otros.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristóbal Moro y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Lampa.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.