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Fabela Marín con CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN (CNTV) Rol: C3754-21

Consejo para la Transparencia, 03/08/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Consejo Nacional de Televisión, ordenando la entrega de la información correspondiente a la rendición de gastos, con facturas, boletas y honorarios, de cada una de las tres series consultadas. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de afectación de derechos de los terceros interesados, al no haberse argumentado ni acreditado por el órgano, ni por aquellos, una expectativa razonable de daño o afectación, presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva de la información solicitada. A su vez, se hace presente que se trata de antecedentes que revisten un claro interés público, en relación con el control social respecto de los fondos públicos asignados y su correcta utilización. Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3754-21

Entidad pública: Consejo Nacional de Televisión (CNTV)

Requirente: Fabela Marín

Ingreso Consejo: 20.05.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Consejo Nacional de Televisión, ordenando la entrega de la información correspondiente a la rendición de gastos, con facturas, boletas y honorarios, de cada una de las tres series consultadas.

Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de afectación de derechos de los terceros interesados, al no haberse argumentado ni acreditado por el órgano, ni por aquellos, una expectativa razonable de daño o afectación, presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva de la información solicitada. A su vez, se hace presente que se trata de antecedentes que revisten un claro interés público, en relación con el control social respecto de los fondos públicos asignados y su correcta utilización.

Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1203 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3754-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de abril de 2021, doña Fabela Marín solicitó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) la siguiente información: "la rendición de gastos, con facturas, boletas, y honorarios, de cada una de las siguientes series: 1. Los carcamales (ganadora 2017) 2. La Jauría (ganadora 2017, bajo el título Reinas) 3. Santiago Quiñones, tira (ganadora 2017)".

2) RESPUESTA: El 18 de mayo de 2021, el Consejo Nacional de Televisión respondió al requerimiento indicando que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, de la Ley N° 20.285, se procedió a poner en conocimiento la solicitud a los representantes de las productoras adjudicatarias del Fondo CNTV 2017, con los proyectos señalados en la petición, manifestando su oposición a la entrega los representantes de las adjudicatarias de los proyectos "La Jauría" y "Santiago Quiñones, tira", fundados en que se daría cuenta de información confidencial y estratégica de las productoras y sus proveedores.

En cuanto a los antecedentes referidos al proyecto "Los Carcamales", la adjudicataria no remitió respuesta a la comunicación, sin perjuicio de lo cual, en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, la institución se abstiene de entregar la rendición de gastos, con facturas, boletas y honorarios, correspondiente a dicho proyecto, por estimar que su comunicación afecta los derechos de carácter comercial o económico de su adjudicataria. Señala que se verificarían los presupuestos que este Consejo ha definido para configurar dicha afectación, resultando aplicable en el mercado audiovisual apoyado por el Fondo CNTV, siendo fundamental precaver que los proyectos sean utilizados indebidamente para la gestación de otros, afectando su originalidad. Pero, además, la comunicación de los antecedentes presupuestarios y su ejecución puede afectar la comercialización de los proyectos, ya que develaría sus estrategias de uso y administración de los recursos y sus ventajas competitivas respecto de otras productoras. Por lo tanto, el acceso a la rendición financiera de los proyectos debe cumplir un estándar que resguarde los derechos de los creadores. Publicitar este tipo de información podría develar aspectos estratégicos acerca del desarrollo de su actividad económica.

Por ello, el CNTV entiende que los datos requeridos, esto es facturas, boletas y honorarios, constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada. Lo anterior, de acuerdo con el derecho constitucional a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado.

3) AMPARO: El 20 de mayo de 2021, doña Fabela Marín dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud, por oposición de los terceros.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Presidenta del Consejo Nacional de Televisión, mediante Oficio E12509, de 9 de junio de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Ord. N° 561, del 22 de junio de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que siendo notificadas las productoras requeridas, tanto Gesswein Producciones como Fábula Televisión SpA, manifestaron su derecho a oposición conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, por lo que, el CNTV se encuentra impedido de proporcionar la documentación solicitada en los términos señalados en el inciso tercero de la mencionada norma, al configurarse la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, pues los antecedentes requeridos son comercialmente sensibles, afectando gravemente con su entrega los derechos e intereses económicos y comerciales de las productoras, lo cual se encuentra amparado por las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19, N° 21, N° 24 y N° 25, de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el representante de la productora Chasqui Chile SpA. no manifestó su oposición, sin embargo, se estimó por parte de la Institución hacer uso de lo establecido por el artículo 21, N° 2, de la Ley N° 20.285, ya que la entrega de lo requerido afectaría los derechos de carácter comercial o económico de la adjudicataria del proyecto "Los Carcamales".

Hace presente que, no obstante, se buscó otro correo electrónico del referido representante, al cual se remitió el mismo oficio N° 370, con fecha 10 de junio de 2021, recibiendo con fecha 14 de junio de 2021, respuesta en la que se indicó que: "De acuerdo a la solicitud adjunta, Chaqui, debido a contratos con terceros, va a mantener en privado las facturas, boletas y honorarios ligados al proyecto". Con ello, reitera lo ya señalado, considerando que entregar la información solicitada afecta los derechos de carácter comercial o económicos de la adjudicataria (Decisión de amparo Rol C2909-18). Considera además lo dispuesto en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, en cuanto se encomienda a este Consejo velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

Respecto a cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros, señala que las productoras indicaron lo siguiente:

- Gesswein Producciones: Indican que entregar la información afectaría directamente los intereses comerciales que tiene la productora sobre la serie, lo cual puede tener un impacto directo frente a cualquier opción de ventas futuras, co-producciones de nuevas temporadas, alianzas estratégicas con distribuidores o cualquier iniciativa comercial que exista respecto de aquella.

La información es estratégica para la empresa, por lo que, entregarla vulneraría los derechos comerciales de la productora, pudiendo incluso tener consecuencias negativas en el futuro en otros proyectos que desarrolle, ya que develaría sus políticas presupuestarias en materia del uso y administración de los recursos, restándole todas las posibilidades de hacer prevalecer sus ventajas competitivas comerciales respecto de terceros que concluyan a competir, por ejemplo, con un mismo negocio.

- Fábula Televisión SpA.: Indican que la información es confidencial y estratégica de la empresa y de los proveedores, refleja el trabajo específico de aquellos, lo que contiene información sensible de datos comerciales y personales de dichas empresas, por lo que su conocimiento por parte de terceros, puede perjudicar no solo a la productora, si no que del mismo modo a sus proveedores. Se pueden afectar, en muchos casos, los compromisos de confidencialidad adquiridos con los mismos proveedores, donde la productora ha acordado mantener a resguardo de terceros la información sensible, por lo que, comunicar los datos fuera del marco de la rendición afectaría aquellos compromisos y la relación de la productora con sus proveedores.

- Chasqui Chile SpA.: Si bien ellos no se opusieron dentro de plazo, por ser mal notificados, de igual modo es posible sostener, por parte del CNTV, que al poner en conocimiento lo solicitado, se encontrarían perturbando los derechos de terceras personas, en este caso de la productora, siendo afectado su derecho de carácter económico o comercial, en relación con el artículo 7, N° 2, del Reglamento de la Ley N° 20.285.

A su vez, el CNTV, cita la decisión amparo C2909-18, y sostiene que, frente a lo indicado por las productoras y observándose por esta institución que, de igual manera, Chasqui Chile SpA. se encontraría afectado, es que debe mantener lo solicitado en secreto, toda vez que no es información generalmente conocida ni de fácil acceso. El mantenerla en reserva permite a las productoras un mayor poder de negociación en el futuro, en el caso de optar por ventas posteriores del proyecto, generando una clara ventaja competitiva. De igual manera, la publicidad de la información puede afectar claramente la relación de las productoras con sus proveedores, por lo que se acrecentaría el daño económico. Los antecedentes requeridos a las productoras son estratégicos y confidenciales, los que al ser conocidos por otras productoras les permitiría a éstos obtener una posición relevante en el mercado, al tratarse de información vital para su actividad que da cuenta de parte importante de su funcionamiento, estrategia comercial y proyecciones, lo que vulnera el derecho de propiedad, intereses y derechos de carácter comercial y económicos, en los términos dispuestos en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia.

Destaca que el CNTV, en la forma dispuesta en el artículo 12, letra b), de la Ley N° 18.838, tiene dentro de sus funciones y atribuciones "Promover, financiar o subsidiar la producción, los costos de transmisión o la difusión de programas de alto nivel cultural, de interés nacional, regional, local o comunitario; de contenido educativo; que propendan a la difusión de los valores cívicos y democráticos, o que promuevan la diversidad en los contenidos televisivos y reflejen la conformación plural de la sociedad, así calificados por el mismo Consejo". Por ello, las productoras apoyadas con el Fondo del CNTV deben precaver que los proyectos realizados sean utilizados indebidamente para la gestación de otros, afectando la originalidad, lo cual es evaluado en los respectivos concursos, en los cuales se participa para obtener los fondos mencionados.

Ahora, la entrega de los antecedentes presupuestarios y de ejecución podrían afectar la comercialización de los proyectos, revelándose así las estrategias de las productoras en cuanto a sus recursos, disminuyendo de esta forma sus ventajas competitivas respecto de otras productoras. Se debe tener en consideración que estos puntos presupuestarios también son evaluados dentro de los concursos, por lo que el conocer por una productora la información de otra, con respecto a sus informes financieros, claramente generaría una competencia desleal al minuto de postular en los concursos futuros del Fondo CNTV.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros interesados, mediante Oficios E14129, E14130 y E14131, de fecha 1 de julio de 2021, manifestando aquellos lo que sigue.

- Fábula Televisión SpA.: A través de presentación de fecha 6 de julio de 2021, manifestó que hacen uso de su derecho de oposición establecido en la Ley de Transparencia, entendiendo que, por tratarse de recursos públicos, la rendición de la ejecución de los mismos se enmarca dentro de dicha ley, en este caso se presenta una excepción a su publicidad, conforme a lo señalado en el artículo 21, N° 2 de la referida norma, ya que la información es confidencial y estratégica de la empresa y de los proveedores. Los documentos de la rendición reflejan el trabajo específico de Fábula y sus proveedores, y contienen información sensible y datos comerciales y personales de dichas empresas y personas, por lo que su conocimiento por parte de terceros, podría perjudicar no sólo a Fábula, sino que a los proveedores con quienes trabaja. La publicación de estos datos afectaría, en muchos casos, los compromisos de confidencialidad adquiridos con dichos proveedores, donde Fábula ha acordado mantener a resguardo de terceros la información sensible; en ese sentido, comunicar los datos fuera del marco de la rendición afectaría estos compromisos y la relación de Fábula con sus proveedores.

- Gesswein Producciones: Por medio de presentación de fecha 9 de julio de 2021, manifiesta su oposición en los mismos términos manifestados por Fábula Televisión SpA.

- Chasqui Chile SpA.: Mediante presentación de fecha 12 de julio de 2021, solicita el rechazo de la solicitud, adhiriendo a lo resuelto por el ente estatal atendido lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia en lo concerniente a las facultades del órgano requerido para denegar total o parcialmente el acceso a la información solicitada, a razón de que su publicidad, comunicación o conocimiento, afectan los derechos de las personas (natural o jurídica), particularmente tratándose de la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

Indica que fundamenta la reserva de la información en los aspectos de confidencialidad y lógica estratégico mercantil de su productora y sus proveedores a razón de lo cual no es factible la satisfacción del requerimiento. Para la requerida, las definiciones estratégicas son una herramienta que entrega información sobre los ejes orientadores del quehacer de la organización y se obtienen a partir de un proceso de planificación estratégica o de un proceso más simple de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en torno a su objeto. Las decisiones en este sentido forman parte de los datos contenidos en sus reuniones de directorio y, por ende, constituyen datos de carácter privado garantizados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, N° 4. Sobre el fondo de lo reclamado, a su juicio resulta aplicable el criterio jurisprudencial sostenido sobre la misma materia en decisión de amparo Rol C2909-18.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a la rendición de gastos, con facturas, boletas y honorarios, de cada una de las tres series indicadas. Por su parte, el órgano reclamado deniega el acceso a los antecedentes requeridos, invocando la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, por afectación de los derechos económicos y comerciales de los terceros, quienes igualmente se oponen por la misma causal.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, en este caso, se debe hacer presente que los antecedentes solicitados dicen relación con la adjudicación del Fondo de Apoyo a Programas Culturales del año 2017, el cual es ofrecido en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 12, letra b), de la Ley N° 18.838 que Crea el Consejo Nacional de Televisión, el que señala que dicho órgano tendrá entre sus funciones y atribuciones: "Promover, financiar o subsidiar la producción, los costos de transmisión o la difusión" de los programas que se indican, para lo cual: "Anualmente, la ley de Presupuestos del Sector Público contemplará los recursos necesarios, de acuerdo con lo establecido en la letra a) del artículo 32 de esta ley", especificando que: "Estos recursos deberán ser asignados por el Consejo, previo concurso público en el que podrán participar concesionarias de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y productores independientes". De esta forma, el CNTV asigna mediante concurso público los recursos que le son entregados anualmente por la Ley de Presupuesto para financiar total o parcialmente las actividades referidas.

4) Que, por su parte, la solicitud de acceso a la información que da origen al presente amparo dice relación con la entrega de los antecedentes correspondientes a las rendiciones de gastos de las tres producciones adjudicatarias del fondo, respecto de las cuales, el órgano reclamado y los terceros interesados, han invocado la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 20 de la misma ley, toda vez que, estos últimos manifiestan su oposición a la entrega, por afectación de sus derechos económicos y comerciales. Al respecto, se debe indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, debiendo ser analizadas bajo dichos parámetros las alegaciones expresadas.

5) Que, en el caso del CNTV, sostiene que los antecedentes requeridos son comercialmente sensibles, afectando su entrega los derechos e intereses económicos y comerciales de las productoras, los que están amparados constitucionalmente, no siendo información generalmente conocida ni de fácil acceso, la que, al mantenerla en reserva permite a las productoras un mayor poder de negociación en el futuro, en el caso de ventas posteriores del proyecto, generando una ventaja competitiva, pudiendo afectar, su publicidad, la relación de las productoras con sus proveedores, acrecentándose el daño al ser conocidos los antecedentes por otras productoras a las que podrían obtener una posición relevante en el mercado, al tratarse de información que da cuenta de parte de su funcionamiento, estrategia comercial y proyecciones, lo que vulnera el derecho de propiedad, intereses y derechos de carácter comercial y económicos. Indica que las productoras deben precaver que los proyectos sean utilizados indebidamente para la gestación de otros, afectando la originalidad, lo cual es evaluado en los respectivos concursos, por lo que, la entrega de los antecedentes presupuestarios y de ejecución podrían revelar las estrategias de las productoras en cuanto a sus recursos, disminuyendo sus ventajas competitivas, siendo estos puntos también evaluados dentro de los concursos, generándose una competencia desleal al minuto de postular en los concursos futuros del Fondo CNTV.

6) Que, en el mismo sentido, las productoras al evacuar traslado indican que la información es confidencial y estratégica de la empresa y de los proveedores, reflejando el trabajo específico de ambos, conteniendo información sensible y datos comerciales y personales de dichas empresas y personas, por lo que, su divulgación podría perjudicar a la productora y a sus proveedores, y a su vez, afectar los compromisos de confidencialidad adquiridos con estos últimos, en los que se ha acordado mantener a resguardo la información sensible. Indican que la reserva se fundamenta en los aspectos de confidencialidad y lógica estratégico mercantil de la productora y sus proveedores, siendo las definiciones estratégicas una herramienta que entrega información sobre los ejes orientadores del quehacer de la organización y se obtienen a partir de un proceso de planificación estratégica o de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en torno a su objeto, formando parte de los datos contenidos en sus reuniones de directorio y, por ende, constituyen datos de carácter privado garantizados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, N° 4.

7) Que, a juicio de este Consejo, en las alegaciones del órgano y los terceros interesados, no se verifica el criterio descrito en el considerando cuarto, pues no se han referido de forma específica a la manera en la que se produciría la afectación alegada, formulando argumentaciones generales e hipotéticas, sin detallar, por ejemplo, qué información en específico generaría los perjuicios enunciados. No se profundiza en la forma en la que la publicidad de lo requerido generaría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. En efecto, el hecho de tratarse de información presupuestaria, financiera y/o contable, por sí solo, no constituye una justificación que resulte aplicable a todo tipo de antecedente perteneciente a dichos géneros y que la transforme per se en información reservada o secreta, pues, siempre es necesaria la verificación de una afectación en los términos que ya han sido explicados, más aún, si se trata de antecedentes que fundan el otorgamiento de fondos de carácter público, para el cumplimiento de determinadas finalidades establecidas en la ley. Por otra parte, el hecho de tratarse de información de terceros, como lo serían los proveedores de las productoras, tampoco conlleva, con su solo mérito, su secreto o reserva, pues fue puesta a disposición de un órgano de la Administración del Estado en el desarrollo de sus funciones y en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico le entrega, tratándose de información que "obra en poder" de aquel, resultando procedente su entrega, de no configurarse causales de reserva o secreto, o, circunstancias de hecho que impidan su divulgación.

8) Que, por otra parte, se debe destacar que lo requerido se refiere a la entrega de la información correspondiente a la rendición de gastos, con facturas, boletas y honorarios, es decir, de solo parte de los antecedentes aportados por las productoras en el marco de la postulación y ejecución de cada proyecto, ante lo cual, el órgano y los terceros interesados no han explicado de qué forma dichos antecedentes específicos podrían afectar su funcionamiento, estrategia comercial y proyecciones, o su postulación a nuevos fondos.

9) Que, por otra parte, es menester recordar que este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). En este caso, no se han argumentado ni acreditado debidamente cada uno de estos presupuestos, ni por parte del órgano ni de los terceros interesados, lo que impide analizar si se encuentra o no configurada la causal en este sentido.

10) Que, a su vez, respecto de la decisión de amparo Rol C2909-18, citada por el órgano y por el tercero Chasqui Chile SpA., se debe hacer presente que aquella recayó en una solicitud de antecedentes referidos a la importación de productos por parte de un particular, datos que constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto, hipótesis diversa a la del presente caso, en la que, además, se trata de documentos que dicen relación con la utilización de recursos públicos.

11) Que, asimismo, la solicitud de información se refiere a personas jurídicas que han recibido fondos estatales entregados por el Consejo Nacional de Televisión por medio de fondos concursables. En tal sentido, la publicidad de los antecedentes solicitados por la reclamante reviste, efectivamente, un evidente interés público, en relación con el control social respecto de los fondos públicos asignados y su correcta utilización por parte de las empresas beneficiadas con dichas asignaciones, por lo que, no cabe, a su respecto, sostener la reserva de la documentación solicitada, más aún, cuando no se ha argumentado ni acreditado una afectación a sus derechos que justifique dicha reserva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al Principio General de Transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente.

12) Que, en este sentido, se debe hacer presente que, en las bases del llamado a Concurso Público para asignación del Fondo de Apoyo a Programas Culturales del año 2017, se establecen una serie de criterios y requisitos referidos a la asignación de recursos públicos y su adecuado uso. Por ejemplo, en los antecedentes se señala que: "En las presentes bases se regula el proceso del concurso público de asignación del Fondo, de la completa ejecución de los proyectos audiovisuales seleccionados y la fiscalización financiera de la inversión de los montos recibidos" (énfasis agregados); en las Normas Generales se indica que: "La interpretación y aplicación de estas bases, deberá hacerse siempre dando preeminencia al interés público y con irrestricto apego al principio de legalidad del gasto" (énfasis agregados); además de los apartados respectivos que regulan específicamente el financiamiento y presupuesto. Dichos antecedentes reafirman el interés público que reviste la información requerida, en relación con el control social respecto de los fondos públicos asignados y su correcta utilización.

13) Que, en mérito de lo expuesto, se desestimará la verificación de la causal de reserva o secreto de afectación de derechos de los terceros interesados, al no haberse argumentado ni acreditado debidamente por el órgano, ni por aquellos, la forma en la que, con la entrega de los antecedentes, se configuraría una expectativa razonable de daño o afectación, presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva de la información solicitada.

14) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública, no configurándose la afectación de derechos invocada por el órgano reclamado y por los terceros interesados, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y, conjuntamente con ello, ordenará la entrega de los antecedentes requeridos. En virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, cédula de identidad, domicilio, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, correo electrónico, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Fabela Marín en contra del Consejo Nacional de Televisión, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Presidenta del Consejo Nacional de Televisión, lo siguiente:

a) Entregue a la reclamante la rendición de gastos, con facturas, boletas y honorarios, de cada una de las siguientes series: 1. Los carcamales (ganadora 2017). 2. La Jauría (ganadora 2017, bajo el título Reinas). 3. Santiago Quiñones, tira (ganadora 2017).

Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en la información solicitada, como, por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUT, entre otros, según se detalla en el considerando 14 de esta decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Fabela Marín, a la Sra. Presidenta del Consejo Nacional de Televisión y a los terceros interesados.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.