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Rodrigo Emilio Soto Lizana con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Rol: C3016-21

Consejo para la Transparencia, 09/08/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, requiriendo se entregue información numérica, estadística y anonimizada sobre los pacientes que se encuentren en unidades de cuidados y/o tratamientos intensivos; y, los fallecidos, tanto a nivel de hospitales, separados por regiones del país, como a nivel nacional, con indicación de su grupo sanguíneo. Lo anterior, por tratarse de información pública, relativa a las funciones legales que le corresponden a la reclamada, respecto de la cual, no se ha acreditado su entrega, ni se invocó causales de secreto o reserva que ponderar. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. A su vez, se derivará de oficio el presente requerimiento a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por advertirse que las materias consultadas se circunscriben dentro de su ámbito competencial.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3016-21

Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública

Requirente: Rodrigo Emilio Soto Lizana

Ingreso Consejo: 27.04.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, requiriendo se entregue información numérica, estadística y anonimizada sobre los pacientes que se encuentren en unidades de cuidados y/o tratamientos intensivos; y, los fallecidos, tanto a nivel de hospitales, separados por regiones del país, como a nivel nacional, con indicación de su grupo sanguíneo.

Lo anterior, por tratarse de información pública, relativa a las funciones legales que le corresponden a la reclamada, respecto de la cual, no se ha acreditado su entrega, ni se invocó causales de secreto o reserva que ponderar.

Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

A su vez, se derivará de oficio el presente requerimiento a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por advertirse que las materias consultadas se circunscriben dentro de su ámbito competencial.

En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3016-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de marzo de 2021, don Rodrigo Emilio Soto Lizana solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública, "copia expresa, tanto a nivel de hospitales, separados, por regiones del país, como así en forma de datos duros, a nivel nacional. Señalando expresamente los pacientes que se encuentren a cuidados intensivos, sea: (UCI, UTI). Y en definitiva en cualquier acrónimo que se le asigne a las personas que estén en alto riesgo y en dichos cuidados, en definitiva con asistencia de un respirador artificial, o con apoyo de oxígeno. De misma forma en mismo sentido y solicitud, referente a los fallecidos, expresamente, producto de: COVIT-19. Señalando expresamente su grupo sanguíneo. Expresamente en cada uno de las formas solicitadas, en la presente petición de información pública".

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 27 de abril de 2021, don Rodrigo Emilio Soto Lizana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. No obstante lo anterior, atendido que este no cumplió con lo pedido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el procedimiento.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante Oficio N° E12271, de fecha 4 de junio de 2021, solicitándole sus descargos y observaciones.

No obstante lo anterior, a la fecha del presente Acuerdo, no consta que el órgano recurrido haya evacuado sus descargos y observaciones al procedimiento de acceso en análisis.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la ausencia de respuesta a la solicitud de acceso en el plazo legal establecido para ello - 20 días hábiles-. De los antecedentes tenidos a la vista consta que el requerimiento objeto de esta reclamación no fue contestado dentro del término legal, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al Principio de Oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo normativo. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción.

2) Que, primeramente, con respecto a la información estadística y anonimizada peticionada, es menester tener presente que se trata de antecedentes que no están asociados a un titular -o paciente- identificado o identificable, en conformidad de lo establecido en el artículo 2 letra e) de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. En tal sentido, el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Por su parte, según lo establecido en los artículos 5 inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encuentre sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, asimismo, cabe tener presente que, en el contexto de pandemia global calificado por la OMS, con fecha 11 de marzo del presente año, con ocasión del brote del así denominado Coronavirus, este Consejo dictó el Oficio N° 211, de fecha 17 de marzo de 2020, que "Formula recomendaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en materia del tratamiento de información por antecedentes vinculados a la enfermedad infecciosa denominada COVID-19 o coronavirus" en virtud del cual, esta Corporación señaló que "resulta fundamental adoptar medidas dirigidas a informar a la población". Lo anterior, "con el fin de avanzar en mayores niveles de transparencia y publicidad, como también de otorgar una adecuada protección de los datos personales y/ o sensibles que deben ser tratados en todo aquello relacionado con la enfermedad infecciosa COVID-19"; "Disponibilizar la información, de manera oportuna, y en un lenguaje claro y comprensible por la ciudadanía, procurando evitar la utilización de expresiones y explicaciones con alto contenido técnico, de manera que cualquier persona pueda entender fácilmente la información que se entrega".

4) Que, acto seguido se debe hacer presente que el decreto con fuerza de ley N° 1, año 2006, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469 -en adelante D.F.L. N° 1/2006- establece en su artículo 9, inciso primero, que: "El Subsecretario de Salud Pública subrogará al Ministro en primer orden, tendrá a su cargo la administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas". Luego, el artículo 27 del decreto supremo N° 136, año 2004, que establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud - en adelante D.S. N° 136-, dispone que, al referido Subsecretario de Salud Pública, le corresponderán especialmente las siguientes funciones: "a) Analizar, proponer y evaluar políticas, normas, planes y programas respecto de todas las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas. b) Efectuar, ordenar y coordinar todas las acciones necesarias en las materias señaladas en la letra anterior. c) Efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población".

5) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública que dice relación con las facultades legales de la reclamada, respecto de la cual, el órgano reclamado no alegó su inexistencia, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto que justifique su denegación, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se requerirá la entrega de los antecedentes consultados. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de ellos no obren en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

6) Que, sin perjuicio de lo resuelto, resulta del caso tener presente que el artículo 8 del D.F.L. N° 1/2006, establece que el Subsecretario de Redes Asistenciales "tendrá a su cargo las materias relativas a la articulación y desarrollo de la Red Asistencial del Sistema para la atención integral de las personas y la regulación de la prestación de acciones de salud, tales como las normas destinadas a definir los niveles de complejidad asistencial necesarios para distintos tipos de prestaciones y los estándares de calidad que serán exigibles. Para ello, el Subsecretario de Redes propondrá al Ministro políticas, normas, planes y programas, velará por su cumplimiento y coordinará su ejecución por los Servicios de Salud, los Establecimientos de Salud de Carácter Experimental, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y los demás organismos que integran el Sistema. ". Por su parte, el decreto supremo N° 4, año 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (espii) por brote del nuevo coronavirus (2019-ncov), dispone en su artículo 2 bis: "Otórgase a la Subsecretaría de Redes Asistenciales facultades extraordinarias para disponer, según proceda, de todas o algunas de las siguientes medidas: 10. Coordinar la red asistencial del país, de prestadores públicos y privados".

7) Que, en virtud del marco legal expuesto precedentemente, esta Corporación estima que la Subsecretaría de Redes Asistenciales también sería competente y se encuentra en posición jurídica para pronunciarse sobre las materias requeridas. Por tal motivo, se procederá a derivar esta solicitud al referido organismo, en virtud de los Principios de Máxima Divulgación y Facilitación, consagrados respectivamente, en el artículo 11 letras d) y f) de la Ley de Transparencia, a fin de que éste se pronuncie en definitiva sobre el requerimiento de especie.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Rodrigo Emilio Soto Lizana en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante la información que a continuación se indica:

i. Información estadística, numérica y anonimizada sobre los pacientes que se encuentren en unidades de cuidados y/o tratamiento intensivos, o cualquier acrónimo que se le asigne a las personas que estén en alto riesgo y en dichos cuidados, en definitiva con asistencia de un respirador artificial, o con apoyo de oxígeno, tanto a nivel de hospitales, separados por regiones del país, como así en forma de datos duros, a nivel nacional, con indicación de su grupo sanguíneo;

ii. Información estadística, numérica y anonimizada sobre los fallecidos, tanto a nivel de hospitales, separados por regiones del país, como así en forma de datos duros, a nivel nacional, con indicación de su grupo sanguíneo.

Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, lo siguiente:

a) Derivar el presente requerimiento a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en virtud de los Principios de Máxima Divulgación y Facilitación, consagrados respectivamente, en el artículo 11 letras d) y f), de la Ley de Transparencia, a fin de que éste se pronuncie de acuerdo a sus competencias.

b) Notificar la presente decisión a don Rodrigo Emilio Soto Lizana y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.