logo
 

Patricio Alejandro Sánchez González con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C3334-21

Consejo para la Transparencia, 09/08/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referente a la entrega de sumario administrativo que se indica, tarjándose previamente todos los datos personales de contexto contenidos en aquél. Lo anterior, por tratarse de un sumario administrativo afinado, respecto del cual, el órgano reclamado no acreditó suficientemente la inexistencia de la información peticionada; estimándose, que la derivación efectuada no se aviene a lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3334-21

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI)

Requirente: Patricio Alejandro Sánchez González

Ingreso Consejo: 06.05.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referente a la entrega de sumario administrativo que se indica, tarjándose previamente todos los datos personales de contexto contenidos en aquél.

Lo anterior, por tratarse de un sumario administrativo afinado, respecto del cual, el órgano reclamado no acreditó suficientemente la inexistencia de la información peticionada; estimándose, que la derivación efectuada no se aviene a lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3334-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de marzo de 2021, don Patricio Alejandro Sánchez González solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile -en adelante, indistintamente PDI-, "copia ÍNTEGRA y FOLIADA del sumario administrativos N° 632-2019...".

2) RESPUESTA: Mediante carta de fecha 27 de abril de 2021, la PDI respondió al requerimiento, indicando que no es competente para conocer la petición, pues el sumario administrativo solicitado fue remitido a la Contraloría General de la República, mediante Oficio (R) N° 3225, de fecha 13 de octubre de 2020, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas.

En tal contexto, expuso que la solicitud de especie fue derivada al órgano contralor, mediante Oficio N° 311, de fecha 26 de abril de 2021, para que se pronuncie a su respecto, en adecuación de lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 6 de mayo de 2021, don Patricio Alejandro Sánchez González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E11525, de fecha 28 de mayo de 2021, solicitándole sus descargos y observaciones.

Mediante Oficio Ord. N° 397, de fecha 4 de junio de 2021, el organismo presentó sus descargos, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Al respecto, puntualizó que conforme a lo informado por la Secretaría General, el expediente fue remitido a la Contraloría General de la República. En tal sentido, esgrimió que los antecedentes pedidos no obran en su poder.

Hizo presente que el sumario administrativo se encuentra terminado y fue remitido a la CGR para que dicha Entidad de Control tome razón de la resolución que aplica la sanción de separación impuesta a ex funcionario que indica. Agregó que, no se cuenta con una copia digitalizada del mismo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud. Al respecto, el órgano recurrido esgrimió su incompetencia para pronunciarse sobre la petición de especie, toda vez que el expediente consultado fue remitido a la Contraloría General de la República. Por tal motivo, señaló que el requerimiento fue derivado a esta última, en adecuación de lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Además, sostuvo que lo pedido no obra en su poder.

2) Que, en cuanto a la derivación efectuada, es menester tener presente lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, "En caso de que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante". De esta forma, la reclamado alegó que lo solicitado no obra en su poder, pues fue remitido a la Contraloría General de la República para que tome razón de lo resuelto. En tal sentido, se concluye que aquello obedece a dicha situación fáctica, y no a una incompetencia de conocer sobre el requerimiento.

3) Que, con respecto a la inexistencia alegada, este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparos Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que aquella constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.

4) Que, a su turno, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen".

5) Que, en tal contexto, las alegaciones esgrimidas por el órgano recurrido resultan ser insuficientes en el caso de especie, por cuanto no se avienen al estándar de búsqueda y acreditación impuesto en el numeral 2.3) de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. Lo anterior, pues no especificó, ni detalló las gestiones de búsqueda realizada, ni consigna dichas diligencias en actos administrativos que refrenden lo señalado. A su vez, con ocasión de sus descargos, el organismo hizo referencia a que no obraban en su poder copias digitalizadas, mas no a la eventual existencia de copias del sumario administrativo pedido en soporte físico.

6) Que, en cuanto a la publicidad del expediente pedido, resulta pertinente tener presente que este Consejo ha sostenido a partir de la decisión de los amparos Roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10 y C561-11, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros)

7) Que, a su turno, tal como sostuvo este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles A303-09, C806-10 y C575-11, resulta plenamente aplicable en la especie lo señalado por la Contraloría General de la República, en su Dictamen N° 7.355, de 2007, en el que se afirma que la "la autoridad se encuentra obligada a proporcionar a los interesados copia de los actos que emita en ejercicio de sus potestades públicas, aún en el caso de aquellos sujetos a toma de razón cuyo trámite ante este Órgano Fiscalizador se encuentre pendiente. Ello, por cuanto dicho control de juridicidad constituye una mera presunción de legalidad de los actos administrativos que no guarda relación con la existencia de la actuación administrativa de la cual emanan, ni con las causales que podrían motivar la reserva o secreto de los actos y resoluciones, sino que se establece como requisito de validez de los mismos, es decir se relaciona con sus efectos y obligatoriedad". Además, en dicho Dictamen se agrega que esta entrega de información debe realizarse sin perjuicio de que se ponga en conocimiento de los interesados que dicho acto administrativo no produce efectos mientras no se haya cumplido su total tramitación, dentro de lo cual debe considerarse, en este caso, la toma de razón. (Aplica dictámenes N° 33.659, de 2000, y N° 10.246, de 2006)

8) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de lo requerido, tarjando, previamente, todos los datos personales de contexto contenidos en ello, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Lo anterior, se realiza en cumplimiento de las atribuciones otorgadas a esta Corporación por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Patricio Alejandro Sánchez González en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente:

a) Entregue al peticionario copia íntegra y foliada del sumario administrativo N° 632-2019, resguardando los datos personales de contexto que pueda contener.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Alejandro Sánchez González y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.