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Ana Carolina Echeverría Añazco con COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO Rol: C3520-21

Consejo para la Transparencia, 09/08/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, ordenando la entrega de las liquidaciones de sueldo de los tres funcionarios consultados en el período indicado; tarjando, previamente, todo antecedente relativo a los descuentos voluntarios, individualización de instituciones de salud y de administradoras de fondos de pensiones. Así como también, los datos personales de contexto incorporados en aquella, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía; ello, en relación con lo dispuesto en la ley sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenido en decisiones amparos C211-10, C3183-17, C3184-17, C4153-18 y C7829-20, entre otros.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3520-21

Entidad pública: Comisión para el Mercado Financiero

Requirente: Ana Carolina Echeverría Añazco

Ingreso Consejo: 11.05.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, ordenando la entrega de las liquidaciones de sueldo de los tres funcionarios consultados en el período indicado; tarjando, previamente, todo antecedente relativo a los descuentos voluntarios, individualización de instituciones de salud y de administradoras de fondos de pensiones. Así como también, los datos personales de contexto incorporados en aquella, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía; ello, en relación con lo dispuesto en la ley sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.

Aplica criterio contenido en decisiones amparos C211-10, C3183-17, C3184-17, C4153-18 y C7829-20, entre otros.

En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3520-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de abril de 2021, doña Ana Carolina Echeverría Añazco solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero la siguiente información:

"Las Liquidaciones de sueldo correspondientes a las remuneraciones de enero, febrero y marzo de 2021 de los siguientes funcionarios públicos:

1- Sr. Joaquín Cortéz Huerta, Presidente

2- Sr. Gerardo Bravo Riquelme, Secretario General, y

3- Sr. Juan Reyes Rubio, Jefe de División de Reclamaciones"

2) RESPUESTA: El 10 de mayo de 2021, la Comisión para el Mercado Financiero respondió a dicho requerimiento de información mediante OFORD N° 30834, de esa fecha, denegando el acceso a los documentos requeridos por contener información desagregada de la esfera privada de las personas, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia; no obstante, informar, que las remuneraciones de los funcionarios son datos públicos, permanentemente disponibles y actualizados en la plataforma de transparencia activa en link indicado.

3) AMPARO: El 11 de mayo de 2021, doña Ana Carolina Echeverría Añazco dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

Además, la reclamante hizo presente, en síntesis, que la información reclamada debe ser entregada aplicando el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia según jurisprudencia de este Consejo que cita.

Finalmente agrega "(...) Hago presente a esta Comisión que no resulta comprensible que el suscriptor del OFORD que funda esta presentación, atendida su investidura, ignore la jurisprudencia citada precedentemente, lo que pone en entredicho sus habilidades y competencias para el desempeño de su cargo. Con todo, pudiera ser que su calidad de incumbente lo haya nublado, por lo que solicito a este Consejo, gestionar lo pertinente./ En armonía con lo expuesto precedentemente, adjunto a esta presentación, el OFORD N° 942, emitido por el Ministerio de Hacienda con fecha 05 de junio de 2018, donde consta la entrega de la Liquidación de sueldo, correspondiente al mes de abril de 2018, del Ministro de Hacienda de la fecha, don Felipe Larraín Bascuñan, hecho que da cuenta de la profunda ignorancia que subyace en la decisión que fundó la denegación de los documentos solicitados."

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E12290, de 04 de junio de 2021, confirió traslado al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, solicitante que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros, teniendo en consideración que este Consejo ha fallado ha sostenido reiteradamente que dicha información es pública y debe ser entregada, previa aplicación del principio de divisibilidad, tarjando los datos relativos a descuentos voluntarios, individualización de instituciones de salud y de administradoras de fondos de pensiones (a modo ilustrativo, se adjunta Decisión Amparo Rol C818-21); (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante OFORD N° 43044, de 18 de junio de 2021, el órgano recurrido efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Cuestiones preliminares: Previo a la exposición del fondo del asunto expone "(...) Esta Comisión estima del todo necesario requerir de vuestro Consejo, pronunciamiento respecto del cumplimiento del requisito constitucional establecido en el artículo 19 N° 14 de dicho texto, para el ejercicio del derecho de petición, género al que pertenece este tipo de presentaciones. Es de suma relevancia conocer lo que vuestro Consejo estime al respecto, particularmente sobre la pertinencia de los términos utilizados por la reclamante de marras, los cuales, en primer lugar, cuestionan la calificación profesional de un funcionario y, solapada pero directamente, imputan mala fe en el proceder, por tratarse de un "incumbente" de la información requerida (...)" Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre la materia.

b) Cuestión de fondo: Considerando que la información requerida contiene información referida a la esfera de la vida privada de los funcionarios consultados, resulta evidente que la entrega de dichos documentos afecta la privacidad de las personas de marras, incluyendo incluso, datos clasificables como sensibles. Si bien, el artículo 7° letra d) de la Ley de Transparencia impone a los organismos públicos mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, entre otros, "la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios", con las correspondientes remuneraciones y de conformidad al N° 1.4, de la Instrucción General N° 11, de este Consejo; sin embargo, es respecto de dichos ítems, mediante su consagración legal, como materia objeto de "Transparencia Activa", lo que puede estimarse como una especie de presunción de publicidad, siendo presumiblemente "públicos" (y, consecuentemente "de interés público"), excluyéndose así los datos de carácter personal.

En concordancia con lo anterior al analizar la decisión de amparo Rol C818-21, en que este Consejo se pronuncia sobre la materia en cuestión, resulta absolutamente claro y evidente que las remuneraciones corresponden a materias "públicas", y que el objeto o destino a los cuales los respectivos funcionarios destinan dicha remuneración corresponden a materias que forman parte de la "esfera de la vida privada de los funcionarios", entendiéndose como parte de dicha esfera, la identificación de las AFP e instituciones de salud. Por tanto, " (...) si nos detenemos por un minuto a revisar lo que lo anterior significa en los hechos (y que se grafica de manera clara en los mismos antecedentes aportados por la reclamante) es que, un documento como una liquidación de sueldo, luego de eliminar todos los datos personales de contexto y los datos pertenecientes a la esfera de la vida privada de las personas, a saber, los que indiquen la destinación que el funcionario realiza respecto de dichos fondos), quedamos con prácticamente los mismos datos que los que ya están publicados en la página de "Transparencia Activa"."

En este contexto, luego de ejemplificar lo que la página de transparencia activa del Ministerio de Hacienda tiene publicado como datos respecto de las remuneraciones de todos sus funcionarios agrega que " (...) el único ítem faltante en la publicación, corresponde al impuesto pagado, pero, si consideramos que las asignaciones pagadas se encuentran referenciadas por el cuerpo legal que las consagra (en el cual figura la determinación de si dichas asignaciones corresponden a ítems imponibles y/o tributables) y que la determinación del impuesto a pagar por los trabajadores dependientes igualmente se encuentra determinada por ley (en la ley de impuesto a la renta) y que todos los textos normativos citados se encuentran publicados en la página de la biblioteca del Congreso Nacional, la determinación del impuesto pagado pasa a ser un dato que la propia requirente puede extraer, realizando una simple operación matemática. Lo mismo ocurre respecto de las remuneraciones de los funcionarios de esta institución por lo que, siendo la información respecto de remuneraciones de funcionarios públicos, "pública" en la medida y bajo el estándar determinado por la ley de transparencia, la instrucción general N° 11 de vuestro Consejo y siendo congruente con lo anterior la parte considerativa de la decisión citada (sin perjuicio de lo resuelto en definitiva) y pudiendo extraerse dicha información directamente de nuestro enlace de Transparencia activa, esta Comisión estima no solo cumplida su obligación de entrega de información bajo los parámetros señalados sino que, además, considera la entrega del documento "liquidación de sueldo" es casi un capricho de la reclamante, a la luz de lo expresado el cual, atendido que implica prescindir de una solución que se encuentra permanentemente a disposición del público (como lo es el acceso a la página de "Transparencia Activa"), implica la utilización de recursos humanos que, de acuerdo con lo expresado, es innecesaria y se constituye en una infracción con principios como el de eficiencia en el uso de recursos públicos."

5) NUEVOS ANTECEDENTES. Con fecha 04 de agosto de 2021, ingresó un "Téngase presente" de la reclamante señalando lo siguiente: "Con fecha 29 de julio del año en curso, la SEGPRES, a propósito de un requerimiento formulado vía Ley de Transparencia, evacuó el OFORD N° 939, documento que adjunta todas las liquidaciones de sueldo del ex Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional, (...), devengadas desde la fecha de su contratación en dicha repartición pública. El colosal contraste entre la SEGPRES, y la Reclamada en materias de Transparencia, devela que el regulador tiene, a este respecto, su propio estatuto, arrogancia discrecional que no puede ser tolerada por este Consejo en virtud que, no sólo debilita su institucionalidad, sino también nuestra democracia".

Se adjunta: OFORD N° 939, de SEGPRES y liquidaciones de sueldo ex Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo son las liquidaciones de sueldo de los tres funcionarios que se indican en el N° 1) de lo expositivo, del período enero a marzo del año 2021. Al efecto la Comisión para el Mercado Financiero denegó dicha documentación por contener información que pertenece a la esfera privada de las personas y estimar que los antecedentes relativos a las remuneraciones de los funcionarios se encuentran a disposición del público, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencias en materia de transparencia activa, excluyéndose los datos personales de dicho personal.

2) Que, en cuanto a lo señalado por la reclamada, en orden a que la respuesta entregada obedece a que el Servicio en cumplimiento a la Ley de Transparencia mantiene a disposición permanente del público, a través de su sitio electrónico, la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones en el banner de Transparencia activa; cabe hacer presente que si bien revisado por esta Corporación el enlace indicado se constata que se publican las remuneraciones percibidas mensualmente por los funcionarios consultados, sin embargo, no se encuentran publicadas las liquidaciones de remuneraciones solicitadas por la peticionario. En este sentido, se debe recordar lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley de Transparencia: «La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles». En la especie, este Consejo estima que, el órgano reclamado no ha aportado suficientes antecedentes que justifiquen la entrega de lo pedido en una forma distinta de la requerida; por tanto, dicha alegación será desestimada.

3) Que, dicho lo anterior, respecto de las liquidaciones de sueldo, en particular, este Consejo ha sostenido reiteradamente que las remuneraciones percibidas por los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado tienen el carácter de información pública, ya que dicen relación directa con el ejercicio de sus cargos y funciones, y que, además, son pagados con cargo al erario nacional. En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor del Estado, se justifica un control social sobre aquella que, si bien puede incidir en aspectos de su vida privada, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes como el fundamento de los beneficios conferidos en mérito de la labor desempeñada.

4) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, las liquidaciones de renta contienen otros antecedentes, respecto de los cuales, este Consejo ha sostenido, a partir de la decisión del amparo Rol C211-10, que el objeto o destino al cual los funcionarios públicos destinen voluntariamente sus remuneraciones no guarda relación con el desempeño de sus funciones ni interfiere en el ejercicio de las mismas, siendo más bien una materia propia de la esfera de su vida privada. Lo mismo ocurre, respecto de la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensión, como de las instituciones de salud a las cuales se encuentren afiliados, ya que es información irrelevante y meramente de contexto para el control que la ciudadanía puede realizar respecto del ejercicio de la función pública que desempeña cada servidor.

5) Que, en consecuencia, se desestimarán las alegaciones del órgano para denegar la información en la forma pedida y se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de copia de las liquidaciones de remuneraciones de los tres funcionarios indicados en el periodo consultado. Lo anterior, tarjando los datos relativos a descuentos voluntarios, individualización de instituciones de salud y de administradoras de fondos de pensiones, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia. Así como también, de todos aquellos datos personales de contexto incorporados en aquellas, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenido en decisiones amparos C211-10, C3183-17, C3184-17, C4153-18 y C7829-20, entre otros.

6) Que, finalmente, este Consejo debe hacer presente a la reclamante que en lo sucesivo, se abstenga de realizar juicios o afirmaciones en contra de cualquier funcionario u órgano de la Administración del Estado, respecto de los cuales recurra de amparo ante esta Corporación, en el entendido de que en el procedimiento de acceso a la información pública, como en cualquier otro procedimiento administrativo, las peticiones que se efectúen deben realizarse en términos respetuosos y convenientes, tal como prescribe la Constitución Política de la República.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Ana Carolina Echeverría Añazco en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, lo siguiente;

a) Hacer entrega a la reclamante: Copia de las liquidaciones de sueldo correspondientes a las remuneraciones de enero, febrero y marzo del año 2021, de los tres funcionarios individualizados en la solicitud de acceso a la información.

En aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, se deberán tarjar previamente, los datos relativos a descuentos voluntarios, individualización de instituciones de salud y de administradoras de fondos de pensiones. Así como también, de todos aquellos datos personales de contexto incorporados en aquellas; ello en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Ana Carolina Echeverría Añazco y al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.