logo
 

Ilustre Municipalidad de Maip con Consejo para la Transparencia Rol: 44-2021

Corte de Apelaciones de Santiago, 10/08/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Gloria Solís Romero

Texto completo:

Santiago, diez de agosto de dos mil veintiuno.

A los escritos folios N° 19 y 20: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Elizabeth Olguín Ríos, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Maipú, domiciliada para estos efectos en Avenida Primera Transversal N° 1940, segundo piso, comuna de Maipú, quien en virtud del artículo 28 de la Ley N° 20.285, interpone recurso de reclamación en contra de la decisión de 8 de enero de 2021, recaída en Rol C-6417-20, notificada el 8 de enero de 2021, del Consejo para la Transparencia, mediante la cual acogió el amparo deducido por el tercero interesado.

Solicita que se acoja su reclamación y se revoque la decisión adoptada por el Consejo Directivo, declarando que se rechace totalmente el amparo deducido por el reclamante, al no cumplir dicha petición con el estándar exigido por la Ley N° 20.285.

Fundando su recurso indica que el 30 de septiembre de 2020, recibió vía portal web la solicitud de acceso a la información pública realizada por? don Cristóbal Cerpa Gaete, requiriendo: "Luego de ver una noticia y de corroborar la información a través de Transparencia Activa en la web de la Municipalidad y ejerciendo mi Derecho al Acceso a la Información, quisiera saber en virtud de que, la Sra/ita. Carola Poupin Moraga, quien a se encuentra contratada bajo la modalidad de honorarios, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 4, de la Ley N° 18.883, goza de un sueldo superior al que obtienen otros trabajadores a honorarios que son profesionales e incluso pertenecen al mismo Departamento donde trabaja la mencionada, por qué motivo la Sra/ita. Poupin obtuvo alzas salariales en abril y mayo de 2020, cuando profesionales a honorarios que trabajan en el mismo Departamento solo tuvieron un alza salarial en abril de 2020." (sic).

Añade que el 03 de octubre de 2020, mediante resolución N° 278, el Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad respondió a la solicitud informando que sería respondido por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, ya que no correspondía a una solicitud de acceso a la información, sino que se enmarca en el derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la Republica, la que fue? entregada, sin reparo o problema alguno.

Detalla que el tercero dedujo amparo ante el Consejo para la Transparencia, el que en sesión ordinaria N° 1143, de 08 de octubre de 2020, acordó acoger el amparo y requerir a la Municipalidad de Maipú a entregar al reclamante "los antecedentes fundantes para acordar el aumento de honorarios respecto de la trabajadora individualizada en la solicitud." dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que la referida decisión se encuentre ejecutoriada".

En primer lugar, alega que el Consejo para la Transparencia efectuó una interpretación errónea de las normas aplicables en el caso, que no son materias de su competencia.

Argumenta que su parte, en virtud de lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 18.695 que indica que su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, se negó a entregar la información requerida, pues ella implicaba la elaboración de un informe para dar respuesta, situación que no compete a una solicitud de la Ley N° 20.285 sino que se enmarca en el derecho de petición, debiendo ser contestado por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias de este ente edilicio.

Añade que ha sido la propia jurisprudencia del Consejo para la Transparencia la que se ha encargado de señalar la imposibilidad de poder requerirse la entrega de información inexistente y que la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia.

En segundo lugar, esgrime que la reclamada se extralimitó de sus facultades al interpretar un contrato, infringiendo el efecto relativo de los contratos, ya que en el considerando segundo de la decisión estimó que de la revisión del contrato de honorarios de la consultada se verificaba que en su cláusula tercera, relativa a los "honorarios" se estipulaba el monto mensual a percibir y el otorgamiento de un bono inicial de puesta en marcha del plan para cuya ejecución se le contrató, indicando en el párrafo 5 de la referida cláusula que la prestadora de los servicios no tiene derecho a recibir ningún otro pago, salvo los pactados en el presente contrato, añadiendo que mediante el anexo de contrato se acordó un incremento en los honorarios por la suma que allí se consigna, a contar del 01 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2020, por el trabajo especificado en la cláusula primera del contrato de prestaciones de servicios; sin perjuicio que, en el mes de abril de 2020, se verifico ? un aumento en los honorarios inicialmente pactados.

Añadiendo que ello, podría traducirse en que solo habría operado una modificación en el monto de honorarios pactados y no en los servicios contratados, concluyendo por ello que el requerimiento en los términos inicialmente formulados, correspondía a una solicitud amparada por la Ley de Transparencia, toda vez que dice relación con información que debería obrar en poder de la recurrida, en algún soporte documental de aquellos establecidos en el artículo 10, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, por cuanto se traduce en la entrega de antecedentes que respalden el incremento salarial que se consulta.

Como tercera cuestión, esgrime que no se ha considerado el hecho de que el propio espíritu de la ley N° 20.285, es precisamente dar cumplimiento a las solicitudes de acceso a la información, pero dentro de un margen que depende de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado.

Indica que la naturaleza jurídica de la decisión del Consejo para la Transparencia, corresponde a una potestad discrecional, potestad que esta? sujeta a los límites que determina su control por parte de la judicatura.

SEGUNDO: Que comparece don David Ibaceta Medina, abogado, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, quien informando al tenor del recuso, solicita el rechazo del mismo.

Indica que por decisión Rol C-6417-20, de 29 de diciembre de 2020, acogió el Amparo por Denegación de Acceso a la Información deducido por don Cristóbal Cerpa Gaete, en contra del Municipio, requiriendo a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, lo siguiente "a) Hacer entrega al reclamante de los antecedentes fundantes para acordar el aumento de honorarios respecto de la trabajadora individualizada en la solicitud. Con todo, en el evento que la información reclamada no obre en poder del municipio, deberá señalarlo expresamente al reclamante y a este Consejo, conforme lo dispuesto en la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación".

En primer lugar, señala que la reclamante desliza alegaciones sobre una eventual distracción indebida en el cumplimiento de sus funciones, la que debe ser declarada inadmisible, ya que se fundamenta en la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 la letra c) de la Ley de Transparencia, lo que no está permitido al tenor del inciso 2° de su artículo 28.

En subsidio de lo anterior, solicita su rechazo por invocarse dicha causal de reserva de forma extemporánea, esto es, una vez que la decisión de amparo C6417-20 ya fue adoptada.

En segundo término, indica que la decisión de amparo no es ilegal, por cuanto se ajusta a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política y a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, ya que la información solicitada constituye el fundamento de una decisión administrativa, por lo que para satisfacer dicha solicitud no se debía elaborar o crear información nueva o distinta de la que ya poseía por la actora.

Indica que se desprende que los antecedentes requeridos y controvertidos, que se requirió a la recurrente la información que sustentara las alzas de honorarios experimentadas durante los meses de abril y mayo de 2020, respecto de la trabajadora municipal, por lo que al tratarse del pago de remuneraciones con cargo a arcas municipales, es de toda lógica que ello no sólo debe estar autorizado por la autoridad respectiva, sino, además, debe estar debidamente fundado, en razón precisamente de la naturaleza pública de los recursos económicos en comento.

Argumenta que sobre esta materia resultan aplicables los principios de probidad y de publicidad que rigen los actos de la Administración del Estado atendido el uso de recursos públicos en el pago de remuneraciones, consagrados en el artículo 8° de la Constitución Política de la Republica, lo? que exige una necesaria publicidad y transparencia al respecto, sobre todo cuando lo consultado son antecedentes que justifican o sustentan el alza de sueldo recibido por una persona que presta servicios a la Municipalidad reclamante.

Refiere que el elemento básico para verificar el correcto cumplimiento de la función pública es precisamente su fiscalización o control, por lo que los antecedentes que sustentan las alzas de honorarios experimentadas es información eminentemente publica,? puesto que se traduce en los "fundamentos" de una decisión administrativa, tal como indicó en su considerando 3°, siendo una información que debe obrar en poder de la recurrida, en algún soporte documental de aquellos establecidos en el artículo 10 de la Ley de Transparencia.

Manifiesta que ello se refrenda con lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 11 letra c) de la citada ley, conforme al cual, toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume publica, a menos? que esté sujeta a excepciones.

Señala que en el considerando 3° de su decisión indico que la? Municipalidad en la respuesta otorgada, mediante carta N° 725, señaló que el incremento recibido por la trabajadora consultada decía "estricta relación con el aumento de los servicios contratados", los que no se describía ni tampoco se consignaban en el anexo de contrato respectivo; por lo que se concluyó en el considerando 4° que lo pedido constituye información que debería constar en algún soporte documental.

En tercer término, señala que el hecho que la Municipalidad de Maipú no tuviera ordenada y sistematizada la información referente a los fundamentos que justifican el alza o aumento salarial de la trabajadora consultada, no obsta acoger el amparo, dado que tal como se consignó en la decisión de amparo Rol C-97- 09, conforme a la historia fidedigna de la Ley N° 20.285, se encuentran amparados por dicha normativa las solicitudes que implican procesar documentos para dar respuesta, en tanto la información obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, sin que sea necesario tener que efectuar ninguna labor de creación de datos, ni generar información distinta a aquella que ya posee.

Sostiene que en otros casos, el único modo de cumplimiento de la obligación de entregar es construyendo un documento público nuevo, aplicando el principio de divisibilidad.

Finalmente, en lo que dice relación con la alegación de la inexistencia de información, lo que si bien no fue alegado en sus descargos, hace presente que en la decisión reclamada, en la parte final del considerando 4), se precisó que en el evento que la información reclamada no obre en poder del municipio, éste debía señalarlo expresamente al reclamante y a este Consejo, conforme lo dispuesto en la Instrucción General N° 10, por lo que se le dio la oportunidad al órgano, para que, en sede de cumplimiento, pueda acreditar ello.

TERCERO: Que conforme consta de certificación de ocho de abril de dos mil veintiuno que el tercero interesado don Cristóbal Cerpa Gaete, pese a ser notificado válidamente, no evacuo el traslado conferido.?

CUARTO: Que en el caso la cuestión a dilucidar es si la decisión de amparo recaída en el Rol C-6417-20, notificada el 8 de enero de 2021, del Consejo para la Transparencia, puede ser calificada de ilegal, para lo cual se debe determinar si el órgano solicitado, esto es, la Municipalidad de Maipú se encuentra obligada o no tener en su poder los antecedentes fundantes para acordar el aumento de honorarios respecto de la trabajadora individualizada en la solicitud, y si la decisión de la reclamada infringe la normativa de la Ley N° 20.285.

QUINTO: Que para ello se debe tener presente, en relación a las normas que el reclamante estima transgredidas, que el artículo 5° de la Ley N° 20.285 prescribe que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración? del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es publica la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

A su vez, el artículo 10 "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

Por su parte el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la Republica, dispone que "? Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

SEXTO: Que de lo preceptuado por la Carta Fundamental se deduce que la publicidad es un principio constitucional, de orden general que rige los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Dicho principio se recoge en las normas de la Ley N° 20.285, que consagro a nivel de derecho interno el derecho fundamental del acceso a la información en el interés de avanzar hacia una mayor transparencia en la gestión de la Administración del Estado y de la rendición de cuentas de la función pública que regula. Por ello, en su artículo 1° se plasmó el principio de la transparencia de la función pública, el derecho? de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información, siendo la regla general, la publicidad de la información generada, distribuida, recibida, gestionada y almacenada en y por la administración pública.

Entonces, de acuerdo con el principio de transparencia y publicidad, procede -por norma general- la entrega de la información, salvo que, efectivamente, la requerida se encuentre comprendida dentro de las situaciones de excepción a este principio, siendo de carga de quien lo alega acreditar las causales de reserva.

SÉPTIMO: Que en relación a la alegación de la actora referida a los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado, dicha argumentación será desestimada ya que ha sido precisamente la ley la que le impone tal carga y no pude excusarse de su cumplimiento, conforme lo dispone el inciso 2° del artículo 28 de la Ley N° 20.285, que dispone: "Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a? la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21".

OCTAVO: Que respecto que de la aleación del actor que se efectuó una interpretación errónea de las normas aplicables en el caso, ya que en el caso no nos encontramos en materias de competencia del Consejo para la Transparencia sino que ante el ejercicio del derecho de petición, por no existir la información en su poder.

Al respecto se debe señalar que la reclamante no puede pretender negar el acceso a la información en base a una supuesta "inexistencia de la información" haciendo sinónimo la ausencia total de aquella con la supuesta falta de sistematización y recopilación de la misma, más cuando en sus descargos al amparo interpuesto, entregó información como contratos de trabajo y anexos de la funcionaria de que se trata, lo que permite entender que los datos existen en su poder, de manera tal que no tratándose de información que deba ser creada, por dificultosa que sea su recopilación, debe de todas formas ser proporcionada; conclusión que se encuentra en armonía con lo preceptuado en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, norma de la que se desprende que la dificultad de recopilación no justifica la no entrega.

Además, consta de la decisión de la reclamada en la parte final de su literal a) que se dejó a salvo la posibilidad de la actora de acreditar en etapa de cumplimiento sí la información es inexistente, al indicar que "Con todo, en el evento que la información reclamada no obre en poder del municipio, deberá señalarlo expresamente al reclamante y a este Consejo. 2 Lo anterior, conforme se informa en el banner de Transparencia Activa de la Municipalidad de Maipú, ítem "personal y remuneraciones" conforme lo dispuesto en la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación".

De lo antes referido, no se evidencia que nos encontremos ante el ejercicio de un derecho de petición por parte del tercero interesado, pues en ningún caso se está requiriendo a la entidad reclamante que elabore información, sino que entregue los antecedentes que le fueron requeridos, aun cuando su recopilación sea dificultosa.

NOVENO: Que en ese sentido, no puede tacharse de ilegal, teniendo para ello en consideración lo preceptuado en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia que consideran información pública toda aquella que obre en? poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones legales, cuyo no es el caso.?

Ello se deben vincular lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, que indica que el alcalde tendrá las siguientes atribuciones: "d) Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa dentro del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan"; y "e) Administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo con las normas sobre administración financiera del Estado"; de lo que se deprede que la información peticionada es de aquellas que se encuentra obligada a registrar, justamente por las labores de supervigilancia que pesa sobre la Autoridad reclamante, pues comprende datos propios y necesarios para velar por la observancia del principio de probidad y administrar los recursos financieros de la municipalidad.

DÉCIMO: Que en relación a la alegación que la reclamada extralimitó sus facultades al interpretar un contrato, no se advierte reproche alguno respecto de la reclamada, pues no se evidencia que haya efectuado una interpretación en los términos alegados por la actora, sino que, sólo se limitó a consignar que del análisis de los antecedentes que fueron acompañados se evidenciaba que la información debía estar en poder de la Municipalidad, al tratarse justamente de materias relacionadas con el pago de remuneraciones, cuestión que es concordante con lo dispuesto en artículo 11 letra a) de la citada normativa presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cuestión que resulta concordante con el derecho a conocer los hechos de relevancia pública para facilitar el control social y el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia dispuestos en los artículos 8 inciso 2° de la Carta Fundamental y 5° de la Ley de Transparencia.

UNDÉCIMO: Que de lo antes razonado, se colige que el Consejo para la Transparencia al acoger el amparo, se ha limitado a actuar conforme a las atribuciones que la ley le entrega de resolver conflictos sobre el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 20.285, se declara:

I.- Que se rechaza el presente reclamo de ilegalidad interpuesto por la Ilustre Municipalidad de Maipú, contra de la decisión de 8 de enero de 2021, recaída en Rol C-6417-20, dictada por el Consejo para la Transparencia.

II.- Que cada parte asumirá sus costas.

Regístrese y comuníquese.

Contencioso Administrativo N° -44-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Gloria María Solís R., Inelie Duran M. y Abogado Integrante Patricio Ignacio Carvajal R. Santiago, diez de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a diez de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.