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Fondo Nacional de Salud con Consejo para la Transparencia Rol: 93-2021

Corte de Apelaciones de Santiago, 25/08/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Maritza Elena Villadangos F.

Texto completo:

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS:

1°) Que en estos autos Rol N° 93-2021, sobre reclamo de ilegalidad de la Ley N° 20.285, comparece don Jorge Troncoso Estrada, abogado, en representación del Fondo Nacional de Salud, interponiendo la reclamación que concede el artículo 28 de la ley antes citada, en contra de la Decisión C6589-20 del Consejo para la Transparencia, de fecha 19 de enero de 2021, solicitando se deje sin efecto y se rechace, en definitiva, en todas sus partes la solicitud de acceso que la motivó, con costas, por las razones que indica.

Señala que el 31 de agosto de 2020 se presentó ante el Fondo Nacional de Salud la solicitud de acceso a la información N° AO004T0003427 por el señor Felipe Tamayo, requiriendo "... tener el resultado final" de un sumario administrativo en contra de un funcionario de dicho Servicio, por acoso sexual, la que fue rechazada mediante Resolución Exenta 3G/N° 14886, de fecha 28 de septiembre de 2020, por la causal de reserva establecido en el artículo 21, número 1, de la Ley N° 20.285, y artículo 7, número 1, de su Reglamento.

Posteriormente, el 19 de enero de 2021, el Consejo para la Transparencia, en su decisión final recaída en el Rol C6589-20, resolvió acoger parcialmente el amparo, ordenando, en síntesis, entregar el resultado final del proceso sumarial afinado consultado, debiendo tarjarse previamente los datos personales y sensibles, dando aplicación al principio de divisibilidad, en particular, " la identidad de la denunciante y los hechos en los que se funda el sumario; la identidad de testigos que concurrieron a declarar, así como toda información mediante la cual se pueda identificar, y, las transcripciones de pasajes de la declaraciones prestadas, las referencias a antecedentes médicos o de salud y, todos los datos personales de contexto -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, rut, estado civil, fecha de nacimiento entre otras".

Argumenta el reclamante que la entrega de la información afectaría el debido cumplimiento de las funciones de Fonasa, tal como se consigna en la resolución que se impugna, dada la naturaleza de los hechos denunciados -la mayoría de connotación sexual-, la existencia de una relación de subordinación entre las partes involucradas -al tratarse de una denuncia efectuada por una funcionaria en contra de su jefatura directa- y que dan cuenta de un accionar absolutamente inapropiado y fuera de toda tolerancia en relación al respeto que debe existir entre una jefatura y los funcionarios de su dependencia, lo que expondría a los mismos, como también a aquellos funcionarios que depusieron o que fueron nombrados en el mencionado sumario administrativo, y que prestan en la actualidad servicios en la institución, a un clima laboral adverso y a eventuales recriminaciones entre ellos.

Sostiene que aun tratándose sólo de la resolución de término y no de la copia íntegra del proceso disciplinario, ésta contiene en muchos de sus pasajes transcripciones de las deposiciones de quienes concurrieron a declarar como testigos, constando en ellas opiniones, juicios o apreciaciones personales, no solo en relación a la denunciante o al denunciado, sino que también de otros funcionarios y a las dinámicas y relaciones laborales entre ellos, cuestión que no puede presumirse inocua, ya que si los funcionarios asumen como un hecho cierto que sus denuncias y declaraciones serán, una vez afinado el proceso sumarial, abiertamente conocidas por sus jefaturas, colegas o subordinados, generaría un desincentivo a reportar hechos de acoso laboral o sexual, u otras situaciones similares, así como a apoyar dichas denuncias o a expresar opiniones divergentes, según la convicción y sentir propios.

En este sentido, agrega que en la resolución sancionatoria cuyo contenido se solicita, se mencionan expresamente las conductas en que incurrió el funcionario denunciado, por las cuales se le formularon cargos y que, en definitiva, se tradujeron en la aplicación de una medida disciplinaria, estimándose que su divulgación podría traducirse -además de la sanción administrativa impuesta- en una sanción o cuestionamiento social que merme la honra y la vida pública del mismo, considerando el rol de jefatura que éste desempeña en la actualidad en la institución.

A lo anterior se sumaría la dificultad que se podría presentar en las labores de cuidado y protección desarrolladas por la institución, relacionadas principalmente con fomentar la utilización del procedimiento sobre denuncia de actos de maltrato, acoso laboral y/o sexual implementado en el servicio y el carácter confidencial del mismo, consagrado este último como uno de los principios rectores del referido procedimiento, pudiendo inhibir a los funcionarios a denunciar hechos de dicha índole, o bien, abstenerse de colaborar en investigaciones por tales materias, afectando las labores de investigación a quienes desempeñen funciones de fiscal en el futuro, como también que el Fonasa se vea imposibilitado de adoptar oportunamente medidas tendientes a detectar y corregir conductas constitutivas de maltrato, acoso laboral y/o sexual.

En virtud de las antedichas consideraciones, afirma el reclamante que en la especie se configura una expectativa razonable de daño o afectación para justificar la reserva prevista en la causal de denegación contenida en el artículo 21, No. 1, de la Ley N° 20.285.

En otro orden de ideas, arguye que el derecho de acceso a la información, a fin de garantizar el control social de la función pública, debe necesariamente tener un límite, que en el caso en particular esta dado no solo por el hecho de contener la información solicitada datos personales de los intervinientes en el sumario administrativo, sino además porque las situaciones denunciadas terminaron afectando la salud física y mental de la funcionaria denunciante, situación registrada en la resolución cuyo conocimiento se solicita, configurando éste un dato de naturaleza sensible conforme a la letra g), del artículo 2°, de la Ley N° 19.628.

En tal sentido de lo precedentemente resumido, sostiene el reclamante que el simple tarjado de datos -tanto personales como sensibles- consignados en la resolución cuyo conocimiento se requiere, no es suficiente para proteger efectivamente los derechos de los terceros, en particular, de quienes participaron en calidad de denunciante, denunciado y testigos en dicho sumario administrativo, por cuanto existen ámbitos que exceden el simple tarjado de datos y que deben ser resguardados.

Expresa que además se consideró que en el caso particular no era posible dar aplicación al principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley N° 20.285, por cuanto el solicitante es Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos Universitarios de Fonasa (ANPTUF), de manera que el simple tarjado de nombres y otros datos personales de contexto no resultaría suficiente para resguardar la identidad de quienes intervinieron en el proceso sumarial, toda vez que el requirente podría -mediante el cruce de ciertos datos, tales como cargos o funciones de los declarantes, fechas, hechos o situaciones a los que se haga referencia- inferir aquellas identidades.

2°) Que el reclamo de ilegalidad que motiva estos autos fue declarado admisible únicamente por la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, mediante resolución de esta Corte de 19 de mayo de 2011.

3°) Que, el reclamado, Consejo para la Transparencia, evacuó el informe requerido, formulando sus descargos y observaciones respecto del reclamo de ilegalidad deducido en su contra, solicitando su rechazo y la confirmación de la decisión impugnada.

Tras efectuar una relación de los hechos y precisar que la materia de la controversia está restringida a analizar la legalidad de su decisión en relación a la causal de reserva del N° 1 del artículo 21 de la Ley Sobre Acceso a la Información Pública, se argumenta en el fondo por dicha Corporación, que la información relativa a los procesos disciplinarios afinados de la Administración del Estado es pública, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política y los artículos 5, 10 y 11, letra C) de la Ley N° 20.285.

Agrega que el Fondo Nacional de Salud carece de legitimación activa para efectuar alegaciones que importen invocar la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley Sobre Acceso a la Información Pública, bajo el argumento de que la entrega de información afectaría los datos personales de los funcionarios, no pudiendo alzarse como agente oficioso de terceros, menos aun cuando ellos han optado por no reclamar de ilegalidad en defensa o protección de sus derechos, renunciando tácitamente a dicha causal. En tal sentido, informa que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 20.285, notificó el amparo tanto a la denunciante como al funcionario denunciado, sin que ninguno de ellos evacuara descargos durante el procedimiento de amparo, y que adoptada la decisión sobre el mismo y que se reclama en estos autos, ninguno de ellos formuló equivalente reclamación, lo que permite sostener se han allanado a lo resuelto por la Corporación.

Por otra parte, afirma que la decisión reclamada, en los términos adoptados, resguarda los datos personales y sensibles, y otros antecedentes reservados, toda vez que el resultado final del sumario debe ser proporcionado al requirente del mismo previa aplicación del principio de divisibilidad, con el fin de proteger los derechos de las personas consagrados en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política.

Sostiene que la información consistente en sumarios administrativos relacionados con funcionarios públicos, y en particular, su resultado final, no se encuentra comprendida en la hipótesis de reserva por la cual se declaró admisible el reclamo de ilegalidad de autos, dado que quienes se desempeñan en órganos de la Administración, se encuentran sujetos a los principios de probidad y transparencia y al control social en el desempeño y ejercicio de sus funciones.

Argumenta que en el procedimiento de amparo no se logró acreditar que la entrega del resultado final del sumario afecte los derechos de terceros, según así lo exige el artículo 8 de la Constitución Política de la República para que la publicidad ceda frente a la reserva o secreto, agregando que la eventual afectación se diluyó considerando la divisibilidad aplicada por el Consejo en el caso concreto, a la vez que ni denunciante ni denunciada en el proceso administrativo disciplinario evacuó el traslado que les fuera conferido en sede de amparo, no allegándose así antecedentes de terceros que hubieren podido ser ponderados.

Finalmente, alega la improcedencia de la condena en costas solicitada por el reclamante respecto del Consejo, por ser éste un órgano obligado legalmente a pronunciarse sobre la controversia planteada en el amparo y en tal posición tiene motivo plausible para litigar.

4°) Que, por su parte, don Felipe Tamayo Flores evacuó el traslado que le fuere conferido en su calidad de tercero interesado, solicitando el rechazo del reclamo de ilegalidad, en su totalidad, adhiriendo a todas las alegaciones de fondo formuladas por el Consejo para la Transparencia, agregando a ellas que en el caso no concurren los supuesto fácticos de la disposición contenida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, toda vez que la decisión del Consejo ordena una entrega parcial de la información bajo medidas que protegen los datos sensibles de terceros y siendo la entrega de la información un principio general, las excepciones de reserva son de interpretación restrictiva.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta necesario tener presente que en nuestro ordenamiento el principio general de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene expreso reconocimiento tanto constitucional como legal, siendo calificadas las situaciones en que puede invocarse por parte de la Administración causales legales de reserva o secreto, las que incluyen, según así dispone el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República y desarrolla la ley, cuando la publicidad afectare los derechos de las personas.

SEGUNDO: Que la controversia en estos autos está circunscrita a determinar si el Servicio que comparece reclamando ilegalidad en la decisión del Consejo para la Transparencia, está legalmente autorizado para negar el acceso a la resolución final de un sumario administrativo, invocando la causal 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, esto es, "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

TERCERO: Que para la acertada decisión que debe recaer sobre la materia, debe primeramente puntualizarse el Estatuto Administrativo, en su artículo 137, inciso segundo, únicamente establece la reserva del sumario en curso de instrucción, en dos fases, de modo tal que concluido, por resolución de término, recobra vigencia el principio general de publicidad de los actos y resoluciones de la Administración, de no concurrir y justificarse, conforme a los procedimientos vigentes de acceso, una causal calificada de reserva.

CUARTO: Que, el Fondo Nacional de Salud ha denegado el acceso a la resolución de término del proceso disciplinario consultado, invocando que la publicidad del mismo y no obstante las medidas de desagregación ordenadas por el Consejo de Transparencia en aplicación del principio de la divisibilidad, afectaría los derechos de terceros intervinientes en el mismo y en especial de los personales de la denunciante y el denunciado, ambos funcionarios.

QUINTO: Que la publicidad de los actos de la Administración, incluyendo aquellos propios de sus potestades disciplinarias respecto de sus servidores, tiene por objeto permitir el control del ejercicio de los deberes propios de la función pública, reconociendo como límite la protección de sus derechos personales, particularmente de aquellos a que se refiere el numeral 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, los que deben ser tutelados considerando en todo caso el especial estándar de conducta exigible de los servidores públicos, que impone deberes en ejercicio de su función y a la vez restricciones en su vida privada.

SEXTO: Que, con todo, los titulares de los derechos personales que eventualmente se verían afectados mediante la entrega parcial de la resolución de término del sumario administrativo consultado, no han ejercido oposición a dicho acceso en protección de su esfera de personalidad, al no evacuar los traslados que les fueren conferidos en sede de amparo de conformidad con el artículo 25 de la Ley N° 20.285, como tampoco han comparecido en esta instancia, interponiendo el arbitrio que les franquea la ley para manifestar su disconformidad con la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, de modo que el Fondo Nacional de Salud ha ejercido una causal de reserva de la cual son titulares terceros, sin que esté legalmente habilitado para recurrir, por propia decisión y oficiosamente, en favor de los mismos.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, a juicio de esta Corte, el Consejo para la Transparencia, en la decisión que se reclama, ha dispuesto la entrega de la información adoptando todas las medidas de exclusión que protegen, de modo razonable, la privacidad y derechos tanto de la denunciante y denunciado, así como de las demás personas que intervinieron en la tramitación del proceso disciplinario.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y artículo 30 de la Ley N° 20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido en esta causa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Roberto von Bennewitz Álvarez.

ROL N° 93-2021.

Pronunciada por la Octava Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Villadangos Frankovich e integrada por el Ministro (S) señor Carlos Iturra Lizana y el Abogado Integrante señor Roberto Von Bennewitz Álvarez.

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maritza Elena Villadangos F., Ministro Suplente Carlos J. Iturra L. y Abogado Integrante Roberto Von Bennewitz A. Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.