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Marine Harvest Chile SA con Ministros de Corte de Apelaciones Rol: 131990-2020

Corte Suprema, 16/08/2021

Se interpone recurso de queja contra ministros de Corte de Apelaciones por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad por él interpuesto en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia. Corte declara inadmisible el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Inadmisible por improcedente


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • Alvaro Quintanilla López
  • Ángela Vivanco M.
  • Eliana Quezada Muñoz
  • Mario Carroza Espinoza

Texto completo:

Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en estos antecedentes Rol N° 131.9902020, seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Marine Harvest Chile S.A. (hoy, "Mowi Chile S.A.") dedujo recurso de queja en contra de los Ministros Sres. Javier Moya Cuadra, Mireya López Miranda y Alejandro Rivera Muñoz, por las faltas y abusos graves que habrían cometido al dictar, el 21 de octubre de 2020, la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad que la quejosa ejerció en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia el 2 de agosto de 2018, en virtud de la cual se dispuso entregar a la peticionaria "Oceana Inc." la siguiente información: "a) La cantidad y clase de antibióticos utilizados durante los años 2015, 2016 y 2017 (por año y en toneladas) desagregado por empresa y centro de cultivo de la industria del salmón; y, b) la biomasa producida durante los años 2015, 2016 y 2017 (por año y en toneladas) desagregado por empresa y centro de cultivo de la industria del salmón correspondiente a las empresas que han accedido a publicar el dato referido a ‘Cosecha peso vivo (ton)’ concerniente a los años en que tales empresas han consentido en publicar".

La solicitud de acceso a la información fue presentada por Oceana Inc. ante el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura el 6 de febrero de 2018, requiriéndose, en lo pertinente a la contienda, la entrega de: "La siguiente información desagregada por empresa y centro de cultivo del salmón: a) Cantidad y clase de antibióticos utilizados durante los años 2015, 2016 y 2017 (por año y toneladas); y, b) Biomasa producida durante los años 2015, 2016 y 2017 (por año y en toneladas)". Tal petición fue denegada por el órgano requerido, debido al rechazo de la quejosa, entre otras empresas del mismo rubro que también dedujeron oposición a la publicidad de aquellos antecedentes.

Frente la negativa, el peticionario interpuso solicitud de amparo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia, dando origen a los antecedentes administrativos Rol C1003-18, que culminaron con la dictación de la instrucción antedicha.

En contra de aquella decisión, Marine Harvest dedujo reclamo de ilegalidad, afirmando que la instrucción impartida por el Consejo sería ilegal por las siguientes razones: (i) La infracción de lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, al entender que la información requerida no es pública, debido a que fue entregada por la empresa al Servicio en cumplimiento de un mandato legal, no por mera voluntad, recordando que el Tribunal Constitucional reiteradamente ha limitado la publicidad de los antecedentes que obran en poder de la Administración sólo a aquellos que satisfacen los supuestos que prevé la norma constitucional transgredida; y, (ii) El incumplimiento de lo estatuido en el artículo 21, numeral 2° de la Ley N° 20.285, al tener por no configurada la causal de secreto o reserva consistente en la afectación de derechos comerciales o económicos de la empresa, tanto en lo relacionado con la utilización de antibióticos como en lo atingente a la biomasa producida, resaltando que tal amenaza se configura especialmente al haberse ordenado la entrega de aquellos datos por centro de cultivo.

En este estado procesal, fue incorporada al expediente digital la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en causa Rol N° 5950-19-INA, que declaró inaplicable lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 2°, y en el artículo 10, inciso 2°, ambos de la Ley N° 20.285, así como en el artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, con excepción de los literales c) y e) de su inciso 2°.

La sentencia del grado rechazó el reclamo, en virtud de los siguientes argumentos: (i) Concluyó que la sentencia de inaplicabilidad no tiene incidencia en la resolución del conflicto, ya que el Consejo Para la Transparencia acudió a normas específicas sobre la materia para sustentar la publicidad de la información, en particular a los artículos 90 quater, literales b), c), d) y e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, a los artículos 6 y 8 del Decreto Supremo N° 129 de 2013 del Ministerio de Acuicultura, y al artículo 10 del Decreto Supremo N° 319 de 2001 del Ministerio de Economía; (ii) Dirimió, en cuanto a la entrega de la información relacionada con los antibióticos empleados en los centros de cultivo, que la publicidad de aquellos datos no posee el mérito de afectar el bien jurídico protegido por la causal de secreto o reserva invocada por la actora; y, (iii) estimó, en lo atingente a la biomasa producida, que no se acreditó que la información que se ha hecho pública en general exija ser reservada o secreta por el centro de cultivo, destacando que se está en presencia de una actividad que requiere calificación ambiental favorable y, por ello, su producción por unidad debió ser transparentada en el procedimiento de evaluación respectivo, sirviendo de antecedente para la dictación del acto administrativo terminal, agregando, a mayor abundamiento, que la entrega de estos datos no permite al destinatario conocer información tan compleja como los precios de los productos que cada centro comercializa, la proyección de su estructura de costos, la proyección financiera y la capacidad de respuesta frente a variaciones de precio o de costos, así como tampoco los procesos de producción, las técnicas y estrategias comerciales, las condiciones económicas, ni el know-how de cada compañía.

En contra de aquella decisión, la reclamante interpuso el recurso de queja que aquí se analiza, arbitrio donde se acusa que los jueces recurridos incurrieron en las siguientes faltas o abusos graves: (i) La contravención de lo dispuesto en el artículo 93, inciso 1°, numeral 6°, e inciso 11 de la Constitución Política de la República, y artículos 90 y 92 de la Ley N° 17.997, al haber aplicado las normas declaradas inaplicables por el Tribunal Constitucional, pues, específicamente, el considerando séptimo del fallo impugnado acude a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia para concluir el carácter público de la información ordenada entregar en la decisión de amparo, referencia que no es meramente formal ya que, de ser suprimida, privaría de fundamento suficiente al rechazo de la reclamación; y, (ii) La no aplicación de lo dispuesto en el artículo 21, numeral 2° de la Ley de Transparencia, al haber desatendido que la información no puede ser entregada al peticionario por afectar los derechos comerciales y económicos de la recurrente, reiterando los argumentos desarrollados en su libelo para proponer la configuración de aquella causal de secreto o reserva.

Por todo lo dicho, solicita que se deje sin efecto la sentencia cuestionada y, en su reemplazo, se acoja la reclamación interpuesta por la quejosa, denegando el acceso a la información requerida.

Segundo: Que, en su informe, los recurridos reconocen haber concurrido a la dictación del fallo cuestionado, resumen de sus fundamentos, y estiman no haber incurrido en falta o abuso grave, salvo el mejor parecer de esta Corte Suprema.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", cuyo acápite primero lleva por título: "Las facultades disciplinarias". Allí se contiene el artículo 545, que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, siempre que, cualquiera sea el caso, no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Cuarto: Que, previo al examen de las cuestiones jurídicas implicadas en la presente impugnación, ya sintetizadas precedentemente, es menester consignar que la Constitución Política de la República señala, en su artículo 8°, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

También, la Constitución Política asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información (artículo 19, N° 12), que se encuentra reconocido en la Carta Fundamental -aunque no en forma explícita- como un mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio que representa, además, un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas.

La relevancia de este derecho público subjetivo queda de manifiesto al observar que, reconocido inicialmente a nivel legal, fue posteriormente recogido por la reforma constitucional de agosto de 2005 como una de las bases de la institucionalidad o como un principio fundamental del Estado Constitucional y democrático de derecho que funda el Código Político, donde la publicidad es la regla y el secreto la excepción.

Tal preceptiva, que, sin distinción, obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente.

En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública que preceptúa, en lo que interesa, que "la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (art. 3°). También que "el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (art. 4). Por último, que "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (art. 5).

Por lo demás, cabe observar que la referida legislación establece dos mecanismos de transparencia. Uno, denominado transparencia activa, que consiste en la obligación de los órganos públicos de difundir o poner a disposición del público determinada información. Y transparencia pasiva, traducida en la obligación de entregar determinada información a los ciudadanos cuando éstos la soliciten. El legislador creó el Consejo para la Transparencia como un órgano de la Administración del Estado -con autonomía- con el fin de hacer efectivo el principio de publicidad previsto en la Carta Política y es en esa línea que lo dotó de facultades para conocer reclamos respecto de actos emanados de entidades que forman parte básicamente de la Administración del Estado.

Quinto: Que, puede decirse, entonces, que el derecho de acceso a la información pública es un derecho implícito que, como otros -entre ellos el derecho a la identidad personal o al desarrollo libre de la personalidad-, nuestro orden constitucional asegura a toda persona y, por tal consideración, merece íntegra protección.

Sexto: Que, como se ha dicho, la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública tiene por objeto el regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

Séptimo: Que, agotado el contexto normativo y doctrinario atingente a la contienda, es menester recordar que, respecto de la publicidad de la información, la recurrente expresa que los jueces recurridos han preterido la instrucción impartida por el Tribunal Constitucional en autos Rol 5950-19-INA, fallo a través del cual se declaró inaplicable en estos antecedentes, por inconstitucionalidad, lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2°, y en el artículo 10, inciso 2° de la Ley N° 20.285, así como en el artículo 31 bis de la Ley N° 19.300, con excepción de los literales c) y e) de su inciso 2°, sustracción normativa que debió llevar a entender que la información cuestionada no es pública.

Octavo: Que, disintiendo de lo propuesto por la quejosa, de la atenta y sistemática lectura de la sentencia impugnada surge con claridad que su considerando 7° contiene sólo una referencia a los fundamentos de la decisión de amparo del Consejo Para la Transparencia, y no un razonamiento propio de los jueces recurridos.

En efecto, a partir del motivo 5° del fallo se describen los argumentos vertidos por el órgano administrativo antes aludido para ordenar la entrega de la información, como es posible distinguir con claridad gracias a la conjugación y al tiempo verbal utilizado para ello ("basó", "citó" y "precisó"), siempre en pretérito perfecto y tercera persona singular, tal como ocurre en el considerando 7° aludido por la quejosa, pasaje que dice: "Que, se destacó también que la información solicitada fue entregada por las empresas salmoneras al SERNAPESCA, en cumplimiento de una obligación establecida en la Ley de Pesca, en el Decreto Supremo N° 129, que fijó el Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen. De este modo, por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política, así como los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, dicha información resulta ser de carácter pública, salvo la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva".

Noveno: Que, a mayor abundamiento, los recurridos entendieron que la información requerida es pública por dos motivos independientes: (i) El tratarse de datos que se encuentran en poder de la Administración en virtud de un mandato legal contenido en la legislación sectorial de acuicultura; y, (ii) El tratarse de información que sirve como antecedente para la dictación de un acto administrativo de contenido ambiental, consistente en la resolución de calificación favorable.

Décimo: Que, hecha tal distinción, resulta patente que únicamente el primero de aquellos argumentos podría verse afectado por la inaplicabilidad ordenada por el Tribunal Constitucional, al guardar cierta relación con lo previsto en el artículo 5, inciso 2° de la Ley N° 20.285. Sin embargo, aquella supresión no influye sustancialmente en el segundo razonamiento, en la medida que éste encuentra sustento normativo directamente en el artículo 8, inciso 2° de la Constitución Política de la República, regla que expresa: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", y que no fue -ni pudo ser, atendida su jerarquía- declarada inaplicable en sede constitucional.

Undécimo: Que, por lo dicho en los acápites precedentes, se concluye que los jueces recurridos no han incurrido en falta o abuso susceptible de corrección.

Duodécimo: Que, en segundo orden, a la hora estudiar la configuración de la causal de secreto o reserva cuyo rechazo generaría la segunda falta o abuso grave acusada en el recurso de queja, pertinente es recordar que esta Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas oportunidades sobre la posibilidad de afectación de derechos comerciales o económicos de los operadores en la industria de la acuicultura frente a la entrega de información pública que se encuentra en poder del Servicio respectivo.

En efecto, en causas Rol N° 31.927-2019, 20.5892019, 17.310-2019, 13.044-2018, por mencionar las más recientes, conociendo recursos de queja se ha compartido el criterio plasmado en las respectivas decisiones de amparo del Consejo para la Transparencia y se ha rechazado la configuración de igual causal de secreto o reserva de aquella que aquí se invoca, estatuida en el artículo 21, numeral 2° de la Ley N° 20.285, consistente en la afectación de derechos comerciales o económicos de las empresas del rubro con motivo de requerimientos de entrega de antecedentes vinculados con enfermedades y uso de antibióticos y medicamentos en peces.

Tales decisiones fueron sustentadas, fundamentalmente, en la no acreditación de la afectación del interés que se pretendía proteger, tal como ocurre en el caso de marras, pues la reclamante ha hecho referencia a una serie de factores productivos, sin lograr acreditar la ocurrencia de una merma real, concreta y cuantificable en el patrimonio del sujeto eventualmente afectado, sea esta potencial o actual, realidad que no varía por la instrucción de desagregación de la información por centro de cultivo impartida por el Consejo Para la Transparencia, característica compartida con la mayoría de los precedentes antes singularizados, y que se extiende, por las mismas razones, a la biomasa producida en el mismo nivel.

Décimo tercero: Que, corolario de lo desarrollado, se concluye que los jueces recurridos no han incurrido en falta o abuso grave que deba ser enmendado por esta vía.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja deducido por Marine Harvest Chile S.A. (hoy, "Mowi Chile S.A.").

Agréguese copia de esta resolución a los autos tenidos a la vista. Hecho, devuélvase.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo de la Ministra (S) Sra. Quezada.

Rol N° 131990-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E., Sra. Eliana Quezada M. (s) y por el Abogado Integrante Sr. Álvaro Quintanilla P. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Quezada por haber concluido su período de suplencia y el Abogado Integrante Sr. Quintanilla por no encontrarse disponible su dispositivo electrónico de firma.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A., Mario Carroza E. Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.