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ARMADA DE CHILE con Ministros Corte de Apelaciones Rol: 405-2020

Corte Suprema, 29/07/2021

Se interpone recurso de queja contra ministros de Corte de Apelaciones por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad por él interpuesto en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Ángela Vivanco M.
  • Etcheberry C., Leonor
  • Jorge Lagos Gatica
  • María Eugenia Sandoval Gouet
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en estos antecedentes Rol N° 405-2020, sobre reclamo de ilegalidad, seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el Fisco de Chile dedujo recurso de queja en contra de las Ministras Sras. Dobra Lusic Nadal y Elsa Barrientos Guerrero, así como del Abogado Integrante Sr. Jaime Guerrero Pavez, por las faltas y abusos graves que habrían cometido al dictar, el 7 de enero de 2020, la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad que el quejoso presentó en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia en antecedentes administrativos Rol C559018, donde se ordenó a la Armada de Chile entregar al peticionario: "La hoja de vida y calificaciones de don Ariel González Cornejo entre los años 1972 y 1978, previa aplicación del principio de divisibilidad", disponiendo la tarja de "aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular; como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al ex funcionario consultado; y, las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas".

La solicitud de acceso a la información fue presentada por don Javier Morales Valdés ante la Armada de Chile el 13 de octubre de 2018, requiriéndose, originalmente, la entrega de la "hoja de vida y calificaciones de don Ariel González Cornejo entre los años 1972 y 1978". Tal petición fue denegada por el órgano requerido, argumentando que aquella información no obraba en su poder, y que mediaba, además, oposición del Capitán de Navío (R) Ariel González Cornejo, quien invocó la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285.

Frente a la negativa, el peticionario interpuso solicitud de amparo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia, insistiendo en la entrega de los antecedentes antes mencionados, procedimiento que culminó con la dictación de la instrucción antedicha.

En contra de aquella decisión, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco - Armada de Chile, dedujo reclamo de ilegalidad, afirmando que la decisión de amparo resulta contraria a derecho por las siguientes razones: (i) La vulneración de los artículos 41 y 30, literal b) de la Ley N° 19.880, y artículos 24, inciso 2,° y 33, literal b) de la Ley N° 20.285, por haberse omitido pronunciamiento respecto de ciertas alegaciones formuladas por el reclamante en sus descargos; (ii) La transgresión de lo dispuesto en el artículo 21, numerales 2 y 5 de la Ley N° 20.285, al haberse descartado la configuración de dichas causales de secreto o reserva, a pesar de concurrir los requisitos necesarios para su operación; (iii) La infracción de lo prescrito en el artículo 21, numeral 3° de la Ley N° 20.285, al no aplicar dicha causal de secreto o reserva, cuyo carácter es objetivo; y, (iv) La afectación del "derecho al olvido" que asiste al funcionario que cesa en su cargo.

La sentencia del grado rechazó el reclamo, teniendo para ello en consideración que: (i) La información ordenada entregar dice relación con la carrera funcionaria del señor González Cornejo, en particular con sus antecedentes curriculares; (ii) No se divisa de qué manera podrían verse afectados los planes o sistemas de formación y capacitación profesional de la institución a la que dejó de pertenecer hace muchos años; (iii) Tampoco se vislumbran los supuestos por los que podría eventualmente verse comprometida la seguridad del ex funcionario o la de sus familiares, no pudiendo ser considerada, entonces, como información sensible para los efectos previstos en la Ley N° 19.974; y, (iv) La información, acotada y restringida en los términos dispuestos por el Consejo, no puede entenderse secreta o reservada por los numerales 1 y 4 del artículo 436 Código de Justicia Militar, el artículo 34 de la Ley N° 20.424, o el artículo 21 de la Ley N° 20.285.

Impugnando aquella decisión, el reclamante interpuso el recurso de queja que aquí se analiza, arbitrio donde se acusa que los jueces recurridos incurrieron, en síntesis, en las siguientes faltas o abusos graves: (i) Desconocer el carácter de secreto o reservado de la información solicitada, al no aplicar las causales establecidas contempladas en los artículos 21, numerales 3° y 5°, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar y el artículo 34, literales a) y b), de la Ley N° 20.424; (ii) Desconocer el carácter de secreto o reservado de la información solicitada, al no aplicar las causales contempladas en el artículo 21, numerales 2° y 5° de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la Ley N° 19.628 y en el artículo 19, numeral 4°, de la Constitución Política de la República; y, (iii) Exigir, para la concurrencia de las causales señaladas, la prueba de circunstancias no contempladas por la Constitución ni la ley, en particular la verificación del daño al bien jurídico protegido por la prohibición de divulgación.

Segundo: Que, en su informe, los recurridos reconocieron haber concurrido a la dictación del fallo cuestionado, resumieron sus fundamentos, y estimaron no haber incurrido en falta o abuso grave, salvo el mejor parecer de esta Corte Suprema.

Tercero: Que, del mérito de los antecedentes, no es posible concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan realizado alguna de las conductas que la ley rechaza y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, toda vez que resolvieron en el sentido expresado en lo dispositivo haciendo uso de su facultad de interpretar las disposiciones legales atingentes al caso.

Cuarto: Que lo anteriormente consignado no significa necesariamente compartir la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho efectuada por los jueces recurridos.

Y de conformidad, además con lo dispuesto en los artículos 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja interpuesto en lo principal de la presentación folio N° 216.669-2019.

Sin perjuicio de lo resuelto, actuando esta Corte Suprema de oficio y teniendo en consideración:

1°.- Que es menester consignar que la Constitución Política de la República señala, en su artículo 8°, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

También la Constitución Política asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información (artículo 19, N° 12), que se encuentra reconocido en la Carta Fundamental -aunque no en forma explícita- como un mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio que representa, además, un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas.

La relevancia de este derecho público subjetivo queda de manifiesto al observar que, reconocido inicialmente a nivel legal, fue posteriormente recogido por la reforma constitucional de agosto de 2005 como una de las bases de la institucionalidad o como un principio fundamental del Estado Constitucional y democrático de derecho que funda el Código Político, donde la publicidad es la regla y el secreto la excepción.

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional fue dictada la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 20.285) que preceptúa, en lo que interesa, que "la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (art. 3°). También que "el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (art. 4). Por último, que "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (art. 5).

Por lo demás, cabe observar que la referida legislación establece dos mecanismos de transparencia. Uno, denominado transparencia activa, que consiste en la obligación de los órganos públicos de difundir o poner a disposición del público determinada información. Y transparencia pasiva, traducida en la obligación de entregar determinada información a los ciudadanos cuando éstos la soliciten. El legislador creó el Consejo para la Transparencia como un órgano de la Administración del Estado -con autonomía- con el fin de hacer efectivo el principio de publicidad previsto en la Carta Política y es en esa línea que lo dotó de facultades para conocer reclamos respecto de actos emanados de entidades que forman parte básicamente de la Administración del Estado.

2°.- Que, puede decirse, entonces, que el derecho de acceso a la información pública es un derecho implícito que, como otros -entre ellos el derecho a la identidad personal o al desarrollo libre de la personalidad-, nuestro orden constitucional asegura a toda persona y, por tal consideración, merece íntegra protección.

3°.- Que, como se ha sostenido, la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública tiene por objeto el regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

4°.- Que, del análisis de los antecedentes, aparece que tres son las causales de secreto o reserva invocadas por el reclamante para sustentar la denegación de la información cuya entrega fue requerida y ordenada a la Armada de Chile.

Las dos primeras consisten en aquellas previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esto es, que su publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, y el tratarse de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado ha declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.

En ambos casos, la argumentación fiscal parte de la premisa de considerar que la hoja de vida de los miembros de la Fuerzas Armadas registra, además de datos de carácter funcionario, antecedentes sensibles, tales como las características físicas o morales de las personas, o hechos o circunstancias de su vida privada, consistentes en su origen racial, ideologías, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos, comportamiento financiero, entre otras menciones.

Así, la publicidad del documento en análisis afectaría el derecho a la vida privada del funcionario específico de que se trata, y vulneraría lo dispuesto en las Leyes N° 19.628 y 21.096, que ordenan la reserva de los antecedentes con estas características, para evitar la lesión de intereses personalísimos de los interesados.

5°.- Que, ahora bien, el segundo capítulo del recurso de queja que aquí se analiza se basa en la concurrencia de las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21, numerales 3 y 5, de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar y el artículo 34, literales a) y b) de la Ley N° 20.424, pues se trataría de antecedentes que, por su contenido particular, de hacerse públicos afectarían la Defensa Nacional, además de versar sobre la planta o dotación de la Armada de Chile, cuyo secreto o reserva está determinado por normativa que debe ser considerada, para estos efectos, como una ley de quórum calificado.

6°.- Que, para el adecuado entendimiento del asunto, resulta procedente transcribir determinados preceptos legales que inciden en la resolución del reclamo de ilegalidad resuelto por los jueces recurridos:

El artículo 21 de la Ley de Transparencia señala: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

[ ... ]

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

[ ... ]

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

Por su parte el artículo 436 del Código de Justicia Militar establece: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros:

1.- Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal;

2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia;

3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la ley N° 17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, y

4.- Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales".

7°.- Que es imprescindible tener presente, al momento de resolver el asunto sub lite, que la Armada de Chile forma parte de las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, y que, conforme lo establece el artículo 101 de la Constitución Política de la República, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Es por lo anterior que nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de cuerpos legales que regulan su organización y actividad, consagrándose así un régimen jurídico especial que se erige sobre la base de la particular y esencial labor que les ha sido entregada. Entre esta normativa se encuentra el Código de Justicia Militar, que revela la importancia y especialidad de la tarea encomendada.

En este contexto normativo encontramos el artículo 436 del Código de Justicia Militar -transcrito en el considerando precedente- que establece qué documentos tienen el carácter de secretos, refiriendo que tienen aquel carácter aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal.

8°.- Que el Consejo de Defensa del Estado esgrimió en su reclamación que, en el caso de autos, el precepto antes referido constituye una causal de reserva en los términos exigidos por el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, toda vez que se ha señalado que los documentos tienen el carácter de secretos conforme a las causales del artículo 8° de la Constitución Política de la República, norma que, a su juicio, ostenta el carácter de quórum calificado en virtud de lo establecido en el artículo 4° transitorio de la Carta Fundamental, y primero transitorio de la Ley de Transparencia, debiendo ser considerada como una causal objetiva de reserva que no requiere de la acreditación del daño o afectación a los bienes jurídicos mencionados en el inciso 2° de la norma constitucional precitada. Tal planteamiento jurídico fue rechazado por el Consejo para la Transparencia, organismo que estimó que la afectación o daño debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por la institución requerida.

9°.- Que, asentado lo anterior, es menester resaltar que la primera exigencia requerida para que el deber de reserva pueda ser invocado por los órganos del Estado, es que éste conste en una ley de quórum calificado, condición que cumplen las disposiciones legales dictadas con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.285, con tal que se encontraren vigentes a la época su promulgación. En consecuencia, el deber de reserva que establece el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que debe su actual redacción a la Ley N° 18.667 publicada el 27 de noviembre de 1987, cumple con el requisito de emanar de una ley de quórum calificado y, por ende, su aplicación resulta legal y constitucionalmente procedente, toda vez que la norma en comento expresamente refiere que es información secreta aquella relacionada con la Defensa Nacional, lo que no puede sino vincularse con la seguridad de la Nación, función esencial de las Fuerzas Armadas. En este contexto, el artículo 436 del Código de Justicia Militar refiere, en su encabezado, los documentos que son secretos, para luego desarrollar un listado ejemplificador de instrumentos que tienen tal carácter, enumeración que, lógicamente, no es taxativa, toda vez que el secreto o reserva es determinado por la vinculación y afectación de uno de los cuatro conceptos expuestos en su encabezado. En concreto, la norma señala: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: N° 1 Los relativos a las Plantas o dotaciones...".

Pues bien, de lo transcrito se aprecia que la ley ha señalado expresamente, despejando cualquier duda del intérprete, que es secreta la información relacionada con las plantas o dotaciones de las Fuerzas Armadas. En este aspecto no cabe sino concluir que la hoja de vida de un oficial de la Armada de Chile, que, a lo menos, ha de contener las destinaciones durante su carrera, con indicación de los rangos que alcanzó, es secreta, pues queda comprendida dentro del concepto de "dotación" de las Fuerzas Armadas, aserto que encuentra sustento en lo preceptuado en el artículo 4, inciso 1° de la Ley N° 18.948, que contiene la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el cual dispone lo siguiente: "El personal de las Fuerzas Armadas estará constituido por el personal de planta, el personal a contrata y el personal de reserva llamado al servicio activo. El personal de planta está constituido por:

- Oficiales - Cuadro Permanente y de Gente de Mar

- Tropa Profesional -Empleados Civiles".

En consecuencia, no cabe duda que la información contenida en la hoja de vida de oficiales de la Armada de Chile forma parte del concepto de "dotación de las Fuerzas Armadas", encuadrándose en la excepción legal invocada por la reclamante, conclusión que, a mayor abundamiento, resulta corroborada con dos argumentos adicionales. Por un lado, la norma que establece la reserva no ha hecho ninguna distinción entre el personal en servicio, activo o en retiro y, por otro, el tiempo transcurrido no es óbice para mantener el secreto de la información protegida, toda vez que el artículo 22, inciso 1° de la Ley N° 20.285 dispone que: "Los actos que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación". Esto último no obstante que durante la discusión legislativa se debatió arduamente sobre el límite temporal de la reserva "no establecida por ley de quórum calificado", sin embargo, ni aún en este caso se logró un consenso, ya que, si bien se barajaron plazos entre 10 y 20 años, en definitiva ello no prosperó, no siendo recogidas las indicaciones en el texto final de la ley. Lo razonado permite a estos sentenciadores concluir que el tiempo por el que se mantiene el secreto no resulta suficiente para relevar al órgano fiscal del deber de reserva, pues para ello resulta indispensable que otra ley, de la misma jerarquía que aquella que establece la limitación, la alce.

10°.- Que, en conclusión, lo anterior es suficiente para asentar que, en el caso concreto, se configuraba la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, de manera tal que, haberse descartado en el fallo examinado, se ha incurrido en un yerro jurídico que, a pesar de no poder ser considerado grave en los términos exigidos por el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, amerita su corrección oficiosa por esta Corte Suprema.

11°.- Que, sin perjuicio de lo que hasta aquí se ha desarrollado, no puede ser obviado que en audiencia de 21 de septiembre de 2009 fue vista, en pos de estos antecedentes, la causa Rol N° 59.511-2020, sobre el recurso de queja deducido por el Fisco - Armada de Chile, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó la reclamación dirigida por el quejoso en contra de la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia Rol C727-18 que, al igual que en esta contienda, ordenó la entrega de "la hoja de vida y calificaciones del oficial de la Armada Ariel González Cornejo, entre los años 1973 y 1978". Lo relevante para la decisión del presente asunto, consiste en que, en aquella ocasión, la Armada de Chile accedió a entregar al peticionario (persona diversa de quien figura aquí como requirente) los antecedentes inquiridos, previa supresión de los datos de carácter personal o sensible.

De este modo, resulta menester velar por la adecuada armonía en el ejercicio de un mismo derecho, y afirmar que la información cuya entrega fue consentida por la Armada de Chile es materialmente pública, no pudiendo privarse el acceso a ella por otro particular sin vulnerar la garantía de igualdad ante la ley constitucionalmente consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental. Por ello, la actuación oficiosa que desplegará esta Corte Suprema necesariamente deberá ser conciliada con el obrar pretérito del órgano requerido, de la forma como se dirá a continuación.

Por estos fundamentos y normas legales citadas, actuando esta Corte de oficio, se deja sin efecto la sentencia de siete de enero de dos mil veinte, que rechazó la reclamación interpuesta y, en su lugar, se accede a la misma, sólo en cuanto se deja sin efecto la Decisión de Amparo Rol C5590-18, adoptada por el Consejo para la Transparencia en sesión de 23 de mayo de 2019, en todo lo que excede a la información entregada voluntariamente por la información entregada por la Armada de Chile en antecedentes administrativos Rol C72718, declarándose que al requirente Sr. Javier Morales Valdés le asiste el derecho a acceder a los mismos antecedentes que en aquella contienda fueron entregados al peticionario.

Se previene que la Ministra Sra. Sandoval considera pertinente recordar que esta Corte Suprema ha tenido la oportunidad de expresar que la relación entre un órgano estatal y sus funcionarios "se encuentra reglada en diversos aspectos por el legislador, en lo relativo a la publicidad de los actos que en el contexto del acceso a la información se refiere, sea regulado la notificación al posible afectado, conforme se dispone en el artículo 20, luego de lo cual es el funcionario quien debe manifestar su parecer en relación con lo requerido y el Servicio podrá actuar por los intereses institucionales. Efectuado este emplazamiento, son las personas a quienes pueda afectar la publicidad de los actos quienes podrán ejercer su derecho de oposición, dentro de tercero día, por escrito y de manera fundada, lo cual deberá ser ponderado por el Consejo", agregándose que: "En el evento de no deducirse oposición ‘se entenderá’ que el tercero afectado accede a la publicidad de la información requerida" (SCS Rol N° 1.824-2019).

En el caso concreto, si bien tal pasividad no ocurrió en sede administrativa, pues consta que don Ariel González Cornejo dedujo oposición ante el órgano requerido, sí se presentó en sede judicial, debido a que el tercero interesado no dedujo reclamo en contra de la decisión de amparo del Consejo Para la Transparencia.

De esta manera, el Consejo de Defensa del Estado sólo ha podido instar por la defensa de los intereses institucionales de la Armada de Chile, puesto, al no reclamar el funcionario, se entiende que éste aceptó la decisión del Consejo. Por ello, el aparato estatal carece de legitimación para representarlo, motivo suficiente para descartar la procedencia de las dos causales de secreto o reserva mencionadas en el recurso.

Se previene que la Ministra Sra. Vivanco y el Abogado Integrante Sr. Lagos concurren a la decisión teniendo en cuenta, además, que todo órgano público tiene, no sólo la potestad, sino el deber de evitar la lesión de intereses jurídicos personalísimos de los individuos bajo su dependencia en el ejercicio de sus funciones, en aplicación del principio de indemnidad funcionaria que, en el caso concreto, se manifiesta en el deber defensa consagrado en el artículo 210 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, norma que debe ser entendida en un sentido amplio. De este modo, ante la eventual afectación del derecho a la vida privada del funcionario en retiro con ocasión de la divulgación de su hoja de vida, instrumento que, valga precisar, fue confeccionado íntegramente mientras estuvo en servicio activo, la Armada de Chile en sede administrativa, y el Fisco de Chile en la instancia jurisdiccional, debían arbitrar los medios adecuados para su defensa jurídica, tal como en la especie ocurrió.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Muñoz y de la Abogada Integrante Sra. Etcheberry, quienes estuvieron por no actuar de oficio, en virtud de los siguientes argumentos:

A.- Que, a entender de estos disidentes, no puede ser olvidado que las garantías fundamentales están concebidas como barreras de protección para los ciudadanos respecto del accionar del Estado y no a la inversa. Bajo este prisma, en el caso en concreto la excepción al ejercicio de la garantía de publicidad de los actos de la Administración del Estado, en tanto crea espacios de opacidad en el actuar público, debe estar no sólo contemplada en una ley de quórum calificado, sino que debe tener un carácter expreso y específico, requisitos copulativos que en el caso de autos no se cumplen.

B.- Que, en efecto, como se ha hecho constar en decisiones similares (disidencia en SCS Rol N° 28.1902019), razonar en sentido inverso supone limitar, entonces, con base en una interpretación extensiva de las excepciones, el ámbito de protección que generan las garantías fundamentales, cuestión que no tiene lógica si de lo que se trata es de garantizar a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos.

En este sentido, el principio de no regresión lleva a considerar que, ampliados los márgenes de un derecho fundamental, no es posible ya restringirlos, con menos razón por vía interpretativa.

Abona a lo antedicho que el sistema de control de constitucionalidad de las normas legales permite la aplicación directa de la Constitución por los tribunales ordinarios, así como el derecho vigente de carácter preconstitucional, de manera tal de interpretar las leyes de la forma que tenga mayor coincidencia con la Carta Política. Sin embargo, esta función no puede extenderse considerando normas de menor jerarquía y de carácter post-constitucional. Entonces, resuelto por el constituyente que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos" no es posible relativizar su alcance.

C.- Que cualquier reglamentación que los preceptos legales hagan respecto de las garantías fundamentales o cuando desarrollen las limitaciones en los casos que se lo autoriza, no podrá afectar la esencia de tal derecho. De este modo, con mayor razón ningún precepto de menor jerarquía al legal podrá integrar la ley en este sentido, algo que está expresamente prohibido por el mismo constituyente (artículo 64 inciso segundo de la Constitución Política de la República). Esta congruencia la destaca la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental, que reconoce valor a las leyes pre- constitucionales, "en lo que no sean contrarias a la Constitución".

D.- Que, asentadas las ideas anteriores, quienes sustentan este voto particular sostienen que no basta que exista una ley de quórum calificado de carácter ficto, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la Ley N° 20.285 en relación con el artículo 8° de la Carta Fundamental, sino que es indispensable que tal norma consagre una causal de secreto o reserva, fundado éste en que la divulgación de la información protegida pueda afectar algunos de los bienes jurídicos señalados en la carta fundamental, requisito que no se cumple en la especie, toda vez que, si bien puede reconocerse que el artículo 436 del Código de Justicia Militar tiene el carácter de Ley de Quórum Calificado, lo cierto es que la información que se ordena entregar por una parte, no se encuadra en el concepto de dotación, pues a juicio de quienes disienten, lo que se inquiere dice relación con personal en retiro.

E.- Que, así las cosas, no es posible que la información que dice relación con personas que han dejado las filas de las Fuerzas Armadas quede cubierta por la hipótesis que se invoca por el quejoso. Por otro lado, menos aún es posible vincular, de modo alguno, la misma información con la seguridad de la Nación o con interés nacional, pues se trata de antecedentes de índole administrativa, que jamás podrían develar información sensible, tanto por su naturaleza como por su obsolescencia, si se considera que, cualesquiera sean las menciones contenidas en la hoja de vida cuya entrega se requiere, no dan cuenta, necesariamente, de las políticas institucionales actuales de la Armada de Chile.

F.- Que, en consecuencia, como la información requerida no puede ser calificada como relacionada con la "dotación" de la institución requerida, sin perjuicio de no haberse demostrado que su divulgación afecte la seguridad del Estado o la Defensa Nacional, los datos solicitados constituyen información pública, de modo que no resulta pertinente realizar enmienda alguna respecto de la sentencia impugnada.

G.- Que a lo anterior es menester agregar que los tribunales deben adoptar sus determinaciones aquilatando, en concreto, todos los antecedentes, siendo las partes las llamadas a acreditar sus afirmaciones, sin que se pueda hacer fe de su efectividad por el solo hecho de proponerse en sus presentaciones, puesto que, en tal caso, la calificación del hecho y sus circunstancias ya no sería efectuada por el tribunal, sino por aquellas. Esta insuficiencia se produce, en estos antecedentes, al no haberse acompañado los antecedentes concretos en que se hace recaer la afirmación del quejoso, quien no adjuntó ni hizo constar las anotaciones de la hoja de vida que han sido denegadas, de manera tal que la configuración de la causal de secreto o reserva es sólo una conjetura o hipótesis, la cual -como se ha dicho- no ha sido justificada y los magistrados no han evaluado, aceptando en tal sentido la argumentación de la quejosa. En concreto, este disidente ignora, por no constar en autos, cuál es la información denegada, dado lo cual corresponde acceder a su entrega al solicitante.

Agréguese copia autorizada de esta resolución al expediente electrónico tenido a la vista. Hecho, devuélvanse.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del fallo y de la disidencia a cargo del Ministro Sr. Muñoz, y de la prevención sus autores.

Rol N° 405-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y por los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sra. Leonor Etcheberry C. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Sandoval por haber cesado en funciones y la Abogada Integrante Sra. Etcheberry por no encontrarse disponible su dispositivo electrónico de firma.

En Santiago, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.