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JULIA HAMOR GABOR y otro con Consejo para la Transparencia Rol: 631-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 23/08/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Jaime Balmaceda Errázuriz
  • Jessica González Troncoso

Texto completo:

Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.

Proveyendo al escrito folio 28, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen los abogados Cristian Gandarillas Serani y Gabriel del Río Toro, en representación convencional de JULIA HAMOR GABOR, factor de comercio, y DIANA SZIRTES HAMOR, ingeniero comercial, ambas en calidad de herederas y únicas asignatarias de la sucesión de Jean Szirtes Braun, comunidad hereditaria Rol Único Tributario N° 53.322.645-0, y deducen el reclamo a que se refiere el artículo 28 de la Ley N° 20.085 en contra de la decisión amparo Rol N° 3280-20, adoptada por el CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA en sesión ordinaria N° 1130 de 22 de septiembre de 2020, notificada el 30 de septiembre del mismo año.

Exponen que Jean Szirtes Braun falleció el día 30 de enero de 2014 y la comunidad hereditaria quedó conformada por la cónyuge sobreviviente, doña Julia Hamor Gabor, y sus hijos Diana Szirtes Hamor y Roberto Szirtes Hamor, a los cuales les fue concedida la posesión efectiva por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Alega que con posterioridad al deceso del causante existieron entre los comuneros diversos juicios y controversias de carácter administrativo, entre los cuales se encuentra el seguido ante el 4° Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, RIT VD-18-00186-2017, consistente en una acción por vulneración de derechos entablada por el Sr. Szirtes en contra del Servicio de Impuestos Internos, por la denegación de entregarle información, la que es también objeto del procedimiento de amparo y que da origen al presente reclamo de ilegalidad. A fin de poner término a los conflictos existentes, continúan su relato, las reclamantes y el Sr. Szirtes celebraron una transacción mediante escritura pública suscrita el 27 de noviembre de 2018 en la cual estipularon diversas concesiones recíprocas, dentro de las que destaca la cesión de la totalidad del derecho real de herencia que don Roberto Szirtes realizó a doña Julia Hamor y a doña Diana Szirtes, pasando estas últimas a ser -desde ese momento- las únicas comuneras y herederas en la Sucesión con un 66,6% y 33,4%, respectivamente, para cada una de ellas. Como contrapartida a dicha sesión las reclamantes pagaron a don Roberto Szirtes la elevada suma de USD$5.900.000, la que fue recibida por éste a su entera satisfacción en los términos pactados en la transacción.

Indican que con motivo de la transacción el SII inició un proceso de fiscalización en contra de Roberto Szirtes y éste presentó tres solicitudes de acceso a información pública al Servicio de Impuestos Internos, bajo los códigos AE006W50018509, AE006W50018511 y AE006W50018512, en las cuales requirió información de la sucesión y no la propia; por ello las solicitudes fueron íntegramente rechazadas por el SII teniendo como fundamento la causal de reserva del articulo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 35 del Código Tributario.

El Sr. Szirtes -continúan- dedujo reclamo en virtud de los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia, solicitando que se le concediera acceso a la información que había sido previamente denegada por el Servicio; el Consejo dio traslado al SII en calidad de organismo requerido y a la Sucesión como tercero interesado, en donde las reclamantes se opusieron a la solicitud; con fecha 22 de septiembre de 2020 el Consejo resolvió rechazar la casi totalidad de lo requerido solicitud, concediendo acceso a: "(1) Copia de cualquier mandato judicial que obre en este servicio público otorgado por o en representación de Roberto Szirtes para realizar todas las acciones y peticiones por cuenta o a su cuenta, en lo relativo a la tramitación administrativa y tributaria que se derivan de la obtención del RUT N° 53.322.645-0, correspondiente a la sucesión Jean Szirtes Braun; (2) Documentos acompañados por terceros en el trámite de la posesión efectiva de Jean Szirtes Braun, RUT 4.017.217-3, o generados por el propio SII, específicamente giros asociados (el nombre de las actividades económicas de la sucesión) y poderes de los apoderados; y (3) Copia de las resoluciones que hayan autorizado la obtención de RUT e inicio de actividades o término de giro de la comunidad hereditaria RUT 53.322.645-0 ".

Respecto de las copias de mandatos judiciales, señala que los documentos que solicita han sido otorgados por el mismo, además el solicitante carece de interés y legitimación para formular tal requerimiento, pues éstos dicen relación con el RUT de la Sucesión de la cual él no es heredero ni forma parte en ningún sentido por haber cedido onerosamente sus derechos hereditarios a las reclamantes, según consta en la transacción antes citada, en la cual se acordó, entre otros aspectos, poner término al juicio tributario por vulneración de derechos.

En cuanto a los documentos entregados por terceros en la posesión efectiva, indican que se encuentra formulada la solicitud en términos amplios y vagos lo que impide su correcta individualización; que los argumentos utilizados por el Consejo para rechazar el resto de la información son igualmente aplicables en este punto, reiterando que el requirente carece de interés y legitimación por no ser parte de la sucesión. Agregan que la resolución recurrida en su considerando 9° se refiere a los eventuales derechos de terceros los cuales no se verían afectados por la decisión, sin embargo ni siquiera fueron emplazados por el Consejo durante el procedimiento de amparo y, además, la resolución no sería suficientemente clara en cuanto a la documentación que se debe entregar.

Finalmente, con relación a las copias de resoluciones que hayan autorizado la obtención de RUT, inicio de actividades o término de giro de la comunidad hereditaria RUT 53.322.645-0, nuevamente hace presente que el solicitante no es comunero, ni siquiera heredero del causante, por lo que carece de legitimación para solicitar los documentos y antecedentes que se indican.

Segundo: Que al evacuar el informe requerido el Consejo para la Transparencia solicita el rechazo de la acción en todas sus partes. Alega que las reclamantes pretenden restringir la aplicación y alcance de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia y del propio inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, olvidando que a partir del año 2005 se modificó el ordenamiento jurídico relativo a la transparencia y acceso a la información pública. En consecuencia, el sólo hecho que un documento obre en poder de la Administración Pública hace que, en principio, tenga carácter público, sin importar su origen, tal como dispone el inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia, siendo de cargo de quien alega la reserva acreditar su concurrencia. Teniendo presente lo anterior, precisa que la sucesión de don Jean Szirtes Braun en el procedimiento de amparo únicamente alegó ante el Consejo para la Transparencia la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de citada Ley, relacionado con el artículo 35 del Código Tributario.

Luego, para resolver el amparo a la luz de la causal de reserva alegada, indica que el Consejo analizó cada una de las tres solicitudes formuladas por don Roberto Szirtes Hamor: (1) en cuanto a la solicitud Código AE006W50018509 concluye que corresponden a documentos suscritos por el mismo solicitante o por su representante, para las actividades que ahí se consignan, por lo que no resulta aplicable el secreto tributario establecido en el artículo 35 del Código Tributario; (2) respecto de la solicitud Código AE006W50018511, el requerimiento se traduce únicamente en las facultades que miembros de la comunidad hereditaria, cuyos nombres son conocidos por el requirente, otorgaron a otro comunero o terceros, para que en su representación pueda actuar por uno o más de ellos, o en nombre de la comunidad hereditaria en general, por lo que atendida su naturaleza, no se aprecia que dicha información de cuenta del patrimonio de un tercero, vale decir, no expone la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualquier dato relativo a ellas; en cuanto a los giros asociados, el Consejo dio acceso a los nombres de las actividades económicas de la sucesión; (3) finalmente, en cuanto a la solicitud Código AE006W50018512, ni el SII ni la Sucesión en comento, acreditaron ante el Consejo para la Transparencia que las resoluciones solicitadas en este punto, en su calidad de actos jurídicos administrativos, tuvieran información patrimonial de la Sucesión.

A continuación asevera que el solicitante sí se encontraba legitimado para solicitar la información y que la ordenada entregar es aquélla que carece de contenido patrimonial, de manera tal que no se encuentra bajo el secreto consagrado en el artículo 35 del Código Tributario. Añade que de haberse tratado de información patrimonial su entrega sólo habría procedido si el solicitante, don Roberto Szirtes Hamor, hubiera sido el titular de aquélla, esto es, ser representante de la sucesión o haber tenido autorización de parte de la misma, cosa que no ocurrió en la medida que para efectos tributarios la sucesión constituye un contribuyente independiente.

En lo tocante a lo acordado en la transacción celebrada en su oportunidad con el requirente, refiere que tal alegación debe ser igualmente desestimada, por cuanto el procedimiento regulado en la Ley N° 20.285 es distinto al tributario por vulneración de derechos, donde tampoco se solicitó idéntica información a la ordenada entregar en el acto reclamado.

En lo atinente a la supuesta falta de precisión de lo acogido el punto (ii) de la letra b) del resuelvo II y de configurarse la causal de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, refiere que la reclamante conocía el tenor literal de la solicitud de información y jamás alegó en sus descargos el carácter amplio de los antecedentes requeridos ni tampoco esgrimió la señalada causal de reserva.

Finalmente, indica que no procede la condena en costas, toda vez que la reclamante de ilegalidad pretende que se sancione al órgano que por ley debe ejercer una facultad de resolver amparos por denegación de acceso a la Información, por la sola circunstancia de no quedar conforme con lo resuelto.

Tercero: Que informando Francisco Valdivia Villagrán, en representación convencional de Roberto Edmundo Szirtes Hamor, solicita igualmente el rechazo de la reclamación. En primer término expone los motivos que tuvo el interesado para presentar las solicitudes de acceso a la información pública; que éste desconoce haber suscrito mandatos para que fuera representado como heredero de la sucesión hereditaria, lo que fue puesto en conocimiento del SII en diversas oportunidades, negándose esa institución a señalar cuáles serían dichos mandatos y menos a exhibir su materialidad.

Indica que el SII inició un procedimiento de fiscalización de acuerdo al artículo 63 del Código Tributario, obligando al señor Szirtes a acompañar en el plazo de un mes antecedentes relativos al costo tributario de la enajenación, labor que supone, por razones evidentes, tener un derecho legal y acceso material al examen, sistematización y presentación de dichos documentos, sobre todo si se está en presencia del costo tributario de derechos corporales e incorporales, acciones, derechos y pasivos, de toda clase, que formaron parte de lo discutido en el juicio del cual emana el contrato de transacción y su valorización, suma pagada no en carácter lucrativo, sino indemnizatorio.

A continuación refiere en extenso los hechos anteriores a la solicitud efectuada ante el SII y concluye que el heredero debe conocer el estado y la cuantía de los bienes que componen la herencia, así como para saber si se pagó el impuesto a la herencia como correspondía, y con mayor razón que al menos se hubiera indicado qué poderes fueron utilizados y los trámites con ellos realizados. Ni siquiera se respondió indicando los datos de fecha, notaría y repertorio, lo que impide hacer una búsqueda particular.

Finalmente, alega que la decisión del Consejo para la Transparencia, en la parte reclamada, no tiene vicio alguno de ilegalidad, ya que sus fundamentos se basan en normas y principios consagrados en la ley, por lo que no serían efectivas las infracciones señaladas en el reclamo. En este caso no resulta aplicable el artículo 35 del Código Tributario, toda vez que la entrega de lo pedido no implica vulnerar el secreto tributario, pues esos datos no ponen al descubierto las rentas obtenida por la sucesión, en tanto no revelan los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad, ni los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. Respecto a la falta de interés que tendría el solicitante, sería contrario a la ley exigirle a éste un interés para presentar un requerimiento de información, lo cual vulneraría el principio de no discriminación, establecido en el artículo 11 letra g) de la Ley de Transparencia.

Cuarto: Que cabe señalar que el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República reconoce como regla general y básica la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, pudiendo establecerse su secreto o reserva solo por ley de quórum calificado cuando dicha publicidad afecte la función de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

De este principio constitucional resulta claro que para negar la publicidad y el acceso a la información pública es imprescindible que se "afecte" alguno de los bienes jurídicos protegidos que la norma menciona.

Tal principio aparece ratificado por lo que dispone el artículo 5° de la Ley N° 20.285, en cuanto expresa: "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado."

Quinto: Que la decisión impugnada de ilegalidad acoge parcialmente el amparo deducido contra el Servicios de Impuestos Internos, ordenando entregar al solicitante los siguientes documentos:

a) Copia de cualquier mandato judicial que obre en el servicio público otorgado por el requirente o en su representación para realizar todas las acciones y peticiones por cuenta o a nombre de él, en lo relativo a la tramitación administrativa y tributaria que se derivan de la obtención del RUT N° 53.322.645-0, correspondiente a la sucesión Jean Szirtes Braun.

b) Documentos acompañados por terceros en el trámite de posesión efectiva del causante o generados por el propio SII, específicamente giros asociados (el nombre de las actividades económicas de la sucesión) y poderes de los apoderados.

c) Copia de las resoluciones que hayan autorizado la obtención de RUT e inicio de actividades o término de giro de la comunidad RUT N° 53.322.645-0.

La decisión agrega, finalmente, que el órgano deberá en forma previa tarjar todos los datos personales de contexto incorporados en los señalados documentos, como por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628 y en el evento de contener información patrimonial de contribuyentes distintos del solicitante dicha información deberá ser tarjada. Añade que en caso de no obrar en poder del órgano los antecedentes requeridos, dicha circunstancia deberá acreditarse en sede de cumplimiento.

Sexto: Que el artículo 21 de la Ley N° 20.285 señala las hipótesis para la definición de secreto o reserva, toda vez que dicha disposición expresa: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

5.- Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quorum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

La causal anterior se relaciona con el artículo 35 del Código Tributario que prevé: "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualquiera datos relativos a ellas que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales".

Séptimo: Que en el caso de la especie se hace necesario precisar que la parte reclamante funda la acción de ilegalidad distinguiendo en relación a la naturaleza de los documentos ordenados entregar. En efecto, en cuanto a la información signada en la letra a) del motivo precedente alega que no se trata de información elaborada con presupuesto público sino de documentos que el solicitante debe mantener en su poder o que fueron producidos por el propio requirente. Agrega que el solicitante carece de interés y legitimación activa por no tener ahora la calidad de heredero de la sucesión de don Jean Szirtes Braun y por cuanto en el contrato de transacción suscrito el 27 de noviembre de 2018 se acordó poner término al juicio tributario por vulneración de derechos en el cual el solicitante requirió al SII la entrega de la misma información.

En lo atinente a la información de la letra b) refiere, en síntesis, que en los términos en que se requiere la información existe falta de previsión, siendo vaga y genérica y que aun entendiendo que corresponde a la información entregada por terceros -no emplazados- o generada por el Servicio de Impuestos Internos, como son los giros asociados y poderes de los apoderados, es claro que se afecta el derecho a la privacidad y propiedad de la sucesión, de la cual el solicitante no forma parte, insistiendo en la falta de interés y legitimación.

Con relación a la información de la letra c) afirma que no procede su entrega por ser relativa a la sucesión, persona jurídica diferente del solicitante, en la que no participa el señor Roberto Szirtes, no es comunero ni heredero, carece de legitimidad para solicitar los documentos y antecedentes que pretende, pudiendo afectar derechos de terceros.

Octavo: Que no existe discusión entre las partes en orden a que la documentación requerida obra en poder de la Administración Pública; por ello ha de concluirse que sin importar su origen, es en principio de carácter público.

Por otro lado, la discusión jurídica planteada dice relación con determinar si tales instrumentos se encuentran amparados por la reserva tributaria contenida en el inciso segundo del artículo 35 del Código del ramo y, por tanto, si se configura entonces la causal de reserva de información alegada. Sobre el particular, del libelo pretensor y considerando que en sede administrativa la reclamante solo esgrimió la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, procede estarse a ella, pues se trata de una acción de ilegalidad enderezada contra la decisión que se ataca, sin que sea dable aceptar ahora alegaciones que no formaron parte del procedimiento de amparo y que por tanto el Consejo no estuvo en condiciones de resolver.

Noveno: Que en cuanto a los documentos particularizados en la letra a) del motivo quinto de este fallo, esto es, "cualquier mandato judicial... otorgado en mi nombre o en mi representación para realizar todas las acciones y peticiones por cuenta o a nombre mío, en lo relativo a la tramitación administrativa y tributaria que se derivan de la obtención del RUT ...correspondiente a la sucesión", en atención a su naturaleza, no existe razón jurídica para sostener que tales documentos quedan amparados por el secreto tributario. En efecto, dicha documentación -que el señor Szirtes pone en duda- corresponde a mandatos judiciales que habría conferido el solicitante, sin que tales instrumentos contengan datos patrimoniales, económicos o comerciales de la sucesión, en tanto contribuyente independiente para efectos tributarios.

A lo anterior se agrega que la norma del artículo 35 del Código Tributario es una excepción de la regla general de publicidad, de modo que debe interpretarse de manera restrictiva. Ello necesariamente lleva a concluir que se extiende sólo a la información patrimonial -cuantía y fuente de rentas, pérdidas y gastos-, que figure en "las declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas", nada de lo cual se relaciona con la información ordenada entregar -mandatos judiciales- y la misma tampoco puede afectar derechos de terceros, por cuanto se limita a documentos que se habrían suscrito a nombre o en representación del solicitante.

Por otra parte, no es relevante para el fin perseguido si el solicitante tiene o no la calidad de heredero, en tanto no le es exigible al interesado demostrar el uso que dará a la información ni justificar su pretensión. Lo anterior por cuanto la Ley N° 20.285 en su artículo 10 dispone que "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones establecidas en la ley".

Décimo: Que en lo tocante a la "Documentos acompañados por terceros en el trámite de posesión efectiva de su padre Jeans Szirtes Braun, RUT 4.017.217-3 o generados por el propio SII, específicamente giros asociados (el nombre de las actividades económicas de la sucesión) y poderes de los apoderados", en primer lugar ha de señalarse que la falta de precisión o generalidad de la información solicitada no formó parte de lo alegado por las reclamantes ante el Consejo para la Transparencia.

En segundo término, es la decisión de amparo la que determina la información que corresponde entregar acorde a la solicitud planteada por el interesado. Tampoco se observa que tales antecedentes contengan información afecta al secreto tributario, ni se advierte de qué forma podría afectar derechos de las personas o su privacidad, sobre todo si se considera la causal de reserva esgrimida por la parte reclamante.

En cuanto a los "giros asociados", el Consejo restringe la información al nombre de la actividad económica registrada por la sucesión como contribuyente, sin que ello importe dar a conocer aspectos reservados de orden patrimonial. En efecto, se trata de antecedentes públicos que el SII da a conocer en su sitio web respecto de personas jurídicas y otras entidades, como son, precisamente, las comunidades hereditarias, publicando entre otros datos, su RUT, razón social, tramo según ventas, números de trabajadores dependientes, rubro económico, actividad económica, región, provincia, comuna y domicilio. Así las cosas, en el contexto analizado no se configura la causal de reserva invocada, en tanto la información ordenada entregar al solicitante en forma alguna se encuentra protegida por el secreto previsto en el artículo 35 del Código Tributario.

Undécimo: Que en cuanto a las "copia de las resoluciones que hayan autorizado la obtención de RUT e inicio de actividades o término de giro de la comunidad RUT N° 53.322.645-0", tales antecedentes corresponden a la dictación de actos administrativos por parte del SII en el ámbito de su competencia, que tampoco comprenden o contienen información patrimonial de la sucesión en los términos protegidos por el citado artículo 35.

Duodécimo: Que en estas condiciones, es decir, al no haberse acreditado los presupuestos de la regla invocada, rige plenamente la norma general sobre derecho de acceso a la información pública, resultando improcedente exigir al solicitante de autos acreditar su condición de heredero o representante de la sucesión. En efecto, la citada normativa en parte alguna exige al interesado manifestar o expresar una determinada motivación, interés o expresar causa para requerir antecedentes públicos que obren en poder de la Administración del Estado.

Lo anterior conduce necesariamente a desestimar las alegaciones de la reclamante de falta de interés y legitimación de Roberto Szirtes Hamor, sobre todo si se tiene presente el principio de no discriminación del artículo 11 letra g), en cuanto a que "toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por las leyes de quórum calificado" y lo previsto en el artículo 19, ambos de la Ley N° 20.285, precepto este último que expresamente dispone que "la entrega de copias de actos y documentos se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas en la ley".

Por otra parte, lo acordado en el contrato de transacción suscrito el 27 de noviembre de 2018 en nada altera lo antes razonado, en primer lugar por la naturaleza especial y la finalidad del procedimiento de acceso a la información pública regulado en la Ley N° 20.285 y, en segundo término, porque la información ordenada entregar en la decisión de amparo reclamada es diferente a la solicitada por el interesado a través del procedimiento por vulneración de derechos tributarios.

Asimismo, consta de la decisión atacada que la misma ordena tarjar todos los datos de carácter personal que pudieran estar incorporados en la información, como también cualquier información patrimonial de contribuyentes distintos al solicitante, en el evento que los documentos la contuvieran.

Décimo tercero: Que a lo anterior se agrega que no se ha cumplido con el estándar de acreditación suficiente para revertir la regla general de publicidad de toda aquella información que obra en poder de la Administración del Estado, por cuanto para desvirtuarla no basta que se invoque alguna de las causales, sino que, además, debe adecuarse a algunas de las hipótesis expresadas en el artículo 8° de la Constitución Política, estando obligado quien alega la reserva acreditar los presupuestos que hagan aplicable la causal de secreto, y la verdadera afectación de los bienes jurídicos que se expresa en la norma constitucional, cuestión que no se ha cumplido en estos autos.

Finalmente, puede citarse también la "presunción de publicidad" establecida en el artículo 11 letra c) de la ley de Transparencia, que declara "toda la información en poder de los órganos de la administración del estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

Décimo tercero: Que en virtud de los razonamientos anteriores, cabe concluir que el Consejo para la Transparencia al decidir como lo hizo, ha actuado en marco de sus atribuciones legales, ponderando correctamente los hechos y el Derecho aplicable a la solución del conflicto jurídico sometido a su conocimiento y en el presente caso, como se ha razonado precedentemente, la causal de secreto o reserva de la información pública, esgrimida por las reclamantes no concurre, por lo que la reclamación deducida debe ser necesariamente declarada sin lugar, en todas sus partes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 1, 5, 11, 21, 28 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se rechaza el reclamo deducido en representación de doña Julia Amor Gabor y Diana Szirtes Hamor contra lo resuelto por el Consejo para la Transparencia en la decisión de amparo Rol C 3280-2020.

Regístrese y archívese.

Redacción de la ministra señora González Troncoso.

N° Contencioso Administrativo-631-2020.

Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Maria Loreto Gutierrez A., Jaime Balmaceda E. Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.