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ROBERTO EDMUNDO SZIRTES HAMOR con Consejo para la Transparencia Rol: 634-2020

Consejo para la Transparencia, 23/08/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Jaime Balmaceda Errázuriz
  • Jessica González Troncoso

Texto completo:

Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Francisco Valdivia Villagrán, abogado, en representación de ROBERTO EDMUNDO SZIRTES HAMOR, factor de comercio, ambos con domicilio en Los Cactus N° 1.520, Departamento N° 214, comuna de Lo Barnechea y deduce el reclamo a que se refiere el artículo 28 de la Ley N° 20.085 en contra de la decisión de amparo N° 3280-20, adoptada por el CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA en su sesión ordinaria N° 1130, celebrada el 22 de septiembre de 2020.

Indica que don Roberto Szirtes Hamor requirió al Servicio de Impuestos Internos información de su interés, toda vez que le permitiría defenderse en un proceso de fiscalización iniciado en su contra por ese organismo de control, quien los solicitó implícitamente en la Citación N° 224 de 28 de abril de 2020, por cuanto se le requiere presentar documentación y aclarar la correcta tributación del Impuesto de Primera Categoría e Impuesto Global Complementario por las rentas obtenidas en noviembre de 2018, y la correcta determinación de la Base Imponible del Impuesto de Primera Categoría del AT 2019, impuestos que de pagarse importan necesariamente un gasto en el patrimonio de cualquier contribuyente. Añade que el proceso de fiscalización en su contra se inicia a partir del errado efecto jurídico que el SII le está otorgando al contrato de transacción celebrado el 27 de noviembre de 2018.

Mediante Resolución Exenta N° 18.509 de 25 de mayo de 2020 -continúa exponiendo- el Servicio denegó la entrega de lo solicitado fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley N° 20.285, con relación este último con los artículos 8° bis N° 9 y 35 inciso segundo del Código Tributario; además se fundó la decisión en que el requirente no era representante de la comunidad hereditaria cuya información se pide y que los antecedentes requeridos contienen información tributaria de la comunidad, por lo que su entrega vulneraría el derecho a la privacidad que asiste a todo contribuyente, afectando los derechos de carácter comercial o económico de ésta, considerando que la comunidad hereditaria por la cual se consulta es un contribuyente que obtuvo RUT y designó un especial representante ante el SII.

Ante dicha respuesta su parte dedujo recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia con fecha 15 de junio de 2020 y finalmente, mediante la decisión de amparo que se impugna, se ordenó al SII entregar la información requerida en las solicitudes AE006W50018509 y AE006W50018512, pero se denegó totalmente la entrega de la solicitud AE006W50018511.

Alega que dicha decisión yerra al interpretar la causal del artículo 20 N° 5 de la Ley N° 20.285 y el alcance del artículo 35 del Código Tributario, desatendiendo derechos y garantías consagrados en la Constitución Política de la República y, por tanto, de rango superior a las normas legales invocadas en la decisión. Explica que el Servicio le ha requerido acompañar antecedentes relativos al costo tributario de los derechos hereditarios (cuya cuantía depende evidentemente de la masa de bienes de una herencia) y que no es posible acreditarlo sin tener acceso a los documentos y valorizaciones que fueron parte de la solicitud de acceso a la información.

Señala que el amparo se interpuso en contra de la denegatoria del

SII de acceder a la información solicitada y en ningún caso respecto a la Citación que da origen al proceso de fiscalización, por lo que no cuestiona la competencia o facultad legal para notificar una Citación conforme al artículo 63 del Código Tributario y así revisar determinado cumplimiento tributario; sino simplemente que ejerciendo esa atribución, lo hace de forma tal que termina efectivamente notificando un acto ilegal que afecta las garantías constitucionales y derechos del contribuyente y además (o al menos) arbitrario, ya que se cita al reclamante a sabiendas de sus escasas probabilidades de contar con una adecuada defensa y un debido proceso, restringiéndole el acceso a pruebas que lo liberan, con el ingrediente adicional de un plazo fatal y perentorio que corre en su contra para acompañarlas. Lo anterior fue puesto oportunamente en conocimiento del Consejo para la Transparencia y, no obstante ello, prefirió aplicar un criterio que se asienta sobre la base de otras hipótesis de hecho, que en este caso no expresan, ya que los bienes jurídicos protegidos son diferentes.

A continuación analiza las normas y principios constitucionales lesionados con la decisión del Consejo para la Transparencia. Al efecto cita el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, que asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Este derecho -continúa- se aplica tanto a los bienes (patrimonio) como también a la información cuya titularidad le pertenece al sujeto de derecho y el SII lo infringe al practicar una Citación a sabiendas que el contribuyente carece de acceso a los canales para su defensa.

Añade que se niega la información valiéndose de una excusa técnica (artículo 35 del Código Tributario), para imponerle una carga probatoria imposible de cumplir -respeto de documentos que obran en poder del SII- afectando también su derecho a defensa. A su vez, el Consejo para la Transparencia al dar la razón al SII en este aspecto, ha hecho suyas dichas infracciones, ya que habiendo sido denunciadas y justificadas en el procedimiento de amparo, decidió denegar su acceso en atención a una norma de carácter legal, sin atender al principio de supremacía constitucional sobre el que se basa todo el ordenamiento jurídico, incluso por sobre los aspectos más técnicos y específicos de la Ley de Transparencia.

Agrega que se infringe el principio rector del artículo 8° de la Carta Fundamental al darle una aplicación extensiva a la reserva tributaria por sobre garantías y derechos de rango superior. Ahora bien -continúa señalando- la forma en que la decisión del Consejo para la Transparencia infringe la Constitución y las leyes se manifiesta al dejar de aplicar normas jurídicas constitucionales como las descritas (artículos 6°, 7° y 8° y 19 N° 3 y 24), ya que confirma la decisión del SII que atentando contra el principio de legalidad (supremacía constitucional), vulnera el debido y justo proceso, la defensa jurídica, y en último término, sin duda, afecta el derecho de propiedad.

En el mismo sentido, alega infracción a los principios expresamente consagrados en el artículo 11 de la Ley N° 20.285, al vulnerar la libertad de información, de apertura o transparencia, de máxima divulgación, de la divisibilidad, de facilitación, de la no discriminación y de la oportunidad, todos reconocidos en el citado artículo. Señala que resulta ser un hecho indiscutido que el solicitante era comunero de la comunidad hereditaria, afecto al impuesto a la herencia, de manera que si para verificar el cumplimiento tributario personal (no de la comunidad) requiere contar con la información idónea, ese es su derecho, y no es posible entender que se le impida el acceso aduciendo que dicha información no le pertenece.

Expone que en el caso de los comuneros, el principio es que cuando se trate de un comunero no administrador, que carece de acceso a la contabilidad, éste puede conocer íntegramente el contenido de los libros contables cuando así lo estime conveniente, previa solicitud al juez de la causa, el cual deberá ordenar su exhibición total, es decir, la ley común establece el derecho del comunero sobre la información contable (también reservada), y si dicha información contable es la base de la tributación, no sólo de la misma comunidad, sino también del comunero, entonces no se justifica mantener una reserva a sabiendas que la información también le pertenece a este último. Agrega que el SII funda su decisión en el artículo 35 del Código Tributario, sin embargo justamente dicha norma establece una excepción, la cual sería la hipótesis que le da acceso en el caso de marras.

Agrega que la apreciación jurídica del SII acerca del contrato de transacción es equivocada por cuanto conforme a su texto y voluntad de las partes, se puso término al juicio de partición mediante un equivalente jurisdiccional que tuvo por objeto partir la herencia, adjudicándosela a los herederos, los que fueron pagados simplemente.

En razón de lo expuesto, solicita se acoja la reclamación interpuesta, disponiendo que el SII debe entregar la información correspondiente al inventario de bienes, cálculo del impuesto herencia, certificados de pago, formularios y giros asociados (entendido como movimientos de dinero), documentación contable y bancaria de respaldo de los bienes declarados que componen la masa, y en general, cualquier documentación que se refiera a ese proceso, y copia de todos los formularios de cumplimiento tributario de la comunidad hereditaria hasta su término de giro, (F.29 y F.22 correspondientes hasta su disolución o cierre si lo hubiese), respecto a la sucesión de don Jean Szirtes Braun, RUT N° 53.322.645-0, o los que se estimen pertinentes.

En el caso que el reclamo sea rechazado en todo o en parte, solicita se declare expresamente liberado a don Roberto Szirtes Hamor de la obligación de acompañar dichos antecedentes al SII denegados en cualquier instancia administrativa o judicial, para evitar la indefensión del contribuyente; todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Segundo: Que informando el Servicio de Impuestos Internos solicita el rechazo del reclamo en todas sus parte. En primer lugar se refiere al requerimiento de información realizado por el reclamante y la respectiva respuesta entregada por el Servicio; a continuación hace mención al amparo por denegación de acceso a la información interpuesto por el solicitante el 15 de junio de 2020 que dio origen a esta causa.

En segundo término, señala los vicios de forma del reclamo de ilegalidad, a saber: (1) incumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley N° 20.285, con relación a la fundamentación de la acción deducida, toda vez que lo reclamado excede con creces el ámbito de aplicación de la misma, por cuanto se sustenta en la afectación de los derechos constitucionales que indica; y (2) falta de titularidad del reclamante para solicitar la información tributaria de la sucesión, tal como se resolvió en la causa Rol N° 242-2018 por esta Corte Apelaciones de Santiago, al revocar el fallo de primer grado que había acogido el reclamo tributario por vulneración de derechos interpuesto por el reclamante ante la negativa del SII a entregar documentos tributarios.

Finalmente, en cuanto a los descargos y observaciones sobre la legalidad de la decisión del Consejo para la Transparencia, argumenta:

(1) que se verifica la causal de reserva establecida en el N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 35 del Código Tributario; (2) que el reclamante no posee la titularidad sobre la información solicitada, toda vez que aquella pertenece a la sucesión de Jean Szirtes Braun y él formó parte de la comunidad hasta el 26 de noviembre de 2018; (3) que no existe contravención entre las normas constitucionales y las causales del secreto o reserva de la información pública alegadas, en tanto la reserva tributaria se establece en una ley de quorum calificado, como es el Código Tributario; y, (4) precisa los alcances de la reserva tributaria en el caso de autos.

Señala que la Circular N° 31 de 1 de junio de 2007 de esa repartición establece que todo contribuyente que ejerza una actividad económica debe iniciar actividades y poseer un RUT y entre quienes deben cumplir con esa obligación se encuentran las comunidades hereditarias. Para efectos tributarios, la comunidad hereditaria posee la calidad de contribuyente y en ese sentido es titular de los derechos previstos en la ley tributaria, específicamente aquellos contemplados en el artículo 8° bis del Código Tributario, que garantiza en su N° 9 la reserva de la información que proporciona al SII. En el caso de la especie la comunidad actúa a través de un representante especialmente designado y por ello el reclamante no es titular de la información que indica pertenecerle.

Finalmente, el Servicio es categórico en indicar que la información requerida corresponde a antecedentes de carácter patrimonial de un tercero la que se encuentra amparada por la reserva tributaria, institución que constituye una garantía de resguardo de la información personal que los contribuyentes deben entregar a la Administración Pública para efecto de dar cumplimiento a la carga constitucional del pago de sus impuestos. Añade que en virtud de la modificación efectuada mediante la Ley N° 21.120 se amplió la extensión del secreto o reserva tributario y actualmente no solo comprende las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes, sino también a todo el contenido de un proceso de fiscalización realizado en conformidad a las leyes tributarias, destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente.

Tercero: Que informando el Consejo para la Transparencia solicita el rechazo de la acción intentada.

Expone, luego de efectuar un análisis fáctico de los antecedentes previos a la solicitud, que la información solicitada no deviene en pública para el interesado por el solo hecho de obrar en poder del SII, pues los artículos 8° inciso segundo de la Carta Fundamental y 21 de la Ley de Transparencia establecen la posibilidad de aplicar causales de reserva, toda vez que el derecho fundamental a conocer la información requerida por un particular, implícitamente reconocido en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política, no es de carácter absoluto.

Agrega que la publicidad de la información que obra en poder de los órganos públicos y su eventual reserva se debe fundar únicamente en su contenido o naturaleza y no en las razones particulares que motiven a los solicitantes a obtener su entrega. En el mismo orden de ideas argumenta que la información cuya entrega se reclama es de carácter patrimonial de un contribuyente distinto al solicitante, por lo que se configurara la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5, en relación al artículo 35 del Código Tributario, ello por cuanto a la fecha de la solicitud de información el reclamante no era heredero o miembro de la comunidad hereditaria, ni tampoco contaba con poder para su representación.

Indica que el reclamante realiza alegaciones improcedentes en el marco de un reclamo de ilegalidad vinculado a la Ley de Transparencia, ya que intenta obtener una declaración judicial de parte del Tribunal para que en forma totalmente improcedente, produzca efectos directos en un procedimiento de fiscalización que lleva a cabo el SII. Es decir, el reclamante instrumentaliza el reclamo de ilegalidad para alcanzar una finalidad que no está prevista en la Ley N° 20.285, de lo cual se sigue que el único actuar ilegal en estos autos ha sido el efectuado por el mismo reclamante.

Finalmente, indica que no procede la condena en costas, toda vez que la reclamante de ilegalidad pretende que se sancione con la condena en costas al órgano que por ley debe ejercer una facultad de resolver Amparos por Denegación de Acceso a la Información, por la sola circunstancia de no quedar conforme con lo resuelto.

Cuarto: Que en la decisión de amparo, en lo que acá interesa, se rechaza el requerimiento "respecto de la información consistente en inventario de bienes, cálculo de Impuesto de Herencia, certificados de pago, formularios y giros asociados (entendido como movimientos de dinero), documentación contable y bancaria de respaldo de los bienes declarados que componen la masa y, en general, cualquier documentación que se refiera a este proceso; y copia de todos los formularios de cumplimiento tributario de la comunidad hereditaria hasta su término de giro (F.29 y F.22 correspondientes hasta su disolución o cierre si la hubieses), por la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 35 del Código Tributario)".

El fundamento de la reclamada, para así decidirlo, es que se trata de "información patrimonial de la sucesión hereditaria antes señalada, quien constituye un contribuyente distinto de quienes lo componen", sin embargo, cita también lo resuelto por esta Corte en la causa Rol N° 2422018, en cuanto a que "se ha acreditado la existencia de una comunidad hereditaria reconocida como contribuyente en los términos previsto en el artículo 8° bis N° 7, en relación al N° 4 y artículo 35, todos del Código Tributario, comunidad que actúa de consuno o mediante un representante designado por éstos. De manera que es la Sucesión Jean Szirtes Braun, RUT N° 53.322.645-0 la que inició actividad y se inscribió por decisión de sus comuneros, entre los que se encontraba el reclamante de autos. Por consiguiente, el reclamante no es titular de la información solicitada ya que la ley le otorga a la comunidad la calidad de sujeto de derechos, que posee una representación...".

Quinto: Que en lo que se refiere al motivo invocado, el N° 5 del artículo 21 señala que será causal de secreto o reserva para denegar total o parcialmente el acceso a la información: "Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política de la República".

Es del caso señalar que no existe discusión entre las partes en orden a que la reserva o secreto tributario alegado proviene de una ley de quórum calificado, como es el artículo 35 del Código del ramo. En cuanto al fondo del asunto, resolver el conflicto implica contrastar la naturaleza del secreto o reserva con la causal señalada en el artículo 8° de la Carta Fundamental.

El inciso segundo del citado artículo 8° de la Constitución Política, de suyo relevante para este análisis, señala lo siguiente: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Por su parte, el artículo 35 del Código Tributario indica: "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales. Tampoco podrán divulgar el contenido de ningún proceso de fiscalización realizado en conformidad a las leyes tributarias, destinado a determinar obligaciones impositivas o a sancionar a un contribuyente".

"El precepto anterior no obsta al examen de las declaraciones por los jueces o al otorgamiento de la información que éstos soliciten sobre datos contenidos en ellas, cuando dicho examen o información sea necesario para la prosecución de los juicios sobre impuestos y sobre alimentos; ni al examen que practiquen o a la información que soliciten los fiscales del Ministerio Público cuando investiguen hechos constitutivos de delito ni a la publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular".

"Para los efectos de lo dispuesto en este artículo y para el debido resguardo del eficaz cumplimiento de los procedimientos y recursos que contempla este Código, sólo el Servicio podrá revisar o examinar las declaraciones que presenten los contribuyentes, sin perjuicio de las atribuciones de los Tribunales de Justicia, de los fiscales del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República, en su caso".

"La información tributaria, que conforme a la ley proporcione el Servicio, solamente podrá ser usada para los fines propios de la institución que la recepciona".

Sexto: Que, por otro lado, se hace necesario recordar que el secreto tributario debe enmarcarse además en alguna de las causales que señala el artículo 8° inciso segundo del texto constitucional, causales son: a) el debido cumplimiento de las funciones de los órganos de la Administración del Estado, b) los derechos de las personas, c) la seguridad de la Nación o d) el interés nacional.

En el caso de la especie, la reserva tributaria es una norma de protección de los derechos de las personas, en tanto constituye una garantía de resguardo de la información de carácter personal y patrimonial que los contribuyentes entregan al SII en cumplimiento de sus obligaciones tributarias en los términos consagrados en el artículo 19 N° 20 de la Carta Fundamental. Por su parte el artículo 8 bis N° 9 del Código Tributario dispone que "sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes: 9°.- Que en los actos de fiscalización se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad a la ley; y que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter de reservado, en los términos previstos por este Código".

Por ende, ha de concluirse entonces que la información solicitada y que es objeto de esta acción de ilegalidad se encuentra amparada por el secreto o reserva tributario, toda vez que se trata de datos y antecedentes contenidos en declaraciones obligatorias presentadas por la comunidad hereditaria, en tanto considerada contribuyente independiente de las personas que la conforman, quien comparece ante el ente fiscal debidamente representada. En efecto, la información requerida incide en la determinación de la cuantía o fuente de las rentas y en la cuantía del impuesto a la herencia el cual se determina una vez valorizado el total de los bienes del causante a la fecha de su fallecimiento.

Por consiguiente, no se observa ilegalidad en el actuar de la reclamada al negar parcialmente al reclamante el acceso a la información solicitada por cuanto como lo resolvió esta Corte en los autos Rol N° 242-18, la comunidad hereditaria como sujeto de derechos y contribuyente -debidamente representado- es quien la ha entregado al SII y, por ende, al encontrarse en poder del ente público en el ámbito de su competencia, gozan del secreto reconocido en el artículo 35 del Código Tributario. El SII debe respetar el sistema de protección legal vigente de la información, no en términos absoluto, sino solo respecto de aquella referida en el inciso segundo de la norma antes transcrita, por ser una excepción al principio de publicidad y transparencia reconocido en el artículo 8° de la Carta Fundamental y en la Ley N° 20.085, sin que el reclamante se encuentre en algunas de las situaciones de excepciones que el mismo precepto prevé.

Séptimo: Que, en consecuencia, los datos que impliquen conocer el monto de los bienes de la masa, así como la documentación contable y bancaria de respaldo de los bienes declarados que la compone, la forma de cálculo del impuesto a la herencia, su pago y giros asociados y los formularios de cumplimiento tributario de la comunidad hereditaria que cuenta con RUT y giro comercial, corresponden por su naturaleza a información patrimonial de la comunidad hereditaria.

El SII -como lo reconoce el acto reclamado- no puede divulgar antecedente alguno vinculado con la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, ni los gastos o cualquier dato relativo a ellas que figure en las declaraciones obligatorias, ni permitir que una persona ajena al Servicio las conozca. Más aún, el mismo precepto se encarga de contemplar algunas excepciones al secreto tributario, entre las que no se encuentra mencionada alguna situación como la que esgrime el requirente de información, en tanto la misma lo es para el conocimiento de antecedentes en juicio tributario o de alimentos y a solicitud del juez de la causa, o a la requerida por el Ministerio Público en investigaciones sobre hechos constitutivos de delitos o a solicitud de la Contraloría General de la República, razón por la cual en el caso de la especie no se advierte de qué forma se podría vulnerar el derecho a defensa o el debido proceso como reprocha el reclamante.

A lo anterior cabe agregar que el Código Tributario, en su artículo 101 N° 5, contempla sanciones para el funcionario del Servicio que revele secretos cuya reserva debe cautelar, así como el artículo 40 letras c) y d) de la Ley Orgánica del SII consagra prohibiciones de divulgar esos secretos. Además, siendo los funcionarios del SII empleados públicos, les resulta aplicable el Estatuto Administrativo, Ley N° 18.834, particularmente lo establecido en su artículo 61 letra h) en cuanto a que una de sus obligaciones "guardar secreto en los asuntos que revisten el carácter de reservados en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales".

Así las cosas, se configura en el caso que se revisa la causal de reserva del N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia y puede concluirse que al denegar la información solicitada el reclamado ha actuado dentro del marco legal que le confiere el artículo 35 ya citado, limitándose a cumplir con la normativa que prohíbe divulgar determinados antecedentes que inciden en determinación de impuestos, lo que está expresamente vedado en el inciso 2° del precepto.

Octavo: Que en la línea de lo que se viene reflexionando y atendiendo a la segunda de las causales que contempla el citado artículo 8° de la Constitución, esto es "los derechos de las personas", es dable concluir la improcedencia de entregar la información requerida, pues ello afectaría los derechos de la comunidad hereditaria de la cual, además, el reclamante no es su representante.

Dicha afirmación corresponde al fundamento central de la decisión de amparo, aun cuando señale "a mayor abundamiento" la cesión del derecho real de don Roberto Szirtes en el contrato de transacción suscrito el 27 de noviembre de 2018 y sus efectos -lo que el reclamante cuestiona-, por cuanto la sucesión hereditaria es un contribuyente independiente y en esa calidad adjuntó los documentos cuya publicidad se reclama en autos.

Lo anterior es sin perjuicio de los derechos que el reclamante pueda hacer valer en otra sede -tributaria o proceso de fiscalización-, de ser ello procedente en defensa de sus intereses, no siendo éste el arbitrio para determinar la naturaleza jurídica de la transacción y sus efectos jurídicos. Además, los motivos del solicitante para acceder a la información respectiva, a la luz de lo previsto en la letra g) del artículo 11 de la Ley N° 20.285, son irrelevante al tiempo de determinar su entrega o reserva en el ámbito de aplicación de la citada normativa, pues como ya se reflexionó en este caso se configura una causal de reserva legal, que el reclamado correctamente consideró en su decisión al interpretar el artículo 35 del Código Tributario.

Noveno: Que en cuanto a la petición subsidiaria de declarar exonerado al reclamante de la obligación de acompañar los antecedentes denegados en cualquier instancia administrativa o judicial, ella será igualmente rechazada por exceder los límites de acción intentada, la que únicamente tiene por fin revisar la legalidad de la decisión de amparo, es decir, si esta se ajusta o no a la ley.

Consecuentemente, la decisión de amparo no adolece de vicio de ilegalidad alguno, lo que lleva a concluir que la reclamación debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, artículos 21 N° 5, 28, 30 y 1° Transitorio de la Ley N° 20.285; artículos 8°, 35 y 101 N° 5 del Código Tributario, se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido en representación de don Roberto Edmundo Szirtes Hamor, en contra de la decisión de amparo recaída en la causa Rol C3280-20, adoptada en Sesión Ordinaria N° 1130 de 22 de septiembre de 2020, por su Consejo Directivo, sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción de la ministra Sra. González Troncoso.

N° Contencioso Administrativo-634-2020.

Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Maria Loreto Gutierrez A., Jaime Balmaceda E. Santiago, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.