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Universidad de Chile con Consejo para la Transparencia Rol: 722-2020

Consejo para la Transparencia, 04/08/2021

Una persona dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. Consejo declara inadmisible el amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Texto completo:

Santiago, cuatro de agosto de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Comparece don Fernando Molina Lamilla, abogado, en representación de la Universidad de Chile, rol único Tributario N° 60.910.0001, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1058, comuna y ciudad de Santiago e interpone Reclamo de Ilegalidad de conformidad a los artículos 28, 29 y 30 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en contra del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, representado por su Director General (S) don David Alejandro Jesús Ibaceta Medina, por haber incurrido en infracciones de ley con ocasión de la dictación de su Decisión de Amparo pronunciada en la sesión celebrada el 29 de octubre de 2020, en caso Rol C4921-20, y comunicada a su parte por correo electrónico de fecha 03 de noviembre de 2020, solicitando sea dejada sin efecto, declarando que no procede dar acceso a la información solicitada.

Expone que la decisión reclamada dispone que el Rector de la Universidad deberá entregar la siguiente información:

i. Copia de la carpeta tributaria electrónica que comprenda información sobre actividad tributaria en los últimos 12 meses -al momento de la solicitud de acceso-.

ii. El número de cuenta y Banco de dos cuentas bancarias en que el órgano reclamado sea titular (referencias bancarias), así como el nombre de dos proveedores del organismo (referencias comerciales).

iii. Copia de la cédula de Rol Único Tributario, formato plástico o digital ( e-Rut), según sea la forma que obra en su poder.

iv. El nombre de los funcionarios que detenten el cargo de Representante Legal, Gerente, Director Médico y Tesorero del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Se hace presente que, en el evento de que en los antecedentes cuya entrega se ordena, consten datos personales de contexto, por ejemplo, nombre, número de cédula de identidad, domicilio, teléfono, entre otros, deberán ser previamente tarjados, por estimar que su divulgación afecta los derechos de las personas.

Asimismo, en el evento de que todo o parte de información no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y al Consejo, indicando específicamente las razones que lo justifiquen.

Dicho requerimiento debe ser cumplido en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, acreditando la entrega efectiva de la información en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, según se pormenoriza.

Expone que con fecha 22 de julio de 2020, doña Alejandra Vidal

Monardes, ingresó una solicitud de acceso a información pública de la Universidad de Chile, mediante correo electrónico y formulario adjunto, pidiendo lo siguiente: "Estimados para poder crearlos en nuestro sistema de ventas, somos proveedores del hospital, requiero la siguiente información:

Carpeta Tributaria últimos 12 meses

Últimos 2 balances financieros anuales

2 referencias bancarias. Vigencia no mayor a 30 días.

2 referencias comerciales.

Fotocopia del RUT.

Fotocopia de la cédula del representante legal

Y así mismo requiero nos informen los nombres, correos electrónicos y teléfonos de los siguientes cargos:

Representante Legal

Gerente /Director Médico

Tesorería

Muchas gracias"

Con fecha 26 de junio de 2020, mediante Ord. U.T. (O) N° 282/2020, la Unidad de Transparencia de la Universidad de Chile respondió a la solicitante, indicándole que su solicitud no se enmarca en el derecho de acceso a información pública y, por ende, resulta inadmisible, por cuanto se encontraba dirigida a que la institución sistematizara y elaborara un reporte o informe ad hoc, que comprendiera antecedentes de carácter genérico e indeterminado y que precisan elaborar o requerir documentos a terceros (carpeta tributaria, referencias bancarias y comerciales) o que comprenden datos personales (fotocopia de cédula de identidad del representante legal), sin perjuicio de hacer presente que una parte de la información solicitada se encuentra en las fuentes permanentemente a disposición del público, la cuales se le indican para que pueda acceder a ellas.

Con fecha 14 de agosto de 2020, la requirente de información dedujo amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo, tramitado bajo el rol C4921-20, el cual en definitiva fue acogido parcialmente por el Consejo ordenando a la Universidad entregar al reclamante la información que se ha señalado.

Indica que la Universidad de Chile es una institución de educación superior y corporación de derecho público de carácter estatal, funcionalmente descentralizada, y en calidad de tal, forma parte de la Administración del Estado, conforme al Estatuto Orgánico, cuyo texto vigente fue aprobado por el D.F.L. N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, transcribiendo al efecto el artículo 1° y 7° de su Estatuto Orgánico, el artículo 1°, 2 de la Ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales, esta última norma en relación con la autonomía de las mismas, lo que relaciona con una sentencia del Tribunal Constitucional que la reconoce, la cual se encuentra regida por diversas leyes, citando al efecto la Ley N° 18.575, la Ley N° 18.834; la Ley N° 19.880; y la Ley N° 19.886, así como su Reglamento, entre otras disposiciones legales y reglamentarias.

Agrega que, de acuerdo a la autonomía de la Institución de Educación Superior, y en cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación, creación y extensión en el área de la salud, la Universidad provee prestaciones y atenciones médicas a través del Hospital Clínico Dr. José Joaquín Aguirre, el cual fue fundado el 15 de octubre de 1952, depende de la Rectoría y su administración es ejercida por la directora general del establecimiento, cargo que ejerce actualmente la dra. Graciela Rojas Castillo, a través de las funciones y atribuciones que le han sido otorgadas o delegadas con tal propósito. Además, el HCUCH cuenta con la asistencia del director especial de administración y finanzas, el director especial médico y el director académico del establecimiento, siendo sus principales autoridades.(información disponible en sitio web: https://www.redclinica.cl)

Expresa que independiente de la diversidad de centros, institutos o facultades que posee esta casa de estudios superiores, la Universidad de Chile es una misma y única persona jurídica, operando para todos los efectos legales, con el mismo Rol único Tributario (RUT), a saber, 60.910.000-1. De esta forma, la representación legal y antecedentes tributarios de la Universidad y, por supuesto, del Hospital, son los mismos y operan bajo igual nombre o razón social, como organismo dependiente, ya sea como proveedor o comprador en el portal www.mercadopublico.cl de la Dirección de Compras y Contratación Pública, según lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento.

Entrando al fondo del asunto expresa que la decisión reclamada infringe diversas disposiciones legales y constitucionales toda vez que, al ordenar la entrega de la información solicitada por el requirente, sin considerar las causales de reserva y/o denegación esgrimidas, el CPLT ha infringido lo dispuesto en los artículos 5°, 10° y 24° inciso segundo de la Ley N° 20.285; y en el artículo 8° de la Constitución Política de la República. A mayor abundamiento, la entrega de la información supone una infracción de la Ley N° 20.285, y lo dispuesto en otras normativas expresamente aplicables al CPLT e incluso la Carta Fundamental, por cuanto admite a tramitación y se pronuncia favorablemente en relación a una solicitud que no cumple los requisitos esenciales de un amparo y que no se encuentra enmarcada en el derecho de acceso a la información pública y, por tal motivo, ordena entregar antecedentes que no constituyen información pública que obre en poder de la Universidad.

En primer lugar, Indica que, no se da cumplimiento al inciso segundo del artículo 24 de la Ley N° 20.285, el cual exige que la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso, lo que no ocurre en la especie, limitándose la reclamante a completar el formulario de reclamación con las opciones tipo que explican, sucintamente, cuál fue la actitud del servicio (respuesta negativa a la solicitud de información) y las razones dadas por la institución (que su solicitud no se enmarca en el derecho de acceso a la información pública y, por ende, resulta inadmisible), lo que impidió a su parte evacuar adecuadamente sus descargos. El CPL asumió un rol favorable al requirente de información y completó, de oficio y sin estar facultado, un amparo contrario a la Ley.

En segundo lugar, agrega que la decisión reclamada infringe los artículos 5° y 10° de la Ley N° 20.285 e, incluso, el artículo 8° de la Constitución Política de la República, pues ordena entregar antecedentes que no constituyen información pública que obre en poder de la Universidad, transcribiendo el citado artículo 8° y el artículo 5 de la Ley N° 20.285, para concluir que la interpretación conjunta y armónica de las normas citadas, lleva a la conclusión de que constituye información pública las decisiones formales del Estado, sus fundamentos y procedimientos. En este sentido se debe estar a lo dispuesto en el artículo 3° de Ley N° 19.880, referido al concepto de acto y procedimiento administrativo, transcribiéndolo íntegramente. Asimismo, transcribe el artículo 18 de la citada ley que define el procedimiento Administrativo.

Por último, transcribe el artículo 10 de la ley N° 20.285 que se refiere el mecanismo denominado transparencia pasiva.

Manifiesta que, en este contexto, cabe tener en consideración que la solicitante Sra. Vidal luego de expresar el motivo de su requerimiento (crear al Hospital Clínico en un sistema de ventas), conduce sus peticiones a que la Universidad prepare un dossier o expediente que contenga antecedentes favorables a dicho objetivo, incluyendo una carpeta tributaria (últimos 12 meses) y referencias bancarias (vigencia no mayor a 30 días) y comerciales, entre otros documentos.

Señala que la Universidad no efectúa valoración o discriminación alguna sobre la causa o motivo de la solicitud, como mal interpreta la Decisión reclamada en su considerando 2), sino que ha calificado como inadmisibles el objeto o contenido mismo de las peticiones realizadas, pues ellas claramente involucran la preparación de un expediente o informe ad hoc, que no existe ni obra en poder de la Institución en los términos que se plantean, y que exigen encomendarse a la tarea de elaborar, sistematizar y pedir antecedentes a terceros, como el Servicio de Impuestos Internos o proveedores de la Universidad o del Hospital, para ser calificada favorablemente ante un potencial proveedor. Para precisar esto último, cabe detenerse a analizar algunos de los antecedentes requeridos y ordenados entregar con mayor detalle.

En cuanto a la carpeta tributaria, indica que no se explica suficientemente de su propia definición, pero el Consejo para la Transparencia, en el considerando 6) de la Decisión reclamada, explica lo siguiente acerca de ella: "6) Que, sobre "la carpeta tributaria de los últimos 12 meses", este Consejo entiende que lo requerido apunta a obtener copia de la carpeta tributaria electrónica que todo contribuyente puede obtener desde el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (en adelante también SII). Dicho documento tributario, según se informa en sitio web http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2008/210408noti01jo.htm "puede contener información de identificación del contribuyente, información de su actividad económica, información de sus bienes raíces, resumen de Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas en el último año, y las últimas Declaraciones del Formulario 29 de IVA y del Formulario 22 de Renta. El contribuyente podrá generar una carpeta personalizada seleccionando la información que necesite, o escoger alguna de las carpetas predefinidas para solicitar créditos, acreditar renta o acreditar tamaño de la empresa". Estos antecedentes, en lo que se refiere a un organismo del Estado, es información pública, respecto de la cual la reclamada no alegó la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, motivo por el cual se acogerá el amparo en esta parte, ordenando su entrega, previa reserva de cualquier dato personal de contexto, que pudiera contenerse en la información cuya entrega se ordena, esto por estimarse que su divulgación puede afectar los derechos de las personas, de acuerdo a los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, se establece en cumplimiento de la facultad consagrada en el artículo 33 literal m) de la Ley de Transparencia."

Señala que explícitamente, el Consejo se aleja de la definición misma de información pública, la que en último término corresponde a aquella que obre en poder del órgano requerido -de acuerdo a las normas constitucionales y legales citadas anteriormente-, y ordena a esta Universidad requerir la elaboración de una carpeta tributaria al Servicio de Impuestos Internos (SII) para entregarla a la solicitante. Resulta claro y evidente que esta información no existe en los términos requeridos, porque debe prepararse, y su elaboración ni siquiera corresponde que sea efectuada por la Universidad, sino que debe ser requerida a un ente externo. ¿Cómo puede el Consejo para la Transparencia entender que eso constituye información que obre en poder del órgano requerido? A mayor abundamiento, vale citar lo que explica el SII en su página web sobre lo que constituye la carpeta tributaria electrónica: "La Carpeta Tributaria Electrónica permitirá entregar la información tributaria de un contribuyente a un tercero autorizado, con el objeto de solicitar créditos bancarios, acreditar rentas, entre otras.

Actualmente, existen los siguientes tipos de Carpetas Tributarias Electrónicas:

Del tipo Regular:

Para solicitar créditos

Para acreditar renta

Para acreditar tamaño de la empresa

Personalizada

Del tipo por Mandato:

Para solicitar créditos otorgando un Mandato a Instituciones Financieras para acceder a la información del contribuyente

Las carpetas señaladas pueden ser puestas a disposición de un tercero para su evaluación, y analizarlas de acuerdo con el tipo materias contenidas en cada una de ellas."

Al respecto la reclamante se pregunta ¿Podrá explicar el Consejo en qué parte de la Constitución o la Ley N° 20.285 se establece el derecho a exigir que los órganos de la Administración del Estado deban efectuar trámites o requerir a otros organismos la generación de antecedentes que no obran en su poder? ¿Podrá explicar también cuál de todos los tipos de carpetas tributarias electrónicas debemos encargar al SII -solicitar créditos, acreditar renta o el tamaño de la empresa- para satisfacer el objeto de la petición de la Sra. Vidal?

De lo señalado hasta ahora, resulta claro que no nos encontramos ante una solicitud de acceso a información, sino a otra especie de petición, de carácter comercial o económico, tal vez amparada en el derecho de petición que establece el artículo 19 N° 4 de la Constitución o a la Ley N° 19.886 y su Reglamento, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (a los que se sujetan todas las compras y adquisiciones de la Universidad y su Hospital Clínico), mas no en los artículos 10 y siguientes de la Ley N° 20.285.

Agrega que otros dos antecedentes solicitados corresponden a "2 referencias bancarias" (vigencia no mayor a 30 días) y a "2 referencias comerciales", los que, como es de público conocimiento, involucran un documento o dato de recomendación que permita comprobar la confiabilidad de quien lo proporciona, es decir, exigen que la Universidad pida a terceros, dos instituciones bancarias y dos proveedores o usuarios de sus servicios, emitir tal especie de documentación. Sin embargo, la Decisión reclamada efectúa un ejercicio interpretativo bastante llamativo, y en su considerando 8) concluye lo siguiente: "8) Que, en cuanto a las "2 referencias bancarias. Vigencia no mayor a 30 días" y "2 referencias comerciales", este Consejo entiende que lo pedido apunta a obtener información sobre el número de cuenta y Banco de dos cuentas bancarias en que el órgano reclamado sea titular (referencias bancarias), así como el nombre de dos proveedores del organismo (referencias comerciales). Dichos antecedentes, en lo que se refiere a Servicios de la Administración del Estado es información pública, respecto de la cual la reclamada no alegó la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, motivo por el cual se acogerá el amparo en esta parte, ordenando su entrega."

Señala la reclamante que, en este punto, la decisión observa más allá de lo expresamente solicitado y concluye, muy a pesar del tenor literal del requerimiento, que la petición versa sobre el número y Banco de dos cuentas bancarias (referencias bancarias) y la identificación de dos proveedores de la Universidad (referencias comerciales que excluyen, por ejemplo, usuarios de servicios prestados por la Institución), las que suponemos podrían ser escogidas completamente al azar.

Expresa que resulta evidente, dado que lo requerido por la Sra. Vidal no constituye una solicitud de acceso a información pública, sino otra especie de petición de carácter comercial con el objetivo de celebrar algún contrato de prestación de servicios y/o de suministro con un órgano de la administración del Estado, el Consejo procura alterar el sentido de lo solicitado para pronunciarse favorablemente, pues de lo contrario, implicaría reconocer que el conjunto de dicho requerimiento se encuentra al margen de la Ley N° 20.285 y, por ende, correspondía declararlo inadmisible, como ha sostenido esta Institución de Educación Superior.

Lo anterior resalta cuando se tiene en consideración, como bien conoce el Consejo, que la Universidad y su Hospital Clínico comparten el mismo RUT, por lo que exigir la elaboración y entrega de antecedentes como los que pide la Sra. Vidal, implicarían que su solicitud perdiera todo sentido, toda vez que la carpeta tributaria correspondería al conjunto de esta Institución, y los datos bancarios y comerciales podrían versar también sobre o cualquiera de sus unidades académicas u organismos dependientes, como son sus catorce Facultades, cinco Institutos, seis Vicerrectorías, entre otras.

A mayor abundamiento, el razonamiento del Consejo, al ordenar la entrega de la información requerida, desvirtúa la Constitución y la Ley N° 19.880. En consecuencia, al acoger el amparo y ordenar la entrega de los documentos que indica, la Decisión reclamada incurre en flagrante ilegalidad, al extender la aplicación de las normas citadas a una solicitud que se encuentra claramente al margen del derecho de acceso regulado en la Ley N° 20.285.

Cuestiona la recurrente particularmente el sentido que el Consejo da al derecho de acceso a información pública, pues la aplicación que hace de la Ley N° 20.285, excede el concepto de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado indicados en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, pues los antecedentes que se piden y que la decisión reclamada ordena entregar importan la producción de un material ajeno a lo prescrito por la Carta Fundamental, porque no se trata de ninguno de los objetos cubiertos por ella, tal como ha declarado el Tribunal Constitucional en sentencia Rol 2558-13.

En síntesis, la Decisión reclamada pretende extender lo regulado en los artículos 10° y siguientes de la Ley N° 20.285, a solicitudes que no se enmarcan en el derecho de acceso a información pública, considerando que exigen la preparación o elaboración de antecedentes que no existen en los términos solicitados en poder de la Institución.

Manifiesta que la decisión infringe lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 19.886, que trascribe, toda vez que dicha norma impone a los órganos de la Administración del Estado sujetarse a sus disposiciones para efectos de celebrar contratos de suministro y de prestación de servicios, aplicable a la Universidad y, por cierto, al Hospital, actuando bajo un mismo RUT en el sitio web de Mercado público, administrado por la Dirección de Compras Públicas.

Indica que resulta inaudito que el CPLT permita que un privado obtenga información para contratar con el Hospital, al margen total de la Ley N° 19.886 y/o de los contratos que pudieran existir (desconocemos a qué proveedor o contrato particular se refiere) la requirente. Es evidente que la solicitante está abusando o haciendo mal uso del derecho de acceso a la información para eludir las obligaciones que la Ley N° 19.886 mandata para el Estado y sus proveedores, a fin de lograr que la Universidad efectúe trámites por ella en plazos determinados, desvirtuando los objetivos y principios de la Ley N° 20.285. Lo más grave, es que dicho actuar parece ser avalado por el CPLT, pues no sólo da curso a un amparo que incumple el artículo 24 de la Ley N° 20.285, sino que también acoge dicho amparo y ordena la entrega de la información requerida mediante la Decisión reclamada.

Agrega que si la requirente de información es parte de un proveedor o un privado interesado en ser proveedor de la Universidad, del HCUCH o del Estado, debiese recurrir a los medios dispuestos por la Ley N° 19.886 y su Reglamento, y no tramitar esta especie de diligencia a través de la una solicitud de conformidad a la N° 20.285, bajo dichos plazos y procedimientos.

Expresa que es, a lo menos irregular, que tal información no siga los canales de conducto habitual y legal para un proveedor del Estado. Más grave aún resulta que, sin comprobar la identidad del solicitante y de que es efectivamente "proveedor del Hospital", el CPLT permita que acceda a información económica y comercial de la Universidad. No resulta difícil visualizar cómo, la solicitante podría estar obteniendo una ventaja o posición privilegiada respecto otros posibles proveedores del Hospital, configurándose una discriminación arbitraria respecto de ellos.

Concluye que lo anterior demuestra que no estamos ante una solicitud de información ajustada a la Ley N° 20.285 sino a una petición derivada de un contrato celebrado de conformidad a la Ley N° 19.886 y demás disposiciones aplicables a la contratación del Estado, quizás subsumible dentro del derecho de petición, pero jamás en el derecho de acceso a la información pública.

Finaliza solicitando acoger la reclamación y se deje sin efecto la mencionada Decisión, procediendo a declarar que no procede dar acceso a la información solicitada por la requirente.

Segundo: Informa don David Ibaceta Medina, abogado, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, señalando que teniendo en consideración el tenor de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya el reclamo, el debate se centra únicamente en determinar si esa Corporación obró conforme a derecho, al acoger el amparo deducido, desestimando la alegación de la Universidad de Chile, consistente en que el requerimiento de la Sra. Vidal no se ajustaba al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que regulan los artículos 5°, 10° y siguientes de la Ley N° 20.285, sino que procura obtener documentos o antecedentes determinados mediante un pronunciamiento de parte de la Universidad de Chile, en orden a acreditar su situación financiera y tributaria en aras de ser calificada para un sistema de ventas, lo que correspondería a una manifestación del derecho de petición.

Agrega que adicionalmente, y solo con ocasión de la interposición del reclamo, la Universidad de Chile sostiene como argumento fundante de la pretendida ilegalidad, que el amparo Rol C4921-20, incumplió con los requisitos de procesabilidad contemplados en el artículo 24 inciso segundo de la LT; por lo que debió ser declarado inadmisible. En conformidad a lo señalado, dicha alegación es introducida extemporánea y sorpresivamente por la Universidad de Chile, sólo con ocasión del reclamo de ilegalidad, motivo suficiente para que sea desestimada, por cuanto la recurrente no puede pretender que se declare ilegal la decisión de amparo recurrida, sobre la base de nuevos argumentos de hecho y de derecho, que no fueron puestos en conocimiento ni pudieron ser ponderados en la oportunidad procesal correspondiente por el Consejo Directivo de esta Corporación.

Agrega que esta alegación no pudo ser ponderada por el Consejo pues el órgano recurrido de amparo no hizo alusión alguna a su eventual inadmisibilidad, por lo que la decisión de amparo se funda en los antecedentes que fueron materia del procedimiento, lo que a su vez determina la competencia de la Corte.

En subsidio de lo anterior, señala que, según consta de los antecedentes incorporados en el procedimiento, el amparo el Rol C4921-20, fue deducido dentro de plazo y su fundamento fue la respuesta negativa otorgada por la institución a la solicitud de acceso tramitada por la Sra. Vidal, quien acompañó los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, en particular la respuesta final otorgada al requerimiento de acceso mediante UT (O) N° 282/2020, de 14 de agosto de 2020, indicando en el formulario que se encuentra disponible en el sitio web del Consejo para la Transparencia, como fundamento de su reclamo "respuesta negativa a la solicitud de información", lo que en efecto correspondía al tenor de la respuesta proporcionada por el órgano requerido, por lo que correspondía, de acuerdo a la ley, pronunciarse sobre el fondo del amparo.

Indica que en relación con la calidad de información pública de lo solicitado, del tenor literal y materia del requerimiento de información, se desprende que los antecedentes pedidos y controvertidos, constituye información pública, por lo que no es efectivo que este Consejo haya incurrido en infracción a lo dispuesto en las disposiciones de la LT, o que haya quebrantado su texto y espíritu.

Agrega que no es posible sostener que la determinación de la publicidad de la información solicitada, se encuentra únicamente regulada en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos, toda vez que dicha ley no establece ni regula de manera genérica un derecho de acceso a la información, sino que sólo define una categoría y tipo de información a la que se puede acceder, por lo que la publicidad y el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede entenderse restringida a los antecedentes especificados por dicha norma, en un régimen gobernado por el artículo 8° de la Constitución Política de la República, por cuanto ello equivale a desconocer el principio de supremacía constitucional, en virtud del cual la Constitución Política es la norma fundamental sobre cuya base descansa todo el ordenamiento jurídico, de lo que fluye que las leyes ordinarias deben respetar la Constitución, tanto en su tenor literal, como también en su espíritu, el que se ve reflejado en sus principios, y uno de dichos principios consiste en la publicidad no sólo de los actos y resoluciones de la Administración, sino que también de los fundamentos y los procedimientos que se utilicen para la dictación de dichos actos administrativos.

Señala que, en el año 2005, con la promulgación de la Ley N° 20.050, en el Art. 8° de la Constitución se estableció el piso de aquellos antecedentes que son considerados como públicos, susceptibles de ser requeridos mediante el ejercicio del "derecho de acceso a la información pública", implícitamente reconocido en el Art. 19 N° 12 de la Carta Fundamental, y en el Art. 5° de la misma, que hace aplicable el Art. 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, teniendo como única forma de afectación que exista una Ley de Quórum Calificado que establezca el secreto o reserva por las causales de afectación a los bienes jurídicos que la misma norma constitucional contempla.

Indica que el mandato constitucional exige máxima publicidad, a fin de dar eficacia a la disposición constitucional que lo consagra, y que integra las Bases de la Institucionalidad, entendiendo éstas como el conjunto de principios y normas que sirven de soporte o cimiento conforme al cual se organiza la sociedad, cuyos preceptos y mandatos son obligatorios en virtud del principio de fuerza obligatoria de la Constitución, contenido en el inciso 2° del Art. 6° de la Carta Fundamental. Por dicha razón es que, aunque la Constitución Política no hable de "información", ello no quiere decir que, en conformidad al actual marco constitucional no exista tal principio, ni que tampoco se limite su contenido a "actos" o "resoluciones", o que implique una restricción o limitación a la libertad de configuración normativa del legislador en materia de publicidad y acceso a la información, como erradamente lo pretende sostener la parte recurrente. En consecuencia, si el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución contiene un principio de publicidad, su contenido y alcance no puede ser restrictivo, de modo que exceden el contenido de dicha norma constitucional, sino que desarrollan tal principio, pero no lo contradicen ni lo exceden, cita al respecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y se refiere a la Historia Fidedigna del artículo 8° inciso 2°, de la Constitución Política de la República y doctrina especializada.

Agrega que, en la especie, al tratarse la información requerida, de antecedentes que obran en poder de un órgano obligado por la LT, habiendo sido elaborados con presupuesto público y referidas al cumplimiento de la función pública, se debe considerar el contenido de los artículos de la LT, que operativizan el Principio de Publicidad que establece el artículo 8° de la Constitución Política de la República, transcribiendo los artículos 5, inciso segundo; 10; y 11 letra c) y artículo 3 letra e) del Reglamento, de la Ley de Transparencia.

Expresa que estas normas fijan el punto de partida, si la información ha sido elaborada con presupuesto público, para el cumplimiento de fines públicos, y obra en formato documental en poder de un órgano obligado por la LT, es información que se presume pública; y, para desvirtuar ello debe acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva establecida, como exige el art. 8°, inc. 2°, de la Constitución. En consecuencia, la carga de la prueba del secreto le corresponde a quien lo invoca.

De acuerdo a lo expuesto, es claro que la regla general es la publicidad, siendo el secreto y reserva de carácter excepcional, por lo que a ésta últimas se le debe dar una interpretación restrictiva.

Expresa que del tenor literal de las disposiciones legales citadas, queda claro que el espíritu y la voluntad del legislador, plasmados en la Ley N° 20.285, consiste en que el ciudadano pueda acceder a toda información que exista y obre en poder de los órganos de la Administración, sea cual sea el formato material o soporte en que esta se encuentre, sin importar su origen, clasificación o procesamiento, de lo que se sigue que es la misma ley la que permite el acceso a información como la consultada en la especie, aunque la Universidad tenga que efectuar tareas de búsqueda, recopilación o procesamiento de la información, lo que se ve reforzado por lo dispuesto en las letras a) y d) del Art. 11 de la LT, que consagran los Principios de Relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento; y de Máxima Divulgación, de acuerdo al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales, de lo que se sigue que no hay infracción legal alguna en la decisión C4921-20.

En este contexto, y conforme a lo dispuesto por las normas previamente transcritas, es evidente que dentro del concepto de "documento" se entienden incorporados los antecedentes sobre cartola tributaria, referencias bancarias y comerciales, identidad de determinados funcionarios públicos y fotocopias del RUT, que es justamente la entrega de lo que se discute en estos autos. Así las cosas, es evidente que los registros que se están solicitando a la Universidad de Chile es información pública, que se encuentra en poder del órgano de la Administración, y que ha sido elaborada con presupuesto público. En consecuencia, tal como lo indica el considerando 4° de la decisión reclamada de ilegalidad, dichos antecedentes constituyen, en principio, información pública.

Adicionalmente, indica, respecto a este alegación, se debe considerar que los registros requeridos, se refieren específicamente al cumplimiento de su función pública por parte de un órgano obligado por las normas de la LT, la que por expreso mandato constitucional se exige que dicha función pública sea ejercida en forma recta y proba, y para verificar que su actuación cumpla con esos parámetros necesariamente se exige control, el cual presupone a su vez, publicidad de las actuaciones, pues esta facilita no sólo el de carácter interno, sino además propicia el control externo. El elemento básico para verificar el correcto cumplimiento de la función pública es precisamente su fiscalización, resultan aplicables dos Principios constitucionales, esto es, el Principio de Probidad y el de Publicidad que rigen los actos de la Administración del Estado, lo anterior encuentra sustento en legal en diversas normas contenidas en la Ley de Transparencia, como en su artículo 3° y artículo 4, inciso 2°, los cuales transcribe.

Concluye que, en consecuencia, atendido lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política, Artículos 5°, 10, y 11 letras a) y c) de la Ley de Transparencia, la información objeto del amparo detenta una naturaleza eminentemente pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva legal, lo que no ocurre en el presente caso.

Añade que el Consejo ordenó hacer entrega a la solicitante la información, datos de carácter financiero y comercial de la Universidad de Chile, y la identidad de ciertos funcionarios públicos, al tenor de lo señalado en el numeral II de la parte resolutiva de la Decisión de amparo Rol C4192-20, descartando que este se encuentre fuera de los parámetros establecidos por los artículos 5° y 10° de la LT, y que constituya ejercicio del derecho de petición de la solicitante de información, transcribiendo al efecto los considerandos 3)y 4.

Por su parte, agregan según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales".

Además, hace presente que la propia reclamante sostuvo en el procedimiento de amparo, particularmente al evacuar sus descargos, que parte de lo solicitado se encontraba permanentemente a disposición del público en los sitios web que informó; y, que lo requerido correspondía a "antecedentes de carácter genérico e indeterminado -como la Carpeta Tributaria-, exigiendo requerir documentos a terceros -como las referencias bancarias y comerciales-, o información de carácter personal protegida en virtud de los artículos 4, 7 y 9 de la Ley N° 19.628 y la causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley N° 20.285 -como la fotocopia de cédula de identidad del representante legal de la Institución-", por lo que resulta altamente contradictorio con dicha argumentación formalmente sostenida en el procedimiento de amparo, fundar el presente reclamo de ilegalidad en una supuesta infracción a las normas de los artículos 5° y 10 de la LT.

Señala que haciendo un análisis relativo a cada uno de los puntos a los que se extiende la decisión recurrida, se debe hacer presente en primer término que tal como lo sostiene el considerando 5) de la decisión Rol C492120, para determinar si resultaba posible acceder a los antecedentes requeridos por la solicitante, este Consejo razonó en orden a que se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto, ni la configuración de ninguna de las causales de reserva alegadas, conforme al criterio desarrollado en la decisión de amparo Rol C467-10, entre otras, así como en aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia.

En este contexto, señala, se ha ordenado entregar al reclamante información en formato documental, generada con presupuesto público y que obra en poder de la Universidad de Chile, que da cuenta del ejercicio de la función pública encomendada a la institución recurrente, lo que determinó la adopción de decisiones de autoridad sobre ejercicios contables y financieros y personal contratado para ejercer funciones públicas, por lo que no es posible argumentar fundadamente que el requerimiento de información excede el alcance de lo regulado por el artículo 8° Constitucional, y en consecuencia, de lo regulado por los artículos 5° y 10° de la LT. Distinto es que, sobre la información requerida, se deba efectuar un proceso de recopilación o sistematización de antecedentes en forma previa a la entrega material a la solicitante de información, cuestión que no modifica su naturaleza esencialmente pública, como ocurre en el caso de autos. En efecto, la parte reclamante, posee y obra en su poder la información requerida, sin que sea necesario tener que efectuar ninguna labor de creación de datos, ni generar información distinta a aquella que ya posee, lo único que debe hacer es buscar en sus archivos los antecedentes respectivos para así otorgar la información solicitada, es decir, solo debe procesar la información que ya posee, para luego responder y hacer entrega de esos antecedentes al solicitante.

En relación al requerimiento de acceso respecto de aquellos antecedentes que obren en "la carpeta tributaria de los últimos 12 meses", este Consejo entendió que lo requerido apuntaba a obtener copia de la carpeta tributaria electrónica que todo contribuyente puede obtener desde el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (en adelante también SII). Dicho documento tributario, según se informa en sitio web http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2008/210408noti01jo.htm "puede contener información de identificación del contribuyente, información de su actividad económica, información de sus bienes raíces, resumen de Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas en el último año, y las últimas Declaraciones del Formulario 29 de IVA y del Formulario 22 de Renta. El contribuyente podrá generar una carpeta personalizada seleccionando la información que necesite, o escoger alguna de las carpetas predefinidas para solicitar créditos, acreditar renta o acreditar tamaño de la empresa". Estos antecedentes, en lo que se refiere a un organismo del Estado, es información pública, respecto de la cual la reclamada no alegó la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, motivo por el cual se acogió el amparo en esta parte, ordenando su entrega, previa reserva de cualquier dato personal de contexto, que pudiera contenerse en la información cuya entrega se ordena, esto por estimarse que su divulgación puede afectar los derechos de las personas, de acuerdo a los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

En cuanto a la información consistente en "2 referencias bancarias. Vigencia no mayor a 30 días" y "2 referencias comerciales", este Consejo razonó en orden a que lo pedido apuntaba a obtener información sobre el número de cuenta y Banco de dos cuentas bancarias en que el órgano reclamado sea titular (referencias bancarias), así como el nombre de dos proveedores del organismo (referencias comerciales). Dichos antecedentes, en lo que se refiere a Servicios de la Administración del Estado es información pública, respecto de la cual la reclamada no alegó la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, motivo por el cual se acogió el amparo en esta parte, ordenando su entrega.

Respecto de la información consistente en "Fotocopia del RUT", este Consejo entendió que lo pedido dice relación con el acceso a copia de la cédula de Rol Único Tributario, emitida por el Servicio de Impuestos Internos que permite identificar a los contribuyentes como tal, ya sea que ésta obre en su poder en formato plástico o digital (e-rut). Cabe señalar que de acuerdo a lo indicado en el sitio web del SII http://www.sii.cl/destacados/erut/contribuyentes_erut.html, "todos los registrados en SII con Rol Único Tributario como personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, tanto nacionales como extranjeros.

También las personas naturales extranjeras con y sin residencia que realicen actividades susceptibles de generar rentas en Primera o Segunda categoría".

Indica que, en consecuencia, se trata de un antecedente que, en lo que se refiere a los organismos de la Administración del Estado, es información pública, respecto de la cual no se alegó la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, motivo por el cual acogió el amparo en esta parte, ordenando su entrega. Con todo, de forma previa a su entrega deberá tarjarse los datos personales de contexto que allí se consignen, tales como, el número de cédula de identidad, de las personas naturales que se identifiquen como representantes legales del contribuyente o autorizados para su uso.

Finalmente, respecto al acceso a información relativa a nombre de los funcionarios públicos y sus cargos, esta constituye información esencialmente pública, y así se ha ordenado entregar, los contratos a honorarios (en las decisiones C327-10 y C353-10); los informes de trabajos mensuales (decisión C991-12, en cuanto su divulgación posibilita el control social sobre la ejecución de los servicios contratados) y el currículum de los funcionarios (decisión C95-10).

Expresa que en relación a la información reclamada en el presente amparo, sobre la divulgación de la identidad de determinados funcionarios públicos, es el propio legislador el que ha dispuesto la publicidad de dicha información, al disponer, en el artículo 7°, letra d), de la Ley de Transparencia, que los órganos de la administración del Estado deben publicar proactivamente en sus sitios electrónicos la planta de personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones, lo que permite conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales. En razón de ello, la identidad de un funcionario público es información pública, no existiendo expectativa de reserva respecto de dicho antecedente, por lo que el amparo será acogido en este punto, debiendo el Municipio conferir acceso a las copias del expediente, en la que consten las declaraciones requeridas, sin tarjar el nombre de los testigos respectivos, tal como lo sostiene el considerando 12) de la decisión recurrida, por tanto, se determinó acoger el amparo en este punto, ordenando la entrega de la información en análisis a la reclamante.

Agrega que si la Universidad de Chile, no tuviera en términos hipotéticos ordenada y sistematizada la información requerida, cabe señalar a S.S.I., que a partir la decisión de amparo Rol C97-09, de 18 de agosto de 2009, esta Corporación concluyó que conforme a la historia fidedigna de la Ley N° 20.285, se encuentran amparados por dicha normativa aquellas solicitudes que implican procesar documentos para dar respuesta, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional.

Expresa que la parte reclamante, posee la información requerida -o al menos debiera obrar en su poder, al tratarse de fundamentos de una decisión administrativa-, sin que sea necesario tener que efectuar ninguna labor de creación de datos, ni generar información distinta a aquella que ya posee. Lo único que debe hacer es buscar en sus archivos los antecedentes respectivos para así otorgar la información solicitada, es decir, solo debe procesar la información que ya posee, para luego responder y hacer entrega de esos antecedentes al solicitante. En consecuencia, dicha tarea no implica la elaboración o creación de información nueva o desconocida para la Universidad; sólo se trata de efectuar una labor de búsqueda, sistematización y entrega de antecedentes que detenta.

Por eso, considerando que la entrega de lo requerido en la forma dispuesta en la decisión, no importa un costo o gasto excesivo o no previsto en el presupuesto de la reclamante, y que la Universidad de Chile tampoco alegó en las etapas procesales respectivas, que la entrega de lo pedido importe incurrir en distracción indebida del cumplimiento de sus funciones, y que sólo debe recopilar información que ya tiene, no queda más que concluir que la decisión de amparo Rol C4921-20 se encuentra ajustada a derecho.

Hace alusión a la experiencia comparada sobre acceso a la información pública, en la cual se puede obligar a crear listados de información y a Sentencia del Tribunal Constitucional, en sentencia 10 de junio de 2014,

Recurso de Inaplicabilidad Rol N° 2505, caratulado "Superintendencia de Bancos con CPLT", sostuvo que los órganos de la Administración del Estado están, en ciertos casos, obligados a configurar un nuevo documento, para permitir su acceso, a partir de la información que obra en su poder y de esta misma Corte, en el sentido de que la información debe ser entregada aun cuando su recopilación sea dificultosa. (Rol 12.170.2016 y 173-2020)

En cuanto a la infracción del artículo 1° de la ley N° 19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, señala que este cuerpo legal tiene como objetivo fundamental uniformar los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública, tendiente a imprimir mayores grados de transparencia en el manejo del Tesoro Público a nivel del Estado y de las municipalidades, creando la institucionalidad necesaria para velar por la transparencia y la eficiencia en las compras, preservando la igualdad de competencia y el debido proceso.

Indica que no resulta aplicable al caso de autos, una interpretación analógica o extensiva de las normas de la Ley N° 19.886, respecto de una persona que únicamente ha ejercido, sin ningún mal uso, su derecho de acceso a la información pública sobre antecedentes que no necesariamente deben encontrarse vinculados con algún contrato en particular, y en el hipotético caso que así fuere, no existe impedimento legal alguno para ello.

Manifiesta que si bien, la Universidad de Chile expuso someramente en sus descargos que conferir acceso a la información requerida afectaría las normas de la ley N° 19.886, se limitó a mencionar dicha circunstancia, sin dotar este argumento de contenido específico, y más importante aún, sin vincularla a alguna de las normas de secreto o reserva que en forma taxativa contempla el artículo 21 de la LT, única forma en que este Consejo podría haber analizado la aplicación de una eventual causal de reserva respecto de la información solicitada.

Expresa que de acuerdo al artículo 10, inciso primero de la LT, establece que "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley". Dicha norma se ve reforzada por lo establecido en el artículo 11, letra g) de la LT, que prescribe el denominado "Principio de no discriminación", señalando que, los órganos de la Administración del Estado "deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud". Asimismo, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 19 del mismo cuerpo normativo que establece así que la entrega de copia de los actos y documentos "se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley". De esta forma, los intereses o fines que persiga una persona para efectuar una solicitud de acceso a información pública resultan irrelevantes al momento de calificar su admisibilidad o su carácter público o reservado, tal como correctamente lo señala el considerando 2) de la Decisión de amparo Rol C4921-20, lo que ha sido fallado por esta misma Corte en Rol 6709-2015.

Finaliza señalando que por lo expuesto la Decisión de Reclamo Rol C4921-20, emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra totalmente ajustada a Derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, no configurándose ninguna ilegalidad en su adopción, y ratificándose la obligación de la Universidad de Chile de entregar la información que el Consejo dispuso sea proporcionada, por lo que no corresponde dejarla sin efecto.

Tercero: Que para los efectos de la resolución del asunto se debe tener presente lo dispuesto en primer lugar, en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, el cual señala: "Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo, una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

Cuarto: Que de la norma transcrita se puede concluir que la publicidad es el principio de orden general que rige los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Se trata entonces de un principio constitucional al cual deben someterse las leyes y los reglamentos, pero que permite excluir como excepción, aquellos actos cuyo conocimiento afectaren el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los Derechos de las Personas, la Seguridad de la Nación o el Interés Nacional.

Quinto: Que la Ley N° 20.285, regula conforme al artículo 1°, el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. El artículo 5°, reafirma el principio de publicidad y sus excepciones. El artículo 10, otorga a toda persona el derecho a solicitar y recibir la información de cualquier órgano de la Administración del Estado. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a la información contenida en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos.

Sexto: Que el artículo 21 de la citada ley establece que las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.

Séptimo: Que, en primer lugar, y como ya lo ha resuelto esta Corte, el reclamo a que se refiere el artículo 28 de la LT, tal como expresamente lo consigna dicha norma, es uno de legalidad, esto es, que por su intermedio se pretende que la Corte de Apelaciones respectiva conozca de la legalidad de lo obrado por el CPLT, de manera que no puede, en su virtud, agregarse argumentaciones o causales distintas de aquellas que se arguyeron ante dicho órgano administrativo, pues, difícilmente podría el CPLT incurrir en una ilegalidad si no se ha pronunciado respecto de una causal no alegada en su oportunidad, dicho organismo sólo podrá cometer alguna ilegalidad respecto de lo que decidió conforme al mérito de los antecedentes que obraban en su poder, y no de aquello respecto de lo cual nunca se pronunció por no formar parte del debate, por lo que no resulta viable que en esta sede se incorporen alegaciones nuevas, como lo es el eventual defecto de forma en la solicitud de amparo incoada, razón por la cual debe ser desestimada.

Octavo: Que, en cuanto al fondo del asunto debatido, de acuerdo a la normativa constitucional y legal reproducida, se concluye que la regla general la constituye la publicidad de los actos de los órganos de la Administración del Estado, principio que debe ser interpretado en forma amplia y por el contrario las excepciones al mismo deben ser objeto de una interpretación restrictiva.

La norma constitucional armoniza con su artículo 19, N° 14°, sobre el derecho de petición a la autoridad sobre cualquier tema de interés público o privado; 19 N° 12°, sobre libertad de opinión y de información, en cuanto reconoce implícitamente al acceso a la información pública el carácter de fundamental, todo ello en plena concordancia con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los restantes instrumentos aprobados por la comunidad internacional ratificados por Chile orientados en lo sustancial a combatir el fenómeno de la corrupción y a contribuir al afianzamiento del Estado democrático de derecho a que apunta el artículo 4° de la Carta Magna.

Noveno: Que el reclamo de la Universidad de Chile se funda básicamente en que se ordena entregar antecedentes que no constituyen información pública que obre en poder de la Universidad, en los términos del artículo 8° de la Constitución Política de la República y 5° de la Ley de Transparencia, para lo cual se debe estar a lo dispuesto en el artículo 3° de Ley N° 19.880, referido al concepto de acto y procedimiento administrativo.

Señala que además la entrega de la información en los términos que ha sido solicitada involucra la preparación de un expediente o informe ad hoc, que no existe ni obra en poder de la Institución, que exigen encomendarse a la tarea de elaborar, sistematizar y pedir antecedentes a terceros, como el Servicio de Impuestos Internos o proveedores de la Universidad o del Hospital, para ser calificada favorablemente ante un potencial proveedor.

Décimo: Que al respecto el artículo 5° de la ley N° 20.285, señala que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas."

Undécimo: Que la información solicitada y ordenada entregar esto es: copia de la carpeta tributaria electrónica que comprenda información sobre actividad tributaria en los últimos 12 meses; el número de cuenta y Banco de dos cuentas bancarias en que el órgano reclamado sea titular (referencias bancarias), así como el nombre de dos proveedores del organismo (referencias comerciales); copia de la cédula de Rol Único Tributario, formato plástico o digital (e-Rut), según sea la forma que obra en su poder; el nombre de los funcionarios que detenten el cargo de Representante Legal, Gerente, Director Médico y Tesorero del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, constituye información que se encuentra en poder de un órgano de la Administración del Estado, ha sido preparada con presupuesto público, para el cumplimiento de una función del mismo carácter y que sirve de antecedente para la adopción de decisiones en orden al ejercicio de la función, con lo cual se satisface las exigencias del artículo 5° aludido, considerando además el principio de máxima publicidad consagrado en la Constitución Política.

Que, siendo la solicitada información pública, se debe tener presente que la recurrida, no ha alegado, respecto de ella ninguna de las causales de excepción que contempla la ley N° 20.285, única forma legítima de oponerse a su entrega.

Duodécimo: Que, en cuanto a la información antes indicada, se debe tener presente la definición de "documento" que se realiza en el Art. 3° letra e) del Reglamento de la Ley N° 20.285, el cual establece que lo constituye: "Todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microforma, grabación, video, dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, así como las copias de aquellos", definición en la cual caben las cartolas tributarias, referencias bancarias y comerciales, identidad de determinados funcionarios y fotocopias del RUT, solicitada en la especie, respecto a la cual, como se ha dicho, la recurrida no ha esgrimido alguna causal de reserva o de secreto que establece la ley.

Es más, respecto a la información referida a los funcionarios públicos solicitada, esta forma parte de aquella que por mandato legal deben mantener los órganos administrativos a disposición de la ciudadanía.

Décimo tercero: Que la mención que realiza la reclamante de la ley 19.880, en cuanto a la definición del acto y procedimiento administrativo, se debe señalar que, el artículo 16 de la citada ley establece el principio de Transparencia y Publicidad del Procedimiento Administrativo, en el sentido de que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado, así como sus fundamentos y documentos en que estos se contengan y los procedimientos que utilicen en su elaboración o dictación, lo que constituye un tipo de información a la cual se puede acceder, sin que ello importe, en virtud del principio de supremacía constitucional, una restricción en la citada norma, la cual por lo demás limita las excepciones a aquellas establecidas en la ley de Transparencia.

Décimo cuarto: En relación a lo concerniente a la Ley N° 19.886, en la especie estamos en presencia de una persona que únicamente ha ejercido su derecho de acceso a la información pública, sin que sea relevante la motivación por la cual se ejercita, toda vez que el artículo 11 letra g) de la Ley N° 20.285 dispone que la información debe ser entregada "a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud".

Décimo quinto: Que, en consecuencia, esta Corte ha llegado a la conclusión que la información solicitada es pública, que se encuentra en poder de un órgano de la Administración del Estado, preparada con fondos públicos, que fundamenta decisiones de carácter público, y no existe en autos alegada alguna de las causales que excepción al principio de publicidad consagrado constitucionalmente, por lo cual el reclamo debe ser rechazado.

Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en los artículos 5, 10, 11, 20 y 21 de la Ley de Transparencia, se rechaza la reclamación deducida por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Universidad de Chile, en contra del Consejo para la Transparencia.

Transcríbase al Consejo de Transparencia

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Jorge Norambuena Hernández.

N° Contencioso Administrativo-722-2020.

Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por el Ministro (S) señor Alberto Amiot Rodríguez y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández. No firma el Abogado Integrante señor Norambuena por encontrarse ausente.

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Ministro Suplente Alberto Amiot R. Santiago, cuatro de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.