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Consejo de Defensa del Estado con Ministros Corte de Apelaciones Rol: 59511-2020

Corte Suprema, 29/07/2021

Se interpone recurso de queja contra ministros de Corte de Apelaciones por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad por él interpuesto en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia. Corte acoge el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Acogido


Ministros:

  • Ángela Vivanco M.
  • Diego Munita Luco
  • Jorge Lagos Gatica
  • María Eugenia Sandoval Gouet

Texto completo:

Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, en estos antecedentes Rol N° 59.5112020, sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el Consejo de Defensa del Estado dedujo recurso de queja en contra de las Ministras Sras. Adelita Ravanales Arriagada y María Rosa Kittsteiner Gentile, y de la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari Goycoolea, por las faltas y abusos graves que habrían cometido al dictar, el 8 de mayo de 2020, la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad que la quejosa ejerció en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia el 23 de agosto de 2018, en virtud de la cual se dispuso entregar al peticionario: "...las anotaciones de las hojas de vida y calificaciones referidas al desempeño funcionario que fueron tarjadas con ocasión de la respuesta a la solicitud señaladas en el considerando quinto de la presente decisión".

La solicitud de acceso a la información fue presentada por Samuel Pérez Cofré ante la Armada de Chile el 17 de diciembre de 2017, requiriéndose la entrega de: "Copias de las hojas de vida y calificaciones del oficial de la Armada Ariel González Cornejo, entre los años 1973 y 1978, ambos inclusive". Tal petición fue acogida parcialmente por el órgano requerido, según el Ord. N° 12.900/32 de 17 de enero de 2018, accediéndose a la entrega de la información en soporte material, previa supresión de los datos de carácter personal o sensible que, según fue aclarado posteriormente, consistían en las apreciaciones de sus superiores sobre la ejecución de las tareas inherentes al cargo que desempeñó el funcionario en cuestión. Consta en autos que los documentos, en formato físico, fueron entregados al peticionario el 9 de febrero de 2018, previa citación efectuada por la Armada de Chile para concurrir aquel día a sus dependencias.

Frente a la negativa parcial, el 22 de febrero de 2018 el peticionario interpuso solicitud de amparo por denegación de información ante el Consejo Para la Transparencia, dando origen a los antecedentes administrativos Rol C727-18, que culminaron con la dictación de la instrucción antedicha que, en síntesis, ordenó la entrega íntegra de la información requerida.

En contra de aquella decisión, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco - Armada de Chile, dedujo reclamo de ilegalidad, afirmando que la decisión de aparo es ilegal por las siguientes razones: (i) La extemporaneidad del amparo, contando el plazo de 15 días previsto en el artículo 24 de la Ley N° 20.285 para su interposición a partir de la comunicación formal de acceso parcial a la información, y no desde la entrega material de los documentos; (ii) La vulneración de los artículos 41 y 30, literal b) de la Ley N° 19.880, como asimismo de los artículos 24 inciso 2°, y 33, literal b) de la Ley N° 20.285, al no existir pronunciamiento, en la decisión de amparo, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva que se deriva de lo prescrito en el artículo 101 de la Constitución Política de la República, artículo 34, literales a) y b) de la Ley N° 20.424, y artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar; (iii) La transgresión de lo estatuido en el artículo 21, numerales 2 y 5, de la Ley N° 20.285, al descartarse la causal de secreto o reserva allí contenida, a pesar de tratarse de datos sensibles contenidos en la hoja de vida; (iv) La procedencia de la excepción objetiva de denegación de información reglada en el artículo 21, numeral 3°, de la Ley N° 20.285, ya que se está en presencia de información cuya publicidad afecta a la Defensa Nacional; (v) La impertinencia de efectuar el test de daño aplicado por el Consejo a las causales de secreto o reserva de los numerales 2 y 3 del artículo 21 de la Ley N° 20.285; y, (vi) Omitir que la información no puede ser entregada al haber operado el derecho al olvido en favor del funcionario.

La sentencia del grado rechazó el reclamo, teniendo para ello en consideración que: (i) El amparo ante al Consejo Para la Transparencia no es extemporáneo, pues únicamente a partir de la entrega material de los documentos el peticionario tuvo conocimiento de la extensión de la supresión anunciada previamente por la Armada de Chile; (ii) La controversia ha sido circunscrita por la propia Armada de Chile, organismo que, al momento de aplicar el principio de divisibilidad y acceder a la entrega parcial de la hoja de vida que le fue requerida, únicamente invocó la existencia de datos de carácter personal y/o sensibles, en virtud del artículo 2°, literales f) y g), de la Ley N° 19.628, asilándose en la causal de secreto o reserva del numeral 2° del artículo 21 de la Ley N° 20.285, no siendo dable examinar aquí ninguna otro motivo de excepción al principio de publicidad; (iii) Debe tenerse en cuenta que el tercero interesado no se opuso a la entrega de la información, a pesar de habérsele conferido traslado para ello; (iv) Del concepto de hoja de vida funcionaria contenido en el artículo 79 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en relación con lo dispuesto en los artículos 2, literales f) y g) de la Ley N° 19.628, no es posible encontrar coincidencia entre el contenido legal de este tipo de documento y la existencia de datos personales o sensibles, pudiendo descartarse, de ese modo, la causal de secreto o reserva alegada.

Impugnando aquella decisión, el reclamante interpuso el recurso de queja que aquí se analiza, arbitrio donde se acusa que los jueces recurridos incurrieron, en síntesis, en las siguientes faltas o abusos graves: (i) Desechar la alegación de extemporaneidad del amparo a pesar de que el artículo 24 de la Ley N° 20.285 ordena que el cómputo del plazo se inicia con "notificación de la denegación de acceso a la información", y no con su entrega; (ii) Incurrir en una evidente contradicción al expresar que la revisión de legalidad se restringe a la discusión suscitada en sede de amparo, para luego descartar el análisis de las causales de secreto o reserva incluidas en el traslado al amparo, limitando la discusión sólo al contenido del acto de denegación parcial; (iii) Desconocer gravemente lo dispuesto en el artículo 170 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, pues no existe referencia ni decisión del segundo capítulo de ilegalidad desarrollado en el reclamo; (iv) Omitir el carácter de secreta o reservada de la información solicitada, al no aplicar la causal contemplada en el artículo 21, numeral 2, de la Ley N° 20.285, en relación con lo dispuesto en la Ley N° 19.628 y en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; y, (v) No aplicar las causales de secreto o reserva contempladas en los artículos 21, numerales 3 y 5, de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 436, numeral 1, del Código de Justicia Miliar, y el artículo 34, literales a) y b), de la Ley N° 20.424.

Segundo: Que, en su informe, los recurridos reconocen haber concurrido a la dictación del fallo cuestionado, resumen sus fundamentos, y estiman no haber incurrido en falta o abuso grave, salvo el mejor parecer de esta Corte Suprema.

Tercero: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no es posible concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan realizado alguna de las conductas que la ley rechaza y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, toda vez que resolvieron en el sentido expresado en lo dispositivo haciendo uso de su facultad de interpretar las disposiciones legales atinentes al caso.

Cuarto: Que lo anteriormente consignado no significa necesariamente compartir la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho efectuada por los jueces recurridos.

Y de conformidad, además con lo dispuesto en los artículos 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja interpuesto en lo principal de la presentación de catorce de mayo de dos mil veinte.

Sin perjuicio de lo resuelto, actuando esta Corte Suprema de oficio y teniendo en consideración:

1°.- Que es menester consignar que la Constitución Política de la República señala, en su artículo 8°, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

También la Constitución Política asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información (artículo 19, N° 12), que se encuentra reconocido en la Carta Fundamental -aunque no en forma explícita- como un mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio que representa, además, un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas.

La relevancia de este derecho público subjetivo queda de manifiesto al observar que, reconocido inicialmente a nivel legal, fue posteriormente recogido por la reforma constitucional de agosto de 2005 como una de las bases de la institucionalidad o como un principio fundamental del Estado Constitucional y democrático de derecho que funda el Código Político, donde la publicidad es la regla y el secreto la excepción.

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente.

En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 20.285) que preceptúa, en lo que interesa, que "la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (art. 3°). También que "el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (art. 4). Por último, que "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (art. 5).

Por lo demás, cabe observar que la referida legislación establece dos mecanismos de transparencia. Uno, denominado transparencia activa, que consiste en la obligación de los órganos públicos de difundir o poner a disposición del público determinada información. Y transparencia pasiva, traducida en la obligación de entregar determinada información a los ciudadanos cuando éstos la soliciten. El legislador creó el Consejo para la Transparencia como un órgano de la Administración del Estado -con autonomía- con el fin de hacer efectivo el principio de publicidad previsto en la Carta Política y es en esa línea que lo dotó de facultades para conocer reclamos respecto de actos emanados de entidades que forman parte básicamente de la Administración del Estado.

2°.- Que, puede decirse, entonces, que el derecho de acceso a la información pública es un derecho implícito que, como otros -entre ellos el derecho a la identidad personal o al desarrollo libre de la personalidad-, nuestro orden constitucional asegura a toda persona y, por tal consideración, merece íntegra protección.

3°.- Que, como se ha sostenido, la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública tiene por objeto el regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

4°.- Que, del análisis de los antecedentes, ha quedado en evidencia que el primer asunto controvertido consiste en la oportunidad en que fue interpuesta la solicitud de amparo ante el Consejo Para la Transparencia.

5°.- Que, a este respecto, es necesario recordar los siguientes hitos del procedimiento administrativo:

a) El 17 de diciembre de 2017 fue solicitada la información por don Samuel Pérez Cofré a la Armada de Chile.

b) El 17 de enero de 2018 el órgano requerido emitió el Ord. N° 12.900/32, que accedió parcialmente a la entrega de los antecedentes solicitados.

c) El 9 de febrero de 2018, previa citación por parte de la Armada de Chile, el requirente pudo retirar los documentos que en formado de papel le fueron entregados.

d) El 22 de febrero de 2018 el requirente interpuso la petición de amparo ante el Consejo Para la Transparencia.

6°.- Que, el artículo 24, inciso 3°, de la Ley N° 20.285 expresa: "La reclamación deberá presentarse dentro del plazo de quince días, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de información".

7°.- Que, de lo relacionado se puede concluir que, en el caso específico de que se trata, la denegación de información fue concretada recién el 9 de febrero de 2018, momento en que el peticionario tuvo acceso a la documentación requerida y pudo contrastar su contenido con la finalidad que tuvo a la vista a la hora de realizar su petición. No podría entenderse lo contrario del tenor de la norma transcrita en el motivo precedente, pues cuando ella menciona a la "notificación de la denegación" como el momento inicial para el cómputo del plazo, lo hace bajo el supuesto binario de acceso o denegación de la petición, mas no al caso de acceso parcial, menos cuando el acto denegatorio y la entrega parcial no han sido hitos coetáneos, como en el conflicto de marras.

De esta manera, tal como correctamente fue concluido por los jueces de instancia, la interposición del amparo administrativo cumplió con el requisito temporal previsto en la ley.

8°.- Que, zanjado lo anterior, conviene recordar que la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública tiene por objeto el regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

9°.- Que, del análisis de los antecedentes, aparece que tres son las causales de secreto o reserva invocadas por el reclamante para sustentar la denegación parcial de la información cuya entrega íntegra fue requerida y ordenada a la Armada de Chile.

Las dos primeras consisten en aquellas previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esto es, que su publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, y el tratarse de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado ha declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política.

En ambos casos, la argumentación fiscal parte de la premisa de considerar que la hoja de vida de los miembros de la Fuerzas Armadas registra, además de datos de carácter funcionario, antecedentes sensibles, tales como las características físicas o morales de las personas, o hechos o circunstancias de su vida privada, consistentes en su origen racial, ideologías, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos, comportamiento financiero, entre otras menciones.

Así, la publicidad del documento en análisis afectaría el derecho a la vida privada del funcionario específico de que se trata, y vulneraría lo dispuesto en las Leyes N° 19.628 y 21.096, que ordenan la reserva de los antecedentes con estas características, para evitar la lesión de intereses personalísimos de los interesados.

10°.- Que, a este respecto, esta Corte Suprema ha tenido la oportunidad de expresar que la relación entre un órgano estatal y sus funcionarios "se encuentra reglada en diversos aspectos por el legislador, en lo relativo a la publicidad de los actos que en el contexto del acceso a la información se refiere, sea regulado la notificación al posible afectado, conforme se dispone en el artículo 20, luego de lo cual es el funcionario quien debe manifestar su parecer en relación con lo requerido y el Servicio podrá actuar por los intereses institucionales. Efectuado este emplazamiento, son las personas a quienes pueda afectar la publicidad de los actos quienes podrán ejercer su derecho de oposición, dentro de tercero día, por escrito y de manera fundada, lo cual deberá ser ponderado por el Consejo", agregándose que: "En el evento de no deducirse oposición ‘se entenderá’ que el tercero afectado accede a la publicidad de la información requerida" (SCS Rol N° 1.824-2019).

En el caso concreto, si bien tal pasividad no ocurrió en sede administrativa, pues consta que don Ariel González Cornejo dedujo oposición ante el órgano requerido, sí se presentó en sede judicial, debido a que el tercero interesado no dedujo reclamo en contra de la decisión de amparo del Consejo Para la Transparencia.

De esta manera, el Consejo de Defensa del Estado sólo ha podido instar por la defensa de los intereses institucionales de la Armada de Chile, puesto, al no reclamar el funcionario, se entiende que éste aceptó la decisión del Consejo. Por ello, el aparato estatal carece de legitimación para representarlo, motivo suficiente para descartar la procedencia de las dos causales de secreto o reserva mencionadas en el motivo precedente.

11°.- Que, ahora bien, conjuntamente se esgrime la concurrencia de las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21, numerales 3 y 5, de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar y el artículo 34, literales a) y b) de la Ley N° 20.424, pues lo parcialmente denegado consistiría en antecedentes que, por su contenido particular, de hacerse públicos afectarían la Defensa Nacional, además de versar sobre la planta o dotación de la Armada de Chile, cuyo secreto o reserva está determinado por normativa que debe ser considerada, para estos efectos, como una ley de quórum calificado.

12°.- Que, para el adecuado entendimiento del asunto, resulta procedente transcribir determinados preceptos legales que inciden en la resolución del reclamo de ilegalidad resuelto por los jueces recurridos:

El artículo 21 de la Ley de Transparencia señala: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

[ ... ]

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

[ ... ]

5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

Por su parte el artículo 436 del Código de Justicia Militar establece: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros:

1.- Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal;

2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia;

3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la ley N° 17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, y

4.- Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales".

13°.- Que es imprescindible tener presente, al momento de resolver el asunto sub lite, que la Armada de Chile forma parte de las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, y que, conforme lo establece el artículo 101 de la Constitución Política de la República, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Es por lo anterior que nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de cuerpos legales que regulan su organización y actividad, consagrándose así un régimen jurídico especial que se erige sobre la base de la particular y esencial labor que les ha sido entregada. Entre esta normativa se encuentra el Código de Justicia Militar, que revela la importancia y especialidad de la tarea encomendada.

En este contexto normativo encontramos el artículo 436 del Código de Justicia Militar -transcrito en el considerando precedente- que establece qué documentos tienen el carácter de secretos, refiriendo que tienen aquel carácter aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal.

14°.- Que el Consejo de Defensa del Estado argumentó en su reclamación que, en el caso de autos, el precepto antes referido constituye una causal de reserva en los términos exigidos por el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, toda vez que, en lo suprimido, los documentos tienen el carácter de secretos conforme a las causales del artículo 8° de la Constitución Política de la República, norma que, a su juicio, ostenta el carácter de quórum calificado en virtud de lo establecido en el artículo 4° transitorio de la Carta Fundamental, y primero transitorio de la Ley de Transparencia, debiendo ser considerada como una causal objetiva de reserva que no requiere de la acreditación del daño o afectación a los bienes jurídicos mencionados en el inciso 2° de la norma constitucional precitada.

15°.- Que, en este punto, es menester resaltar que la primera exigencia requerida para que el deber de reserva pueda ser invocado por los órganos del Estado, es que éste conste en una ley de quórum calificado, condición que cumplen las disposiciones legales dictadas con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.285, con tal que se encontraren vigentes a la época su promulgación. En consecuencia, el deber de reserva que establece el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que debe su actual redacción a la Ley N° 18.667 publicada el 27 de noviembre de 1987, cumple con el requisito de emanar de una ley de quórum calificado y, por ende, su aplicación resulta legal y constitucionalmente procedente, toda vez que la norma en comento expresamente refiere que es información secreta aquella relacionada con la Defensa Nacional, lo que no puede sino vincularse con la seguridad de la Nación, función esencial de las Fuerzas Armadas. En este contexto, el artículo 436 del Código de Justicia Militar refiere, en su encabezado, los documentos que son secretos, para luego desarrollar un listado ejemplificador de instrumentos que tienen tal carácter, enumeración que, lógicamente, no es taxativa, toda vez que el secreto o reserva es determinado por la vinculación y afectación de uno de los cuatro conceptos expuestos en su encabezado. En concreto, la norma señala: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: N° 1 Los relativos a las Plantas o dotaciones...".

Pues bien, de lo transcrito se aprecia que la ley ha señalado expresamente, despejando cualquier duda del intérprete, que es secreta la información relacionada con las plantas o dotaciones de las Fuerzas Armadas. En este aspecto no cabe sino concluir que la hoja de vida de un oficial de la Armada de Chile, que, a lo menos, ha de contener las destinaciones durante su carrera, con indicación de los rangos que alcanzó, es secreta, pues queda comprendida dentro del concepto de "dotación" de las Fuerzas Armadas, aserto que encuentra sustento en lo preceptuado en el artículo 4, inciso 1° de la Ley N° 18.948, que contiene la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el cual dispone lo siguiente: "El personal de las Fuerzas Armadas estará constituido por el personal de planta, el personal a contrata y el personal de reserva llamado al servicio activo. El personal de planta está constituido por:

- Oficiales - Cuadro Permanente y de Gente de Mar

- Tropa Profesional

-Empleados Civiles".

En consecuencia, no cabe duda que la información contenida en la hoja de vida de oficiales de la Armada de Chile forma parte del concepto de "dotación de las Fuerzas Armadas", encuadrándose en la excepción legal invocada por la reclamante, conclusión que, a mayor abundamiento, resulta corroborada con dos argumentos adicionales. Por un lado, la norma que establece la reserva no ha hecho ninguna distinción entre el personal en servicio, activo o en retiro y, por otro, el tiempo transcurrido no es óbice para mantener el secreto de la información protegida, toda vez que el artículo 22, inciso 1° de la Ley N° 20.285 dispone que: "Los actos que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación". Esto último no obstante que durante la discusión legislativa se debatió arduamente sobre el límite temporal de la reserva "no establecida por ley de quórum calificado", sin embargo, ni aún en este caso se logró un consenso, ya que, si bien se barajaron plazos entre 10 y 20 años, en definitiva, ello no prosperó, no siendo recogidas las indicaciones en el texto final de la ley. Lo razonado permite a estos sentenciadores concluir que el tiempo por el que se mantiene el secreto no resulta suficiente para relevar al órgano fiscal del deber de reserva, pues para ello resulta indispensable que otra ley, de la misma jerarquía que aquella que establece la limitación, la alce.

16°.- Que, en conclusión, lo anterior es suficiente para asentar que, en el caso concreto, se configuraba la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285 en todo aquello que no fue entregado por la Armada de Chile al peticionario, de manera tal que, al haberse descartado en el fallo examinado, se ha incurrido en un yerro jurídico que, a pesar de no poder ser considerado grave en los términos exigidos por el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, amerita su corrección oficiosa por esta Corte Suprema.

Por estos fundamentos y normas legales citadas, actuando esta Corte de oficio, se deja sin efecto la sentencia de ocho de mayo de dos mil veinte, que rechazó la reclamación interpuesta y, en su lugar, se accede a la misma, sólo en cuanto se deja sin efecto la Decisión de Amparo Rol C727-18, adoptada por el Consejo para la Transparencia en sesión de 23 de agosto de 2018. De esta manera, al peticionario Sr. Pérez Cofré no le asiste derecho a acceder a más información que aquella que le fue entregada por la Armada de Chile al momento de acceder parcialmente a su requerimiento.

Se previene que la Ministra Sra. Vivanco y el Abogado Integrante Sr. Lagos no comparten el razonamiento 10° precedente, pues, a su entender, todo órgano público tiene, no sólo la potestad, sino el deber de evitar la lesión de intereses jurídicos personalísimos de los individuos bajo su dependencia en el ejercicio de sus funciones, en aplicación del principio de indemnidad funcionaria que, en el caso concreto, se manifiesta en el deber defensa consagrado en el artículo 210 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, norma que debe ser entendida en un sentido amplio. De este modo, ante la eventual afectación del derecho a la vida privada del funcionario en retiro con ocasión de la divulgación de su hoja de vida, instrumento que, valga precisar, fue confeccionado íntegramente mientras estuvo en servicio activo, la Armada de Chile en sede administrativa, y el Fisco de Chile en la instancia jurisdiccional, debían arbitrar los medios adecuados para su defensa jurídica, tal como en la especie ocurrió.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Muñoz, quien estuvo por no actuar de oficio, en virtud de los siguientes argumentos:

A.- Que, a entender de este disidente, no puede ser olvidado que las garantías fundamentales están concebidas como barreras de protección para los ciudadanos respecto del accionar del Estado y no a la inversa. Bajo este prisma, en el caso en concreto la excepción al ejercicio de la garantía de publicidad de los actos de la Administración del Estado, en tanto crea espacios de opacidad en el actuar público, debe estar no sólo contemplada en una ley de quórum calificado, sino que debe tener un carácter expreso y específico, requisitos copulativos que en el caso de autos no se cumplen.

B.- Que, en efecto, como se ha hecho constar en decisiones similares (disidencia en SCS Rol N° 28.1902019), razonar en sentido inverso supone limitar, entonces, con base en una interpretación extensiva de las excepciones, el ámbito de protección que generan las garantías fundamentales, cuestión que no tiene lógica si de lo que se trata es de garantizar a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos.

En este sentido, el principio de no regresión lleva a considerar que, ampliados los márgenes de un derecho fundamental, no es posible ya restringirlos, con menos razón por vía interpretativa.

Abona a lo antedicho que el sistema de control de constitucionalidad de las normas legales permite la aplicación directa de la Constitución por los tribunales ordinarios, así como el derecho vigente de carácter preconstitucional, de manera tal de interpretar las leyes de la forma que tenga mayor coincidencia con la Carta Política. Sin embargo, esta función no puede extenderse considerando normas de menor jerarquía y de carácter post-constitucional. Entonces, resuelto por el constituyente que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos" no es posible relativizar su alcance.

C.- Que cualquier reglamentación que los preceptos legales hagan respecto de las garantías fundamentales o cuando desarrollen las limitaciones en los casos que se lo autoriza, no podrá afectar la esencia de tal derecho. De este modo, con mayor razón ningún precepto de menor jerarquía al legal podrá integrar la ley en este sentido, algo que está expresamente prohibido por el mismo constituyente (artículo 64 inciso segundo de la Constitución Política de la República). Esta congruencia la destaca la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental, que reconoce valor a las leyes pre- constitucionales, "en lo que no sean contrarias a la Constitución".

D.- Que, asentadas las ideas anteriores, quien sustenta este voto particular entiende que no basta que exista una ley de quórum calificado de carácter ficto, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la Ley N° 20.285 en relación con el artículo 8° de la Carta Fundamental, sino que es indispensable que tal norma consagre una causal de secreto o reserva, fundado éste en que la divulgación de la información protegida pueda afectar algunos de los bienes jurídicos señalados en la carta fundamental, requisito que no se cumple en la especie, toda vez que, si bien puede reconocerse que el artículo 436 del Código de Justicia Militar tiene el carácter de Ley de Quórum Calificado, lo cierto es que la información que se ordena entregar por una parte, no se encuadra en el concepto de dotación, pues a juicio de quienes disienten, lo que se inquiere dice relación con personal en retiro.

E.- Que, así las cosas, no es posible que la información que dice relación con personas que han dejado las filas de las Fuerzas Armadas quede cubierta por la hipótesis que se invoca por el quejoso. Por otro lado, menos aún es posible vincular, de modo alguno, la misma información con la seguridad de la Nación o con interés nacional, pues se trata de antecedentes de índole administrativa, que jamás podrían develar información sensible, tanto por su naturaleza como por su obsolescencia, si se considera que, cualesquiera sean las menciones contenidas en la hoja de vida cuya entrega se requiere, no dan cuenta, necesariamente, de las políticas institucionales actuales de la Armada de Chile.

F.- Que, en consecuencia, como la información requerida no puede ser calificada como relacionada con la "dotación" de la institución requerida, sin perjuicio de no haberse demostrado que su divulgación afecte la seguridad del Estado o la Defensa Nacional, los datos solicitados constituyen información pública, de modo que no resulta pertinente realizar enmienda alguna respecto de la sentencia impugnada.

Agréguese copia autorizada de esta resolución al expediente electrónico tenido a la vista. Hecho, devuélvanse.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del fallo y de la disidencia a cargo del Ministro Sr. Muñoz, y de la prevención sus autores.

Rol N° 59511-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y por los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sr. Diego Munita L. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra Sra. Sandoval por haber cesado en funciones.

En Santiago, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.