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Consejo de Defensa del Estado con Ministros Corte de Apelaciones Rol: 140093-2020

Corte Suprema, 04/08/2021

Se interpone recurso de queja contra ministros de Corte de Apelaciones por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad por él interpuesto en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Texto completo:

Santiago, cuatro de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero: Que, en estos autos Rol N° 140.093-2020, el Consejo de Defensa del Estado dedujo recurso de queja en contra de los jueces de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministra señora Lilian Leyton Varela y Fiscal Judicial señor Raúl Trincado Dreyse, por las graves faltas o abusos cometidos al dictar la sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil veinte, por intermedio de la cual se rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por la Armada de Chile, en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), por la decisión de amparo de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, que ordenó la entrega de la hoja de vida del Contralmirante don Carlos Huber Vio, previo tarjado de los datos personales que la propia decisión detalla.

La solicitud de acceso a la información antes individualizada fue presentada por don Javier Morales Valdés con fecha 6 de febrero de 2019.

La institución requerida notificó al funcionario, quien se opuso a la entrega de los antecedentes, esgrimiendo que los documentos requeridos contienen información tanto profesional militar como personal y familiar, datos que podrían ser mal utilizados en manos de terceros, lo cual vulnera su derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 4° de la Constitución Política de la República y en la Ley N° 19.628 sobre protección a la vida privada y que, por tanto, se encuadra dentro de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia (LT).

En razón de lo anterior, la Armada de Chile respondió al peticionario, exponiendo que se encuentra impedida de entregar la información atendida la oposición de su titular, conforme lo dispone el artículo 20 de la LT e hizo presente que la información pedida era reservada en aplicación de lo previsto en el artículo 21 N° 1, 2, 3, 4 y 5.

Lo anterior, por cuanto la hoja de vida de un funcionario da cuenta de su preparación, dato que de divulgarse afectaría el debido cumplimiento de sus funciones.

Frente a esa respuesta el solicitante dedujo amparo de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia, el que solicitó informe a la Armada de Chile y al tercero cuyos antecedentes fueron consultados.

La institución militar, reiteró la procedencia de las causales de reserva contenidas en el artículo 21 N° 3 y 5 de la LT, en relación al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar y al artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424, argumentando que los datos contenidos en la hoja de vida permiten conocer información relativa a la preparación, capacitación y formación del personal, especialidad militar, funciones militares, y destinaciones, las cuales se deben reservar por resultar indispensables para la seguridad, interés y defensa de la Nación.

Asimismo, indicó que proceden las causales de secreto previstas en el artículo 21 N° 2 y 5 de la LT, en relación a lo dispuesto en el artículo 7° Ley N° 19.628 y al artículo 19 N° 4 de la Constitución, por tratarse de antecedentes personales y/o sensibles, comprendidos dentro del ámbito privado y familiar.

Por su parte, el tercero reitero su oposición a la divulgación de su hoja de vida, toda vez que afectaría su vida privada, la cual se encuentra protegida por la Constitución y la Ley. Precisando que la hoja de vida es reservado al ser considerado parte de los procesos calificatorios de un funcionario.

El CPTL, acogió el amparo de información y ordenó la entrega de la información solicitada, conforme se detalló.

Al efecto, razonó que las hojas de vida de los funcionarios públicos tienen la naturaleza de públicas en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación, tal como indica ocurre en la especie.

En ese orden de ideas, declara que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma.

Conforme a lo expuesto, desestimó la aplicación de causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que dicha hipótesis de reserva comprende el fundamento esgrimido por el tercero para oponerse a la divulgación de lo pedido.

Asimismo, rechazó las causales de reserva invocadas por la Armada, expresando que no proporcionó antecedentes suficientes que permitan acreditar que, por la divulgación de la información solicitada, se afectaría el debido cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la defensa nacional.

En contra de dicha decisión el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Armada, dedujo reclamo de ilegalidad, aludiendo nuevamente a las causales del artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley N° 20.285, tanto en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar y artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424, además de las causales contenidas en los numerales 2 y 5 del citado artículo 21, en relación a la Ley N° 19.628 y artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

El reclamo fue rechazado mediante sentencia dictada por los recurridos el 20 de noviembre de 2020.

En primer lugar, declararon la falta de legitimación de la Armada para accionar invocando la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la LT, teniendo presente para ello, la circunstancia que la hoja de vida cuya publicidad se pide, refiere al señor Carlos Huber Vio, persona que fue notificada en el procedimiento administrativo ante el CPLT, de modo que conforme a los artículos 20 y 25 de la LT, una vez ejercido el derecho a oposición por el tercero afectado ante la Armada, el órgano de la Administración de que se trata queda impedido de entregar la información, salvo decisión en contrario del CPLT, caso este último en que la Armada no puede accionar de ilegalidad en contra de la decisión en virtud de la causal del N° 2 del artículo 21 de la LT, facultad que sí tiene el tercero, y que en el caso sub judice no ejerció, puesto que la Armada no puede actuar como una especie de "agente oficioso" de aquellos terceros cuyos datos consignados en las hojas de vida respectivas se pide hacer pública y no puede concurrir a esta sede judicial pretendiendo una declaración de ilegalidad por la afectación de un derecho ajeno, de una tercera persona, como lo es el aludido señor Carlos Huber Vio, pues así se lo debe considerar en estos autos desde que, pudiendo hacerlo, no dedujo reclamo de ilegalidad; y sólo el titular del derecho que se dice conculcado es quien puede hacer tal reclamo."

Por otro lado, razonan los sentenciadores que no basta con invocar una norma de quórum calificado para dar por configurada la causal de reserva del N° 5 del artículo 21 de la LT, habrá que determinarse, en cada caso, si la publicidad afecta o no el bien jurídico que se intenta proteger con la norma. En este caso particular, señalan que la Armada no entregó ningún antecedente que permita sostener que la entrega de la aludida hoja de vida del señor Huber Vio tiene alguna afectación en la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y tampoco ha ligado la causal de reserva con una efectiva afectación de alguno de los bienes jurídicos expresados en el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

Añade el fallo que la norma de las letras a) y b) del artículo 34 de la ley 20.424, no contempla ninguna causal de reserva o secreto respecto de las hojas de vida de los funcionarios y baste su temor literal para arribar a tal conclusión.

Por último, expresaron que en relación al artículo 21 N° 3 de la LT, procede verificar si la publicidad de la hoja de vida en comento afecta o no la seguridad nacional. Concluyendo que en ésta no aparece ningún dato que pueda significar la revelación de estrategias militares, tales como mecanismos de defensa ante agresiones enemigas, o el diseño o modo de uso de determinadas armas, ni se pone en riesgo la integridad territorial ni institucional del país, ni tampoco queda en peligro la defensa de la patria frente a la agresión externa o interna. Cabe consignar que si bien en la hoja de vida constan los cursos aprobados por el funcionario, no aparecen, por cierto, los contenidos de los mismos.

Segundo: Que el recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la referida sentencia se sustenta en la configuración de las siguientes faltas o abusos graves:

1. En cuanto a la falta de legitimación de activa para ejercer la causal del numeral 2 del artículo 21 de la LT, señala que de acuerdo al artículo 28 de la Ley 20.285, expresa el legitimado para reclamar de la decisión adoptada por el CPLT en sede de Amparo ? siempre y, en primer lugar ? será el órgano de la Administración del Estado que se encuentra vinculado a aquella, lo cual resulta lógico porque es el órgano quien genera, mantiene y custodia la información o documentos que son objeto del requerimiento de acceso y publicidad. Salvo, que la causal de reserva invocada sea la contenida en el artículo 21 N° 1 de la misma ley, cuyo no es el caso de autos, cuestión que dice se corrobora con el hecho que el inciso 2° del citado artículo 28, utiliza la el adverbio "también" para referirse a que el particular o tercero afectado por la entrega de la información, pueda igualmente reclamar de la decisión de Amparo, por lo tanto, se trata de una titularidad mancomunada de la acción que compete a dos o más sujetos y, si ambos decidieran recurrir en contra de la decisión de amparo del CPLT se generaría una litis consorcio activa, no existe limitación alguna en la norma.

En síntesis, si el legislador hubiese querido prohibir que los órganos de la Administración del Estado interpusieran reclamos de ilegalidad en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia, lo habría hecho de forma expresa, tal y como lo realizó respecto a la causal de reserva o secreto establecida en el numeral 1° del artículo 21 de la LT, la que, por lo demás, ha sido inaplicada recientemente por el Tribunal Constitucional.

2. Desconocer el carácter de reserva y secreto al no aplicar la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto la Ley N? 19.628 sobre protección de la vida privada y artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

Señala que en las hojas de vidas de funcionarios de las Fuerzas Armadas se registran datos de carácter personal, tales como características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada, tales como el origen racial, ideologías, comportamiento financiero, expresa que conforma un conjunto de cualidades estrictamente personales advertidas por el calificador y enfocadas al ámbito de aplicación castrense, las cuales son inherentes a la carrera militar, pero que indudablemente se encuentran comprendidas dentro del ámbito privado y familiar del calificado, en razón de dicho aspecto, es que el Ejército en cumplimiento de la Ley N° 20.285 y su normativa interna, solicita al personal activo y en retiro su aquiescencia para entregar su "Hoja de Vida y Calificaciones".

Añade que, de igual manera, se desprende del artículo 7 de la Ley N° 19.628, que su obligación de resguardo de la información en cuestión, no cesa, cualquiera sea la razón de término de las actividades de los funcionarios, sin importar el tiempo transcurrido, ya que lo que se está protegiendo es un derecho fundamental garantizado por la Constitución en el artículo 19 N° 4, esto es, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

3. Desconocer el carácter secreto o reservado de la información, al no aplicar las causales artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley N° 20.285, en relación artículo 436 del Código de Justicia Militar y artículo 34 letras a) y b) de la Ley N° 20.424 y exigir la aplicación de un test de daño improcedente en esta causal.

Expresa que ambas causales se relacionan directamente, encontrándose definido el contenido de la causal N° 3 - seguridad de la nación y defensa nacional - por leyes de quórum calificado, que, a su vez, son referidas por el N° 5, en particular el artículo 436 del Código de Justicia Militar y artículo 34 letras a) y b) Ley N° 20.424, de manera tal y, siguiendo lo expuesto en el voto disidente, expresan que siendo reservada la información contenida en la aludida hoja de vida en virtud del N° 5 del artículo 21 de la LT, por haber norma legal expresa -de quórum calificado que así lo dispone, y sin que el CPLT tenga la atribución de decidir por sí y ante sí qué información de aquella mencionada en el artículo 436 del Código de Justicia Militar puede revelarse y cual no, pues con ello conculca la regla básica del derecho público que contienen los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, no correspondiendo al interprete hacer distinción alguna, ni aplicar test de daño, ya que ello implicaría llevar a cabo una tarea que el legislador ya hizo. Aplicar ese test por los órganos de la administración o la judicatura, implicaría la vulneración flagrante del artículo 7° de la Constitución, al avocarse una materia que es de competencia de otro órgano, violando así el Principio de Separación de Poderes.

4.- Desconocer el carácter de secreto o reservado de la información solicitada, al no aplicar la causal contempladas en el artículo 21 n° 3 de la ley "sobre acceso a la información pública", en relación con el artículo 436 del código de justicia militar y el artículo 34 letras a) y b) de la ley n° 20.424 "estatuto orgánico del ministerio de defensa nacional" y la falta de aplicación del test de daño y del test de interés público en referencia a la aplicación de la misma causal de secreto o reserva.

Explica que, por principio, las Hojas de Vida del personal activo, son secretas y/o reservadas, pues su publicidad pone en peligro los pilares fundamentales de las FF.AA.: La Jerarquía, la disciplina, el Mando, la obediencia y no deliberancia de sus integrantes; y, con ello, las bases de las Fuerzas Armadas y, consecuentemente, la Seguridad y Defensa Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que, además, contiene información sobre la formación y/o cursos estratégicos, militares y de inteligencia, que dan cuenta de la preparación de los funcionarios y sus capacidades operacionales. Finalmente, sirven de base en las decisiones que toma la Junta de Selección cuyas actas son secretas, conforme lo señalan los artículos 24 y siguientes de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

En este punto, se debe precisar que no es necesario que se acompañe prueba que permita establecer que los antecedentes requeridos se vinculen con la seguridad de la Nación, toda vez que basta el ejercicio lógico deductivo, relacionado con el análisis de la norma en comento, para comprender que se está ante información reservada, toda vez que el legislador lo estableció expresamente en el artículo 436 del Código de Justicia Militar antes referido, sin que sea exigible prueba que acredite un nivel de vinculación con el bien jurídico que la causal de reserva consagra y cita jurisprudencia que avala su tesis en este sentido.

5.- Al exigir la acreditación de un daño efectivo al bien jurídico cuya protección se invoca, porque no existe norma en la LT que establezca la facultad de cuestionar la constitucionalidad de una norma legal de quórum calificado por disposición de la Constitución Política. En otras palabras, conforme lo se desprende del artículo 33 de la Ley de Transparencia, el CPLT no cuenta con facultades que le permitan cuestionar la constitucionalidad de una norma legal de quórum calificado, por disposición de la Constitución Política, razón por la cual los sentenciadores han incurrido en grave falta y abuso, al no reconocer que esta actuación no fue realizada conforme a derecho.

Tercero: Que, informando los recurridos, estiman no haber incurrido en las faltas o abusos que se les imputa porque señalan que se han limitado a ejercer la jurisdicción al asunto sometido a su conocimiento, entregando los fundamentos de lo decidido, razón por la que, además, en el evento que se estime correcta la tesis del quejoso, tampoco se configuran la hipótesis legal que amerita la aplicación de medidas disciplinarias al contener la resolución en cuestionamiento los motivos lógicos que la justifican.

Cuarto: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y su acápite primero, que lleva el título de "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Quinto: Que, previo al examen de las cuestiones jurídicas implicadas en la presente impugnación, ya sintetizadas precedentemente, es menester consignar los siguientes hechos:

1. La información solicitada corresponde a la hoja de vida individual y personal del Contralmirante don Carlos Huber Vio.

2. La solicitud fue notificada administrativamente al funcionario quien, si bien en dicha sede se opuso a la petición, posteriormente, ante la orden emitida por el Consejo para la Transparencia, no formuló reclamo judicial, conformándose con la entrega de los antecedentes.

3. Ante la Corte de Apelaciones de Santiago compareció únicamente el Consejo de Defensa del Estado, quien asumió la representación judicial de la Armada.

Sexto: Que, establecido lo anterior, y con miras al análisis de las faltas o abusos denunciadas por el quejoso, cabe tener presente que la Constitución Política de la República señala en su artículo 8°, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Desde la reforma constitucional contenida en la Ley N° 20.050, el acceso a la información pública se considera una de las bases de la institucionalidad o un principio fundamental del Estado Constitucional y democrático de derecho que funda el Código Político, en que la publicidad es la regla general y el secreto la excepción.

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios - tanto en sus contenidos y fundamentos - y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello, que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse de manera restrictiva.

En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley de Acceso a la Información Pública N° 20.285, que preceptúa, en lo que interesa, que "la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (art. 3°). También se consagra que "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (art. 4). Por último, que "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (art. 5).

Séptimo: Que, como puede observarse de las normas antes transcritas, el principio de publicidad recae en la información emanada de los órganos del Estado y referida exclusivamente a la función pública. En este entendido, y tal como anteriormente lo ha sostenido esta Corte con anterioridad, en autos Rol N° 4242-2019 y 79.589-2020, si bien no es posible poner en duda la participación de la Armada en el procedimiento de solicitud de información, en tanto el objeto de la misma está constituida por datos que se encuentran bajo su custodia, lo cierto es que la institución no puede subrogarse en el interés particular del funcionario, quien no dedujo reclamo alguno contra la decisión administrativa que dispuso la entrega de la información y que, a mayor abundamiento, resolvió que en dicho acto deben tarjarse una serie de datos sensibles, que no se vinculan con el ejercicio de la función pública.

Octavo: Que, en la situación de autos, resulta ostensible e indudable que el compareciente lo ha hecho en defensa de fines particulares como lo son el honor y la honra del General cuyos antecedentes se solicitan, por lo que a su respecto no procede la causal invocada.

Por tanto, los sentenciadores no han incurrido en falta o abuso grave al desechar el reclamo de ilegalidad por cuanto, escuchada la oposición de la Institución en cuestión, ésta no ha demostrado haber comparecido defendiendo el interés institucional.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja deducido por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Armada de Chile, en lo principal de la presentación de fecha 26 de noviembre de 2020.

Acordada con el voto en contra del Ministro (S) señor Biel, quien estuvo por acoger el recurso de queja, por estimar que los recurridos han incurrido en una grave falta o abuso, al no aplicar la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285, por cuanto la entrega de los antecedentes solicitados afecta la seguridad nacional, en los términos expresados en los motivos primero a cuarto de la prevención que antecede, cuyos fundamentos comparte.

Regístrese, comuníquese, e incorpórese copia de este fallo al expediente digital en que incide.

Redacción de la Abogada señora Benavides y la disidencia, de su autor.

Regístrese, comuníquese y archívese

Rol 140093-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Rodrigo Biel M. (s) y por los Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L. y Sra. María Angélica Benavides C. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Biel por no encontrarse disponible su dispositivo electrónico de firma.

En Santiago, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.