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Consejo de Defensa del Estado con Ministros Corte de Apelaciones Rol: 49350-2021

Corte Suprema, 03/08/2021

Se interpone recurso de queja contra ministros de Corte de Apelaciones por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad por él interpuesto en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia. Corte declara inadmisible el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Inadmisible por improcedente


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • Ángela Vivanco M.
  • Hernán González García
  • Roberto Contreras Olivares
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, tres de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en estos autos Rol Corte Suprema N° 49.350-2021, compareció la abogada Ruth Israel López, Procuradora Fiscal de Santiago, en representación del Consejo de Defensa del Estado, quien dedujo recurso de queja en contra de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conformada por los Ministros señora Lilian Leyton Varela, señor René Amiot Rodriguez (S) y el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández, por la dictación de la sentencia de catorce de julio de dos mil veintiuno, que rechazó el reclamo deducido por su parte en contra del Consejo para la Transparencia quien, a través de la Decisión de Amparo de dos de marzo del mismo año, dispuso la entrega a la solicitante, de la información relativa a los gastos incurridos en la adquisición de elementos antidisturbios entre el 18 de octubre de 2019 y la fecha de la petición, con las respectivas fuentes de financiamiento.

La solicitud de información fue promovida por Leonor Figueroa Milostnik, quien pidió al Ejército de Chile los antecedentes sobre: "los gastos incurridos en la adquisición de elementos antidisturbios entre el 18 de octubre de 2019 a la fecha, junto con las fuentes de financiamiento y la cantidad adquirida".

La decisión del Consejo para la Transparencia, cuya impugnación fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió parcialmente el amparo deducido, indicando que la cantidad de armamentos y municiones adquiridas durante todo el período de la solicitud, constituye información reservada, por configurarse a su respecto a causal contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 34 letra c) de la Ley N° 20.424. Sin embargo, respecto de los gastos incurridos en la adquisición de elementos antidisturbios, junto con sus fuentes de financiamiento, no se ha señalado de qué manera la publicidad de los gastos totales y su procedencia podría afectar la seguridad de la Nación, o el cumplimiento de las funciones legales o constitucionales del Ejército de Chile.

En este contexto, conforme al artículo 34 de la Ley N° 20.424, los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional son públicos, salvo las "especificaciones técnicas y cantidades de equipamiento bélico y material de guerra", excepción que debe interpretarse de manera restrictiva, sin incluir el monto global involucrado en las adquisiciones.

Segundo: Que por el recurso se acusa, como grave falta o abuso, el haber desconocido la configuración de la causal de reserva o secreto de la información solicitada, conforme a lo dispuesto en los numerales N° 3 y N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar y el artículo 34 de la Ley N° 20.424, por cuanto la entrega de la información relativa a los gastos y fuentes de financiamiento necesariamente implica conocer - mediante una simple operación aritmética - la cantidad de armamento que tiene el Ejército de Chile para el control de las alteraciones del orden público.

Expresa que no cabe duda que se trata de armas, equipamiento, municiones y pertrechos militares cuya información debe ser secreta también en aquella parte que se refiere a los gastos y fuentes de financiamiento de la adquisición.

Solicita en definitiva que, acogiéndose el recurso de queja, se deje sin efecto la decisión impugnada.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales". Su acápite primero, que lleva por título "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Cuarto: Que, en el marco del examen de admisibilidad del recurso de queja sub judice, conviene recordar que la Ley N° 20.285 ha venido en regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información, los procedimientos para el ejercicio de aquel derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

En ese contexto, el objeto del Consejo para la Transparencia consiste en promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y demás referidos por el cuerpo legal ya citado, y garantizar el derecho de acceso a la información.

Desde una perspectiva orgánica, su máximo estamento está constituido por su Consejo Directivo, integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, funcionarios que sólo cesan en sus cargos por expiración del plazo por el cual fueron designados, renuncia presentada ante el Presidente de la República, postulación a cargos de elección popular, incompatibilidad sobreviniente o remoción dispuesta por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Como se puede apreciar, el Consejo para la Transparencia es un órgano colegiado, técnico, generado con la participación de dos poderes el Estado, imparcial, independiente e integrado por miembros que gozan de estabilidad en sus cargos y ajenos a la Administración del Estado; que se encuentra llamado, entre otras funciones, a promover la transparencia de la función pública.

Quinto: Que, por su parte, los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285 confieren al afectado por una decisión del Consejo para la Transparencia, la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, órgano jurisdiccional que debe dictar sentencia dentro del término de diez días contados a partir de la vista de la causa, sin que proceda recurso alguno en su contra.

Sexto: Que, como se aprecia de lo desarrollado en los dos motivos precedentes, la Ley N° 20.285 ha elaborado un sistema complejo de amparo del derecho ciudadano de acceso a la información pública, compuesto por dos etapas diversas: una fase administrativa, ante el Consejo para la Transparencia, y la eventual revisión judicial de lo decido por éste, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En común, en ambas etapas, la controversia es conocida por órganos colegiados, integrados por miembros independientes y siempre ajenos a la entidad pública requerida, previa tramitación de procedimientos contenciosos y adversariales dotados de las etapas necesarias para asegurar la debida cautela y el pleno respeto de los derechos del requirente, de la repartición requerida y de los terceros que pudieren tener interés en la publicidad, secreto o reserva de la información.

De esta manera, se está frente a un sistema dotado de dos niveles de revisión de la decisión administrativa, asegurando con ello su control técnico, amplio, integral, y eficaz.

Séptimo: Que, así, no puede sostenerse que en la sentencia de catorce de julio último los magistrados recurridos hayan incurrido en falta o abuso grave, pues tal resolución, en tanto comparte plenamente la decisión del Consejo para la Transparencia, es fruto de la revisión exhaustiva, sucesiva y consonante del conflicto, desarrollada en sede administrativa y luego judicial, proceso de análisis cuyo resultado uniforme permite concluir que los argumentos del quejoso no resultan aptos para alterar el fondo de aquello que viene decidido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se declara inadmisible el recurso de queja deducido por la abogada Ruth Israel López, en representación del Consejo de Defensa del Estado, en lo principal de su presentación de veintiuno de julio del año en curso.

A los otrosíes: estése a lo resuelto precedentemente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 49350-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A. y los Ministros (as) Suplentes Hernán Fernando González G., Roberto Ignacio Contreras O. Santiago, tres de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a tres de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.