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Marcelo Inostroza Aparicio con Rol: C3222-21

Consejo para la Transparencia, 17/08/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío, teniéndose por entregada acta del Consejo Directivo correspondiente a la sesión de agosto de 2020. A su vez, se requiere la entrega de las actas de sesiones del Consejo Directivo realizadas en el periodo comprendido entre octubre de 2020 a la fecha de la solicitud (18 de marzo de 2021) y, copia íntegra de la correspondiente al mes de septiembre de 2020, tarjando los datos personales de contexto que puedan contener. Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, respecto de los cuales, el órgano reclamado no acreditó suficientemente su inexistencia. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que en todo o parte no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen en sede de cumplimiento. Adicionalmente, con respecto a aquella correspondiente al mes de septiembre, toda vez que no se acreditó la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, en lo que se refiere a que su divulgación puede entorpecer el éxito del procedimiento instruido. En tal sentido, no se advierten elementos que pudieren afectar el éxito de la investigación, constándose que lo tarjado corresponde a una exposición sucinta de los hitos del procedimiento punitivo instruido.


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Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3222-21

Entidad pública: Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío

Requirente: Marcelo Inostroza Aparicio

Ingreso Consejo: 04.05.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío, teniéndose por entregada acta del Consejo Directivo correspondiente a la sesión de agosto de 2020.

A su vez, se requiere la entrega de las actas de sesiones del Consejo Directivo realizadas en el periodo comprendido entre octubre de 2020 a la fecha de la solicitud (18 de marzo de 2021) y, copia íntegra de la correspondiente al mes de septiembre de 2020, tarjando los datos personales de contexto que puedan contener.

Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, respecto de los cuales, el órgano reclamado no acreditó suficientemente su inexistencia. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que en todo o parte no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen en sede de cumplimiento.

Adicionalmente, con respecto a aquella correspondiente al mes de septiembre, toda vez que no se acreditó la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, en lo que se refiere a que su divulgación puede entorpecer el éxito del procedimiento instruido. En tal sentido, no se advierten elementos que pudieren afectar el éxito de la investigación, constándose que lo tarjado corresponde a una exposición sucinta de los hitos del procedimiento punitivo instruido.

En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3222-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de marzo de 2021, don Marcelo Inostroza Aparicio solicitó a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío, "copias de las Actas de Sesiones del Honorable Consejo Directivo realizadas desde el 3 de agosto de 2020 al mes de abril de 2021".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por Ordinario N° 74, de fecha 16 de abril de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 76, de fecha 30 de abril de 2021, el órgano recurrido denegó su entrega, por cuanto "las actas pedidas no se encuentran listas aún, toda vez que se encuentran pendiente su aprobación".

4) AMPARO: El 4 de mayo de 2021, don Marcelo Inostroza Aparicio dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío, mediante Oficio N° E10934, de fecha 24 de mayo de 2021, solicitándole que: (1°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) indique si las actas requeridas se encuentran aprobadas; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso no existir inconvenientes para la entrega de la información solicitada ni causal de reserva aplicable, remita la misma a la parte reclamante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Mediante presentación, remitida por medio de correo electrónico, de fecha 9 de junio de 2021, el órgano recurrido accedió a la entrega de las dos únicas actas con las cuales se cuenta en el periodo solicitado. Hizo presente que aquellas deben ser transcritas, revisadas y firmadas por todos quienes participaron de la sesión de Consejo para encontrarse afinadas.

Agregó que, procedió a tarjar los datos personales y sensibles, en adecuación de lo prescrito en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República como, asimismo, los antecedentes de los procesos disciplinarios en curso.

6) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E13036, de fecha 16 de junio de 2021, solicitó al reclamante manifestar su conformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué antecedentes de los solicitados no habrían sido entregados.

Mediante presentación, remitida por medio de correo electrónico de fecha 17 de junio de 2021, el reclamante manifestó su disconformidad con los antecedentes remitidos. Señaló que no se entregó la totalidad de la información requerida, pues sólo se otorgaron dos actas de sesiones del Consejo Directivo, que además se encuentran con gran parte de la información tarjada.

En virtud de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 994, de 1981, de Justicia, que aprueba estatutos por los cuales se regirá la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio-Bio, estimó que debiesen ser -al menos- 9 las confeccionadas. Esgrimió que, es una obligación legal de la Institución y del Honorable Consejo Directivo, la realización de las reuniones mensuales, así como también el registrar las mismas a través de actas.

Seguidamente, hizo presente que en las dos actas remitidas se encuentra gran parte de la información borrada, sin entregarse explicación alguna por la Institución respecto de cuál sería el motivo para aquello.

En tal contexto, requirió la entrega de las 7 actas restantes -del periodo comprendido entre octubre de 2020 y abril de 2021- y el contenido íntegro de aquella de fecha 3 de septiembre de 2020.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud. Al respecto, la reclamada denegó su entrega, pues las actas pedidas no se encontraban afinadas, pues estaba pendiente su aprobación. Sin embargo, con ocasión de sus descargos, proporcionó acceso a dos de aquellas, esgrimiendo que son las únicas que obran en su poder. En virtud de lo cual, este Consejo solicitó al reclamante, de la forma indicada en el N° 6 de la parte expositiva de este Acuerdo, pronunciamiento acerca de su suficiencia, quien manifestó su disconformidad pues no se remitió copia de la totalidad de la documentación requerida, estimando que debiesen ser -al menos- 9 las confeccionadas. A su vez, puntualizó que, la correspondiente a la sesión de septiembre de 2020, está tarjado gran parte de su contenido.

2) Que, en virtud de lo expuesto, este amparo se circunscribirá a la entrega de las 7 actas restantes, y de aquella información que fue tarjada de la correspondiente a septiembre de 2020, teniéndose por entregada el acta del Consejo Directivo correspondiente al mes de agosto, de manera extemporánea.

3) Que, en cuanto a las actas cuya entrega se reclama, el organismo esgrimió su inexistencia, toda vez que estas deben ser transcritas, revisadas y firmadas para encontrarse afinadas. Sobre la materia, este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparos Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que aquella constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.

4) Que, a su turno, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen".

5) Que, en tal contexto, las alegaciones esgrimidas por el órgano recurrido resultan ser insuficientes en el caso de especie, por cuanto no se avienen al estándar de búsqueda descrito precedentemente. Al respecto, el organismo no precisó los motivos específicos que permiten fundar la inexistencia de los antecedentes -ya sea por su falta de transcripción, revisión o validación-, como asimismo de medios de prueba que permitan ponderarla, máxime si se considera que el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 994, de 1981, de Justicia, que aprueba estatutos por los cuales se regirá la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio-Bio contempla la obligación legal de celebración de dichas sesiones: "El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias una vez al mes, en el lugar, día y hora que se acuerde, sin perjuicio de sesionar extraordinariamente cada vez que el Presidente lo convoque, o cuando así lo soliciten por escrito tres Consejeros, a lo menos, expresando en su solicitud el motivo de la convocatoria (...)". En complementación de lo anterior, el artículo 14 del precipitado cuerpo legal dispone una obligación de registro: "De las deliberaciones y acuerdos del Consejo Directivo se dejará constancia en un libro especial de actas, que serán firmadas por todos los Consejeros que hubieren concurrido a la sesión (...)". Seguidamente, la reclamada no especificó, ni detalló las gestiones de búsqueda realizadas, ni consigna dichas diligencias en actos administrativos que refrenden lo por ella señalado, con ocasión de sus descargos. (Énfasis agregado)

6) Que, respecto a una eventual falta de validación o aprobación de las actas peticionadas, este Consejo ya se ha pronunciado reiteradamente respecto de dicha alegación, en las decisiones de amparos Roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, indicando que dicha circunstancia no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, por cuanto tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha pedido. En este sentido, si aquella se encuentra en proceso de aprobación, bastaría con que el órgano, al momento de hacer su entrega, si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente de la falta de validez. A mayor abundamiento, resulta pertinente traer a la vista lo razonado por esta Corporación en la decisión de amparo Rol C1422-12, en orden a que "el derecho de acceso a la información pública consagrado en la Ley de Transparencia se extiende, en un sentido general, tanto a la documentación oficial como a la no oficial, que obre en poder de la Administración del Estado, toda vez que dicho cuerpo legal no la limita a la puramente oficial, no contemplando, por ende, dicha diferenciación. En efecto, la fórmula de publicidad que contempla el artículo 5° de la Ley de Transparencia no sólo comprende los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, sino también se extiende, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de la norma, a "...la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento (...)", a menos que concurran las excepciones legales". (Énfasis agregado)

7) Que, en mérito de lo anterior, se acogerá el presente amparo en este punto, requiriendo la entrega de las actas del Consejo Directivo del periodo comprendido entre octubre de 2020 a la fecha de interposición del requerimiento (18 de marzo de 2021), tarjando, previamente, aquellos datos personales de contexto incorporados en estas como, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y 4 de la ley N° 19.628, en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la misma Ley. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

8) Que, seguidamente, en cuanto al contenido tarjado del acta correspondiente al mes de septiembre de 2020, de su revisión, se advierte que se reservaron antecedentes referidos a dos investigaciones sumarias, con las respectivas deliberaciones del Consejo Directivo sobre dichos procedimientos. Al respecto, este Consejo, en las decisiones de amparo Roles C938-12 y C744-17, entre otras, razonó que "(...) la causal de secreto contemplada en el inciso segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo, que expresa: ‘El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa’ (...) no se divisa por qué esta regla debe extenderse a un procedimiento administrativo distinto de él, como la investigación sumaria, pues los casos de secreto o reserva son reglas excepcionales en tanto limitan el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública. Ello impide aplicarlas analógicamente a un procedimiento distinto, como la investigación sumaria, como se indicó en el considerando 5° de la decisión Rol C15-10, lo que llevará a rechazar esta causal de reserva". Lo anterior, sin perjuicio de que las investigaciones sumarias pueden llegar a considerarse secretas bajo razones semejantes a las de un sumario, no porque exista una norma que así lo declare específicamente, sino porque eventualmente pueda concurrir, en el caso concreto, la aplicación de alguna causal de reserva contemplada en la Ley de Transparencia, lo que, no se verifica en el caso de especie.

9) Que, en el procedimiento de acceso en análisis, la reclamada hizo presente que el contenido tarjado corresponde a antecedentes de los procesos disciplinarios en curso. Al respecto, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable con suficiente especificidad para justificar aquello. En la especie, el organismo no ha acompañado antecedentes suficientes que permitan a este Consejo, tener por configurada la concurrencia de la hipótesis de excepción contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, o estimar plausible que, por el hecho de divulgarse aquella, se afectará el desarrollo del procedimiento punitivo en curso. En efecto, la reclamada se ha limitado únicamente a señalar el estado actual del procedimiento, no pormenorizando el modo en que dicha investigación podría verse afectada, de conocerse la información reservada del acta peticionada.

10) Que, asimismo, teniendo a la vista el acta íntegra peticionada, no se advierten elementos que pudieren afectar el éxito de la investigación, constándose que lo tarjado corresponde a una exposición sucinta de los hitos del procedimiento punitivo instruido. Por consiguiente, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando la entrega de copia de acta del Consejo Directivo, de fecha 3 de septiembre de 2020, sólo tarjando, previamente, los datos personales de contexto incorporados en ella como, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y 4 de la ley N° 19.628, en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la misma Ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Marcelo Inostroza Aparicio en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío, teniéndose por entregada de manera extemporánea Acta de fecha 6 de agosto de 2020, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío, lo siguiente:

a) Entregue al peticionario copia de las actas de sesiones del Honorable Consejo Directivo realizadas en el periodo comprendido entre octubre de 2020 a la fecha de la presentación de la solicitud de acceso (18 de marzo de 2021). Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

Además, proporcione acceso a copia íntegra de Acta Honorable Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio Bío, de fecha 3 de septiembre de 2020.

Todo lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, los datos personales de contexto contenidos en aquellas.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Inostroza Aparicio y al Sr. Director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bío Bío.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.