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Paulo Mansilla Mansilla con CORPORACION MUNICIPAL DE PUERTO NATALES Rol: C3232-21

Consejo para la Transparencia, 17/08/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Corporación Municipal de Puerto Natales, ordenando la entrega de copia de todos los finiquitos pagados a las funcionarias que indica, tarjando, previamente, todos aquellos datos personales de contexto, que puedan contener, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder de la institución, respecto de la cual se desestimaron las alegaciones de los terceros, toda vez que los servidores públicos se encuentran sujetos a un nivel de escrutinio mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes laborales y profesionales. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C2378-19, C586-21 y C840-21, entre otras.


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Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3232-21

Entidad pública: Corporación Municipal de Puerto Natales.

Requirente: Paulo Mansilla Mansilla.

Ingreso Consejo: 04.05.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Corporación Municipal de Puerto Natales, ordenando la entrega de copia de todos los finiquitos pagados a las funcionarias que indica, tarjando, previamente, todos aquellos datos personales de contexto, que puedan contener, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder de la institución, respecto de la cual se desestimaron las alegaciones de los terceros, toda vez que los servidores públicos se encuentran sujetos a un nivel de escrutinio mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes laborales y profesionales.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C2378-19, C586-21 y C840-21, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3232-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) CONTEXTO PREVIO: El 21 de marzo de 2021, don Paulo Mansilla Mansilla solicitó a la Municipalidad de Puerto Natales copia de los finiquitos pagados a las funcionarias que indica. Sin perjuicio de lo anterior, el 23 de marzo del presente año, el órgano derivó la petición a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, señalando que en dicho municipio no existen finiquitos asociados a las personas consultadas, ingresando dicha derivación con fecha 29 de marzo de 2021.

2) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de marzo de 2021, don Paulo Mansilla Mansilla requirió a la Corporación Municipal de Puerto Natales, lo siguiente: "solicito copia de finiquitos pagados (históricos) a funcionarias desvinculadas y recontratadas en la municipalidad y corporación municipal de las funcionarias Viviana Oviedo y Claudia Antiman", agregando en sus observaciones, que lo pedido es "Finiquitos pagados durante toda su vida laboral en estas instituciones".

3) RESPUESTA: El 27 de abril de 2021, mediante Ord. N° 251, la Corporación otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información requerida, en virtud de la oposición de las funcionarias consultadas, conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

4) AMPARO: El 4 de mayo de 2021, don Paulo Mansilla Mansilla dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Corporación Municipal de Puerto Natales, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud. Asimismo, alegó que "no se adjunta carta en la cual se señala rechazo personal de entregar información solicitada (...) solo adjunta carta de respuesta, sin respaldo que justifique negación de entrega por parte de las involucradas".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E11486, de 28 de mayo de 2021, confirió traslado al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de Puerto Natales, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Ord. N° 387, de fecha 11 de junio de 2021, el órgano evacuó sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta, en relación con la oposición de los terceros conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, entregando los datos de contacto.

Posteriormente, mediante comunicación de fecha 30 de junio de 2021, la Corporación complementó sus descargos, adjuntando copia de los documentos de notificación a los terceros, y sus respectivas oposiciones.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del presente amparo a los terceros eventualmente afectados con la entrega de la información solicitada, mediante oficios N° E14286 y E14287, ambos de fecha 2 de julio de 2021, a fin de que presenten sus descargos y observaciones.

Mediante correo electrónico de fecha 6 de julio de 2021, doña Viviana Oviedo Hernández presentó sus observaciones, señalando que "Ante lo expuesto se puede mencionar que yo no tengo problema en entregar la información, pero he visto que a las personas que se le han pedido su finiquito lo han expuesto públicamente a los medios de comunicación exponiendo a la persona con nombre y apellido donde no se respeta la protección a la vida privada y la integridad de la persona", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, mediante presentación de fecha 19 de julio de 2021, la funcionaria reiteró sus alegaciones, agregando que "Yo como se lo expuse anteriormente, le envío a ustedes mi finiquito para que ustedes puedan tomar la decisión si le entregan la información o no al Sr. Paulo Mansilla", adjuntando copia de 2 finiquitos.

Del mismo modo, por medio de correo electrónico de 19 de julio del presente, doña Claudia Antimán Cardoza evacuó sus descargos, manifestando su oposición a la entrega de la información solicitada, indicando que "en primer lugar, esto se debe a que no sé el uso que le puedan dar a estos documentos, ya que no me garantizan que estén circulando libremente por las redes sociales (Natales es una comunidad pequeña), como ha pasado con otros funcionarios de esta Corporación de Educación, que han tenido que hacer entrega de su contrato y estos fueron publicados en Facebook y utilizados en campañas políticas recientes (ultima elecciones comunales), quienes fueron juzgados públicamente". Asimismo, argumentó que no se cumplirían los requisitos del artículo 12 de la Ley de Transparencia, toda vez que desconoce a la persona que efectuó el requerimiento, haciendo mención a lo dispuesto en los artículos 21 N° 2 y 33, letra m), de la Ley de Transparencia, en la ley N° 19.628 y en el Código del Trabajo, agregando finalmente, que "Si ustedes determinan que es necesario la entrega de los documentos requeridos, solicito se me garantice que no significara un menoscabo o una exposición pública de mi persona y de mis datos personales contenidos en el finiquito".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Corporación Municipal de Puerto Natales, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de los finiquitos pagados a las funcionarias que indica. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la documentación requerida, en virtud de la oposición de las funcionarias consultadas, conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, se debe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, en segundo lugar, en lo referente al requerimiento sobre copia de los finiquitos de las funcionarias, este Consejo ha razonado que, en atención al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos se encuentran sujetos a un nivel de escrutinio mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes laborales y profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, se ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones de sueldo, contratos y otros similares, respecto de dichos funcionarios. Sobre este punto, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser empleados públicos al servicio de la misma.

4) Que, en efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un control social sobre aquella información que, si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes. En tal sentido, los antecedentes relativos al cumplimiento de la jornada de trabajo, cargos y funciones que desempeña, y uso de fondos o recursos públicos, entre otros antecedentes, es información pública de conformidad a la Ley de Transparencia, por lo que las alegaciones de los terceros serán desestimadas.

5) Que, finalmente, respecto del uso de la información requerida, el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, establece el Principio de la no discriminación, conforme al cual los órganos deben entregar la información que les sea requerida, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para efectuar la solicitud.

6) Que, en consecuencia, conforme a lo razonado precedentemente, tratándose de información que obra en poder del órgano, y habiéndose desestimado las alegaciones de los terceros, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, requiriendo la entrega de la información solicitada, tarjando, previamente, todos aquellos datos personales de contexto, que puedan contener, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Paulo Mansilla Mansilla, en contra de la Corporación Municipal de Puerto Natales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de Puerto Natales, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de todos los finiquitos pagados a las funcionarias doña Viviana Oviedo y doña Claudia Antiman, tarjando, previamente, todos aquellos datos personales de contexto, que puedan contener, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Paulo Mansilla Mansilla, al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de Puerto Natales, y a los terceros interesados.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y los Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.