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Gabriela Yuseff Valenzuela con DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C2999-21

Consejo para la Transparencia, 17/08/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, ordenando la entrega de copia de las resoluciones, contratos, y/o de todos los actos administrativos del Ministerio de Obras Públicas que autorizan, disponen, y/o fundamentan la contratación de la asesoría vigente que actualmente otorga el estudio jurídico "Bofill Mir Álvarez Jana Abogados", o del abogado Andrés Jana Linetzky, o del abogado Rodrigo Gil Ljubetic, al Ministerio de Obras Públicas. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar previamente los datos personales y sensibles. Lo anterior, por cuanto se desestimó la afectación de los derechos económicos y comerciales del estudio jurídico "Bofill Mir Álvarez Jana Abogados", desestimándose la configuración de la causal de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Asimismo, se desestimó la concurrencia de la institución del secreto profesional, pues en los antecedentes solicitados no se contiene la estrategia jurídica judicial ni extrajudicial del tercero interviniente. La publicidad de los antecedentes solicitados por la reclamante reviste un evidente interés público, en relación con el control social respecto de los fondos públicos asignados y su correcta utilización por parte del órgano reclamado, en particular, de una gestión eficiente de los mismos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


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Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2999-21

Entidad pública: Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas

Requirente: Gabriela Yuseff Valenzuela

Ingreso Consejo: 27.04.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, ordenando la entrega de copia de las resoluciones, contratos, y/o de todos los actos administrativos del Ministerio de Obras Públicas que autorizan, disponen, y/o fundamentan la contratación de la asesoría vigente que actualmente otorga el estudio jurídico "Bofill Mir Álvarez Jana Abogados", o del abogado Andrés Jana Linetzky, o del abogado Rodrigo Gil Ljubetic, al Ministerio de Obras Públicas. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar previamente los datos personales y sensibles.

Lo anterior, por cuanto se desestimó la afectación de los derechos económicos y comerciales del estudio jurídico "Bofill Mir Álvarez Jana Abogados", desestimándose la configuración de la causal de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Asimismo, se desestimó la concurrencia de la institución del secreto profesional, pues en los antecedentes solicitados no se contiene la estrategia jurídica judicial ni extrajudicial del tercero interviniente.

La publicidad de los antecedentes solicitados por la reclamante reviste un evidente interés público, en relación con el control social respecto de los fondos públicos asignados y su correcta utilización por parte del órgano reclamado, en particular, de una gestión eficiente de los mismos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2999-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de marzo de 2021, doña Gabriela Yuseff Valenzuela solicitó a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas la siguiente información: "copia de las resoluciones, contratos, y/o de todos los actos administrativos del Ministerio de Obras Públicas que autorizan, disponen, y/o fundamentan la contratación de la asesoría vigente que actualmente otorga el estudio jurídico "Bofill Mir Álvarez Jana Abogados", o del abogado Andrés Jana Linetzky, o del abogado Rodrigo Gil Ljubetic, al Ministerio de Obras Públicas. En caso de que dichos antecedentes contengan información que pueda considerarse sensible o de terceros, esta información puede ser tachada, según corresponda"

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de 12 de abril de 2021, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas respondió a dicho requerimiento de información denegando el acceso a la información solicitada, por la concurrencia de la causal de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por la oposición del tercero interviniente, Boffil Mir Álvarez Jana Abogados Ltda., y la afectación de los derechos económicos y comerciales de este.

3) AMPARO: El 27 de abril de 2021, doña Gabriela Yuseff Valenzuela dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a la solicitud de información. Además, la reclamante hizo presente que: en el presente caso, sólo se solicitó "el acto administrativo por medio del cual la administración autorizó, dispuso y fundamentó la contratación de la asesoría jurídica citada. Por ello, la Dirección de Vialidad del MOP erró al hacer este análisis, ya que entendió que se solicitaron detalles e información la cual afectaría derechos de terceros. Sin embargo, en los hechos, se solicitó información respecto del acto administrativo, de carácter público, y no sobre las "estrategias jurídicas judiciales" y "regímenes tarifarios" del mentado estudio de abogados".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, mediante el oficio N° E10437, de 17 de mayo de 2021, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones), de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (5°) para efectos de una mejor resolución del amparo, se solicita que remita copia integra de la información solicitada. Al respecto, se hace presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante correo electrónico, el órgano reclamado presentó sus descargos por medio de presentación, de 02 de junio del 2021, reiterando lo indicado con ocasión de su respuesta, poniendo énfasis en la oposición del tercero interviniente, indicando la información de contacto del tercero y acompañando lo siguiente:

i. Correo electrónico enviado por la Oficina de Partes de la Dirección de Vialidad Nivel Central con fecha 25 de marzo de 2021;

ii. Oficio DV N° 2662 de fecha 25 de marzo de 2021 a los Sres. Boffil Mir Álvarez Jana Abogados Ltda.;

iii. Carta de respuesta de Boffil Mir Álvarez Jana Abogados Ltda. fecha 30 de marzo de 2021, ingresada a través del Sistema de Oficina de Partes Virtual de Vialidad, con similar fecha;

iv. Resolución DV N° 1154 de fecha 04 de mayo de 2020, Autoriza Trato Directo y Aprueba Términos de Referencia, Contrato y Addendum modificatorio.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERVINIENTE: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interviniente, mediante el oficio N° E12572, de 9 de junio de 2021, solicitándole presentar sus descargos, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten, y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada.

Mediante correo electrónico de 25 de junio de 2021, Boffil Mir Álvarez Jana Abogados Ltda. (BMAJ), por medio de presentación de igual fecha, evacuó sus descargos indicando, en síntesis:

i. Que, de acuerdo al inciso primero del artículo 20 de la Ley de Transparencia, el solo hecho que un órgano del Estado considere que una solicitud de acceso a la información pública sea susceptible de afectar derechos de terceros, amerita que éstos sean informados del derecho legal que les asiste para oponerse. Asimismo, indicó que, conforme al inciso tercero de la norma legal en comento, la Dirección de Vialidad se encontraba obligada a denegar la información requerida mediante la solicitud, por cuanto BMAJ adujó oportunamente y con suficiente expresión de causa su oposición a ella, apegándose de esa forma el órgano reclamado estrictamente a la normativa aplicable, sin que resulten procedentes reproches jurídicos al respecto, como desliza la solicitante en su reclamo ante el Consejo para la Transparencia.

ii. Que, solicitud de la reclamante carece de la especificidad suficiente para ser debidamente atendida, por cuanto no es posible determinar con exactitud alguna a qué asesoría se refiere la solicitante. En efecto, del tenor de la solicitud se desprende con claridad que se refiere "una asesoría", pero no identifica cuál es ella. Por lo mismo, BMAJ sólo pudo formular su oposición en términos generales sin tener conocimiento de la asesoría precisa por la cual pregunta la solicitante y que debió especificar en el requerimiento. Lo anterior constituye una patente omisión de uno de los requisitos que establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia para que sea admisible una solicitud de acceso a la información pública. En efecto, de acuerdo a dicha norma legal, un requerimiento como el de la especie debe cumplir ineludiblemente con ciertos requisitos básicos, uno de los cuales es la "identificación clara de la información requerida", el cual claramente no fue cumplido por la solicitud.

iii. Que, el amparo Rol N° C2999-21 extiende indebidamente lo requerido en la solicitud originalmente, mediante la solicitud se requirieron precisa y taxativamente los siguientes documentos: "copia de las resoluciones, contratos, y/o de todos los actos administrativos", sin perjuicio que, como ya se ha acreditado, la asesoría a la cual ellos se refieren resulta absolutamente inespecífica. Sin embargo, en su amparo rol C2999-21 la solicitante pretende extender indebidamente el alcance de su requerimiento original. en efecto, en diversos pasajes de la fundamentación de su reclamo, ella señala que la solicitud comprende los ya señalados documentos, pero además cualquier otro acto.

iv. Que, la solicitante desconoce que las causales legales de reserva se aplican precisamente respecto de actos administrativos, sosteniendo que la publicidad de ciertos actos procede bajo cualquier respecto, siendo que a lo más procedería tarjar cierta información del contenido de dichos documentos. Establecido lo anterior, la lógica argumentativa de aquella y que dice apoyar en extractos aislados y descontextualizados de decisiones del Consejo para la Transparencia, demuestra que en el caso que hubiere alguna causal de reserva que pudiera aplicarse, entonces sólo correspondería tarjar los datos afectados por dicha causal, pero que el acto administrativo debería entregarse en toda circunstancia. Al respecto, cabe señalar que las causales legales de reserva resultan absolutamente aplicables a todos los documentos que pueden ser objeto de una solicitud de acceso a la información pública. En este sentido, no puede predicarse a priori que uno de dichos actos sea incondicionadamente público y, por tanto, proceda su comunicación independientemente de si se encuentra cubierto por una causal de reserva.

v. Que, la información solicitada afecta derechos de BMAJ, por cuanto, en virtud de la causal de reserva del articulo 21 número 2 de la Ley de Transparencia se establece la improcedencia de la comunicación de aquella información "que afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", desprendiéndose del tenor literal de dicha norma, que, la aludida causal de reserva se refiere en forma general a la afectación de los derechos de las personas, siendo los bienes jurídicos ahí indicados sólo algunas manifestaciones de dichos derechos, sin que su enumeración sea taxativa, lo que ha sido reconocido por el Consejo para la Transparencia en su uniforme jurisprudencia. Sin embargo, el amparo Rol C2991-21 excluye de su argumentación la invocación de la vulneración del derecho a defensa y del secreto profesional, enfocándose única y someramente en la afectación de estrategias jurídicas judiciales y regímenes tarifarios. No obstante, lo anterior, la oposición a la solicitud de información se funda en la afectación de:

a. Su derecho a desarrollar su actividad económica, por cuanto, la política general de las asesorías jurídicas que presentan a sus clientes, ya sean entidades públicas o privadas, se basa fundamentalmente en la confidencialidad tanto de las estrategias jurídicas judiciales o extrajudiciales que se diseñan especialmente para cada controversia jurídica en particular, así como la de los respectivos regímenes tarifarios. Como resulta del todo lógico, divulgar la información solicitada ciertamente revelaría la estrategia jurídica de la oficina de abogados, lo que implicaría afectar el derecho a desarrollar su actividad económica apropiadamente, dificultando en extremo las labores para la cual fue contratado el tercero por la Dirección de Vialidad. En efecto, si se aceptase la entrega de dichos antecedentes, todos aquellos órganos públicos sujetos a la Ley de Transparencia no tendrán interés en contratar con a la oficina de abogados para desarrollar este tipo de asesorías tácticas, de suyo extremadamente sensibles. Esto, porque no existiría certeza de la confidencialidad de la información que se maneja, lo que originaría una entendible y evidente pérdida de confianza en contratar con BMAJ que impactaría ciertamente en el ejercicio de su actividad económica.

b. Que, la entrega de la información solicitada conllevaría la pérdida de eficacia y sentido a la labor realizada por el estudio jurídico, que es justamente la elaboración de una asesoría y estrategia jurídica, judicial y extrajudicial, en relación con las controversias jurídicas respecto de las cuales se soliciten sus labores. Esto, porque el conocimiento de la información solicitada innegablemente implicaría que las estrategias jurídicas pierdan efectividad en sus propósitos. En este sentido, sin perjuicio de la inespecificidad de la asesoría respecto de la cual se solicitan ciertos documentos, debe destacarse que la solicitud se refiere a una asesoría "vigente que actualmente otorga" BMAJ. Desde esta perspectiva temporal, resulta incuestionable que el conocimiento de los antecedentes solicitados significaría la pérdida de eficacia de estrategias jurídicas especialmente diseñadas para casos concretos que no han sido terminados sino, por el contrario, se mantienen actuales.

c. Que, la divulgación de los antecedentes requeridos afectaría severamente la posición del estudio jurídico frente a su competencia en el mercado legal. En efecto, es la especialización en estrategias jurídicas por lo cual el estudio se distingue de su competencia, y es reconocida por sus potenciales clientes, de carácter público y privado.

d. Que, difundir la información requerida evidentemente dejaría al descubierto la estructura de sus políticas tarifarias que la oficina de abogados ha determinado en ejercicio de su derecho a administrar y dirigir económicamente su actividad jurídica. De esta manera, el conocimiento de la información requerida ciertamente afectaría desarrollar lícitamente su actividad económica en un ambiente de libre competencia, caracterizado por no estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores.

e. Que, la entrega de la información solicitada importa una afectación al secreto profesional que resguarda las informaciones y decisiones adoptadas entre la oficina y sus clientes, propias del ejercicio de la abogacía. En este sentido, cabe señalar que la estrategia jurídica para cada caso concreto se construye con base en información que ha sido compartida por los respectivos clientes. Todo lo anterior configura parte del núcleo esencial de un efectivo derecho a defensa jurídica, el cual se vería seriamente afectado si se revelaran los antecedentes solicitados.

Es menester hacer presente que, mediante el ordinario N° 252, de 25 de marzo del 2021, el órgano reclamado comunicó en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, la facultad que le asiste al tercero, Boffil Mir Álvarez Jana Abogados Ltda. (BMAJ), de oponerse a la entrega de la información solicitada por la posible afectación de sus derechos. Luego, mediante presentación, de 30 de marzo del 2021, Boffil Mir Álvarez Jana Abogados Ltda., se opuso a la entrega de los antecedentes requeridos, esgrimiendo los mismos argumentos antes explicitados con ocasión de los descargos del tercero ante este Consejo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información, mediante la que se requirió: "copia de las resoluciones, contratos, y/o de todos los actos administrativos del Ministerio de Obras Públicas que autorizan, disponen, y/o fundamentan la contratación de la asesoría vigente que actualmente otorga el estudio jurídico "Bofill Mir Álvarez Jana Abogados", o del abogado Andrés Jana Linetzky, o del abogado Rodrigo Gil Ljubetic, al Ministerio de Obras Públicas. En caso de que dichos antecedentes contengan información que pueda considerarse sensible o de terceros, esta información puede ser tachada, según corresponda. - énfasis agregado-. Al efecto, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por la oposición del tercero interviniente, fundada en la afectación de sus derechos económicos y comerciales.

2) Que, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados en lo expositivo del presente acuerdo, se debe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". -énfasis agregado-. Así, en la especie, lo requerido corresponde a actos jurídicos que fundamentan la contratación de la asesoría del estudio jurídico que se indica.

3) Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente la información "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Por su parte, el artículo 7° N° 2 del Reglamento de la Ley señala que "se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés". En consecuencia, y como ha sostenido latamente esta Corporación, un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información solicitada, debiendo justificarse la existencia de un derecho que, de entregarse lo solicitado, se vería afectado.

4) Que, por otra parte, es menester recordar que este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

5) Que, a juicio de este Consejo, en las alegaciones del órgano y del tercero interviniente, no se verifica el criterio establecido en el literal c), del considerando anterior, este es, el valor comercial de la información requerida por ser secreta, de modo que, dicho carácter le proporcione a su titular una ventaja competitiva. En efecto, las alegaciones sobre la afectación de los derechos económicos se erigen en la vulneración al derecho a desarrollar su actividad económica, por cuanto, de acuerdo a lo sostenido por el estudio jurídico, la confidencialidad es la base de la estrategia jurídica a nivel judicial y extrajudicial, de modo que divulgar los antecedentes requeridos, tendría como contrapartida la falta de interés en los organismos públicos y privados en contratar los servicios del mismo, dada la incertidumbre en la confidencialidad de la información proporcionada al tercero interviniente. Al respecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, debiendo ser analizadas bajo dichos parámetros las alegaciones expresadas. Al efecto, a juicio de este Consejo, ni el órgano reclamado, ni el tercero interviniente se han referido de forma específica a la manera en la que se produciría la afectación alegada, limitándose a formular argumentaciones generales e hipotéticas, sin detallar, por ejemplo, qué información en específico generaría los perjuicios enunciados. No se profundiza en la forma en la que la publicidad de lo requerido generaría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad para justificar su reserva.

6) Que, por otra parte, analizados los antecedentes presentados por el órgano reclamado, a juicio de esta Corporación, en la especie la información requerida no revela la estrategia jurídica judicial ni extrajudicial del estudio jurídico Boffil Mir Álvarez Jana Abogados Ltda (BMAJ), por cuanto no se trata de minutas internas, informes técnicos o el expediente interno relativo a un posible litigio, ni tampoco de medios de prueba que fueren a aportarse al proceso actualmente en curso.

7) Que, sobre el secreto profesional alegado por el estudio jurídico, a juicio de este Consejo, en este caso no se vería afectado, por cuanto lo solicitado son antecedentes de carácter público, en los que no consta ningún tipo de estrategia jurídica a utilizar por parte del referido estudio, en consecuencia, no se vulnera el deber de confidencialidad cliente -abogado sobre la que se erige la institución del secreto profesional.

8) Que, la publicidad de los antecedentes solicitados por la reclamante reviste, efectivamente, un evidente interés público, en relación con el control social respecto de los fondos públicos asignados y su correcta utilización por parte del órgano reclamado, en particular, de una gestión eficiente de los mismos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado, por lo que, no cabe, a su respecto, sostener la reserva de la documentación solicitada, más aún, cuando no se ha argumentado ni acreditado una afectación a sus derechos que justifique dicha reserva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al Principio General de Transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente.

9) Que, respecto de la presunta divulgación de las políticas tarifarias del estudio jurídico BMAJ., es menester señalar que analizada la resolución DV N° 1154 de fecha 04 de mayo de 2020, autoriza trato directo y aprueba términos de referencia, así como el contrato y addendum modificatorio, a juicio de este Consejo, en aquellos se contienen montos que dicen relación con costos asociados a la asesoría que el estudio señalado se encuentra efectuando al órgano de la administración del Estado, lo anterior, es información relativa al gasto público que efectúa la reclamada intrínsicamente ligado al control social respecto de los fondos públicos asignados y su correcta utilización. Adicionalmente, se indican cifras asociadas a la asesoría que se efectúa en particular, sin hacerse una mención exhaustiva de las políticas tarifarias del tercero interviniente.

10) Que, respecto a la alegación sobre incumplimiento de los requisitos del artículo 12 de la Ley de Transparencia, a juicio de esta Corporación, el solicitante identificó claramente la información requerida, dando cumplimiento a todas las exigencias establecidas por la norma antes citada. Asimismo, el órgano reclamado no acreditó ante este Consejo, haber hecho aplicación del procedimiento de subsanación contenido en el inciso 2° del mencionado artículo, el cual dispone que "Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición". En consecuencia, se desestimará la alegación efectuada sobre el particular.

11) Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, se acogerá el presente amparo ordenándose la entrega de la información requerida. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Gabriela Yuseff Valenzuela, en contra del Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante la copia de las resoluciones, contratos, y/o de todos los actos administrativos del Ministerio de Obras Públicas que autorizan, disponen, y/o fundamentan la contratación de la asesoría vigente que actualmente otorga el estudio jurídico "Bofill Mir Álvarez Jana Abogados", o del abogado Andrés Jana Linetzky, o del abogado Rodrigo Gil Ljubetic, al Ministerio de Obras Públicas.

En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Gabriela Yuseff Valenzuela, al Sr. Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y al Estudio Jurídico Bofill Mir Álvarez Jana Abogados Ltda.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.