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Andrés Muñoz González con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE COQUIMBO Rol: C3152-21

Consejo para la Transparencia, 17/08/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, ordenándose la entrega de copia del expediente administrativo de regularización individualizado. Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se advierte la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que justifique su denegación, desestimándose, asimismo, la afectación de derechos del tercero interesado, quien no justificó su oposición al no dar cuenta de una vulneración presente o probable y con suficiente especificidad a sus derechos. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C438-13, C1045-15, C2397-16, C1867-17, C1712-20 y C2564-20.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3152-21

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo

Requirente: Andrés Muñoz González

Ingreso Consejo: 02.05.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, ordenándose la entrega de copia del expediente administrativo de regularización individualizado.

Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se advierte la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que justifique su denegación, desestimándose, asimismo, la afectación de derechos del tercero interesado, quien no justificó su oposición al no dar cuenta de una vulneración presente o probable y con suficiente especificidad a sus derechos.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C438-13, C1045-15, C2397-16, C1867-17, C1712-20 y C2564-20.

En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3152-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de abril de 2021, don Andrés Muñoz González solicitó a la Subsecretaría de Bienes Nacionales, "expediente administrativo de regularización o saneamiento por medio del DL2695, tramitado por Ministerio de Bienes Nacionales región de Coquimbo. Número de Expediente Administrativo 6825 a nombre de...".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 000216, de 23 de abril de 2021, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo -en adelante e indistintamente, también, SEREMI-, respondió el requerimiento y denegó lo solicitado por oposición de tercero.

3) AMPARO: El 2 de mayo de 2021, don Andrés Muñoz González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, mediante Oficio N° E10967, de fecha 24 de mayo de 2021, para que presente sus descargos y observaciones.

Mediante Ordinario N° 000980, de fecha 7 de junio de 2021, el órgano presentó sus descargos y reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a la procedencia de denegar lo solicitado por oposición del tercero interesado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. En este sentido, advirtió que su divulgación podría afectar los derechos patrimoniales o extrapatrimoniales del tercero involucrado en conformidad a lo señalado en el artículo 21 N° 2 de la ley mencionada.

Además, adjuntó carta de oposición de fecha 21 de abril de 2021, mediante la cual el tercero señaló que "mi oposición se funda en que la información requerida es propia de la persona y su publicidad o comunicación del contenido a terceros afecta sus derechos de carácter comercial, económico y patrimonial, en los términos que tutelan los artículos 20 inciso 2° y artículo 21 N° 2 de la ley 20.285".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N° E13875, de fecha 29 de junio de 2021.

Al efecto, sin perjuicio que por medio de correo electrónico de fecha 1° de julio de 2021, el peticionario señaló que remitió sus descargos con fecha 9 de junio de 2021, no consta en el presente procedimiento, antecedentes que den cuenta de estos.

En virtud de lo anterior, por medio de correo electrónico de fecha 3 de agosto, este Consejo solicitó al reclamante remitir copia de documento con sus descargos. Al respecto, mediante correo electrónico de fecha 5 de agosto de 2021, el solicitante remitió presentación con sus descargos y advirtió que respecto de lo solicitado concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia e individualizó una causal del Juzgado de Garantía de Coquimbo. Además, advirtió la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con sus derechos de carácter comercial y económico.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, en virtud de la oposición manifestada por el tercero a quien se refiere la información, tras la realización del procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, quedaron impedidos de hacer entrega de aquel.

2) Que se requiere acceder a copia de expediente administrativo N° 6825, tramitado en virtud del decreto ley N° 2.695, año 1979, fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella - en adelante D.L. N° 2.695-; que establece el procedimiento de regularización, conforme al cual los poseedores materiales de determinados inmuebles pueden solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción. En este caso particular, por medio de resolución exenta N° 5351, de fecha 22 de septiembre de 2014, se acogió la solicitud de regularización en cuestión.

3) Que, en cuanto al expediente cuya copia se requiere, cabe tener presente lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, en orden a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo establecido en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encuentre sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia

4) Que, en este sentido, cabe tener presente que de conformidad con el criterio que ha venido reiterada y sistemáticamente aplicando este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos Roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16, y C1867-17, entre otras, los antecedentes pedidos constituyen el fundamento del acto administrativo, por la cual la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales autoriza la regularización de un inmueble, pues su presentación y revisión es, precisa e inequívocamente, la base sobre la cual dicha autoridad dicta el acto mediante el cual acoge la solicitud de regularización de posesión de inmueble y ordena la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Luego, siendo dicho procedimiento y su resolución de naturaleza pública, sus fundamentos poseen, en principio, el mismo carácter.

5) Que el tercero a quien se refiere la información solicitada en la oposición planteada sostuvo que su divulgación "afecta sus derechos de carácter comercial, económico y patrimonial, en los términos que tutelan los artículos 20 inciso 2° y artículo 21 N° 2 de la ley 20.285". Al respecto, cabe hacer presente que en virtud de la causal de reserva alegada se podrá denegar el acceso a lo requerido cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. En tal sentido, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si lo que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, aquella debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

6) Que, en la especie, cabe hacer presente que la sola invocación de la causal en comento por parte del tercero interesado -y advertida igualmente por el organismo reclamado-, no constituye un argumento suficiente que permita determinar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad de sus derechos comerciales y económicos y que permita demostrar una afectación concreta de los mismos, en la medida que el tercero no explicó ni acreditó la forma en que la divulgación del expediente consultado implicaría una afectación a su desenvolvimiento competitivo, no advirtiéndose, asimismo, por parte de este organismo, la afectación a alguno de los bienes jurídicos protegidos en la norma citada. Por lo anterior, se desestimará la concurrencia de la causal esgrimida.

7) Que, asimismo, y en relación con la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia que fuere esgrimida por el tercero interesado con ocasión de sus descargos ante esta Corporación, cabe hacer presente que la referida causal está establecida en beneficio del órgano reclamado, quien debe determinar si las circunstancias ahí descritas afectarían el debido cumplimiento de sus funciones. Con todo, además, el tercero interesado no acompañó antecedentes suficientes que permitan acreditar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a los bienes jurídicos tutelados, no señalando de qué forma, los antecedentes solicitados implicarían el desmedro de la prevención, investigación o persecución de un crimen o simple delito o la eventual necesidad de los mismos para defensas jurídicas y judiciales, resultando insuficiente la sola individualización de una causa judicial en el Juzgado de Garantía de Coquimbo. Por lo anterior, se desestimará la alegación del tercero en este punto.

8) Que, en consecuencia, se acogerá este amparo, requiriendo la entrega de copia del expediente solicitado tarjando, todo dato personal de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, imágenes y correo electrónico particular, entre otros, - tanto del titular de la información requerida como de cualquier otra persona natural mencionada en aquella-. Lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m), de la misma ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Andrés Muñoz González en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Coquimbo, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante copia del expediente administrativo de regularización N° 6825, tramitado por Ministerio de Bienes Nacionales Región de Coquimbo a nombre de la persona que se indica, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que pueda estar contenido en este.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Andrés Muñoz González, a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo y al tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.