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Fernando Ojeda con CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO) Rol: C3268-21

Consejo para la Transparencia, 17/08/2021

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, requiriéndose que remita nuevamente los documentos entregados, otorgando acceso a los nombres de los funcionarios públicos participantes de la reunión consultada, el lugar de aquella, en la medida que aquél no constituya el domicilio particular de una persona natural; identidad del representante legal de la persona jurídica receptora de fondos públicos; casilla electrónica de la persona jurídica receptora de fondos; identidad de las personas que integran el equipo de trabajo "Plan Cerro" y "Comunidad". A su vez, entregue cartas de manifestación de interés de beneficiario; currículums vitaes, acompañados con ocasión de Informe de Postulación "Prototipo de Innovación Social-Valparaíso", de fecha 28 septiembre de 2016; Anexo 1 Presupuestos; Anexo 2 Especificación económica del prototipo; Anexo 3 Encuestas socios/usuarios; Anexo 4 Encuestas comunidad beneficiaria; Anexo 5 Registro Talleres Comunitarios; Anexo 6 Difusión Primera Etapa; Anexo 7 Cartas de Validación, consignados en el Informe Fase 1- Prueba de Concepto; boletas identificadas por la parte activa en el documento "movimiento de gastos"; y el "Informe legal de personas jurídicas". Lo anterior, tarjando los datos personales de contexto que pueda contener. Con respecto a la identidad de los funcionarios públicos, por cuanto la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. Sobre la identidad del representante legal de la entidad receptora de fondos públicos, toda vez que su publicidad contribuiría especialmente a la finalidad de control social, a efectos de verificar, la adecuada y eficiente gestión de los recursos públicos suministrados por el organismo como, asimismo, la correcta ejecución del proyecto encomendado. En lo que respecta a la casilla electrónica de la persona jurídica beneficiaria, pues en el caso de las personas jurídicas no resulta aplicable la ley N° 19.628, por cuanto los datos personales están referidos a una persona natural identificada o identificable. Respecto a las cartas de manifestación de interés de beneficiario; y, currículums vitaes, por cuanto dichos antecedentes se tuvieron a la vista y se configuraron como fundamentos para la adjudicación del convenio suscrito. Por su parte, con relación a los anexos pedidos, esta Corporación advierte que fueron remitidos con motivo del "Informe Fase 1- Prueba de Concepto", de cuya aprobación se encuentra supeditada la entrega de las cuotas del subsidio. Con relación a las boletas identificadas, esta Corporación constató que sirvieron de fundamento para la aprobación de las rendiciones del gasto para la ejecución del proyecto. Sobre la identificación de los nombres de las personas que integran el equipo de trabajo, esta Corporación constató que la idoneidad profesional se configuró como un requisito indispensable para la adjudicación del convenio de subsidio del proyecto. Por su parte, se rechaza con respecto a de la identidad de las personas naturales particulares asistentes en reunión que se indica; casilla institucional pedida -jefe de proyecto-; identificación de los emisores de boletas a honorarios y facturas, y el abogado patrocinante, por configurarse, las hipótesis de reservas previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, esta última, en adecuación de las disposiciones previstas en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3268-21

Entidad pública: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

Requirente: Fernando Ojeda

Ingreso Consejo: 05.05.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, requiriéndose que remita nuevamente los documentos entregados, otorgando acceso a los nombres de los funcionarios públicos participantes de la reunión consultada, el lugar de aquella, en la medida que aquél no constituya el domicilio particular de una persona natural; identidad del representante legal de la persona jurídica receptora de fondos públicos; casilla electrónica de la persona jurídica receptora de fondos; identidad de las personas que integran el equipo de trabajo "Plan Cerro" y "Comunidad". A su vez, entregue cartas de manifestación de interés de beneficiario; currículums vitaes, acompañados con ocasión de Informe de Postulación "Prototipo de Innovación Social-Valparaíso", de fecha 28 septiembre de 2016; Anexo 1 Presupuestos; Anexo 2 Especificación económica del prototipo; Anexo 3 Encuestas socios/usuarios; Anexo 4 Encuestas comunidad beneficiaria; Anexo 5 Registro Talleres Comunitarios; Anexo 6 Difusión Primera Etapa; Anexo 7 Cartas de Validación, consignados en el Informe Fase 1- Prueba de Concepto; boletas identificadas por la parte activa en el documento "movimiento de gastos"; y el "Informe legal de personas jurídicas". Lo anterior, tarjando los datos personales de contexto que pueda contener.

Con respecto a la identidad de los funcionarios públicos, por cuanto la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

Sobre la identidad del representante legal de la entidad receptora de fondos públicos, toda vez que su publicidad contribuiría especialmente a la finalidad de control social, a efectos de verificar, la adecuada y eficiente gestión de los recursos públicos suministrados por el organismo como, asimismo, la correcta ejecución del proyecto encomendado.

En lo que respecta a la casilla electrónica de la persona jurídica beneficiaria, pues en el caso de las personas jurídicas no resulta aplicable la ley N° 19.628, por cuanto los datos personales están referidos a una persona natural identificada o identificable.

Respecto a las cartas de manifestación de interés de beneficiario; y, currículums vitaes, por cuanto dichos antecedentes se tuvieron a la vista y se configuraron como fundamentos para la adjudicación del convenio suscrito. Por su parte, con relación a los anexos pedidos, esta Corporación advierte que fueron remitidos con motivo del "Informe Fase 1- Prueba de Concepto", de cuya aprobación se encuentra supeditada la entrega de las cuotas del subsidio. Con relación a las boletas identificadas, esta Corporación constató que sirvieron de fundamento para la aprobación de las rendiciones del gasto para la ejecución del proyecto. Sobre la identificación de los nombres de las personas que integran el equipo de trabajo, esta Corporación constató que la idoneidad profesional se configuró como un requisito indispensable para la adjudicación del convenio de subsidio del proyecto.

Por su parte, se rechaza con respecto a de la identidad de las personas naturales particulares asistentes en reunión que se indica; casilla institucional pedida -jefe de proyecto-; identificación de los emisores de boletas a honorarios y facturas, y el abogado patrocinante, por configurarse, las hipótesis de reservas previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, esta última, en adecuación de las disposiciones previstas en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3268-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de abril de 2021, don Fernando Ojeda solicitó a la Corporación de Fomento de la Producción - en adelante, indistintamente CORFO- lo siguiente: "Según resolución 326/2016 Corfo transfirió el año 2017 un subsidio de $38.061.514 a través de Innova Corfo (código 16IS-67104) a Agrupación Plan Cerro para el proyecto "Pasantías Vecinales" (en Valparaíso) (...) En cuanto a este subsidio solicito copia íntegra de su expediente, incluyendo de los documentos que sirvieron de respaldo para esta decisión, entre los cuales deben estar aquellos que acreditan la personería jurídica del beneficiario PlanCerro, así como de la rendición de cuentas de los fondos recibidos y ocupados".

2) RESPUESTA: Mediante Carta N° 383, de fecha 4 de mayo de 2021, la Corporación de Fomento de la Producción respondió al requerimiento, accediendo a su entrega. Al efecto, proporcionó enlace electrónico donde se encontrarían contenidos los antecedentes peticionados.

Hizo presente que procedió a tarjar los datos personales, en adecuación a las disposiciones previstas en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada - en adelante ley N° 19.628-.

3) AMPARO: El 5 de mayo de 2021, don Fernando Ojeda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado la respuesta incompleta o parcial. Expuso que uno de los documentos no se puede abrir. A su vez, indicó que los otros tienen varias partes tarjadas, adjuntando listado en planilla Excel que consigna cada objeción.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, mediante Oficio N° E11490, de fecha 28 de mayo de 2021, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) remita copia íntegra de la información reclamada, haciendo presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante presentación, remitida por medio de correo electrónico de fecha 9 de junio de 2021, el organismo presentó sus descargos, en los que señaló que entregó toda la información requerida por el solicitante. Asimismo, hizo presente que estimó que correspondía aplicar el Principio de Divisibilidad, por lo que, en forma previa tarjó todos los datos personales contenidos en la documentación, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628. En tal sentido, sostuvo que dio cumplimiento a lo dispuesto en el punto 4.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información.

A mayor abundamiento, indicó que el artículo 7 de la ley N° 19.628, establece la obligación de secreto para las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales y sensibles, tanto en organismos públicos como privados, cuando éstos provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público. A su vez, destacó que el artículo 11 del mismo cuerpo legal, prescribe que el encargado del tratamiento y recolección de estos datos se encuentra obligado a "cuidar de ellos con la debida diligencia".

Finalmente, remitió copia de los documentos entregados sin tarjado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, puesto que uno de los documentos remitidos no es posible descargarlo. A su vez, cuestionó el tarjado de datos personales de contexto efectuado por el organismo, en adecuación de la ley N° 19.628. Por lo anterior, esta reclamación se circunscribirá a dichas alegaciones.

2) Que, en lo que respecta a los nombres de los funcionarios públicos anonimizados, estos son, los ejecutivos técnicos, financieros, el jefe de proyecto, servidores públicos que suscribieron determinados documentos, entre otros, resulta del caso tener presente que dichos antecedentes son de naturaleza pública atendido el tipo de labores que desempeñan aquellos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. Por tal motivo, se acogerá el presente amparo en este punto, requiriendo otorgue acceso a aquellos. (Énfasis agregado)

3) Que, en cuanto a los participantes de la reunión consignada en el Acta de Visita, de fecha 10 de enero de 2018, es menester realizar una distinción. En lo que respecta a la identificación de empleados públicos, resulta plenamente aplicable en la especie lo razonado en el considerando anterior. En consecuencia, se acogerá el amparo en esta parte, requiriendo su entrega.

4) Que, por otra parte, sobre la develación de la identidad de los particulares que asistieron a la reunión consultada, cabe tener presente que el nombre es un atributo de la personalidad, que individualiza a una persona física o natural en la vida social y jurídica, correspondiendo a rasgos propios de aquella, por lo que equivale al concepto de dato personal definido en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, toda vez que se trata de "información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". Acto seguido, el artículo 4 del precipitado cuerpo legal dispone que: "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", circunstancias que no concurren en la especie. (Énfasis agregado) Bajo esta lógica, a juicio de esta Corporación en la especie concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la cual dispone que se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada (...)", por tratarse de datos personales constitutivos de la vida privada de las personas consultadas, respecto de los cuales no consta su aquiescencia para su entrega. En consecuencia, se rechazará el amparo en este aspecto.

5) Que, en cuanto a la dirección en que se efectúo la reunión previamente referida, del examen de los antecedentes del presente procedimiento de acceso, no consta la naturaleza de dicha localización, vale decir, si se trata de un domicilio u oficina particular, obras en terreno, o bien dependencias públicas. En tal contexto, en adecuación de lo dispuesto en el artículo 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo en este punto, ordenando que se otorgue acceso al lugar de la reunión en la medida que aquél no constituya el domicilio particular de una persona natural, lo que constituye un dato personal conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 4 de la ley N° 19.628, en concordancia con la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. (Énfasis agregado)

6) Que, a continuación, sobre la identidad del representante legal de la entidad receptora de fondos públicos, esta Corporación advierte que aquella corresponde a la Asociación de Arquitectos y Profesionales por el Patrimonio de Valparaíso Plan Cerro, persona jurídica beneficiaria que suscribió un convenio de subsidio con CORFO para la ejecución del proyecto denominado "red de pasantías vecinales", según consta en la resolución exenta N° 326, de fecha 21 de diciembre de 2016. En tal orden de ideas, sin perjuicio de tratarse el nombre de un dato personal conforme a lo prescrito en el artículo 2 de la ley N° 19.628, su publicidad contribuiría especialmente a la finalidad de control social, a efectos de verificar, la adecuada y eficiente gestión de los recursos públicos suministrados por el organismo como, asimismo, la correcta ejecución del proyecto encomendado. Por tal motivo, este Consejo advierte que concurre en la especie un interés público prevalente que justifica la aplicación del régimen de publicidad previsto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. En mérito de lo anterior, se acogerá el presente amparo en este punto, ordenándose que se otorgue acceso a la identidad del representante legal de la persona jurídica receptora de fondos públicos. (Énfasis agregado)

7) Que, seguidamente, en cuanto a las casillas institucionales pedidas (jefes de proyecto), sobre la materia, resulta pertinente tener presente lo resuelto por este Consejo, entre otras, en las decisiones recaídas en los amparos Roles C611-10, C136-13, C1944-16 y C1423-20, C2348-20 en que se estableció que: "(...) que el sitio web del Servicio de Registro Civil e Identificación tiene a disposición de los usuarios un Sistema Integral de Atención Ciudadana el cual le permite canalizar el flujo de comunicaciones electrónicas que recibe. De este modo, la divulgación de las casillas de correo electrónico respecto de las cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito podría significar una afectación semejante a la descrita en el considerando precedente respecto de los números telefónicos. A mayor abundamiento, el órgano reclamado señaló en sus descargos que el conocimiento de las direcciones de correo electrónicas institucionales, permitiría el envío masivo de correos, utilizados con fines netamente particulares, que constituirían un serio entorpecimiento en el correcto y eficiente desarrollo y ejercicio de la función pública por parte de sus funcionarios. Con dichas alegaciones, si bien no se explicita, se desprende que la reclamada entiende puede configurarse en este caso la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. // 6) Que, en consecuencia, considerando que el órgano reclamado se encuentra dotado de un sistema centralizado de atención ciudadana con la finalidad precisa de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, este Consejo estima que el dar a conocer las casillas de correo electrónico de sus funcionarios, podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, motivo por el cual se rechazará el presente amparo dando por justificada la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 ya citado." En mérito de lo anterior, se rechazará el presente amparo en este punto. (Énfasis agregado)

8) Que, en lo que respecta a la casilla electrónica de la persona jurídica beneficiaria, cabe tener en consideración que este Consejo ha resuelto reiteradamente, a partir de las decisiones recaídas en amparos Roles C461-09, C184-10 y C734-10, que en el caso de las personas jurídicas no resulta aplicable la ley N° 19.628, por cuanto los datos personales están referidos a una persona natural identificada o identificable, de acuerdo con la definición prevista en el artículo 2 letra f) de dicho cuerpo legal. De esta forma, el dato consultado no se encuentra comprendido dentro del régimen de protección previsto en el precipitado cuerpo legal. En virtud de lo anterior, se acogerá el presente amparo en esta parte, requiriendo se otorgue acceso a la casilla electrónica pedida. (Énfasis agregado)

9) Que, sobre los documentos identificados por la parte activa que no se proporcionaron, específicamente "carta-intereses.pdf" y "CV-equipo-y-cartas.pdf", correspondientes a las cartas de manifestación de interés de beneficiario y currículums vitaes, esta Corporación advierte que dichos antecedentes se tuvieron a la vista y se configuraron como fundamentos para la adjudicación del convenio suscrito por el organismo y la entidad receptora de fondos. En efecto, los anteriores fueron adjuntados con motivo del Informe de Postulación "Prototipo de Innovación Social-Valparaíso, de fecha 28 septiembre de 2016. Lo anterior, se encuentra refrendado en la resolución exenta N° 326, de fecha 21 de diciembre de 2016, que aprueba convenio de subsidio, el cual prescribe en su clausula 11° que: "el beneficiario deberá dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el personal comprometido. Podrá cambiar a los profesionales principales identificados como tales en el mismo, siempre que quieres los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idóneos. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente con la propuesta del reemplazante, deberán ser comunicados a InnovaChile mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo, dentro del término de 10 días contados desde la ocurrencia del hecho (...) Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad necesaria, se pondrá termino al proyecto, debiendo aplicarse a la devolución del subsidio (...)". (Énfasis agregado)

10) Que, respecto a los anexos pedidos, presupuestos, especificación económica del prototipo, registros talleres comunitarios, entre otros, esta Corporación advierte que aquellos fueron remitidos con motivo del "Informe Fase 1- Prueba de Concepto", de cuya aprobación se encuentra supeditada la entrega de las cuotas del subsidio, conforme a lo previsto en la cláusula 8° del Convenio previamente referido: "(...) la entrega de las cuotas siguientes, si correspondiese, se encontrará supeditada (...) a la aprobación de informes de avance que den cuenta de las actividades realizadas, y de los resultados obtenidos y no obtenidos; y de la entrega de la rendición de cuentas, en relación a la cuota anterior". Con relación a las boletas identificadas por la parte activa en el documento "movimiento de gastos", se constata que dichos ítems fueron financiados por CORFO. En tal contexto, los referidos antecedentes sirvieron de fundamento o de antecedentes a la aprobación de las rendiciones del gasto para la ejecución del proyecto encomendado. Por lo tanto, en virtud de lo establecido en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se trata de información de carácter pública. En mérito de lo anterior, en adecuación del Principio de Máxima Divulgación, contemplado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo en este punto, ordenando su entrega debiendo, previamente, tarjarse los datos personales de contexto que en ellos se puedan contener, en particular, nombre completo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, correo electrónico particular. Lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628. (Énfasis Agregado)

11) Que, en lo que respecta a la identificación de los nombres de las personas que integran el equipo de trabajo "Plan Cerro" y "Comunidad", esta Corporación constató que la idoneidad profesional de aquellos se configuró como un requisito indispensable para la adjudicación del convenio de subsidio del proyecto. Lo anterior, se refrenda en lo dispuesto en la cláusula N° 11 de la resolución exenta N° 326, de fecha 21 de diciembre de 2016, en adecuación de lo razonado precedentemente. Por tal motivo, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo en esta parte, ordenando que se otorgue acceso a la individualización de dichas personas. (Énfasis agregado)

12) Que, en cuanto a la identificación de los emisores de boletas a honorarios y facturas, y el abogado patrocinante, esta Corporación advierte que éstos constituyen datos personales de personas naturales -trabajadores-, cuyas relaciones laborales y/o prestación de servicio se encuentran reguladas por el Derecho Privado respecto de los cuales no consta la autorización expresa, en orden a dar acceso a ellos, por lo que, se configura a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628. En consecuencia, se rechazará el amparo en este aspecto. (Énfasis agregado)

13) Que, por último, en cuanto al documento que no fuere posible su descarga, correspondiente al "Informe legal de personas jurídicas", esta Corporación acogerá el presente amparo en esta parte, ordenando su entrega, conforme a las prescripciones contenidas en el presente Acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Fernando Ojeda en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación, lo siguiente:

a) Remita nuevamente los documentos entregados, otorgando acceso a los nombres de los funcionarios públicos participantes de la reunión consultada; lugar de la reunión en la medida que aquél no constituya el domicilio particular de una persona natural; identidad del representante legal de la persona jurídica receptora de fondos públicos; casilla electrónica de la persona jurídica receptora de fondos; identidad de las personas que integran el equipo de trabajo "Plan Cerro" y "Comunidad".

b) Entregue al reclamante acceso a las cartas de manifestación de interés de beneficiario; y, currículums vitaes, acompañados con ocasión de Informe de Postulación "Prototipo de Innovación Social-Valparaíso", de fecha 28 septiembre de 2016; Anexo 1 Presupuestos; Anexo 2 Especificación económica del prototipo; Anexo 3 Encuestas socios/usuarios; Anexo 4 Encuestas comunidad beneficiaria; Anexo 5 Registro Talleres Comunitarios; Anexo 6 Difusión Primera Etapa; Anexo 7 Cartas de Validación, consignados en el Informe Fase 1- Prueba de Concepto; boletas identificadas por la parte activa en el documento "movimiento de gastos"; y el "Informe legal de personas jurídicas". Lo anterior, tarjando los datos personales de contexto que pueda contener.

c) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

d) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en los literales a) y b) precedentes, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el presente amparo con respecto a las peticiones de acceso referidas a la identidad de las personas naturales particulares asistentes en reunión que se indica; la casilla institucional pedida -jefe de proyecto-; la identificación de los emisores de boletas a honorarios y facturas, y el abogado patrocinante, por configurarse en la especie las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fernando Ojeda y al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.