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Antonio Mena Velásquez con INTENDENCIA REGIÓN DEL BÍO BÍO Rol: C1517-12

Consejo para la Transparencia, 18/01/2013

Se dedujo amparo en contra de la Intendencia Región del Biobío, fundado en la denegación de parte de la información solicitada sobre a) Copia del acuerdo suscrito por el ex Intendente de la Región del Biobío, y la ex alcaldesa de Concepción, de diciembre del año 2009, cuyo objetivo era conceder la radicación definitiva de alrededor de 500 familias de la población Aurora de Chile; y, b) Copia del acuerdo suscrito por el ex Intendente de la misma región, y el ex Alcalde de Concepción, cuyo fin era otorgar títulos de dominio a alrededor de 800 familias de la Población Aurora de Chile. El Consejo rechazó el amparo ya que señaló que la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, afecta el debido cumplimiento de las funciones de la Intendencia, ya que la atención de su solicitud implica para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1517-12

Entidad pública: Intendencia Región del Biobío

Requirente: Antonio Mena Velásquez

Ingreso Consejo: 24.10.2012

En sesión ordinaria N° 406 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de enero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1517-12.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de septiembre de 2012, don Antonio Mena Velásquez solicitó a la Intendencia de la Región del Biobío (en adelante la Intendencia), la siguiente información:

a) Copia del acuerdo suscrito por el ex Intendente de la Región del Biobío, Sr. Jaime Tohá y la ex alcaldesa de Concepción, Sra. Jacqueline Van Rysselberghe, de diciembre del año 2009, cuyo objetivo era conceder la radicación definitiva de alrededor de 500 familias de la población Aurora de Chile; y,

b) Copia del acuerdo suscrito por el ex Intendente de la misma región, Sr. Adolfo Veloso (período 1990-1994) y el ex Alcalde de Concepción, Sr. Guillermo Aste, cuyo fin era otorgar títulos de dominio a alrededor de 800 familias de la Población Aurora de Chile.

2) RESPUESTA: Mediante oficio Ord. Jur. N° 1.855, de 11 de octubre de 2012, el órgano requerido respondió al solicitante en los siguientes términos:

a) En relación a la solicitud de la letra a), hace entrega de copia del Protocolo de Acuerdo suscrito entre esa Intendencia y la Municipalidad de Concepción, el 16 de diciembre 2009, referido a la situación de la Población Aurora de Chile de la mencionada comuna; y,

b) En cuanto al literal b), señala que el documento solicitado no se encuentra actualmente disponible en sus archivos, ya que forma parte de los archivos que resultaron dañados y/o destruidos producto del terremoto ocurrido el 27 de febrero 2010. Atendido lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, se derivó el requerimiento, respecto de este literal, a la Municipalidad de Concepción, en su calidad de parte del convenio requerido.

3) AMPARO: El 23 de octubre de 2012, don Antonio Mena Velásquez dedujo a través de la Gobernación Provincial de Concepción amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de parte de la información solicitada. Agregó que en solicitudes anteriores se le ha dado similar respuesta, sin que haya constancia de la destrucción o pérdida de los documentos solicitados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante oficio N° 4.189, de 5 de noviembre de 2012, al Sr. Intendente de la región del Biobío, quien presentó sus descargos y observaciones mediante oficio Ord. N° 2.111, de 22 de noviembre de 2012, señalando en síntesis lo siguiente:

a) En relación al documento que motiva el amparo informa que, tal como se comunicó al reclamante, dicho documento no se encontraba y no se encuentra actualmente disponible en sus archivos, ya que forma parte de aquéllos que resultaron dañados y/o destruidos producto del terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010.

b) Los archivadores y registros con documentos históricos se encontraban resguardados en una de las dependencias de la Oficina de Partes, ubicada en el cuarto piso del edificio en que funcionaba esa Intendencia hasta antes del terremoto, a saber, calle Arturo Prat N° 525, Concepción. Producto del referido evento telúrico, el cuarto piso del mencionado edificio resultó gravemente dañado, producto de lo cual esa Intendencia debió trasladarse a otras dependencias fiscales ubicadas en calle Aníbal Pinto N° 442, piso 2, de la comuna de Concepción, lugar en el que se encuentra funcionando hasta la actualidad y que, por su superficie y distribución, no cuenta con espacios susceptibles de ser utilizados como bodegas.

c) En este contexto, y considerando que la Intendencia no cuenta con presupuesto para tomar en arriendo un inmueble destinado a reubicar estos archivos históricos, se adoptó la decisión de mantenerlos en el cuarto piso del edificio dañado, hasta que éste estuviere en condiciones de ser reparado, momento en que se dispondría su retiro temporal mientras se procedía a la ejecución de las obras de reconstrucción y reparación.

d) Actualmente, las obras de reparación del edificio se encuentran en ejecución, y los referidos archivos históricos han sido retirados, y se encuentran custodiados dentro de un container por una empresa especialmente contratada al efecto, a la espera de que finalicen las obras de reparación del edificio, oportunidad en que se podrá ordenar la documentación histórica y podrá, en definitiva, determinarse qué documentos resultaron dañados y deben ser declarados como destruidos por resolución del Servicio, y cuáles se encuentran en buen estado.

e) Encontrándose todos estos documentos en un container, sin ningún orden que permita distinguir las resoluciones de los oficios, ni menos sus números y fechas, resulta físicamente imposible determinar siquiera si el documento requerido existe efectivamente y, en su caso, ubicarlo dentro de los archivos custodiados.

f) Con la intención que el requirente pudiere efectivamente obtener la documentación de su interés, esa Intendencia procedió a derivar el requerimiento a la Municipalidad de Concepción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, toda vez que este organismo, en su calidad de parte del acuerdo, podría acceder a su solicitud y entregarle la copia requerida, en el evento que dicho convenio efectivamente existiere.

g) Menciona que el requirente solicitó el documento en cuestión indicando sólo su materia y el período en el que habría sido dictado, período que abarca 4 años calendarios, sin individualizarlo claramente, razón por la cual ese Servicio pudo haber hecho uso de la facultad contenida en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley de Transparencia, en orden a solicitar que subsanara la falta e indicara claramente la información requerida, según lo exige la letra b) de la citada disposición legal, situación frente a la cual probablemente el requirente, al no poder complementar su requerimiento por falta de los datos necesarios, se hubiere visto enfrentado a un desistimiento de su petición. No obstante lo anterior, y con la finalidad de facilitar al requirente el acceso al documento de su interés, la Intendencia procedió a derivarlo al Municipio, en el entendido que ésta constituía la vía más expedita y eficiente para que el requirente pudiere obtener lo pedido.

h) Entre otros documentos, acompaña copia de la Resolución Exenta N° 7.458 de 1 de julio de 2011, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, que destina el inmueble ubicado en calle Aníbal Pinto N° 442, piso 2, de la comuna de Concepción, para el funcionamiento de la Intendencia del Biobío. Según la Intendencia el considerando 3° de este documento , acredita que el traslado de ese órgano desde el edificio ubicado en calle Arturo Prat N° 525, a calle Aníbal Pinto N° 442, se debe a los daños que sufrió el primero producto del terremoto del 27 de febrero de 2010. Asimismo, da cuenta que la superficie total entregada a la Intendencia es de 1.227,46 metros cuadrados ubicados en el segundo piso del edificio de calle Aníbal Pinto N° 442, que incluye espacios de uso común tales como cajas escala, pasillos, hall, etc.

i) Asimismo, adjunta copia de la Resolución Exenta N° 623, de 11 de septiembre de 2012, de la Intendencia del Biobío, que autoriza la contratación directa del servicio de flete y bodegaje de los bienes muebles que se encontraban en el cuarto piso del edificio ubicado en calle Arturo Prat N° 525 de Concepción, que acreditaría que éstos fueron retirados y se encuentran siendo custodiados por la empresa Mudanzas Vera Hermanos Limitada, durante el tiempo que tarde la reparación del cuarto piso del mencionado edificio, estimándose su término para el día 12 de febrero de 2013.

5) TÉNGASE PRESENTE DEL RECLAMANTE: Con fecha 20 de diciembre de 2012, el reclamante envió a este Consejo un correo electrónico, donde en relación a los descargos presentados por la Intendencia, señaló que el órgano reclamado nada dijo sobre un informe o documento de naturaleza similar, de fecha anterior a la solicitud de información, que acreditara el “daño y/o destrucción” del acuerdo solicitado, según se le informó en la respuesta recibida. Agrega que la Intendencia no adjuntó documento alguno que acreditara haber derivado su solicitud de información a la Municipalidad de Concepción.

6) GESTIONES OFICIOSAS: A fin de contar con mayores antecedentes para resolver adecuadamente este caso, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo realizó las siguientes gestiones oficiosas a fin de contar con mayores antecedentes para la acertada resolución del presente amparo:

a) A partir de la búsqueda en internet, se constató en el sitio web http://www.ngehuin.cl/index.php?option=com_glossary&letter=A&id=14519&Itemid=126 , consultado el 15 de enero de 2013, que el Sr. Guillermo Aste fue Alcalde de la comuna de Concepción entre los años 1992 y 1994. Adicionalmente, se corroboró la información señalada por el solicitante en orden a que el Sr. Adolfo Veloso, habría sido Intendente de la región del Biobío desde 1990 a 1994 (http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7B75a20afa-acfe-4c51-8ca5-22729c5f0d59%7D ).

b) El 16 de enero de 2013, se requirió al enlace institucional, vía correo electrónico, que remitiera algún antecedente que diera cuenta de la derivación que según lo afirmado en sus descargos, fue realizada a la Municipalidad de Concepción. Dicho enlace remitió al día siguiente, por el mismo medio, copia de la minuta de trámite ID 13850832, del 12 de octubre de 2012, mediante la cual se remitió al citado Municipio copia del oficio Ord. Jur. N° 1.855/2012, que dio respuesta al solicitante y le comunicó la derivación.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido el tenor del amparo presentado por el reclamante mediante el cual reclama la falta de entrega de una parte de lo requerido; y de la respuesta entregada por la Intendencia, en tanto hace entrega de copia del Protocolo de Acuerdo suscrito entre esa Intendencia y la Municipalidad de Concepción, el 16 de diciembre 2009, requerido en el literal a) de la solicitud de acceso, ha de concluirse que el presente reclamo ha quedado circunscrito a la falta de entrega de la información solicitada en el literal b) de la solicitud de acceso, consistente en copia del acuerdo que habría suscrito el ex Intendente de la región del Biobío, Sr. Adolfo Veloso, con el ex Alcalde de Concepción, Sr. Guillermo Aste, que tendría por objeto otorgar títulos de dominio a aproximadamente 800 familias de la Población Aurora de Chile.

2) Que, según los descargos presentados por la Intendencia ante este Consejo, a raíz del terremoto acaecido en febrero de 2010, sus archivos documentales se encontraban al momento de la solicitud de información del Sr. Mena y de la respuesta dada a éste, guardados en un container, bajo la custodia de una empresa especialmente contratada para ese efecto. Lo anterior se concluye tomando en cuenta que la respuesta a la solicitud de acceso en comento fue emitida 19 días hábiles después de haberse dictado la resolución que autorizó la contratación directa del servicio de flete y bodegaje de los citados archivos; resolución exenta N° 623, de 11 de septiembre de 2012, que tuvo por fundamento el artículo 8 letra c) de la Ley N° 19.886, Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios, que permite el trato directo en casos de emergencia, urgencia o imprevisto. En efecto, el considerando 5° de la referida resolución señala que “atendida la circunstancia de que no se cuenta con el tiempo necesario para efectuar una licitación pública, y teniendo presente que el no retiro de las especies muebles dentro del plazo requerido afecta la ejecución del contrato para la reparación del edificio en que funciona el Gobierno Regional del Biobío, las que se encuentran ya contratadas por este último Servicio, este Servicio estima que se está en una situación que puede ser calificada como de urgencia…”.

3) Que, la Intendencia ha señalado que los documentos del container se encuentran guardados sin ningún orden que permita distinguir las resoluciones de los oficios, ni sus números y fechas, resultando físicamente imposible determinar incluso si el documento requerido existe efectivamente y, en su caso, ubicarlo dentro de los archivos custodiados. A juicio de este Consejo, tal situación resulta plausible considerando las características propias de ese tipo de contenedores y la situación transitoria en la que se encuentran los archivos.

4) Que, se desprende de las alegaciones del órgano de la Administración del Estado reclamado que para poder responder adecuadamente la solicitud de información del reclamante sería necesario acceder hasta el container donde se encuentran los archivos, ordenarlos y clasificarlos de manera de detectar aquéllos correspondientes a los años 1992, 1993 y 1994 –único período en el cual don Adolfo Veloso y don Guillermo Aste, coincidieron como autoridades de la zona– para luego revisar todos los documentos relativos a esos años, a fin de establecer la existencia y estado actual del acuerdo que eventualmente la Intendencia del Biobío y la Municipalidad habrían suscrito para otorgar títulos de dominio a familias de la Población Aurora de Chile.

5) Que, de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Transparencia, el jefe superior del órgano de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley, caso en el cual su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos y deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión. Si bien, a efectos de denegar la entrega de la información en comento, la Intendencia no invocó de manera explícita ninguna de las causales de secreto previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, de las alegaciones que ha formulado ante este Consejo, debe necesariamente concluirse que tal denegación se ha fundado indirectamente en la causal de reserva prevista en el numeral 1, letra c) del artículo 21 aludido.

6) Que, el artículo 21 N° 1 literal c) establece como causal de reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de requerimientos cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Por su parte, el artículo 7° N° 1 literal c del Reglamento de la Ley, dispone que “se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales”.

7) Que, habiéndose acreditado por el organismo reclamado el hecho de que su archivo histórico fue gravemente dañado como consecuencia del terremoto acaecido el 27 de febrero de 2010, como el traslado del mismo a un container, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que la búsqueda exhaustiva de la información solicitada por el Sr. Mena en el literal b) de su presentación, afecta el debido cumplimiento de las funciones de la Intendencia, ya que la atención de su solicitud implica para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. En este sentido cabe tener presente que acorde con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

8) Que, en todo caso, cabe representar a la Intendencia el haber contravenido el referido artículo 16 de la Ley de Transparencia, por cuanto la respuesta dada al solicitante mediante el oficio Ord. Jur. N° 1.855, de 11 de octubre de 2012, no fue fundada de manera explícita, como lo exige dicha norma legal. Es más, aquella respuesta fue imprecisa y contradictoria con lo finalmente comunicado a este Consejo, toda vez que, primeramente, señaló de manera categórica que el documento solicitado no se encontraba disponible, debido a que formaba parte de los archivos que resultaron dañados y/o destruidos producto del terremoto ocurrido en 2010, mientras que a este Consejo señaló que se desconocía la existencia y paradero del documento requerido.

9) Que, además, llama la atención de este Consejo que a casi tres años del terremoto aludido, esa Intendencia no haya adoptado las medidas necesarias que permitan contar actualmente con un adecuado archivo documental y conocer los documentos que efectivamente se dañaron o destruyeron a causa del mencionado evento telúrico. Cabe recordar a esa Intendencia la importancia de contar con archivos institucionales administrados apropiadamente, toda vez que los documentos ahí existentes son susceptibles de ser requeridos por cualquier persona en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, derecho que tanto este Consejo, en la decisión C45-09, como el Tribunal Constitucional en su sentencia Rol N° 634/2006, de 9 de agosto de 2007, han reconocido como fundamental.

10) Que, por último, atendido lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, este Consejo estima procedente la derivación de la solicitud en comento a la Municipalidad de Concepción –que fue debidamente acreditada en esta sede–, ya que, estando la Intendencia imposibilitada de realizar la búsqueda de la información, dicho Municipio también resultaba competente para conocer de la misma.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Antonio Mena Velásquez, de 23 de octubre de 2012, en contra de la Intendencia de la región del Biobío, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sr. Intendente de la región del Biobío que al haber dado respuesta negativa a la solicitud de información del Sr. Mena sin fundar su contenido, infringió el artículo 16 de la Ley de Transparencia.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Intendente de la región del Biobío y a don Antonio Mena Velásquez.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.