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AFP Capital SA con Ministros Corte de Apelaciones Rol: 53109-2021

Corte Suprema, 31/08/2021

Se interpone recurso de queja contra ministros de Corte de Apelaciones. Corte declara inadmisible el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Inadmisible por improcedente


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • Ángela Vivanco M.
  • Diego Munita Luco
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

Al escrito folio N° 93986-2021: ocúrrase ante quien corresponda.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Diego Kother Kraemer, abogado, por AFP Capital S.A., en autos sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 583-2019, dedujo recurso de queja en contra de la

Tercera Sala conformada por los Ministros señor Juan Cristóbal Mera, señora Mireya López Miranda y señora Verónica Sabaj Escudero, por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar, el 29 de julio de 2021, la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad que se ejerció contra la decisión de amparo dictada por el Consejo para la Transparencia el 28 de octubre de 2019, en antecedentes Rol C1082-19, en cuya virtud se dispuso la entrega a la peticionaria doña Pamela Rojas González de "los mismos datos que entregaron al ciudadano Rodríguez, pero hasta marzo del 2018, notas explicativas", haciendo mención a la copia de las notas explicativas de los informes diarios D1 de las AFP desde el año 2002 hasta marzo de 2018.

Denuncia que tales faltas o abusos graves consisten en haber calificado como públicos, antecedentes que se encuentran calificados y regulados por la legislación actual como información privada, cuyo titular es la entidad privada, en contravención a la Ley N° 18.046 y a la Ley N° 18.045. Asimismo, por una errada interpretación de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285 y la falsa apreciación de los antecedentes del proceso, en virtud de lo cual se ha estimado pública información que no reviste dicho carácter.

Segundo: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales". Su acápite primero, que lleva por título "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Tercero: Que, en el marco del examen de admisibilidad del recurso de queja sub judice, conviene recordar que la Ley N° 20.285 ha venido en regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de aquel derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

En ese contexto, el artículo 24 de dicho cuerpo normativo confiere al requirente de información cuya petición ha sido expresa o tácitamente denegada, la posibilidad de solicitar el amparo de su derecho de acceso ante el Consejo para la Transparencia, órgano cuyo objeto consiste en promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.

Desde una perspectiva orgánica, su máximo estamento está constituido por su Consejo Directivo, integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, funcionarios que sólo cesan en sus cargos por expiración del plazo por el cual fueron designados, renuncia presentada ante el Presidente de la República, postulación a cargos de elección popular, incompatibilidad sobreviniente, o remoción dispuesta por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Como se puede apreciar, el Consejo para la Transparencia es un órgano colegiado, técnico, generado con la participación de dos poderes el Estado, imparcial, independiente, e integrado por miembros que gozan de estabilidad en sus cargos y ajenos a la Administración del Estado; que se encuentra llamado, entre otras funciones, a resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados.

Cuarto: Que, por su parte, los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285 confieren, al afectado por una decisión del Consejo para la Transparencia, la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, órgano jurisdiccional que debe dictar sentencia dentro del término de diez días contados a partir de la vista de la causa, sin que proceda recurso alguno en su contra.

Quinto: Que, como se aprecia de lo desarrollado en los dos motivos precedentes, la Ley N° 20.285 ha elaborado un sistema complejo de amparo del derecho ciudadano de acceso a la información pública, compuesto por dos etapas diversas: Una fase administrativa, ante el Consejo para la Transparencia, y la eventual revisión judicial de lo decido por éste, ante la Corte de Apelaciones respectiva. En común, en ambas etapas, la controversia es conocida por órganos colegiados, integrados por miembros independientes y siempre ajenos a la entidad pública requerida, previa tramitación de procedimientos contenciosos y adversariales dotados de las etapas necesarias para asegurar la debida cautela y el pleno respeto de los derechos del requirente, de la repartición requerida y de los terceros que pudieren tener interés en la publicidad, secreto o reserva de la información.

De esta manera, se está frente a un sistema dotado de dos niveles de revisión de la decisión administrativa denegatoria, asegurando con ello su control técnico, amplio, integral, y eficaz.

Sexto: Que, así, no puede sostenerse que, en la sentencia de 29 de julio de 2021, los jueces cuya decisión se impugna hayan incurrido en falta o abuso grave, pues tal resolución, en tanto comparte plenamente la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, es fruto de la revisión exhaustiva, sucesiva y consonante del conflicto, desarrollada en sede administrativa y luego judicial, proceso de análisis cuyo resultado uniforme permite concluir que los argumentos de la quejosa, que se limitan a reiterar las alegaciones desarrolladas en el reclamo y, por ende, no resultan aptos para alterar lo decidido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se declara inadmisible el recurso de queja deducido por don Diego Kother Kraemer, abogado, en representación de AFP Capital S.A., en lo principal de su presentación de fecha cuatro de agosto del año dos mil veintiuno.

A los otrosíes: estese a lo resuelto.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 53109-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A. y los Abogados (as) Integrantes Diego Antonio Munita L., Pedro Aguila Y. Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.