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Ejército de Chile con Consejo para la Transparencia Rol: 227-2021

Corte de Apelaciones de Santiago, 30/08/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Hernán Crisosto Greisse
  • Jorge Norambuena H.

Texto completo:

Santiago, treinta de agosto de dos mil veintiuno.

Visto:

En esta causa ingreso contencioso administrativo N° 227-2021, comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ejército de Chile, ambos domiciliados para estos efectos en calle Agustinas N° 1687, comuna y ciudad de Santiago, quien de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, deduce reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, representado por su presidenta doña Gloria de la Fuente González, ambas domiciliadas en calle Morandé 360, Piso 7, comuna de Santiago, atendida la Decisión de Amparo Rol C310-21, adoptada por su Consejo Directivo en sesión ordinaria N° 1165, de 16 de marzo de 2021 y notificada el 9 de abril de 2021 al Ejército de Chile.

Solicita que esta Corte declare la ilegalidad de la decisión amparo C310-21, adoptada por el Consejo para la Transparencia, declarando su ilegalidad, dejándola sin efecto y declarando que el Ejército de Chile actuó conforme a derecho al negar acceso a la información solicitada.

Habiéndose pedido informe, con fecha 25 de mayo último informó el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del reclamo de ilegalidad, y en definitiva mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol C310-21 de ese Consejo, que acogió el Amparo por Denegación de Acceso a la Información deducido, ratificándose la obligación del Ejército de Chile, de entregar la información controvertida, por cuanto a su respecto no se configuran las causales de reserva del Art. 21 N° 2, 3 y 5 de la LT.

Se decretó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, por el recurso de ilegalidad se impugna la resolución adoptada con fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno por el Consejo para la Transparencia, en el ingreso Rol C310-21, que resolvió acoger el amparo a su derecho de acceso a la información pública deducido por don Valentín Vera Fuentes.

Segundo: Que, la resolución pronunciada por el Consejo para la Transparencia en contra de la cual reclama de ilegalidad el Ejército de Chile, en lo resolutivo acogió el amparo, ordenando la entrega de la información, en los siguientes términos: "I. Acoger el amparo deducido por don Valentín Vera Fuentes en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de: i. Copia de los viajes al extranjero que ocuparon recursos fiscales durante el año 2018 al 2020 de los Generales del Ejército, identificados por nombre, viático pagado, si viaja "sin o con señora", y a qué país. Lo anterior, con excepción de aquella referida al monto individual de cada uno de los pasajes y a la ciudad de destino, la que deberá ser reservada, exclusivamente en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia. ii. Copia de la resolución del fiscal, de o los sumarios de Ricardo Olivos Reyno, haya sido sometido en su carrera militar".

Tercero: Que, el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ejército de Chile impugnó esta decisión, dando como fundamentos del reclamo los siguientes:

1).- La decisión de amparo infringe las causales de reserva contenidas en los N° 3 y 5 del artículo 21 de la ley N° 20.285, con relación con los artículos 126, 129 y 436 del Código de Justicia Militar y artículo 78 del Código de Procedimiento Penal. 1.1. El Consejo para la Transparencia erróneamente no reconoce la procedencia de las causales de reserva y secreto alegadas. a) Respecto de reserva impuesta por los artículos 127 y 129 del CJM, con relación al artículo 78 del Código de Procedimiento Penal. b) Respecto de la reserva impuesta por el artículo 436 del Código de Justicia Militar. 1.2.- El Consejo para la Transparencia actúa fuera de su competencia, efectuando exigencias no comprendidas en la ley. 1.3.- El Consejo para la Transparencia contraviene sus decisiones anteriores.

2.- La decisión de amparo infringe las causales de reserva contenidas en los N° 2 y 5 del artículo 21 de la ley N° 20.285, con relación con lo dispuesto la Ley N° 19.628, "Sobre protección de la vida privada" y 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y el articulo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar.

Pide en su reclamo de ilegalidad que se declare la ilegalidad de la Decisión Amparo C310-21, adoptada por el Consejo para la Transparencia, dejándola sin efecto y declarando que el Ejército de Chile actuó conforme a derecho al negar acceso a la información solicitada

Cuarto: Que, informando el Consejo para la transparencia señaló que las consideraciones tenidas en cuenta permitirán ilustrar a la Corte que la Decisión de Amparo C310-21 adoptada se ajustó a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que el Reclamo de Ilegalidad debe ser rechazado al no haberse incurrido en ninguna de las ilegalidades que se denuncian, haciéndose cargo de las alegaciones de la reclamante.

Quinto: Que, lo primero que debe tenerse en consideración para resolver esta controversia, es que las causales en que se permite una reserva, corresponden a excepciones a la publicidad, por lo que su interpretación, configuración y aplicación deben ser de carácter restrictivas, porque limitan el derecho de acceso a la información, que tiene el carácter de derecho fundamental reconocido en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República. Por ello, la Ley de Transparencia, en concordancia con el mandato constitucional dispuesto en el artículo 8° de la Constitución, en su artículo 21 estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, contemplando cuatro causales de secreto o reserva, exigiendo en cada una de ellas un examen de "afectación", por parte de los órganos encargados de resolver, como se desprende claramente del texto de éstas, por lo que no operan de pleno derecho como sostiene la reclamante.

Sexto: Que, en relación al primer motivo de impugnación, el Ejército alega que la decisión de amparo infringe las causales de reserva contenidas en los N° 3 y 5 del artículo 21 de la ley N° 20.285, con relación con los artículos 126, 129 y 436 del Código de Justicia Militar, del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal y 165 del Código Orgánico de Tribunales, por la existencia de una causa criminal en etapa de sumario, que se desarrolla con estricta reserva, por lo que debe mantenerse bajo ese secreto, salvo que la juez a cargo del mismo conceda "vista al sumario" o acceso de los antecedentes recopilados en él, a alguna de las partes del proceso, ya sea al querellante o procesado, lo que bastaría, por sí sólo, para justificar sobradamente la causal de reserva invocada por el Ejército, teniendo en cuenta que las normas que disponen el secreto esgrimido son consideradas como ley de quórum calificado por el poder constituyente, lo que habría sido resuelto por los tribunales superiores de justicia.

Séptimo: Que, la información cuyo acceso se ha dispuesto por el Consejo para la Transparencia, relativa a los viajes al extranjero que ocuparon recursos fiscales durante el año 2018 al 2020 por los Generales del Ejército, no constituyen una información que corresponda a una diligencia de investigación generada en la causa que instruye la Ministra de Fuero, sino que corresponden a documentos previos a esa instrucción, por lo que no se encuentra contemplada en la causal excepcional que esgrime la reclamante, porque no revelan actuaciones o estrategias de investigación del expediente en que se sigue el proceso penal, ni ponen en riesgo o afectan la tramitación del sumario que instruye la Ministra de Fuero. El secreto de la investigación se funda en la reserva de los antecedentes y documentos del expediente penal mismo, en resguardo de la eficacia de la investigación penal, lo que no acontece en este caso, en que sólo se ha dispuesto el acceso de copia de ciertos antecedentes que obraban en poder del Ejército, generados antes de esa instrucción, por lo que no es posible sostener que lo dispuesto en la ley respecto a la reserva del expediente penal se extienda a otros contenedores o archivos que obren en poder de los organismos públicos. El artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, es aplicable al procedimiento penal, y por lo mismo, debe interpretarse circunscrito a ese ámbito, sólo respecto de las diligencias de instrucción decretadas en la respectiva causa penal, no siendo compatible con la excepcionalidad con que deben interpretarse las excepciones a la publicidad, que se extienda más allá de la respectiva causa. Por consiguiente, no resulta aplicable en la especie el secreto que rige para el sumario penal regido por el Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, para la información que dispuso hacer pública el

Consejo para la Transparencia, porque estas normas sólo protegen las "actuaciones y diligencias del sumario", que consten en el respectivo expediente en que se sigue el proceso penal, no los documentos que tiene el Ejercito fuera del mismo e inclusive antes que se iniciara esa instrucción. En consecuencia, no se configura la causal excepcional de secreto del artículo 21 N° 5 de la LT., porque no existen antecedentes que permitan establecer que la entrega de la información que se ha dispuesto, afecte el éxito de la investigación penal, ni el debido cumplimiento de sus fines. Además, tampoco es posible sostener que se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales del Ejército, entidad que no es un interviniente en dicha causa, requisito esencial para declarar su reserva, porque lo investigado en el citado proceso versa respecto a la responsabilidad penal que le pudiere corresponder a funcionarios o ex funcionarios de la institución, pero no respecto del Ejército.

Octavo: Que, en consecuencia, se comparte lo que señala el Consejo para la Transparencia, que en la especie no es posible reservar la información simplemente porque se relaciona con antecedentes que han sido oficialmente requeridos al Ejército en causa rol 575-2014, por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Iltma. Corte Marcial, doña Romy Rutherford Parentti, ya que el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal establece el secreto únicamente respecto del expediente y las "actuaciones" que consten del sumario, es decir, de aquellas piezas del expediente o de alguna de las diligencias realizadas por Ministra en el mismo. Por consiguiente, el secreto establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal no alcanza a los antecedentes que ordenó entregar la decisión C310-21 que se impugna, pues dicha información no revela ninguna diligencia o actuación del expediente en que se substancia la causa penal, cuya publicidad pudiere impactar negativamente en el esclarecimiento de los hechos, afectar el éxito de la investigación, o impedir que se determine la responsabilidad de los inculpados.

Noveno: Que, por otro lado, respecto de la reserva impuesta por el artículo 436 del Código de Justicia Militar, señala el reclamante que en el caso que nos ocupa, estamos ante la solicitud de entrega de información referida a cuestiones que se declaran secretas por esta norma, dado que dicen relación con documentos relacionados directamente con la seguridad del Estado y la Defensa Nacional que, además, conciernen a los planes de operación y actividades vinculadas con armas de fuego, pertrechos y equipos militares, ya que los viajes de los Generales del Ejército evidentemente se relacionan con los planes de operaciones o de servicio del Ejército de Chile, en tanto su entrega, en los términos en que ha sido ordenada, permitiría establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible considerando que la labor del Alto Mando Militar en esas ocasiones no se relaciona, exclusivamente, con actividades internacionales de protocolo, sino que además se vincula con aspectos propios de su elevada función militar, esto es, con una adecuada gestión de la institución destinada a perfeccionar el estándar de empleo de la misma. En tal sentido, la finalidad de tales traslados puede incidir, entre otras cuestiones, en negociaciones destinadas a la adquisición de material bélico, en el cumplimiento o negociación de Memorándums de Entendimiento con ministerios de defensa o instituciones militares de otros Estados, vinculados, a su vez, con capacitación operativa militar, con ejercicios militares, con estudios o proyectos de inversión institucional o conjuntos que, a su turno, pueden estar referidos, por ejemplo, a capacidades estratégicas, etc. Por otro lado, la reserva decretada por el CPLT respecto del monto individual de cada uno de los pasajes y la ciudad de destino, en nada altera la anterior conclusión, ya que ordena informar el país de destino.

Décimo: Que, agrega el reclamante citando jurisprudencia, que la información que se ordena entregar relativa al detalle de los viajes realizados por el Comandante en Jefe de la Armada y los vicealmirantes de la institución en el periodo en que el primero ha estado a cargo de la misma, así como la fecha y? costo de los mismos, se encuentra amparada por la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que el propio Consejo para la Transparencia ha reconocido, siendo en virtud de aquello que, acudiendo al principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley N° 20.285, reserva la información respecto de los "lugares de los viajes realizados por el Alto Mando Institucional", en tanto "resulta plausible que la revelación del destino específico de los citados viajes, los que podrían eventualmente repetirse en el tiempo y dar cuenta de una determinada frecuencia de destino, pudiere revelar y permitir concluir, -con cierta facilidad- el objeto que han tenido dichos viajes, por ejemplo: negociaciones de compra de material bélico, relaciones militares internacionales protocolares, para el cumplimiento o negociaciones de Memorándums de Entendimientos con otros ministerios de defensa o instituciones militares de distintos Estados, que digan relación con capacitación operativa militar, ejercicios navales, estudios o proyectos de inversión institucionales o conjuntos, referidos a capacidades estratégicas, entre otros".

Undécimo: Que, se rechazará también esta alegación, porque sin perjuicio que el reclamante no precisa de qué manera podrían afectarse de manera cierta y determinada esos fines que describe, para este caso en particular, como lo señala el Consejo para la Transparencia, en la presente cusa es posible sostener que la información consultada, no dice relación con antecedentes ni datos relativos a la Defensa Nacional o la Seguridad de la Nación, con la cual pudiera develarse información específica relativa a la estrategia, inteligencia o defensa militar o con planes de operación de las Fuerzas Armadas, ya que la información requerida se relaciona con el uso de recursos fiscales por parte de los funcionarios públicos consultados así como también si en dichos cometidos participaron las cónyuges de los referidos servidores, materias que por el tipo de función que desempeñan y la investidura de sus cargos, justifican la existencia de un interés legítimo para autorizar se pueda acceder a los antecedentes necesarios para un efectuar un debido control. En este sentido, el acceso a dicha información permite a la ciudadanía realizar un escrutinio sobre el adecuado uso de los recursos públicos, resguardando el correcto ejercicio de las funciones públicas, que deben cumplirse bajo el principio de probidad. Sobre este punto, y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de la Republica y en el artículo 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de todos funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser empleados públicos al servicio de la misma.

Duodécimo: Que, por otro lado, para configurar la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la LT, es necesario además de lo señalado en el artículo 436 del CJM y el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, que su publicidad provoque o tenga la potencialidad de provocar un daño presente, probable, concreto y específico a algunos de los bienes jurídicos protegidos del artículo 8° de la Constitución, efectuando el correspondiente examen de afectación o test de daño a fin de determinar el perjuicio que podría traer aparejado a los bienes jurídicos indicados, lo que el Consejo para la Transparencia al resolver el amparo realizó, lo que le permitió concluir, que no se afecta el éxito de la investigación penal ni la seguridad nacional con la publicidad de la información ordenada proporcionar, pues ésta no devela diligencias investigativas y tampoco se refiere a información técnica militar, ni implica revelación de procedimientos, o estrategias de actuación del Ejército de Chile, ni obstaculiza la planificación de operaciones tácticas de inteligencia o contrainteligencia, ni procedimientos de defensa, relativos a la seguridad nacional, máxime cuando el Consejo para la Transparencia señala en su informe que recogió parte de las alegaciones del Ejército, y reservó el destino de los viajes efectuados.

Décimo Tercero: Que, respecto a la alegación relativa a que el Consejo para la Transparencia actúa fuera de su competencia, efectuando exigencias no comprendidas en la ley, señala la reclamante que la causal del artículo 21 N° 5 es una causal objetiva, de redacción diferente a las anteriores, cuyo tenor no permite realizar tal análisis de "afectación" que si podría realizarse en virtud de las causales 1 a 4, toda vez que en lo relativo a esa última, es el propio constituyente en el artículo 8° quien entrega esta potestad al legislador, al señalar que "solo una? ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Agrega que esto es aún más evidente y grave si consideramos que la propia Ministra en Visita doña Romy Grace Rutherford Parentti instruyó al Ejército, en orden a no poner en conocimiento público la información que dice relación con el proceso Rol N° 575-2014 por tratarse de una causa que se encuentra en estado de sumario, oficio judicial acompañado en los descargos del amparo. Sólo cabe al CPLT respetar la decisión legislativa de mantener el secreto o reserva de la información así declarada, sin que le sea lícito ponderar las consideraciones que el legislador hubiere tenido en cuenta para ello. En particular, se ha resuelto que no cabe exigir por el CPLT prueba de la afectación, para lo cual basta el ejercicio lógico deductivo de encontrarse lo solicitado dentro de la información cuyo secreto o reserva ha dispuesto la ley de quórum calificado, puesto que la ley efectuó la ponderación ex ante.

Décimo Cuarto: Que, se rechazará también esta alegación, porque se concuerda con lo que señala el Consejo para la Transparencia, que "no está creando por vía interpretativa requisitos no previstos en el ordenamiento jurídico, ni está excediendo el límite de sus atribuciones, al interpretar el artículo 436 del CJM y el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, y ponderar en concreto el daño o afectación que la publicidad de lo pedido pudiere provocar a los bienes jurídicos resguardados constitucionalmente, pues si bien sólo a través de una Ley de Quórum Calificado se puede limitar el Principio de Publicidad de los Actos de la Administración, siempre y cuando, se afecten los bienes jurídicos protegidos que el propio artículo 8° contempla", como lo ha señalado anteriormente esta Corte, no basta la mera referencia a una casual de secreto o reserva contenida formalmente en una ley de quórum calificado, sino que éstas deben ser acreditadas, dando cuenta de qué forma se afecta alguno de los bienes jurídicos que señala el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en cada caso en particular. En consecuencia, se comparte el argumento que señala el Consejo para la Transparencia, que la aplicación de la causal de reserva en comento no es automática, como sostiene la parte reclamante, ya que la jurisprudencia ha establecido que para encontrarse frente a un acto o documento reservado en virtud de una norma a la cual se le atribuya el estándar jerárquico señalado en el numeral 5 del artículo 21 de la LT, es necesario que se realice el proceso de reconducción material y que el órgano público acredite la real afectación del bien jurídico protegido, para el caso concreto.

Décimo Quinto: Que, en este mismo sentido, viene al caso reiterar, que la regulación contenida en el artículo 8° de la Constitución, forma parte de las bases de la institucionalidad y un principio fundamental en el que la regla general es la publicidad y el secreto la excepción, que obliga sin distinción a todos los órganos del Estado, debiendo efectuarse de manera restrictiva la interpretación de las excepciones, por lo que es procedente efectuar la reconducción material y el test de daños, al caso concreto, sin que baste citar normas legales que no resultan atingentes a la información precisa que se solicita en la situación concreta y determinada, y en cuanto a la forma de interpretar y aplicar las causales de reserva establecidas en virtud de una ley de quórum calificado, entre las que se encuentra el artículo 436 del CJM y el artículo 78 del Código Procesal Penal. No basta la sola existencia o cita a dichas normas dictadas con anterioridad a la reforma constitucional del año 2005 para dar lugar al secreto, sino que además es necesario que el Consejo para la Transparencia, en cuanto organismo facultado para ello, pueda evaluar, en concreto, la afectación al bien jurídico que se trata de proteger.

Décimo Sexto: Que, en consecuencia, se considera que decidió conforme a derecho el Consejo para la Transparencia, al considerar que los antecedentes cuya publicidad ha dispuesto no quedan comprendidos dentro de lo que se ha entendido por seguridad de la nación, porque no se trata de información que se encuentre directamente relacionada con las actividades de seguridad y defensa de la Nación, ni relevan estrategias militares, que despliega por mandato legal esa institución, ni tampoco ponen en riesgo la defensa de la patria, ni la integridad territorial, ni la preservación del orden institucional del país, tratándose simplemente de antecedentes administrativos relacionados con comisiones de servicio, datos a partir de los cuales no es posible revelar la capacidad militar del Ejército de Chile. Asimismo, no es posible arribar a la conclusión que el solo conocimiento de lo antes señalado afecte la defensa de la patria o la seguridad nacional, en tanto funciones esenciales que debe resguardar el Ejército de Chile.

Décimo Séptimo: Que, por último, respecto a la impugnación que hace el Ejército, que de ordenarse entregar la "Copia de la resolución del fiscal, de o los sumarios de Ricardo Olivos Reyno, haya sido sometido en su carrera militar", con ello se infringen las causales de reserva contenidas en los N° 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, con relación con lo dispuesto la ley "Sobre protección de la vida privada" y 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, porque de conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, su parte dispuso dar traslado del amparo al tercero interesado, quien mediante presentación de fecha 5 de marzo de 2021, formuló descargos, en los que, en resumen, manifestó que ejerciendo el derecho de oposición que confiere a los terceros afectados el artículo 20 de la Ley de Transparencia, expresó, en forma fundada, la voluntad en contrario a proporcionar al requirente el antecedente que se le denegara. Indica que el derecho al olvido es un principio del derecho, propio de la buena convivencia que reconoce expresamente el artículo 21 de la Ley N° 19.628, que tiene su fundamento en la garantía constitucional del artículo 19, N° 4 de la Carta Fundamental, que protege el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Señala que, de los términos expresados en el amparo, es posible presumir con cierto grado de certeza, el mal uso que seguramente le daría el peticionario a un documento como el requerido, produciendo daño, no solo a su persona, sino que particularmente a su familia.

Agrega que la defensa fiscal se encuentra legitimada para invocar la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, como se ha fallado antes, y que la Ley N° 19.628, en su artículo 7, establece que "Las personas que trabajen en el tratamiento de los datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como así mismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo". Por su parte, el artículo 21 de la misma ley, indica "Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena. Exceptuase los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de Justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5°, 7°, 11 y 18".

Señala que lo que se está protegiendo es un derecho fundamental garantizado por la Constitución en el Art. 19 N° 4, esto es, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Al ser un derecho que emana de la persona humana está reconocido y consagrado constitucionalmente y, por lo tanto, es un bien jurídico superior al Principio de Transparencia que debe ser respetado y resguardado, y es por ello que la Ley de Transparencia contempla como una causal de reserva o secreto de la información, el hecho de que su publicidad, conocimiento o comunicación afecta a los derechos de las personas, según el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285.

Añade que respecto a este punto, el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas la no afectación de los derechos en su esencia. Esta norma estableció que el legislador, con el pretexto de regular o implementar un derecho constitucional o de limitarlo en los casos en que la misma Carta Fundamental lo autoriza, no puede afectar los derechos en su esencia, puesto que ello equivaldría a desconocer la garantía y violar la voluntad del Constituyente. Si esta limitación esta impuesta al legislador, con mayor razón la norma debe ser respetada por los órganos del Estado, en este caso, el Ejército y el Consejo para la Transparencia. De lo anterior, cabe concluir que las sanciones administrativas cumplidas son secretas o reservadas, más aún si se trata de una resolución que data del año 1988, época en que el señor Ricardo Olivos Reyno, detentaba el grado de Alférez.

Por su parte, del artículo 436 del Código de Justicia Militar, establece precisamente una causal de secreto y/o reserva al expresar "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 1° Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile y de su personal", de lo que se sigue que "la resolución del fiscal, de o los sumarios de Ricardo Olivos Reyno, haya sido sometido en su carrera militar", son secretos porque se refieren a documentación que dice relación con las plantas o dotación del Ejército.

Décimo Octavo: Que, al informar el Consejo para la Transparencia alegó que el Ejército de Chile carece de legitimación activa para invocar la causal de secreto o reserva contenida en el art. 21 N° 2 de la LT, bajo el argumento de que la revelación de la información afectaría los derechos a la vida privada y la honra del oficial sancionado, no pudiendo alzarse como agente oficioso de terceros, menos aun cuando éste ha optado por no reclamar de ilegalidad en defensa o protección de sus derechos.

Décimo Noveno: Que, se acogerá el argumento que señala el Consejo para la Transparencia en este sentido, porque el reclamo se funda en la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la LT, por considerar el Ejército que el acceso a la información afecta los derechos a la vida privada, intimidad y honra del oficial sumariado Ricardo Olivos Reyno, porque tal oposición debió ser planteada por el propio interesado afectado, y no por el órgano requerido, no pudiendo éste alzarse como agente oficioso del mismo.

Por otro lado, se debe considerar que el Consejo para la Transparencia señaló en su informe, que el funcionario público fue legalmente notificado de la decisión de amparo C310-21, mediante el Oficio N° 7287, de 29 de marzo de 2021, siendo recepcionado el correo electrónico con fecha 30 de marzo de 2021, respectivamente, optando por no reclamar de ilegalidad en defensa de sus derechos, lo que importa sostener que el oficial mencionado en la solicitud renunció tácitamente a invocar la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la LT y cualquier otra alegación que vaya en la línea de la afectación de sus derechos. Agrega en este mismo sentido, que conforme a lo señalado en el artículo 25 de la LT, procedió durante la tramitación del amparo, a conferir traslado a los terceros de la interposición del amparo C310-21, quien mediante presentación de 5 de marzo de 2021, manifestó su oposición a la entrega de los antecedentes solicitados en aplicación de lo previsto en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, y 19 N° 4 de la Constitución, por estimar que la divulgación afectaría su honra. En consecuencia, dado que el tercero fue oído durante la tramitación del amparo y notificado por este Consejo de la decisión C310-21, el órgano requerido no se encuentra facultado para reclamar de ilegalidad, a diferencia de la situación de los "terceros afectados", a quienes la norma les reconoce expresamente la facultad de recurrir en contra de la determinación del Consejo para la Transparencia, ello por expresa disposición del inciso 3° del artículo 28 de la LT, que señala claramente " El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad al artículo 20 ", por lo que no tendría sentido que el legislador hubiere regulado expresamente el derecho de oposición, tanto ante el órgano requerido, como ante el Consejo para la Transparencia, y el derecho a reclamar de ilegalidad para los terceros, si los órganos de la Administración igualmente pudieran hacerlo oficiosamente, pues en tal caso, se tornaría inútil y carente de todo efecto práctico la regulación legal contenida en los artículos 20, 25, y el inciso 3° del artículo 28 de la LT.

Vigésimo: Que, en lo que se refiere a la invocación que realiza el reclamante a los artículos 7 y 21 de la Ley N° 19.628 de 1.999, esta Corte considera que el Consejo para la Transparencia decidió conforme a la legalidad, porque éstas son normas que deben necesariamente ser interpretadas a la luz de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política, que consagra la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. La voz "tratamiento de datos" contenida en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, no comprende la entrega del acto administrativo que ordenó imponer una sanción al oficial sancionado, sino que a otras operaciones relativas a los datos contenidos en registros o bancos de datos.

Vigésimo Primero: Que, por consiguiente, considera esta Corte que el Consejo para la Transparencia, obró conforme a la legalidad vigente, al interpretar esas normas conforme al principio general de publicidad consagrado en la Constitución Política de la República y a lo que disponen los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, que considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, lo que no acontece en este caso.

Vigésimo Segundo: Que, por lo mismo, es posible sostener que el contenido de resoluciones que aplican medidas disciplinarias es público, sin que a su respecto, se configure la causal de reserva del numeral 2 del art. 21 de la LT, porque los funcionarios públicos, independientemente del tipo de vínculo contractual que mantengan con la Administración del Estado, detentan un ámbito de vida privada más restringido que los empleados de cualquier empresa privada, pues al desempeñar su trabajo realizan una función pública que debe ejercerse con probidad y transparencia, tal como lo establecen los artículos 8° de la Constitución y 3° y 4° de la Ley de Transparencia.

Vigésimo Tercero: Que, en consecuencia, por considerar esta Corte que la Decisión de Amparo C310-21 adoptada por el Consejo para la Transparencia se ajustó a la legalidad vigente, conformándose con los fines que buscó el constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública, se rechazará el reclamo presentado por no haberse incurrido en ninguna de las ilegalidades que se denuncian.

Por estas consideraciones y con arreglo a lo que dispone el artículo 30 de la Ley N° 20.285, se rechaza, el reclamo deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ejército de Chile, en contra de la Decisión Amparo Rol C310-21, adoptada por su Consejo Directivo en sesión ordinaria N° 1165, de 16 de marzo de 2021 y notificada el 9 de abril de 2021 al Ejército de Chile.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Fiscal Judicial señor Jorge Luis Norambuena Carrillo.

No firma el Abogado Integrante señor Montt, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 227-2021 (Contencioso Administrativo)

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G. y Fiscal Judicial Jorge Luis Norambuena C. Santiago, treinta de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.