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Comisión para el Mercado Financiero con Ministros Corte de Apelaciones de Santiago Rol: 95003-2020

Corte Suprema, 02/09/2021

Comisión para el Mercado Financiero interpone recurso de queja contra los Ministros de la Corte de Apelaciones, por las faltas y abusos graves cometidos al rechazar reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia. La Corte Suprema rechaza el recurso de queja deducido


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • Ángela Vivanco M.
  • Mario Carroza Espinoza

Texto completo:

Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado CRISTIÁN CARMONA LARRAÍN, en representación de la Comisión para el Mercado Financiero, en autos sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos Contencioso Administrativo N° C-341-2020, dedujo recurso de queja en contra de los Ministros señores Juan Manuel Muñoz Pardo, Fernando Ignacio Carreño Ortega y Tomás Guillermo Gray Gariazzo, por las faltas y abusos que habrían cometido al dictar, el 7 de agosto de 2020, la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la decisión de amparo adoptada por el Consejo Para la Transparencia el 2 de junio de 2020, en antecedentes Rol C-6228-2019, en cuya virtud se dispuso la entrega a la peticionario Victoria Alarcón González de: "información en que se responda si la empresa Inversiones y Tarjetas S.A. se encuentra obligada a informar periódicamente de sus operaciones en conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 18.010 y, en caso de ser efectivo, si ha cumplido o no con dicha obligación, señalando la periodicidad con la que informa y haciendo mención al contenido de lo informado, y que responda si la empresa ha reportado haber cobrado comisiones o cargos por las operaciones de avance en efectivo.".

Segundo: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales". Su acápite primero, que lleva por título "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Tercero: Que conviene recordar que la Ley N° 20.285 ha venido en regular el principio general de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de aquel derecho y para su amparo, así como las excepciones a la publicidad de la información.

En ese contexto, el artículo 24 de dicho cuerpo normativo confiere al requirente de información cuya petición ha sido expresa o tácitamente denegada, la posibilidad de solicitar el amparo de su derecho de acceso ante una autoridad especial, consistente en el Consejo para la Transparencia, órgano cuyo objeto consiste en promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información.

Desde una perspectiva orgánica, su máximo estamento está constituido por su Consejo Directivo, integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, funcionarios que sólo cesan en sus cargos por expiración del plazo por el cual fueron designados, renuncia presentada ante el Presidente de la República, postulación a cargos de elección popular, incompatibilidad sobreviniente, o remoción dispuesta por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría, o a petición de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Como se puede apreciar, el Consejo Para la Transparencia es un órgano colegiado, técnico, generado con la participación de los poderes ejecutivo y legislativo, compuesto por miembros que gozan de estabilidad en sus cargos e integran la Administración del Estado, actuando en esta materia como fiscalizadores. Ellos se encuentran llamados, entre otras funciones, a resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados, determinación que debe adoptar con sujeción estricta, en especial, a los principios de legalidad, contradictoriedad e imparcialidad, directrices que le exigen actuar con objetividad en la tramitación y en la decisión que adopte (artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y artículo 11 de la Ley N° 19.880).

Cuarto: Que, por su parte, los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285 confieren, al afectado por una decisión del Consejo Para la Transparencia, la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, órgano jurisdiccional que debe dictar sentencia dentro del término de diez días contados a partir de la vista de la causa, sin que proceda recurso alguno en su contra.

Quinto: Que, como se aprecia de lo desarrollado en los dos motivos precedentes, la Ley N° 20.285 ha elaborado un sistema complejo de amparo del derecho ciudadano de acceso a la información pública, compuesto por dos etapas diversas: Una fase administrativa, ante el Consejo Para la Transparencia, y la eventual revisión judicial de lo decido por el Consejo, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En común, en ambas etapas la controversia es conocida por órganos colegiados, integrados por miembros independientes, sujetos al principio de imparcialidad y siempre ajenos a la entidad pública requerida, previa tramitación de procedimientos contenciosos y adversariales dotados de las etapas necesarias para asegurar la debida cautela y el pleno respeto de los derechos del requirente, de la repartición requerida y de los terceros que pudieren tener interés en la publicidad, secreto o reserva de la información.

De esta manera, se está frente a un sistema dotado de dos niveles de revisión de la decisión administrativa denegatoria, asegurando con ello su control técnico, amplio, integral, y efectivo.

Sexto: Que, así, no puede sostenerse que, en la sentencia de 7 de agosto de 2020, los jueces cuya decisión se impugna hayan incurrido en falta o abuso grave, pues tal resolución, en tanto comparte plenamente la decisión de amparo del Consejo Para la Transparencia, es fruto de la revisión exhaustiva, sucesiva y consonante del conflicto, desarrollada en sede administrativa y luego judicial, proceso de análisis cuyo resultado uniforme permite concluir que los argumentos de la quejosa, que se limitan a reiterar las alegaciones desarrolladas en el reclamo, no resultan aptos para alterar lo decidido.

Séptimo: Que, por lo demás, se debe tener presente que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".

Así, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en faltas o abusos graves, constituidos por errores u omisiones manifiestos e igualmente graves.

Octavo: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los juezas recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, toda vez que resolvieron en el sentido expresado en lo dispositivo haciendo uso de su facultad de interpretar las disposiciones legales aplicables.

Noveno: Que, por lo demás, esta Corte considera importante señalar que la declaración de inaplicabilidad dispuesta por el Tribunal Constitucional en causa Rol N° 9237-20-INA respecto de los artículos 5° inciso 2° y 10 de la Ley N° 20.285 carece de relevancia, toda vez que el referido requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad fue entablado por los recurrentes de queja con posterioridad a la fecha de emisión del fallo en que incide el presente arbitrio, esto es, el 4 de septiembre de 2020, de modo que mal pudieron los sentenciadores haber tenido en consideración lo resuelto por el Tribunal Constitucional, al momento de adoptar la decisión que se busca dejar sin efecto por esta vía disciplinaria y que confirma lo ya resuelto por la autoridad administrativa, esto es, que se trata de información pública a la cual se debe dar acceso.

Décimo: Que lo anteriormente consignado no significa necesariamente compartir la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho efectuada por los jueces recurridos, sino que únicamente refiere que la interpretación del ordenamiento jurídico efectuada por los recurridos no puede dar pábulo al ejercicio de facultades disciplinarias.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se desecha el recurso de queja deducido en representación Comisión para el Mercado Financiero, por don Cristián Carmona Larraín, abogado, en lo principal de su presentación de trece de agosto del año dos mil veinte.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Ravanales.

Rol N° 95003-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. Mario Carroza E. y por el Abogado Integrante Sr. Pedro Águila Y. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Muñoz por estar con permiso.

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A., Mario Carroza E. y Abogado Integrante Pedro Aguila Y. Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dos de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.