logo
 

ISAPRE NUEVA MASVIDA SA con Consejo para la Transparencia Rol: 510-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 09/09/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Jorge Norambuena H.
  • LILIAN ATENAS LEYTON VARELA

Texto completo:

Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece don Luis Romero Strooy, en representación, según se acreditará de ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A., Institución de Salud Previsional, RUT N° 96.504.160-5, con domicilio en calle Miraflores N° 383, oficina 1502, comuna y ciudad de Santiago, y conforme a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información interpone reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, RUT N° 61.979.430-3, representado por don Jorge Jaraquemada Roblero, ambos domiciliados para estos efectos en calle Morandé 360, Piso 7, comuna y ciudad de Santiago, por la Decisión sobre Amparos Roles C2763-20 y C2773-20, adoptada por el Consejo Directivo en sesión ordinaria N° 1125 el día 25 de agosto de 2020, notificada a su parte a través de correo electrónico con fecha 31 de agosto de 2020 mediante Oficio N° E14557, la que acoge totalmente los amparos deducidos por doña Patricia Díaz Montenegro.

Señala que la resolución de amparo es la siguiente:

I. "Acoger los amparos roles C2763-20 y C2773-20, deducidos por doña Patricia Díaz Montenegro en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Salud, lo siguiente:

a) Hacer entrega a la reclamante de copia del convenio suscrito por ISAPRE Nueva MásVida S.A. con Farmacias Ahumada S.A., tanto por garantías explícitas de salud (GES), excedentes y/o afinidad, vigentes al 21 de septiembre de 2019 y 21 de marzo de 2020.

Para lo anterior, deberá tarjar todos los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en los documentos. A su vez, se ordena la reserva de los montos pactados por concepto de indemnización, publicitarios y descuentos especiales al personal que se describe, por cuanto revisten una relevancia legal y comercial de tipo estratégica, razón por la cual quedan comprendidos dentro de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

b) Cumplir con lo resuelto en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar el cumplimiento de lo ordenado, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar la observancia de las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Patricia Díaz Montenegro, al Sr. Superintendente de Salud, a ISAPRE Nueva Masvida S.A. y Farmacias Ahumada S. (El subrayado es nuestro).

Expresa que doña Patricia Díaz Montenegro presenta solicitudes de acceso de información a través del portal de transparencia mediante presentación N° de Ingreso AO006T0003592 y AO006T0003593, ambas de fecha 14 de abril de 2020, donde requirió a la Superintendencia de Salud la siguiente información:

- "Copia de los convenios suscritos por Isapre Nueva Masvida S.A. con cadenas de farmacias o prestadores farmacéuticos y que se encontraban vigentes al 21 de septiembre de 2019, tanto por GES, Excedentes y /o Afinidad".

- "Copia de los convenios suscritos por Isapre Nueva MásVida S.A. con cadenas de farmacias o prestadores farmacéuticos vigente al 21 de marzo de 2020, tanto por GES, Excedentes y/o Afinidad".

Dichas solicitudes fueron respondidas por la Superintendencia de Salud mediante Resolución Exenta SS/N° 430 y Resolución Exenta SS/N° 417, respectivamente, ambas de fecha 04 de mayo de 2020, denegando la entrega de la información solicitada por oposición expresa y fundada de Isapre Nueva MásVida S.A., manifestada en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. La oposición se fundó en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 del mismo cuerpo legal esto es: "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

Frente a tal negativa, la solicitante interpuso el amparo respectivo ante el H. Consejo de la Transparencia, el cual, finalmente, fue objeto de conocimiento por parte del H. Consejo de la Transparencia con fecha 25 de agosto de 2020, entidad que, de manera infundada, y con un escueto y superficial análisis del contenido del convenio, optó por acoger la acción deducida, ordenando entregar la información requerida poniéndola a disposición de la solicitante.

Solicita se tengan por reproducidos todos los argumentos y fundamentos que Isapre Nueva MásVida S.A. efectuó en sede de Amparo para impedir la revelación de la información requerida, los que en resumen sostienen:

1. La información que el CPLT ha ordenado entregar no constituye información pública susceptible de ser requerida en el marco de una solicitud de acceso a la información pública, pues es de origen y naturaleza privada, y

2. En el evento de que se considerare que los antecedentes requeridos constituyen información pública, a su respecto concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

La decisión de los Amparos Roles C2763-20 y C2773-20 debe necesariamente ser dejada sin efecto, pues fue dictada en contra de norma constitucional y legal expresa, por cuanto la información que ordena sea entregada no es información pública o generada por una entidad pública, sino que constituye información privada, originada por una institución privada, y cuyo titular es una entidad privada, la cual fue excepcionalmente puesta en conocimiento de la Superintendencia de Salud.

Expresa que es relevante lo señalado en el artículo 107 del D.F.L N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, el cual, respecto a la "facultad de fiscalización" que posee la Superintendencia de Salud respecto de las Isapres, señala que: "Corresponderá a la Superintendencia supervigilar y controlar a las instituciones de salud previsional, en los términos que señale este Capítulo, el Libro III de esta Ley y las demás disposiciones legales que sean aplicables, y velar por el cumplimiento de las obligaciones que les imponga la ley en relación a las Garantías Explícitas en Salud, los contratos de salud, las leyes y los reglamentos que las rigen."

Por su parte, el artículo 110 N° 3 del ya referido Decreto, señala que "Corresponderán a la Superintendencia, en general, las siguientes funciones y atribuciones: 3.- Fiscalizar a las Instituciones de Salud Previsional en los aspectos jurídicos y financieros, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y aquellas que emanen de los contratos de salud.

La Superintendencia impartirá instrucciones que regulen la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros".

El inciso final del artículo 171 del Decreto en comento señala que "Las Instituciones serán fiscalizadas por la Superintendencia sin perjuicio de la fiscalización o supervigilancia a que puedan estar sujetas de conformidad con el estatuto jurídico que las regula".

A su vez, el artículo 218 del D.F.L ya aludido dispone que: "Las Instituciones deberán comunicar a la Superintendencia todo hecho o información relevante para fines de supervigilancia y control, respecto de ellas mismas y de sus operaciones y negocios.

La Superintendencia impartirá instrucciones de general aplicación que regulen los casos, la forma y oportunidad en que deberá cumplirse con esta obligación.

Las Instituciones podrán comunicar, en carácter de reservados, ciertos hechos o informaciones que se refieran a negociaciones aún pendientes que, al difundirse, puedan perjudicar el interés de la entidad."

Indica que de lo anterior se desprende que su representada, acatando un requerimiento extraordinario del ente fiscalizador, y en el contexto de una fiscalización extraordinaria envió a la Superintendencia los convenios suscritos con prestadores farmacéuticos, respecto de los cuales no existe obligación legal de depósito o entrega voluntaria, por lo que la información estratégica y reservada de su representada, que se ha ordenado entregar, no es de carácter pública ni de acceso público, sino que, por el contrario, es privada, encontrándose cautelada su reserva por el artículo 8° de la Carta Fundamental y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Trasparencia. Lo señalado, se ha visto respaldado por la jurisprudencia de los tribunales de justicia, citando al respecto el Rol Ingreso N° 943-2010, de esta Corte, el Rol N° 12.509-2019, de la Excma. Corte Suprema y el Rol N° 4986-18-INA del Tribunal Constitucional.

Indica que, de los preceptos antes transcritos, queda de manifiesto que no existe normativa legal alguna a partir de la cual se pueda concluir que la clase de información que ha sido requerida por doña Patricia Díaz Montenegro deba ser de acceso público y entregada a terceros ajenos al convenio.

Especial relevancia cobra el considerando 4° de la Decisión recurrida, en virtud del cual el Consejo para la Transparencia invoca en su argumentación lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, que contiene una abusiva y errada interpretación al precepto constitucional, que la torna en ilegal, al considerar que la documentación requerida por doña Patricia Díaz Montenegro formaría parte de los procedimientos de fiscalización que ejecuta la Superintendencia siendo una "manifestación del ejercicio de su facultad legal de supervisión y control que le compete respecto de las Instituciones de Salud Previsional, en las que además solo contempla una reserva respecto de negociaciones pendientes, lo que no acontece en la especie".

Expresa que desde la perspectiva que se ha venido señalado, la labor de fiscalización a que alude el Consejo para la Transparencia en la decisión reclamada, y de un modo más específico, la recepción de información en el marco de las atribuciones de fiscalización que corresponden a un ente público, en este caso, a la Superintendencia de Salud, no parecen encuadrarse en el marco de un procedimiento administrativo de acuerdo a lo que establece la ley 19.880.

Señala que la decisión de los Amparos Roles C2763-20 y C277320 debe necesariamente ser dejada sin efecto por cuanto la información a la que mediante ella se permite acceder, corresponde a información de carácter sensible y reservada, por lo que se encuentra protegida por la causal de reserva del numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Agrega que la decisión de amparo, luego de incurrir en una primera ilegalidad al considerar sin sustento normativo que la información requerida es pública, incurre en una segunda ilegalidad consistente en no aplicar un precepto legal y desestimar y no convalidar la configuración de una causal de reserva expresamente consagrada en la Ley de Transparencia, contemplada en su artículo 21 N° 2.

Indica que si bien el artículo 5° de la referida Ley establece que aspectos de los actos y resoluciones de la Administración del Estado son públicos, adicionando una presunción de publicidad al respecto, dicha norma ha sido declarada inaplicable por inconstitucional en un sin número de requerimientos deducidos ante el Excmo. Tribunal Constitucional, por cuanto claramente excede con creces lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República. Sin perjuicio de lo anterior, es claro que la publicidad declarada por dicha norma no es absoluta, pues, de acuerdo a lo señalado en el mismo artículo, existen excepciones, las cuales se encuentran señaladas en el artículo 21 del mismo cuerpo legal.

Explica que tan evidente y cuestionable resulta la extensión y aplicación ilegal que el CPLT ha estado efectuando a la norma del artículo 5° de la Ley de Transparencia, que recién, en el marco del Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 20.285, denominado "Transparencia 2.0", Boletín 12.100-07, se viene a regular expresamente que se considerará pública la información "que obre en poder de los órganos del Estado cuando haya sido entregada en virtud de un mandato legal o a requerimiento de dichos órganos, en ejercicio de sus competencias...".

En este contexto, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia, existe la posibilidad de negar ya sea absoluta o parcialmente cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

Con la divulgación de la información a la que pretende tener acceso la señora Díaz Montenegro, se afectan los derechos económicos y comerciales de Isapre Nueva Masvida S.A. así como de las contrapartes de los convenios y, por ende, en los derechos y beneficios de los afiliados de la Isapre. Dicho en otras palabras, no se trata en la especie de información que su representada no quiera dar a conocer por mero capricho, sino que se está en presencia de información, estrategias comerciales de alta complejidad con esquemas de beneficios largamente negociados entre las partes, a objeto de obtener los mejores beneficios para los afiliados y beneficiarias de Isapre Nueva MásVida, mejorando la competitividad del sistema. Dicha información, altamente sensible, dice relación con estrategias para optimizar los beneficios hacia los afiliados, dentro del giro de la Isapre y cuya divulgación, por ende, perjudicaría a ella, sus contrapartes comerciales y a sus afiliados y beneficiarios, lo que en su oportunidad fue informado a la Superintendencia de Salud como un "Hecho Relevante".

Agrega que el acuerdo comercial aludido consta en un documento de más de 40 páginas más, sus anexos, donde se detalla una compleja estructura de beneficios y la respectiva forma de implementación de los mismo, cuestión que en sí tiene un alto valor estratégico-comercial que en caso alguno se mitiga con la indicación del CPLT en orden a tarjar los montos, ya que es el esquema de beneficios pactado luego de largas y complejas negociaciones lo que constituye el mayor valor y elemento diferenciador en la estrategia comercial de la isapre para con sus afiliados.

Indica que llama la atención que el CPLT en el considerando 8° de la decisión reclamada catalogue y se refiera tan livianamente al convenio, señalando que a su juicio sus cláusulas "constituyen normas de derecho y conocimiento común", sin que se entienda que quiso decir con ello, además de atribuirse un conocimiento que no posee para interpretar qué es estratégico para las partes de una relación comercial privada en una industria tan especializada.

Agrega que no deja de parecer extraño que el Consejo para la Transparencia haya desconocido esta realidad en la decisión reclamada, no obstante que en la especie concurran todos los requisitos que él mismo ha establecido para que opere la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, a saber: a) que se trate de información secreta, esto es que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza, existiendo en el caso concreto una cláusula de confidencialidad y normas sobre indemnizaciones en caso de incumplimiento, b) que la información sea objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto, lo cual se configura con la confidencialidad señalada y la férrea oposición que la Isapre ha manifestado en todo el procedimiento previo a este reclamo, y c) que la información debe tener valor comercial en cuanto secreta, lo que en la práctica se plasma con haberse catalogado como "hecho relevante". Es decir, la posesión de ella representa una ventaja indebida, y su divulgación genera un perjuicio.

Expresa que el hecho de que la información solicitada sea secreta consta en que sólo los ejecutivos y profesionales encargados de la ejecución de los convenios conocen su contenido en detalle y se encuentran autorizados a acceder a la información que forma parte integrante de éstos. Del mismo modo, los convenios requeridos solo son manejados por sus suscriptores, y no han sido divulgados oficialmente al mercado, ni por la Isapre y sus contrapartes comerciales ni por la Superintendencia de Salud.

Por otra parte, indica que se hayan realizado esfuerzos razonables para mantener la información en secreto, queda de manifiesto con la indicación contenida en los convenios en orden a que toda información intercambiada entre las partes durante la negociación y ejecución de los convenios constituyen información confidencial, sancionándose su revelación.

Además los acuerdos tienen una cláusula de confidencialidad en virtud de la cual se prohíbe a las partes usar, ya sea por sí o a través de terceros, total o parcialmente, la información confidencial, así como dar acceso a cualquier persona, distinta de las autorizadas, a cualquiera de los antecedentes, informaciones, documentos, notas u otros que tengan el carácter de información confidencial, y, que obligando a las partes del convenio a tomar todas las medidas necesarias para mantener dicha confidencialidad. Junto con lo anterior, dichos esfuerzos se reflejan en la circunstancia de haber comparecido, en el ejercicio de los derechos que le confiere la Ley de Transparencia, ante la Superintendencia de Salud y ante el H. Consejo para la Transparencia con el objetivo que los convenios requeridos mantengan su carácter de reservado, tal como lo exige su naturaleza.

Que la información solicitada tenga valor en cuanto secreta se explica en que los convenios solicitados contienen información comercial y financiera esencial para el correcto devenir económico de Nueva Masvida S.A. y de su contraparte comercial, ya que contienen estrategias comerciales que, de hacerse públicas, podrían ser replicadas por sus competidores, afectando con ello tanto la competitividad de la Isapre como el nivel de competencia en el mercado de las Isapres y farmacias. La ventaja competitiva que esta información de carácter reservado le otorga tanto a su representada como a su contraparte, es fruto de relevantes esfuerzos realizados para su obtención, consistentes en inversión de tiempo, horas profesionales y dinero, en el levantamiento de potenciales proveedores, de coordinaciones para la negociación de sus cláusulas, desarrollo de negocios, entre otros, inversión que es digna de protección, y que permite otorgarle a estas empresas una ventaja económica en los mercados en que cada una de ellas se desenvuelve y que, de darse a conocer, sería sin duda afectada.

Manifiesta que el hecho que la decisión reclamada desconozca lo que se ha expuesto a lo largo de este punto supone poner a su representada en una situación de grave desventaja, pues los demás partícipes del mercado de Isapres, así como también repercute en el mercado de farmacias, no están sujetos a obligación alguna de divulgar información similar, de donde lo que se sigue de la decisión del Consejo para la Transparencia es que Isapres queden en abierta desventaja para desarrollar la actividad específica en que consiste su objeto definido por el Legislador, el cual de acuerdo a lo señalado en el inciso 1° del artículo 173 del D.F.L N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud consiste en: "el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarias de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores".

En síntesis, señala que las ilegalidades denunciadas son:

1. La información que el CPLT ha ordenado entregar no constituye información pública susceptible de ser requerida en el marco de una solicitud de acceso a la información pública, pues es de origen y naturaleza privada, y

2. En el evento de que se considerare que los antecedentes requeridos constituyen información pública, a su respecto concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

En resumen, los derechos afectados por dichas ilegalidades son:

a) El derecho de Isapre Nueva MásVida S.A. a desarrollar su actividad económica específica (en la que consiste su objeto preciso), de conformidad a las normas legales que la rigen, consagrado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política.

El conocimiento de la información requerida significa ir más allá de la regulación a que están sujetas las Isapres en la materia, de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, según ello ha quedado expuesto a lo largo de su presentación y, por ende, representa una vulneración del derecho constitucional aludido que corresponde a su representada, afectando la competencia e igualdad con las restantes Isapres, que no revelan sus convenios de igual naturaleza y contenido.

b) El derecho de propiedad de Isapre Nueva MásVida S.A. sobre los antecedentes relativos a la gestión que realiza, consagrado en el artículo 19 N° 24, en este caso sobre la información a la que doña Patricia Díaz Montenegro pretende acceder.

Concluye que la decisión sobre los amparo roles C2763-20 y C2773-20 recurrida vulnera la lógica fundamental de todo ordenamiento jurídico que apunta a la coherencia normativa y a la importancia de la interpretación armónica y congruente de sus disposiciones por lo que solicita declarar la ilegalidad de la Decisión de Amparo recurrida en virtud de que dicha información se encuentra protegida y cautelada por la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por lo que no corresponde que sea entregada a la solicitante, con costas.

Segundo: Informando don David Ibaceta Medina, abogado, chileno, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público, solicita el rechazo del reclamo por las siguientes alegaciones.

En cuanto a fondo del reclamo expresa que teniendo en consideración la especificidad de la parte petitoria del reclamo de autos, y el tenor de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, el debate se centra únicamente en determinar si la Corporación obró conforme a derecho, al acoger el amparo deducido por doña Andrea Gutiérrez Poblete (Debe entenderse Patricia Díaz Montenegro) requiriendo a la Superintendencia de Salud hacer entrega de los convenios consultados celebrados entre Isapre Nueva MasVida con Farmacias Ahumada S.A. tanto por garantías explícitas de salud (GES), excedentes y/o afinidad, vigentes al 21 de septiembre de 2019 y 21 de marzo de 2020, declarando su carácter público, desestimando la causal de reserva prevista en el numeral 2 del artículo 21 de la LT, invocada durante el procedimiento de amparo, con excepción de determinadas partes de los convenios, precisadas por este Consejo en la decisión reclamada.

Hace presente que, mediante la interposición del presente reclamo de ilegalidad, Isapre Nueva MásVida S.A. pretende restringir injustificadamente la aplicación y alcance del Art. 8° de la Constitución Política, y los Arts. 5°, 10 y 11 de la Ley de Transparencia, y que se aplique extensivamente la causal de reserva del artículo 21 N° 2 del mismo cuerpo normativo, olvidando que a partir del año 2005, con la promulgación de la Ley N° 20.050, se modificó nuestro ordenamiento jurídico incorporando el principio de publicidad, a través del artículo 8° cuyo texto transcribe.

Expresa que desde la entrada en vigencia del nuevo Art. 8° de la Constitución se estableció el piso de aquellos antecedentes que son considerados como públicos, susceptibles de ser requeridos mediante el ejercicio del "derecho de acceso a la información pública", ámbito de publicidad que ratificó y desarrolló el legislador al aprobar los Arts. 5°, 10 y 11 de la Ley de Transparencia, teniendo como única forma de afectación, la existencia de una Ley de Quórum Calificado que establezca el secreto o reserva por las causales que se establecen al efecto.

A dicho respecto, el inciso primero del Art. 5° de la LT señala que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, "sus fundamentos y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación".

Continúa el inciso segundo del citado artículo 5°, señalando que "asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la

Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

Agrega que no es óbice para reservar la información requerida, el hecho que los convenios solicitados sean generados entre las empresas e Isapres, y aportados por estas últimas a la Superintendencia, ya que la misma LT, ha señalado expresamente que es pública la información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su origen, y así lo ha ratificado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Roles N° 7822-2015, 46.478-2016, 26.842-2017, 18.7302018, 12.793-2019, entre otros) y de esta Iltma. Corte, a menos que se encuentre sujeta a causales excepcionales de reserva, por ende, se debe dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública, el cual consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, sus fundamentos y procedimientos de la Administración, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

Explica que lo anterior, se encuentra reforzado por el contenido del artículo 10 de la LT, que precisamente señala que el acceso a la información comprende el derecho de acceso a actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, y además encuentra respaldo en la "presunción de publicidad" consagrada en el Art. 11, letra c), de la misma ley, que establece: "...toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

Señala que de acuerdo con estas normas si la información obra en poder de un organismo de la Administración Pública, sin importar su origen o su formato, es en principio, pública; para desvirtuar ello debe acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva establecida en una ley de quórum calificado, como exige el art. 8°, inc. 2°, de la Constitución. En consecuencia, la carga de la prueba del secreto le corresponde a quien lo invoca.

Por ello, agrega los convenios objeto de este reclamo de ilegalidad, no obran en poder de la Superintendencia de Salud por mera liberalidad de Isapre Nueva MásVida (con quien Pharma Benefits y farmacias Ahumada celebraron convenios como los requeridos), sino porque fueron necesarios para que dicha Superintendencia ejerciera sus facultades fiscalizadoras consagradas legalmente.

En este contexto, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, de salud, fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, en adelante DFL N.° 1, en sus artículos 107 y 171, inciso 4°, establece que las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) serán fiscalizadas por la Superintendencia de Salud sin perjuicio de la supervigilancia a que puedan estar sujetas de conformidad con el estatuto jurídico que las regula.

Agrega que, para efectos de ejercer debidamente su rol fiscalizador, el artículo 110 de la citada normativa faculta al organismo para acceder a los antecedentes que allí describe respecto de las entidades que supervigila. Así las cosas, se faculta a la Superintendencia de Salud para inspeccionar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las instituciones fiscalizadas y requerir de ellas o de sus administradores, asesores, auditores externos o personal, los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información. Además, podrá solicitar la entrega de cualquier documento o libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin alterar el desenvolvimiento normal de las actividades del afectado.

Sostiene que el artículo 218 del señalado cuerpo normativo, establece: "Las Instituciones deberán comunicar a la Superintendencia todo hecho o información relevante para fines de supervigilancia y control, respecto de ellas mismas y de sus operaciones y negocios. La Superintendencia impartirá instrucciones de general aplicación que regulen los casos, la forma y oportunidad en que deberá cumplirse con esta obligación. Las Instituciones podrán comunicar, en carácter de reservados, ciertos hechos o informaciones que se refieran a negociaciones aún pendientes que, al difundirse, puedan perjudicar el interés de la entidad".

Expresa que, en el presente caso, la Superintendencia de Salud, precisó en gestión oficiosa realizada por este Consejo, durante la tramitación del amparo C2763-20 y C2773-20, que la información pedida fue remitida: "(...) en virtud de fiscalizaciones extraordinarias, vinculadas al uso de excedentes, como ocurrió precisamente en este caso, debido a una denuncia recibida por la Fiscalía Nacional Económica sobre los medios de uso de los mismos por las ISAPRES a sus afiliados".

Agrega que se puede concluir que, si bien los referidos convenios fueron enviados por Isapre Nueva MasVida a la Superintendencia de Salud, aquello se enmarca en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del referido órgano, puesto que aquellos antecedentes fueron objeto de análisis con la finalidad de determinar que el fiscalizado se enmarque en los parámetros legales correspondientes. En razón de lo anterior, es dable concluir que lo requerido constituye información pública de conformidad a lo expuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución, que dispone expresamente que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". En efecto, lo requerido formó parte de los procedimientos de fiscalización o supervisión que ejecuta la Superintendencia de Salud, pues precisamente sobre lo pedido recayeron sus revisiones para así determinar, como se dijo, el cumplimiento de la normativa aplicable a las ISAPRES.

Concluye que, atendido lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política, Artículos 5°, 10, y 11 letras a) y c) de la Ley de Transparencia, la información objeto del amparo detenta una naturaleza eminentemente pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva legal.

En cuanto a lo alegado por Isapre Nueva Mas Vida, que la divulgación de los convenios solicitados afectaría sus derechos comerciales y económicos, por lo que en definitiva se configuraría la causal de secreto o reserva del Art. 21 N° 2 de la LT, respecto de dicha información, se hace presente que la Ley de Transparencia, en concordancia con el mandato constitucional dispuesto en el Art. 8° de la Constitución, en su Art. 21 estableció las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. El citado Art. 21 contempla las causales de secreto o reserva, exigiendo en cada una de ellas un examen de "afectación", como se desprende claramente del texto de estas.

Por lo expuesto, y considerando que el Art. 8° de la Constitución también exige que para que ceda la publicidad y el acceso a la información pública frente al secreto o reserva debe "afectarse" algunos de los bienes jurídicos protegidos que ella menciona, se concluye que no basta que se invoque alguna de las causales de secreto o reserva del Art. 21 de la Ley de Transparencia, sino que, además de adecuarse a algunas de las hipótesis del Art. 8° de la Constitución, debe acreditarse una real y efectiva afectación de los bienes jurídicos que se protegen.

Explica que, conforme a lo anterior, a contar del año 2005 sólo a través de una Ley de Quórum Calificado se puede afectar el Principio de Publicidad de los Actos de la Administración, siempre y cuando, se afecten los bienes jurídicos protegidos que el propio Art. 8° contempla, citando al efecto sentencias de la Excma. Corte Suprema.

Sostiene que, de acuerdo a la jurisprudencia que cita, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 8° inciso 2° de la Constitución y Art. 21 de la Ley de Transparencia, para determinar la afectación a los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva o secreto de la información, es necesario, en primer lugar, no sólo que la información de que se trate concierna a las materias sobre las que éstos versan, sino que además su publicidad debe dañarlos o afectarlos negativamente en alguna magnitud y con alguna especificidad que habrá de ser determinada, daño que no cabe presumir, sino que debe ser acreditado por los órganos administrativos o por los terceros, que efectivamente tiene una probabilidad cierta o presente y con suficiente especificidad de ocurrir, empleándose para ello, el denominado "test de daño".

Agrega que existiendo un principio de apertura o transparencia en el Art. 11 letra c) de la Ley de Transparencia que reconoce que toda información que obre en poder de los órganos de la Administración en principio es pública, y un principio de máxima divulgación, en el Art. 11 letra d) de la misma ley, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que estén sujeto a las excepciones constitucionales o legales, entonces surge con claridad que la parte afectada por la presunción de publicidad, para desvirtuarla debe justificar la concurrencia de algunas de las excepciones a la publicidad, establecidas en el Art. 21 de la Ley de Transparencia, acreditando cómo tal publicidad pudiere afectar algunos de los bienes jurídicos indicados en el Art. 8° de la Carta Fundamental.

Añade que para verificar la concurrencia de la afectación a los derechos comerciales y económicos alegada por los terceros que evacuaron descargos en el procedimiento de amparo, este Consejo, tal como indicó en el considerando 7) de la decisión impugnada, ha determinado que deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos:

a) Que la información requerida sea secreta, esto es, que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

b) Que la información sea objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y,

c) Que el secreto o reserva de la información requerida proporcione a su poseedor una evidente mejora, avance o ventaja competitiva, o su publicidad puede afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular.

En cuanto al primer requisito, la decisión reclamada refirió en su considerando 8), que: "(...) si bien en el convenio aludido fue pactada una cláusula de confidencialidad respecto de lo que allí se estipula, conjuntamente en el señalado instrumento se fijan mecanismos de publicidad tendientes a dar a conocer los beneficios que Salcobrand ofrece a los afiliados de ISAPRE Nueva Masvida. En tal sentido, y en la práctica, diversa información sobre la suscripción del convenio y sus alcances se encuentra disponible en el sitio web de la farmacia e ISAPRE aludidas".

Señala que, la información controvertida no es secreta, o dicho de otro modo, no es de aquellas que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza. En razón de lo anterior, no se advierte cómo la entrega de los convenios solicitados podría afectar los derechos comerciales de la empresa, en la medida que actualmente se encuentran publicados en internet, entre otros antecedentes, los beneficios y descuentos detallados, derivados de acuerdos como los requeridos. En otras palabras, si existe información publicada tanto en lo sitios web de la Isapre Nuevas MasVida como de Farmacias Ahumada, consignada en los links antes señalados, ello corrobora que la entrega de los convenios requeridos no causan una afectación de los derechos comerciales en los términos alegados por la reclamante, por cuanto los referidos convenios, en su mayoría, sólo contienen cláusulas estándar, que únicamente reflejan acuerdos básicos de prestaciones de servicios y descuentos de medicamentos que se materializan en el comercio, a los cuales pueden acceder todos los afiliados a Isapre Nuevas MasVida que adquieran productos en Ahumada S.A.

En cuanto al segundo requisito, para determinar si la información pedida resulta reservada en virtud del secreto empresarial, esto es, que la información sea objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; la reclamante ha argumentado la existencia de cláusulas de confidencialidad. Sin embargo, la existencia de este tipo de cláusulas debe ser desestimada, toda vez que, conforme con lo razonado por este Consejo, en la decisión Rol C587-09, entre otras, "(...) la existencia de este tipo de cláusulas en contratos públicos no transforma a éstos, per se, en secretos, pues no se enmarcan en los supuestos de reserva que establece el artículo 8° de la Constitución, las que además deben establecerse en leyes de quórum calificado. Aceptar lo contrario podría llevar a que se alterase el régimen de secreto o reserva a través de la vía contractual, ignorando el debido fundamento legal que reclama la Carta Fundamental".

Esta interpretación, respecto del establecimiento de condiciones, cláusulas o pactos de confidencialidad contenidas en actos administrativos, susceptibles de derecho de acceso a la información, guarda plena armonía con los pronunciamientos administrativos y judiciales sobre la materia, citando y trascribiendo fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Tribunal Constitucional y Dictamen de la Contraloría General de la República que han ratificado la publicidad de la información que obra en poder de los órganos de la Administración, y la pertinencia de requerir información que privados han proporcionado a los órganos, aun cuando dichos antecedentes contengan cláusulas, acuerdos o condiciones de confidencialidad, por cuanto no se avienen con los principios de publicidad y transparencia que rigen la actuación administrativa en conformidad con el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política, y porque además, en virtud del "principio de jerarquía normativa", según la señalada norma constitucional "sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de los actos y resoluciones de los órganos del Estado", de modo que debe primar lo preceptuado en el inciso 2° del Art. 8° de la Carta Fundamental, por sobre determinadas cláusulas o estipulaciones de rango infra legal constituida en este caso, por una estipulación establecida entre particulares.

Señala que lo anterior ha sido confirmado por esta Corte en el reclamo de ilegalidad Rol N° 5079-2014 y Rol N° 9648-2017, entre otras que cita. Lo mismo se resuelto por el Tribunal Constitucional, en sentencia Rol 2870- INA-15, de fecha 15 de diciembre de 2016.

En cuanto al tercer requisito en análisis, esto es, que el secreto o reserva de la información requerida proporcione a su poseedor una evidente mejora, avance o ventaja competitiva, o su publicidad puede afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular, señala que las cláusulas de uno de los convenios solicitados, de acuerdo a lo precisado en la decisión reclamada, dado que se tuvo a la vista por este Consejo un acuerdo comercial marco de prestación de beneficios farmacéuticos, pudiendo realizar un análisis en concreto, en su mayoría, constituyen cláusulas contractuales estándar, que no contienen antecedentes económicos sensibles, ni tampoco revelan aspectos comerciales que no sean de aquellos que usualmente se incorporan en este tipo de contratos o acuerdos, cuya revelación pudiera conferir una ventaja indebida a sus competidores.

Agrega que conforme pudo advertirse, el convenio referido se encuentra revestido de diversas cláusulas orientadas a regular las obligaciones contraídas por las partes, entre las que se destacan el tratamiento de datos y su protección; la solución de controversias; situaciones de fuerza mayor; indemnización por incumplimientos (con montos asociados); normas sobre el término anticipado del convenio - en la cual se contempla la circunstancia que la Superintendencia de Salud solicite modificar el acuerdo-; y aquellas referidas a los procedimientos aplicables para la ejecución y desarrollo de los servicios pactados; todas que, analizadas, no es posible desprender estrategias comerciales y económicas propias y exclusivas de la reclamante, ni tampoco brindar acceso al manejo de los costos de adquisición de productos, ni el Know How de la empresa sobre su modelo de negocio o estrategia comercial, siendo imposible advertir un riesgo cierto, probable y determinado de afectación de derechos, al no concurrir ninguno de los requisitos que la jurisprudencia de este Consejo y de los Tribunales Superiores de Justicia, han establecido para dar por configurada la causal de reserva del Art. 21 N° 2 de la LT.

Indica que no se aprecia de qué manera el conocimiento o publicidad de la información que se ordenó entregar, pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de la reclamante al punto de afectar su posición en el mercado, en la medida que no se revelan, a juicio de este Consejo, antecedentes técnicos o estratégicos, que permitieran concluir que en la especie se configuraba la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la LT.

Explica que, si bien del análisis de los convenios se desprende que la entrega de la mayoría de la información solicitada no tiene el mérito de afectar los derechos de Isapre Nueva MasVida, este Consejo, en virtud del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, instruyó tarjar en forma previa a la entrega de la información: "la indicación de montos asociados al pago de indemnización por incumplimientos y valores a invertir por concepto de publicidad y difusión, y descuentos especiales al personal que se describe, materias que revisten una relevancia legal y comercial de tipo estratégica, razón por la cual quedan comprendidos dentro de la causal del reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, debiendo tarjarse dichos montos del convenio consultado" (considerando 9° de la decisión reclamada).

Igualmente ordenar tarjar los datos personales de contexto contenidos en los documentos a entregar, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, transcribiendo al respecto sentencia del Tribunal Constitucional.

Hace presente que la entrega al requirente de los convenios consultados no atenta contra:

a) El derecho de Isapre Nueva MasVida a desarrollar libremente su actividad económica, ya que no se puede perder de vista que las Instituciones de Salud Previsional, no constituyen una entidad comercial cualquiera, puesto que cumplen a su vez, un rol público, de protección social, y tienen como función la materialización del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 19, N° 9 de la Constitución Política, en un plano análogo al de su titular originario, el Estado. En razón de la señalada función social dichas instituciones, se encuentran fuertemente reguladas y sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Salud el cual debe fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria exigida, tal como ocurrió en este caso en que, en virtud de fiscalizaciones extraordinarias realizadas por dicho organismo, vinculadas al uso de excedentes, tuvo que requerir los convenios solicitados.

b) No se atenta tampoco contra el derecho de propiedad, puesto que no se trata de privarle el dominio de su información económica sensible, pues como se ha explicado latamente, los convenios solicitados no tienen el efecto de develar información de dicha naturaleza, y por lo tanto, a partir de ella, es imposible inferir estrategias comerciales concretas, máxime cuando el resto de las Isapres, según lo constatado por este Consejo en otras decisiones de amparo de idéntico tenor, han suscrito convenios de la misma naturaleza, razón por la cual la publicidad de lo solicitado difícilmente les pudiera conferir alguna ventaja.

Por último, señala que no procede se condene en costas al Consejo, toda vez que es el órgano obligado a pronunciarse sobre una controversia jurídica suscitada entre un solicitante de información, un órgano del Estado, y eventualmente, un tercero interesado, y que en tal posición tiene motivo plausible para litigar, lo que determina que no puede ser condenado en costas.

Tercero: Que lo que se trata de dilucidar es, en primer lugar, si lo decidido por el CPLT es ilegal, puesto que, a juicio de la reclamante, la información que ha ordenado entregar no constituye información pública susceptible de ser requerida en el marco de una solicitud de acceso a la información pública, pues es de origen y naturaleza privada, añadiendo que la oposición se fundó en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la LT, esto es: "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

Cuarto: Que para los efectos de la resolución del asunto se debe tener presente lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, el que dispone que: "son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo, una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

Quinto: Que de la norma transcrita puede señalarse que la publicidad es el principio de orden general que rige los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Se trata entonces de un principio constitucional al cual deben someterse las leyes y los reglamentos, pero que permite excluir como excepción, aquellos actos cuyo conocimiento afectaren el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los Derechos de las Personas, la Seguridad de la Nación o el Interés Nacional.

Sexto: Que, en consecuencia, y atendido los fundamentos del reclamo se debe dilucidar si se está en presencia de información pública y, en caso de ostentar tal calidad, opera a su respecto, la excepción contenida en el artículo 21 inc. 2 de la Ley de Transparencia.

Séptimo: Que, corresponde entonces analizar la primera de las alegaciones de la reclamante en orden a que la información solicitada no es pública.

En ese orden de ideas se debe tener en consideración que las Instituciones de Salud Previsional cumplen un rol público, de protección social, y tienen como función la materialización del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 19, N° 9 de la Constitución Política, en un plano análogo al de su titular originario, el Estado.

Debido a la señalada función social, dichas instituciones se encuentran fuertemente reguladas y sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Salud, la que debe supervisar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria exigida.

Que los convenios objeto del reclamo de ilegalidad, fueron requeridos por la Superintendencia en ejercicio de las facultades fiscalizadoras que le otorga el ordenamiento jurídico, específicamente el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469.

De acuerdo a la normativa citada la Superintendencia de Salud puede acceder a las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las instituciones de salud y requerir de ellas o de sus administradores, asesores, auditores externos o personal, los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios.

Por otra parte, la misma normativa obliga a las instituciones de salud a comunicar a la Superintendencia todo hecho o información relevante para fines de supervigilancia y control, respecto de ellas mismas y de sus operaciones y negocios.

En este caso los convenios fueron enviados a la Superintendencia de Salud, "(...) en virtud de fiscalizaciones extraordinarias, vinculadas al uso de excedentes, como ocurrió precisamente en este caso, debido a una denuncia recibida por la Fiscalía Nacional Económica sobre los medios de uso de los mismos por las ISAPRES a sus afiliados".

Que, acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 de la Constitución Política de la República y los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, no sólo son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sino que también lo son sus fundamentos y los procedimientos que utilicen en el cumplimiento de su labor, siendo a su vez públicos los documentos que sirvan a dichas instituciones para dictar sus actos y resoluciones, y en general, toda información que obre en poder de los órganos de la Administración.

De este modo no cabe duda alguna que la información fue requerida por un órgano público, en virtud de sus facultades legales y por ende obra en su poder, siendo, en consecuencia, de carácter pública.

Octavo: En cuanto a la segunda alegación, esto es la causal de reserva, se debe tener presente que el artículo 21 de la citada ley establece que las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, es en lo que interesa: "2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

Noveno: Que, correspondía al reclamante probar fehacientemente que se configuraba la hipótesis de excepción establecida en la norma legal referida. En consecuencia, tenía la carga de acreditar que se ponían en riesgo sus derechos comerciales y económicos, no de una manera eventual, sino que comprobando de forma efectiva el daño causado, cuestión que no hizo. Sólo de esa forma puede configurarse una excepción a la regla general de la publicidad, existiendo entonces una interpretación restrictiva al respecto. Todo lo anterior en estricta vinculación con lo dispuesto en el artículo 8 inc. 2 de la Constitución Política. Por lo que, para encontrarse en la hipótesis de excepción aludida, debía afectarse un bien jurídico determinado, debidamente comprobado, lo que no se hizo.

Décimo: Que, además, la información contenida en el convenio suscrito entre el reclamante y la farmacéutica puede ser constatada de diversas formas. Así, es posible verificarla a través de internet, a lo que se suma que de la publicidad propia sobre los precios de los productos es posible extraer conclusiones relativas al convenio que se busca reservar, por lo que establecer su secreto no es necesario ni menos obligatorio.

No es óbice a dicha conclusión, la circunstancia que se haya pactado cláusulas de confidencialidad en relación con el convenio objeto de la controversia, toda vez que el principio de probidad y transparencia de los actos de la administración del Estado tiene una jerarquía normativa mayor en comparación con dichas disposiciones. De no ser así, podría verse fácilmente vulnerada la norma constitucional de publicidad.

Junto a lo anterior, de existir en el convenio datos de relevancia que puedan afectar comercial o económicamente al reclamante, estos han sido tarjados, dando cumplimiento estricto al principio de divisibilidad contenido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia.

Undécimo: Que, el derecho de acceso a la información, entre otras finalidades, permite el ejercicio de un control ciudadano sobre las instituciones públicas, cuestión que cobra una relevancia aún mayor respecto de las instituciones de salud previsional, debido al rol social que cumplen en la materialización del derecho a la protección de la salud. Así, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, cualquier persona puede requerir de un órgano público, los documentos y/o antecedentes que obran en poder de éste, y acreditar si el regulador ha ejercido correctamente sus competencias.

Una adecuada y oportuna fiscalización de la normativa por parte del regulador no sólo resulta ser un deber público para el órgano estatal, sino que es una garantía para el cotizante, para el correcto funcionamiento del sistema, e incluso, para la propia Isapre, en cuanto evita, por ejemplo, que un actor que no cumpla con la normativa legal y reglamentaria pueda competir deslealmente en el sistema.

Duodécimo: Que, en lo que respecta a la afectación de los artículos 19 números 21 y 24 de nuestro Código Político, alegada por la reclamante, no aprecia este tribunal una vulneración a los mismos.

En efecto, no se afecta el derecho a desarrollar una actividad económica, toda vez que la información contenida en el convenio puede ser extraída a través de otros mecanismos como plataformas de internet o el mero análisis de los precios de los productos. En consecuencia, no se aprecia la existencia de una ventaja indebida a los competidores sino información efectivamente de carácter público. Además, de existir datos sensibles, éstos han sido debidamente tarjados evitando entonces cualquier afectación a derechos de carácter económico/comercial.

En cuanto al derecho de propiedad garantizado en el N° 24, éste tampoco se ve vulnerado, ya que los documentos integrantes del convenio son de carácter público, pues han sido entregados a la Administración del Estado en el contexto de la supervigilancia propia de la Superintendencia de Salud.

Además, el ejercicio de dichos derechos y libertades pueden ser limitados por el legislador, como ocurre en el caso de la Ley de Transparencia, o del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

Décimo tercero: Que, finalmente, la inactividad procesal de otras instituciones de salud previsional, desde el requerimiento mismo de información ante la Superintendencia de Salud hasta la presentación de los reclamos de ilegalidad ante esta Corte, son indiciarias de que la publicidad de la información solicitada no afectaría derechos económicos o comerciales de la recurrente, por cuanto, de ser así, todas se habrían opuesto a la entrega de la información y recurrido de ilegalidad ante esta jurisdicción, cuestión que sólo realizaron dos de las cinco instituciones respecto de las cuales se requirió la información.

Décimo cuarto: Que, en consecuencia, teniendo en consideración la naturaleza y el carácter público del rol que cumplen las Isapres, a que se ha hecho alusión, a que la información cuya publicidad fue ordenada por el Consejo de la Transparencia en su Decisión de Amparo Roles Rol C2803-20, es efectivamente fundamento de un acto de la Superintendencia del ramo, y de acuerdo a los preceptos legales ya citados, no cabe sino rechazar el reclamo de ilegalidad presentado por don Luis Romero Strooy, en representación de la Isapre NUEVA MASVIDA S.A

Décimo quinto: Que, finalmente, la inactividad procesal de otras instituciones de salud previsional, desde el requerimiento mismo de información ante la Superintendencia de Salud hasta la presentación de los reclamos de ilegalidad ante esta Corte, son indiciarias de que la publicidad de la información solicitada no afectaría derechos económicos o comerciales de la recurrente, por cuanto, de ser así, todas se habrían opuesto a la entrega de la información y recurrido de ilegalidad ante esta jurisdicción, cuestión que sólo realizaron dos de las cinco instituciones respecto de las cuales se requirió la información.

Décimo sexto: Que, en consecuencia, teniendo en consideración la naturaleza y el carácter público del rol que cumplen las Isapres, a que se ha hecho alusión, a que la información cuya publicidad fue ordenada por el Consejo de la Transparencia en su Decisión de Amparo Roles C2763-20 y C2773-20, es efectivamente fundamento de un acto de la Superintendencia del ramo, y de acuerdo a los preceptos legales ya citados, no cabe sino rechazar el reclamo de ilegalidad presentado por don Luis Romero Strooy, en representación de la Isapre NUEVA MASVIDA S.A

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 28 de la Ley N° 20.285, se declara que se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por el abogado don Luis Romero Strooy, en representación de la Isapre ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A.

Transcríbase al Consejo de Transparencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Jorge Norambuena Hernández.

N° Contencioso Administrativo-510-2020.

Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por el Ministro (S) señor Alberto Amiot Rodríguez y por el Abogado Integrante don Jorge Norambuena Hernández. No firma el Ministro (S) señor Amiot por encontrarse ausente.

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.