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Ilustre Municipalidad de Maipú con Consejo para la Transparencia Rol: 90-2021

Corte de Apelaciones de Santiago, 03/09/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Juan Cristóbal Mera Muñoz
  • Verónica Sabaj Escudero

Texto completo:

Santiago, tres de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece la abogada señora Elizabeth Olguín Ríos, domiciliada en Avenida Primera Transversal N° 1940, segundo piso, Maipú y, en representación de la Ilustre Municipalidad de Maipú, quien deduce reclamación de ilegalidad conforme al artículo 28 de la Ley N° 20.285 en contra del Consejo para la Transparencia que, mediante Decisión de Amparo Rol C- 7044-2020 dispuso, adoptada en sesión ordinaria N° 1150 de 19 de enero de 2021 del Consejo Directivo de la reclamada, notificada el día 25 de enero de 2021, que ordenó:

a) Entregue a la reclamante copia de:

i) Registro de inicio de proceso fiscalización, acta de fiscalización y de apertura de proceso sancionatorio posterior;

ii) Copia del registro de las multas cursadas por la Dirección de Obras Municipales de Maipú contra la infractora, de acuerdo al artículo 20 o de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que;

iii) Copia de registro de pago efectivo de dicha multa;

iv) Copia de la citación a la infractora, cursada por la Dirección de Obras Municipales de Maipú, al Juzgado de Policía Local de Maipú, por infringir los artículos citados en antecedentes; y

v) Copia de Oficio de la Dirección de Obras Municipales de Maipú, solicitando a la señora alcaldesa de la comuna, dictar un decreto de clausura y/o demolición de las alteraciones y ampliaciones existentes en el inmueble en cuestión. "

Solicita se revoque la resolución reclamada y se declare que se rechaza totalmente el amparo deducido.

Como antecedentes de la solicitud de información por transparencia, expone, por solicitud que recibió el N° MU163T0006397, la señora Edith Alejandra Guzmán Saavedra, pidió la siguiente información:

1. - Copia de registro de inicio de proceso fiscalización, acta de fiscalización y de apertura de proceso sancionatorio posterior.

2. - Copia del registro de las multas cursadas por la DOM de la IM de Maipú contra la infractora, de acuerdo al artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, previene que toda infracción a sus disposiciones, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra.

3. - Copia de registro de pago efectivo de dicha multa.

4. - Copia de la citación a la infractora, cursada por la DOM de la IM de Maipú, al Juzgado de Policía Local de Maipú, por infringir los artículos citados en antecedentes.

5. - Copia de Oficio de la DOM de la IM de Maipú, solicitando a la señora alcaldesa de la comuna, dictar un decreto de clausura y/o demolición de las alteraciones y ampliaciones existentes en el inmueble en cuestión.

Todo ello fundado en que el Colegio San Juan Diego de Guadalupe, RBD 26209-9 de la comuna de Maipú, dependiente de la Corporación Educacional y Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe habría incurrido en infracciones constatadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Dirección de Obras Municipales de Maipú, por mantener un acceso por la calle Senadora María de la Cruz N° 3460-A, que no cuenta con autorizaciones que detalla.

Refiere que los antecedentes pasaron a revisión y por Resolución N° 1097 de 30 de octubre de 2020 de la Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio, se accedió parcialmente a la entrega de información, denegando la restante en la causal del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley N° 28.285.

Agrega que la solicitante dedujo amparo ante la reclamada, fundado en la denegación parcial, el que fue acogido mediante el acto que se impugna.

En cuanto a la ilegalidad del acto que se impugna, señala que según su regulación constitucional y legal, las Municipalidades tienen por finalidad "satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna " y especifica que lo que se pretende obtener, es información relativa a deliberaciones previas a la adopción de una resolución, de forma que aplica la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la ley del ramo, que justamente se refiere a "antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas ", de forma que hacer entrega de ello, afectará el funcionamiento de la reclamante, en cuanto lo expone a entregar información cuyo contenido no está completamente definido.

Señala que se cumplen ambos requisitos de la norma, esto es, al tratarse de antecedentes no completamente definidos, los que pueden servir de base a un eventual acto administrativo no dictado aún y, sobre la afectación, facilitará la divulgación de información la interposición de alegaciones u oposiciones de terceros de manera anticipada, al contener información sensible respecto de las facultades y deberes propios del órgano, que comprometen sus posibilidades o formas de actuación en el caso, y dilatando innecesariamente los procedimientos y plazos para la toma de decisiones. Asimismo, añade divulgar información que está siendo recabada para su análisis, en forma anticipada, supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del referido órgano, en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia.

Detalla luego que, en concreto, "se está evaluando la posibilidad de un decreto de demolición, pero previo a ello se está viendo a su vez que otras alternativas menos invasivas y más amistosas o de mejor convivencia puede llegarse, para evitar un mal posterior, como esto está en análisis, el entregar la información en cuestión podría alterar cualquier acuerdo al cual se pueda eventualmente arribar".

Estima que es un error el acto impugnado al exigir la concurrencia de otros dos presupuestos: primero, que el proceso deliberativo sea real y que se trate efectivamente de uno pendiente de decisión, como también que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, pues, a juicio de la reclamante, establecer la causal de reserva de que se trata, se puede fácilmente burlar a través del razonamiento dicho. El Consejo, así, estimó que, por buscarse medidas alternativas al decreto de demolición, no existe certeza de la dictación del acto, por lo que podría dar pie a que la reserva de la información sea indefinida, por lo que consideró no concurre uno de los presupuestos enunciados.

Finaliza señalando que dicha fundamentación atenta contra el artículo 41 de la Ley N° 19.880, por cuanto es confusa y contradictoria.

Segundo: Que, al informar la reclamada, solicita el rechazo del arbitrio interpuesto.

Funda dicha petición en que el acto impugnado se ajusta a derecho y al espíritu de la normativa constitucional y legal en la materia.

En cuanto a las ilegalidades que se reprochan, señala que la controversia se limita a la legalidad de la decisión de desestimar la alegación del Municipio consistente en que la información cuya publicidad se negó en su oportunidad, se encontraría cubierta por la causal de reserva vinculada al privilegio deliberativo de los órganos obligados por la Ley de Transparencia, contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b) del mismo cuerpo normativo.

Señala, al respecto, que de acuerdo al artículo 28 inciso 2° de la ley citada, la Municipalidad reclamante carece de legitimación activa para fundar la reserva en la causal que lo ha hecho, ya que dicha norma impide a la administración alegarlo en la forma en que se pretende, bajo el siguiente tenor: "Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21 ", quedando entregada la determinación de su procedencia solo al Consejo reclamado.

Agrega, en subsidio, que la decisión de amparo acogido no es ilegal pues se ajusta al principio de publicidad, ya que las alegaciones de la reclamante "no resultaron suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra b), de la LT, teniendo en especial consideración la naturaleza esencialmente pública de la información solicitada, y el carácter transitorio de la causal de secreto invocada, lo cual llevó a concluir que el municipio puede proporcionar la información requerida sin afectar el bien jurídico cautelado por la causal de reserva invocada, esto es, su privilegio deliberativo ", a lo que debe sumarse que la información que obre en poder de la administración se presume pública, salvo que concurra alguna causal de reserva.

En igual sentido, añade que "aplicando los principios de "relevancia " y de "máxima divulgación ", consagrados en las letras a) y d) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, resulta de todo ajustado a derecho la Decisión reclamada, ya que al considerarse relevante toda información que los órganos de la administración posean, éstos deben proporcionarla en los términos más amplios posibles, ya que de lo contrario esta garantía se afectaría, en circunstancias que la regla general es la publicidad, debiendo el secreto o reserva ser aplicados de manera restrictiva " y, como consecuencia de ello, la información relativa a infracciones a la normativa sobre urbanismo y construcciones tiene un carácter eminentemente público.

La causal alegada, continúa, no se configura pues la reclamante habla en todo momento de un "eventual" acto, cuyos antecedentes se encontrarían en la información que se ordenó entregar, sin entregar precisión sobre un eventual decreto de demolición. Además, debe estimarse que la afectación en el funcionamiento del servicio signifique, en la práctica que pueda presumirse o no una incidencia significativa de la información en la adopción de la respectiva medida o política, lo que o se produce por el mismo carácter eventual señalado.

Por todo lo anterior, finaliza indicando que la decisión se encuentra ajustada a derecho y debidamente fundada.

Tercero: El presente arbitrio -reclamo de ilegalidad por denegación de acceso a la información pública- se encuentra contemplado en el artículo 8 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, el que prevé que vencido el plazo para entregar la información requerida o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el solicitante podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 29 y 30 del referido cuerpo normativo.

Cuarto: En relación al conocimiento del presente reclamo de ilegalidad corresponde indicar que resultan ser hechos no controvertidos que:

a) Con fecha 07 de octubre de 2020, doña Edith Guzmán Saavedra presentó ante la Municipalidad de Maipú, el siguiente requerimiento de información: "De acuerdo al Ord. N° 276 del 09 de Marzo de 2020 de la DOM de la I.M. Maipú, el Colegio San Juan Diego De Guadalupe, RBD 26209-9 de la comuna de Maipú, dependiente de la Corporación Educacional y Promoción Juvenil Juan Diego de Guadalupe, RUT. 71.673.100-6, ha incurrido en varias infracciones constatadas en tanto por el MINVU, como por la misma DOM indicada („.), solicito: 1.1) «Copia de registro de inicio de proceso fiscalización, acta de fiscalización y de apertura de proceso sancionatorio posterior; 1.2) Copia del registro de las multas cursadas por la Dirección de Obras Municipales de Maipú contra la infractora, de acuerdo al artículo 20 ° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, previene que toda infracción a sus disposiciones, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra; 1.3) Copia de registro de pago efectivo de dicha multa; 1.4) Copia de la citación a la infractora, cursada por la Dirección de Obras Municipales de Maipú, al Juzgado de Policía Local de Maipú, por infringir los artículos citados en antecedentes; y, 1.5) Copia de Oficio de la Dirección de Obras Municipales de Maipú, solicitando a la señora alcaldesa de la comuna, dictar un decreto de clausura y/o demolición de las alteraciones y ampliaciones existentes en el inmueble en cuestión "

b) Mediante presentación, de fecha 30 de octubre de 2020, la Municipalidad de Maipú respondió el requerimiento de información, denegando su entrega, por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Al respecto, hizo presente que los antecedentes requeridos se circunscriben a una serie de antecedentes, cuyo contenido no está completamente definido, pues dicha información será utilizada en un eventual acto administrativo que aún se encuentra pendiente. En tal sentido, razonó que lo solicitado contiene antecedentes relevantes que se refieren a deliberaciones previas a la revisión por parte del Municipio, que actualmente se encuentra en etapa de análisis, por lo que su develación -de manera previa a lo que se resuelva- afectaría el funcionamiento del ente edilicio. En cuanto a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, expresó que la publicidad de lo requerido facilitará, de manera anticipada, la interposición de alegaciones u oposiciones de terceros al contener información sensible respecto del ejercicio de las facultades y deberes propios del órgano, que comprometen sus posibilidades o formas de actuación en el caso, y dilatando innecesariamente los procedimientos y plazos para la toma de decisiones. Asimismo, indicó que divulgar información que está siendo recabada para su análisis, supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del referido órgano, en la adopción de una medida particular sobre la materia.

c) Con fecha 1 de noviembre de 2020, doña Edith Guzmán Saavedra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa otorgada a su requerimiento. Agregó, que la respuesta otorgada carece de fundamentos.

d) El Consejo para la Transparencia acordó admitir a tramitación el amparo deducido, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, mediante Oficio N° E19820, de fecha 12 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una resolución o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la resolución o política en curso, identificando en forma precisa los efectos que produciría su publicidad o comunicación, teniendo en consideración que parte de la información requerida se refiere a sanciones ya aplicadas al colegio y multas cursadas o pagadas por el infractor; y, (3) informe detalladamente cuál es la medida o resolución pendiente de ser adoptada por parte de la institución, y el estado actual del proceso de decisión de dicha medida, resolución o política, sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

e) Mediante presentación, de fecha 27 de noviembre de 2020, el Municipio evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en la respuesta otorgada a la solicitante de acceso. Agregó, que el organismo se encuentra evaluando la posibilidad de dictar un decreto de demolición, pero previo a ello, está explorando otras alternativas menos invasivas y más amistosas o de mejor conveniencia que puedan llegarse, a fin de evitar un mal posterior. Al respecto, expresó que la develación de la información en cuestión podría alterar cualquier acuerdo al cual se podría eventualmente arribar.

f) Por Decisión de Amparo Rol C7044-20, de fecha 19 de enero de 2021, el Consejo para la Transparencia acogió el Amparo por Denegación de Acceso a la Información deducido por doña Edith Guzmán Saavedra, requiriendo a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, lo siguiente: "a) Entregue a la reclamante copia de: i) Registro de inicio de proceso fiscalización, acta de fiscalización y de apertura de proceso sancionatorio posterior; ii) Copia del registro de las multas cursadas por la Dirección de Obras Municipales de Maipú contra la infractora, de acuerdo al artículo 20 ° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que; iii) Copia de registro de pago efectivo de dicha multa; iv) Copia de la citación a la infractora, cursada por la Dirección de Obras Municipales de Maipú, al Juzgado de Policía Local de Maipú, por infringir los artículos citados en antecedentes; y v) Copia de Oficio de la Dirección de Obras Municipales de Maipú, solicitando a la señora alcaldesa de la comuna, dictar un decreto de clausura y/o demolición de las alteraciones y ampliaciones existentes en el inmueble en cuestión. En virtud del Principio de Divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto como por ejemplo, el número de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2 o, letra f y, y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen

g) Con fecha 09 de febrero de 2021, doña Elizabeth Olguín Ríos, en representación de la Municipalidad de Maipú, dedujo ante esta Corte de Apelaciones, reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia.

Quinto: Que el debate se centra en determinar si el Consejo para la Transparencia obró conforme a derecho, al acoger el Amparo por Denegación de Acceso, desestimando la alegación del Municipio consistente en que la información cuya publicidad se controvierte se encontraría cubierta por la causal de reserva vinculada al privilegio deliberativo de los órganos obligados por la Ley de Transparencia, contemplado en el artículo 21 N° 1 letra b) del citado cuerpo normativo.

En cuanto a la falta de legitimación activa:

Sexto: En primer término, en relación a la falta de legitimación activa de la I. Municipalidad de Maipú alegada por el reclamado, fundado en que esta sede jurisdiccional arguye la configuración de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia es dable indicar que aquélla se acogerá -tal como se razonó en causa Rol N° 669-2020 de esta misma sala de esta Corte-, por cuanto la primera de los antes signados se encuentra imposibilitado de hacerlo, conforme a la limitación establecida en el inciso 2° del artículo 28 de la Ley de Transparencia, a saber: "En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.

Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21

En consecuencia, al recurrente -órgano de la administración del Estado- no le asiste la facultad de interponer un reclamo de ilegalidad por las causales de secreto o reserva de información contenidas en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, dejándose de manera exclusiva su análisis y resolución al Consejo para la Transparencia.

Séptimo: Que la Corte Suprema, mediante sentencia pronunciada con fecha 15 de febrero de 2018, en los autos sobre Recurso de Queja Rol N° 35.846-2017 resolvió:

"Undécimo: Que el artículo 28 antes citado establece un procedimiento del reclamo de ilegalidad contra determinadas resoluciones del Consejo Para la Transparencia. Ese precepto desconoce arbitrio procesal al órgano de la administración del Estado que ha rechazado el acceso a la información basado en el número 1 ° del artículo 21 de la ley en referencia;

Duodécimo: Que está fuera de toda duda que en la especie el Ministerio de Minería se amparó en dicho artículo 21 número 1 ° para fundamentar su reserva, que en el trámite número C3495-16, el Consejo para la Trasparencia emitió con fecha 31 de enero de 2017, la decisión que otorgó el amparo ante la denegación de acceso a la información y que el mencionado Ministerio es un órgano de la Administración del Estado.

Décimo tercero: Que lo dicho es suficiente para concluir que el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio de Minería, carece de legitimación activa para intentar un reclamo como el presente. Décimo cuarto: Que al no haber aplicado las juezas recurridas las normas expresas que les impedían entrar a conocer el reclamo de ilegalidad deducido, han incurrido en falta o abuso grave que debe ser enmendado por esta vía ".

Octavo: La constatación referida precedentemente, resulta suficiente para concluir que la I. Municipalidad de Maipú, en tanto órgano de la administración del Estado, carece de legitimación activa para intentar el presente reclamo, por cuanto según se ha señalado ha sido la propia ley especial, la que le ha impedido de ejercer el mentado derecho cuando se hubiere rechazado el acceso a la información basado en el número 1° del artículo 21 del referido cuerpo normativo, circunstancia de la cual se colige que esta Corte carece de competencia por lo que el presente arbitrio será rechazado.

Noveno: Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas previamente citadas, se colige que la Decisión de Amparo Rol C7044 emitida por el Consejo para la Transparencia se encuentra ajustada a derecho, habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le fueron establecidas, conforme lo previenen el artículo 8 de nuestra Carta Fundamental y los artículos 5, 10, 11, 13, 24, 28 y 33 de la Ley de Transparencia, no configurándose en consecuencia ilegalidad alguna en su adopción.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley N° 20.285, se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por doña Elizabeth Olguín Ríos, en representación de la I. Municipalidad de Maipú en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C7044 dictada por el Consejo para la Transparencia con fecha 19 de enero de 2021, que rechazó el Amparo por Denegación de Acceso a la Información deducido por el recurrente, sin costas.

Regístrese y archívense estos autos en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero.

N° Contencioso Administrativo-90-2021.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Cristián Lepin Molina.

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristóbal Mera M., Verónica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Cristian Luis Lepin M. Santiago, tres de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a tres de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.